Centro Democrático anunció tutela contra elección
de magistrado del CNE

El Centro Democrático anunció que prepara una tutela con la que buscará detener
el proceso, al menos de forma temporal, de elección del reemplazo del magistrado
César Lorduy en el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de manifestar su
desacuerdo con el proceso de elección de los candidatos.
"El Centro Democrático interpuso una acción de tutela para frenar la elección
del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a una violación
al derecho al debido proceso", se lee en un comunicado publicado a través de su
cuenta en la red social de X.
Según el partido uribista, la notificación de la resolución con la que se
presentó la convocatoria habría tenido irregularidades, impidiendo que
ejercieran "su derecho constitucional de postulación en el proceso electoral
para llenar la vacancia de un magistrado en el CNE".
La citación para elegir al nuevo magistrado del CNE se tiene prevista para el
próximo martes 8 de abril en el Congreso de la República; sin embargo, el Centro
Democrático aseguró que esta diligencia "representa una amenaza de perjuicio
irreparable" para la coalición y "para la democracia" del país.
¿Qué pasó con el magistrado Lorduy?
El pasado 4 de marzo el Congreso aprobó la renuncia del magistrado César Lorduy,
con un total de 73 votos de aceptación en Senado y 155 en Cámara, luego de que
el pasado 3 de diciembre presentará su solicitud de retiro.
Lorduy fue denunciado recientemente por la representante a la Cámara, Ingrid
Aguirre, quien aseguró que fue acosada por el entonces magistrado cuando fue al
CNE para averiguar por la decisión del organismo de anular la inscripción de la
candidata de su movimiento político, Fuerza Ciudadana, a la alcaldía de Santa
Marta en las pasadas elecciones, Patricia Caicedo.
MinMinas cuestionó cobro de tasa de seguridad en
Santander

El Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, rechazó el anuncio del
Gobernador de Santander de cobrar la tasa de seguridad a través de la factura
del servicio de energía, considerándola contraproducente por las graves
afectaciones que trae al bolsillo de la gente.
“Se trata de la misma tasa de seguridad que tienen los habitantes del
departamento del Atlántico y contra la que llevan luchando varios años, el cobro
de esta tasa trae consigo implicaciones jurídicas y económicas donde se les
impone a los usuarios un valor fijo independiente de su consumo de energía, lo
que contradice los principios de justicia y equidad
tributaria establecidos en la Constitución”, expresó el Ministro.
Asimismo, pidió se revise con rigor y responsabilidad esta medida que se piensa
adoptar en Santander, de tal manera, que se tenga en cuenta a la ciudadanía, y
de cómo .
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este tipo de decisiones entrarían a
afectar el acceso a un servicio público esencial al que tienen derecho todos los
colombianos El Gobierno Nacional hizo un llamado a las Gobernaciones, Alcaldías
y Asambleas Departamentales para que tengan en cuenta que este tipo de cobros no
deben ser asumidos por los usuarios del servicio de energía eléctrica y menos,
como medidas transitorias que terminan convirtiéndose en decisiones permanentes.
El presidente de la Comisión Primera, Edwin Vargas, se pronunció sobre la
propuesta del impuesto de seguridad. Indicó que la tasa es necesaria en
Santander, que por su ubicación, se ha convertido en un corredor vial que ha
beneficiado a las economías ilícitas.
Por otro lado, el diputado de Santander, Danovis Lozano, aseguró que, según la
circular de la Superintendencia de Servicios Públicos de este año, no se podrá
cobrar ningún tributo o tasa adicional a lo ya establecido en los servicios
públicos.
Estado de Conmoción Interior en el
Catatumbo se definirá en abril

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez,
confirmó que el futuro del Estado de Conmoción Interior decretado por el
presidente Gustavo Petro en la región del Catatumbo se empezará a definir a
mediados de abril. Para esa fecha, la magistrada Paola Meneses radicará su
ponencia ante la sala plena de la Corte para su discusión.
“En este momento seguimos sustanciando ese proceso a cargo de la magistrada
Paola Meneses y se estará radicando ponencia a mediados del mes de abril, de
acuerdo con la programación que la magistrada ponente nos ha señalado. Total que
ese es un asunto que se entrará al conocimiento de la Corte, repito, a mediados
del mes de abril”, dijo el magistrado en entrevista a medios.
La Procuraduría respalda la medida
La Procuraduría General de la Nación, liderada por Gregorio Eljach, emitió un
concepto favorable a la ponencia de la magistrada Meneses, respaldando la
continuidad del decreto. Según el ente de control, las medidas del Gobierno
Nacional buscan solucionar la crisis de seguridad en una región gravemente
afectada por la presencia del ELN y otros grupos armados.
"Las medidas superan un test leve de proporcionalidad, ya que buscan conjurar la
grave perturbación del orden público que afecta la estabilidad institucional, la
seguridad del Estado y la convivencia ciudadana en el Catatumbo y otros
municipios del Cesar", indicó la Procuraduría.
No obstante, varias organizaciones solicitaron a la Corte Constitucional
declarar inexequible el Decreto 06. Entre ellas, la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI) argumenta que el Gobierno no justificó
adecuadamente la necesidad de medidas extraordinarias para abordar la crisis en
la región.
A la solicitud de la entidad se sumaron la Asociación Colombiana
de Minería y la Federación Nacional de Productores de Carbón.
El Senado examina el impacto de la medida
El pasado 12 de marzo, en la Plenaria del Senado, se realizó una sesión de
control político sobre el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo.
Durante la sesión, varios
ministros expusieron las acciones implementadas:
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Diego Guevara, Ministro de Hacienda, informó que con las medidas económicas se
proyecta un techo de 2.7 billones de pesos para inversiones en la región.
Pedro Arnulfo Sánchez, Ministro de Defensa, presentó una estrategia en cuatro
fases para estabilizar la zona y garantizar la seguridad.
Lena Estrada, Ministra de Medio Ambiente, destacó iniciativas de protección
ambiental a través del Fondo de Regalías.
Jonathan Duque, del Departamento Nacional de Planeación, subrayó acciones
enfocadas en el Sistema General de Regalías y el Sistema General de
Participaciones.
Chaid Franco, del Ministerio de Justicia, explicó medidas para frenar el tráfico
ilegal de precursores de cocaína, incluyendo la suspensión de importaciones y
controles en el transporte de cemento.
Silvia Becerra, Viceministra de Agricultura, detalló tres decretos clave para
proteger la producción agropecuaria, garantizar el abastecimiento de alimentos y
proteger tierras y territorios.
Admiten demanda contra nombramiento de
Cielo Rusinque en la SIC

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que
busca la salida de Cielo Rusinque de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), argumentando presuntas irregularidades en su nombramiento y la falta de
requisitos de experiencia para el cargo.
El demandante, Harold Eduardo Sua, sostiene que la designación de la funcionaria
ignoró observaciones ciudadanas presentadas en la convocatoria pública hecha por
la Presidencia para proveer el cargo. Además, alega que la mujer no cumple con
la experiencia requerida para dirigir la SIC.
Según la petición, la hoja de vida de Rusinque indica que es abogada con
estudios en derecho constitucional y ciencias políticas, pero no demuestra la
experiencia de 10 años en funciones relacionadas con el cargo, como lo exige el
Decreto 1083 de 2015.
“La demandada no cumple los requisitos dispuestos en el artículo 2.2.34.1.2 del
Decreto 1083 de 2015, pues no cuenta con maestría o doctorado en áreas afines ni
con la experiencia laboral relacionada de 10 años o más”, se lee en el
documento.
Consejo de Estado niega suspensión provisional
Aunque el Consejo de Estado admitió la demanda, negó la solicitud de suspensión
provisional de Rusinque, que habría implicado dejar en su lugar a la exdirectora
María del Socorro Pimienta. La decisión se basó en que la petición del
demandante no presentó una argumentación sólida.
“El demandante se limitó a indicar que la designación incurrió en expedición
irregular, sin referirse específicamente a las normas vulneradas ni sustentar
debidamente la trasgresión”, indica la providencia.
Plazos y próximos pasos
El Consejo de Estado ordenó notificar a Cielo Rusinque, quien tendrá 15 días
para responder a la demanda de nulidad que busca su remoción del cargo. Mientras
tanto, continuará en su posición como superintendente de Industria y Comercio.
La demanda representa un nuevo reto para el Gobierno, ya que su resultado podría
impactar otros nombramientos dentro de la administración pública y la aplicación
de los criterios de experiencia exigidos por la ley.
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