presidenciales en Colombia del 28 al 31 de marzo de 2025, debido al viaje internacional del presidente Gustavo Petro a Panamá y Bocas del Toro.

Así lo establece el Decreto 0349 del 26 de marzo de 2025, publicado por la Presidencia de la República, en el que se delegan en Ávila Plazas las funciones legales y constitucionales correspondientes durante la ausencia del mandatario.

Funciones delegadas a Germán Ávila

Según el decreto, Ávila Plazas ejercerá las facultades que le otorga la Constitución, exceptuando algunas específicas, como el numeral 2 del artículo 189. Dentro de las funciones delegadas se incluyen:

Artículo 129: Facultades en materia legislativa.

Artículo 138, inciso 5: Convocatoria y prórroga del Congreso.

 
Artículo 150, numeral 10: Uso de facultades extraordinarias concedidas al presidente.

Artículos 163, 165 y 166: Relacionados con la sanción y promulgación de leyes.

Artículos 200, 201 y 202: Competencias del gobierno en relación con el Congreso.

Artículos 213, 214 y 215: Facultades en caso de estados de excepción.

Artículos 303, 304, 314 y 323: Funciones sobre gobernadores, alcaldes y administración territorial.

El decreto establece que la delegación será efectiva solo durante el periodo en que el presidente Petro se encuentre fuera del país y que entrará en vigor de inmediato.

Contexto del viaje de Petro a Panamá

El presidente Gustavo Petro viajará a Panamá y Bocas del Toro entre el 28 y el 31 de marzo, aunque hasta el momento la agenda oficial del mandatario en el país vecino no ha sido detallada. Se espera que aborde temas de cooperación bilateral y asuntos de seguridad en la región.

Contralor alerta sobre el impacto presupuestal de la consulta popular

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodriguez Becerra, advirtió sobre las consecuencias que puede traer el costo de la consulta popular que impulsa el Gobierno, dadas las dificultades presupuestales que se afrontan actualmente.

Dijo que lo más lógico es que el costo que demande la consulta popular implique ajustes o recortes en materia presupuestal.

“Considero que la obligación que tiene la Contraloría es advertir. Es algo tan elemental y tan sencillo, porque si usted le va a colocar una carga adicional de más de 500 mil millones de pesos, pues tendrán que salir de alguna parte”, expresó el Contralor al intervenir en la instalación del Foro “Elecciones 2026: un acuerdo nacional por la Transparencia”, organizado por la revista Cambio.

“Estamos hablando de más de $500 mil millones de pesos más, cuando paralelamente el estado tiene otras obligaciones que cumplir, como el endeudamiento, para no perder de pronto la calificación”. Si usted suma a ello que eventualmente se ha podido hacer un mal cálculo presupuestal, de los ingresos, pues entonces termina gastando más de lo debido”, anotó.

Panorama fiscal y promesas acordes con la realidad

Anunció el Contralor General que la próxima semana presentará ante la Comisión Legal de Cuentas un completo panorama de la situación fiscal y financiera del país y anticipó que la Contraloría sigue viendo dificultades en el tema de recaudo. “Daré ese reporte con cifras soportadas, pero lo que sí quiero decir es que observo unas preocupaciones”, indicó.

Recalcó que este es un tema financiero y netamente técnico, al que se no se le puede meter polarización ni discurso político.

Rodriguez Becerra habló de varios factores que se ven y deben tenerse en cuenta en el panorama fiscal, como lo que sucede precisamente con el recaudo tributario, el pago de los subsidios de energía, el cumplimiento que tiene que hacerse de las vigencias futuras y lo que suman las obligaciones en el sector salud.

De las vigencias futuras consideró que deben cumplirse: “Hay algunas dentro del Presupuesto que están comprometidas para obras, y no cualquier obra, sino cantidad de escuelas y hospitales que

 
están en construcción y que, potencialmente, si no está la plata, se pueden quedar paradas y estarían en riesgo”.

De otro lado, sostuvo que los candidatos que participen en las próximas elecciones tienen la inmensa responsabilidad de ser conscientes de que, con la situación presupuestal que se tiene, es profundamente complicado hacer promesas que no se van a poder cumplir. “Es muy importante que esos planes y promesas que se van a hacer sean acordes a una realidad presupuestal”, enfatizó.

Presunta persecución a gremios del agro denuncia Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia denunció a través de sus redes sociales que el Gobierno podría perseguir a los gremios del sector agropecuario donde no cuenta con mayorías, poniendo en riesgo su independencia y autonomía. Según la congresista, esto sería posible gracias a la Resolución 52 de 2025, expedida por el Ministerio de Agricultura, que reglamenta las funciones de inspección, vigilancia y control sobre estos gremios.

Poderes otorgados por la Resolución 52 de 2025

Con esta normativa, el Gobierno podrá:

Exigir documentos financieros de los gremios agropecuarios.

Realizar auditorías e interrogatorios.

Suspender la personería jurídica de los gremios por hasta seis meses.

Remover administradores como medida preventiva.

Imponer multas diarias cercanas a un millón de pesos.

Sancionar a representantes legales con remoción del cargo y multas de hasta 300 salarios mínimos.

Según Valencia, estas disposiciones permitirían que el Gobierno quebrara a los gremios que se opongan a su agenda. Además, advierte que el trámite sancionatorio será de única instancia, sin derecho a apelación, dejando como única alternativa interponer demandas que podrían tardar años en resolverse.

"El Gobierno pretende amedrentar a los gremios del agro"

En su publicación en redes sociales, la senadora cuestionó: "¿El Gobierno pretende amedrentar a los gremios del agro?" y compartió un fragmento de la Resolución 52 de 2025, donde se especifican las amplias facultades de inspección otorgadas al Ministerio de Agricultura.

Entre las funciones destacadas en el Artículo 4 de la resolución se incluyen:

Solicitar y analizar información financiera y contable de los gremios.

Practicar visitas de inspección y realizar pruebas para verificar cumplimiento normativo.

Interrogar bajo juramento a cualquier persona requerida en investigaciones.

Realizar auditorías y seguimientos a las actividades de asociaciones campesinas y agropecuarias.