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Corte Suprema condena a tres exmagistrados por
corrupción y dilación de procesos judiciales
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió una
sentencia condenatoria contra tres exmagistrados del Tribunal de Villavicencio
por los delitos de prevaricato y cohecho, debido a su implicación en la
manipulación de varios casos judiciales. Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades
Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño enfrentan penas que van desde 10
hasta 10 años y medio de prisión, además de fuertes sanciones económicas y una
inhabilitación indefinida para ejercer funciones públicas.
El caso, que involucra al menos cuatro procesos en los que los exmagistrados
favorecieron a personas privadas de la libertad, pone en evidencia la corrupción
dentro del sistema judicial. Según la Corte, los tres togados actuaron en contra
de la ley al dilatar procesos y otorgar beneficios indebidos a reclusos,
favoreciendo incluso a miembros de organizaciones criminales.
Díaz Rodríguez, quien fue ponente en uno de los casos señalados, fue condenado
por prevaricato por acción agravado, y deberá purgar 10 años y seis meses de
cárcel. La Corte halló que, en su rol, Díaz Rodríguez favoreció a dos
condenados, ignorando pruebas y vulnerando principios fundamentales del derecho.
En el caso de Vargas Bautista y Trejos Londoño, ambos recibieron condenas de 10
años de prisión por el delito de cohecho propio. La Corte subrayó que sus
decisiones, que incluyeron la concesión injustificada de prisión domiciliaria a
criminales como Hernán Darío Giraldo, alias 'Cesarín', evidencian un desprecio
por la legalidad y la moralidad en el ejercicio de la función judicial.
Además de la pena de prisión, los tres exmagistrados deberán pagar multas
millonarias, que oscilan entre los 306 y 435 salarios mínimos, dependiendo del
caso. Aunque la Corte ha permitido que las condenas sean cumplidas en sus
domicilios mediante la modalidad de casa por cárcel, la gravedad de los delitos
cometidos y el daño causado a la justicia en Colombia son innegables.
La Corte expresó que las actuaciones de los tres exmagistrados resultaron
particularmente graves, dada su experiencia en el manejo de la ley y la
administración de justicia. Trejos, quien había sido juez antes de su ascenso a
magistrado, puso en duda la integridad del sistema judicial, lo que para la
Corte representa una violación aún más grave debido a la confianza pública
depositada en su rol.
Madre e hija encarceladas por presunta
vinculación con el Clan del Golfo
En un operativo conjunto entre el Grupo Especial de Operaciones (GOES) de la
Policía Nacional y el Ejército Nacional, fueron capturadas Ana Milena Aroca
Dávila,
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alias
"La Mona", y su hija Deisy Yolima Meneses Aroca, alias "La
Flaca", quienes enfrentan acusaciones graves por su presunta participación en
actividades logísticas para el Clan del Golfo, una de las estructuras criminales
más poderosas del país. Un juez de control de garantías dictó medida de
aseguramiento en centro carcelario en su contra, tras la imputación de cargos
por concierto para delinquir agravado.
Según la Fiscalía General de la Nación, ambas mujeres estarían operando como
piezas clave dentro de esta red criminal desde el año 2023, específicamente en
la zona urbana de Buenaventura y el corregimiento de Bajo Calima, en el Valle
del Cauca. Las acusadas habrían sido responsables del traslado de armas,
municiones, explosivos y equipos de comunicación para los integrantes de este
grupo armado, contribuyendo así al fortalecimiento de su estructura.
La investigación también señala que, como parte de su rol, madre e hija habrían
actuado como informantes para los cabecillas del Clan del Golfo, proporcionando
detalles cruciales sobre los movimientos de las Fuerzas Militares y la Policía
en el suroccidente colombiano. Este tipo de acciones ha sido fundamental para la
evasión de las autoridades y la perpetuación de las actividades ilegales en la
región.
El operativo que culminó con su captura tuvo lugar en un conjunto residencial en
el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, donde se encontraron evidencias
relacionadas con el tráfico de armas y explosivos. Además, las autoridades están
trabajando en la recopilación de más pruebas que respalden las acusaciones,
mientras continúan con los esfuerzos para desmantelar las redes del Clan del
Golfo en el país.
Aunque las procesadas no aceptaron los cargos, las investigaciones siguen en
curso, y las autoridades han advertido que intensificarán las acciones en la
región para neutralizar las células delictivas vinculadas a esta organización
criminal.
Soldado muere tras explosión de motocicleta bomba en el Cauca
El miércoles 26 de marzo, un soldado del Ejército Nacional de Colombia perdió la
vida en un atentado terrorista en el corregimiento de Piedra Sentada, municipio
de Patía, Cauca. La víctima fue identificada como Roque Gutiérrez Romario,
oriundo de El Tambo, quien fue alcanzado por la explosión de una motocicleta
artesanalmente cargada con explosivos.
El trágico suceso ocurrió cuando un grupo de soldados realizaba una patrulla en
la vía que conecta Popayán con El Bordo, donde observaron a un hombre
manipulando una motocicleta cerca de una vivienda. Al acercarse para investigar,
la moto explotó de manera inesperada, causando la muerte de Gutiérrez Romario y
dejando a dos de sus compañeros heridos, quienes fueron atendidos y se
encuentran estables.
La explosión también afectó a otras cinco personas en el área, entre ellas una
mujer, que sufrió lesiones en las piernas. Tres hombres fueron capturados en el
lugar y puestos a disposición de las autoridades. Durante un cateo posterior,
los militares hallaron tres motocicletas más, presuntamente preparadas para ser
utilizadas en otros atentados.
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El Ejército responsabilizó del ataque a las disidencias del
frente Carlos Patiño, una estructura que, según informes preliminares, opera en
esa región del Cauca. "Este acto
terrorista hace parte de la persistente amenaza que representan
los grupos armados ilegales, que siguen atentando contra la seguridad de la
población civil y las fuerzas militares", indicó la Tercera Brigada en un
comunicado.
El Ejército expresó su solidaridad con la familia de Gutiérrez Romario,
resaltando su sacrificio en el cumplimiento del deber.
Juez rechaza recusación contra la jueza
Sandra Heredia y el juicio de Uribe continúa en su despacho
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por tres presuntos delitos
relacionados con sobornos y manipulación de testigos continuará en el despacho
de la jueza Sandra Liliana Heredia, tras la negativa de su recusación presentada
por la defensa del exmandatario. El jueves, el Juzgado 55 de Conocimiento de
Bogotá resolvió que no hubo razones suficientes para apartar a la jueza del
caso, asegurando que no se encontraron pruebas de manifestaciones indebidas
fuera del proceso judicial.
En un detallado fallo de 32 páginas, la jueza Laura Patricia Melo refutó los
argumentos de la defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, quien había
sostenido que Heredia no garantizaba imparcialidad. En su resolución, Melo
destacó que la defensa no logró probar que la jueza hubiera emitido opiniones
extraprocesales, y consideró que los argumentos planteados eran "ambiguos" y no
se ajustaban a los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento
Penal.
Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas en el caso, se mostró satisfecho
con la decisión, asegurando que lo consideraba una maniobra dilatoria por parte
de la defensa de Uribe. Del Río enfatizó que la jueza Heredia ha actuado de
manera coherente e imparcial a lo largo del proceso, sin mostrar favoritismos
hacia ninguna de las partes.
El juicio contra Uribe, iniciado hace más de siete años, se centra en su
supuesta intervención en el intento de sobornar a testigos para que cambiaran
sus declaraciones en su favor. Según la Fiscalía, el expresidente habría enviado
al abogado Diego Cadena a buscar testimonios de exparamilitares a cambio de
beneficios. Sin embargo, Uribe y su defensa han sostenido en todo momento que no
hubo intención de manipular a los testigos, sino que se buscaba esclarecer la
verdad sobre ciertos hechos.
La recusación contra la jueza Heredia había sido inicialmente rechazada por ella
misma, lo que llevó a la defensa a presentar una tutela ante el Tribunal
Superior de Bogotá. Sin embargo, la Corte Suprema suspendió temporalmente las
audiencias para analizar la recusación, pero tras revisar el caso, la jueza del
Juzgado 55 concluyó que no había motivos suficientes para apartarla del juicio.
Con esta decisión, se espera que las audiencias continúen a partir del día de
hoy, viernes 28 de marzo, mientras se asegura que los días en los que se analizó
la recusación no afectarán el término de la prescripción del caso.
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