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Carlos Lehder queda en libertad: Juez declara
prescrita su pena tras su regreso al país
Una juez de ejecución de penas
ordenó la libertad inmediata del excapo del narcotráfico y socio del 'cartel de
Medellín', Carlos Enrique Ledher, quien fue capturado en Bogotá el pasado
viernes 28 de marzo cuando ingresaba al país, procedente de Alemania.
La decisión fue emitida por la juez 18 de ejecución de penas y medidas de
seguridad de Bogotá, Martha Yaneth Delgado Molano, tras declarar la prescripción
de la condena a 24 años de prisión impuesta contra Ledher, por el delito de
porte ilegal de uso privativo de las Fuerzas Militares.
En la decisión, se señala por parte de la juez que "así las cosas, desde el 30
de agosto de 1999, data de ejecutoria de la sentencia a hoy, han transcurrido 25
años, 7 meses y 1 día, lo que permitiría concluir, en principio, que ha pasado
el tiempo requerido para que opere la prescripción de la sanción penal".
Esta es la decisión de la juez 18 de ejecución de penas de Bogotá, quien ordenó
expedir la boleta de libertad del excapo del narcotráfico Carlos Lehder,
detenido en el Aeropuerto El Dorado tras un vuelo procedente de Alemania.
Adicionalmente, durante ese lapso Carlos Ledher no fue aprehendido en virtud de
la sentencia proferida dentro de las presentes diligencias y tampoco fue puesto
a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma.
Capturan a funcionario de la Registraduría en red
de tráfico de migrantes en Colombia
La Fiscalía General de la Nación, en
coordinación con Migración Colombia, la Oficina de Investigaciones de Seguridad
Nacional (HSI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencias
adscritas al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, desmanteló
una red de tráfico de migrantes que operaba en Colombia.
Tres presuntos integrantes de la organización fueron detenidos tras ser
señalados de falsificar documentos de identidad para hacer pasar a extranjeros
como colombianos y facilitar su tránsito hacia territorio estadounidense.
Los imputados en este caso fueron Ingrid Katerin Villar Pedrozo, Gerson Puentes
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Sining y José María
Romero Ortega. Villar Pedrozo y Puentes Sining enfrentan cargos por concierto
para delinquir agravado, tráfico de migrantes y falsedad material en documento
público.
Mientras que Romero Ortega,
funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en El Carmen de
Bolívar, fue imputado por tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un
sistema informático.
La investigación reveló que entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, los
detenidos se contactaron con ciudadanos de República Dominicana para tramitarles
documentos falsos, haciéndolos figurar como colombianos.
De este modo, lograban que los migrantes se desplazaran con libertad por el país
y pudieran viajar a destinos internacionales sin ser detectados. Las gestiones
fraudulentas se realizaban ante registradurías y otras entidades en ciudades
como Cartagena, El Carmen de Bolívar, Valledupar, Montería, Sincelejo y Leticia.
Según la Fiscalía, Puentes Sining sería el líder de la red y responsable de
coordinar el traslado y acompañamiento de los migrantes, asegurando que pasaran
sin problemas por los controles migratorios en los aeropuertos.
Por su parte, Villar Pedrozo estaría involucrada en la logística del traslado de
los migrantes, mientras que Romero Ortega utilizaba su acceso privilegiado al
sistema de la Registraduría para insertar información falsa en los registros
civiles, dando así apariencia de legalidad a los trámites.
Un juez envió a prisión solo a Villar Pedrozo y Puentes Sining, mientras que
Romero Ortega continuará vinculado a la investigación.
Fiscalía toma posesión de bienes de ‘Fresa’ por
$69.000 millones
La Fiscalía General de la Nación
impuso medidas cautelares sobre una extensa propiedad vinculada al
narcotraficante Julio César Rojas Betancourt, alias 'fresa'.
La intervención incluyó la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro
y toma de posesión de seis vehículos, 11 sociedades, 14 establecimientos de
comercio y 30 inmuebles, entre los que se encuentran lotes, casas y
apartamentos. Las propiedades fueron valoradas preliminarmente en 69.000
millones de pesos.
La ocupación de los bienes se realizó en una serie de diligencias conjuntas con
la Policía Nacional en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander. Según
los elementos materiales probatorios recabados, los bienes afectados habrían
sido adquiridos con dinero proveniente del tráfico de toneladas de clorhidrato
de cocaína.
En cuanto a la administración de los bienes, la Sociedad de Activos Especiales
(SAE) asumirá el control y manejo de los mismos.
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La medida busca garantizar la correcta disposición de los activos
y contribuir a la lucha contra el crimen organizado.
Por otra parte, la investigación reveló que para ocultar el
origen ilegal de los bienes, alias 'fresa' habría puesto estos activos a nombre
de familiares y conocidos cercanos. Este modus operandi fue utilizado para
tratar de disimular el origen ilícito del dinero con el que adquirió su
patrimonio.
Julio César
Rojas Betancourt fue uno de los principales socios narcotraficantes de Víctor
Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, líder de la organización criminal ‘Los
Pelusos’, que delinquía en Norte de Santander.
Rojas Betancourt fue capturado en marzo de 2018 durante una operación conjunta
de la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la DEA. Tras su
captura, fue extraditado a Estados Unidos por solicitud de una Corte de Distrito
de Puerto Rico, donde enfrentó cargos relacionados con el narcotráfico.
ELN y el Clan del Golfo se enfrentaron en una
escuela de El Bagre (Antioquia)
Un enfrentamiento entre el ELN y el
Clan del Golfo en el municipio de El Bagre (Antioquia) dejó a una persona muerta
y a una comunidad entera en medio de la zozobra. Los hechos ocurrieron el pasado
29 de marzo en la vereda La Bonga, en donde la comunidad fue obligada por el
Clan del Golfo a limpiar el Centro Educativo Rural Villa Chica.
Cuando la población civil cumplía con la orden del grupo narcotraficante,
hombres del ELN ingresaron a la escuela y se enfrentaron con los integrantes del
Clan del Golfo. Uno de ellos murió en los hechos y la comunidad denuncia que su
cuerpo sigue en la escuela.
El Instituto Popular de Capacitación (IPC) denunció los hechos y explicó que se
trató de un “acto repudiable por las comunidades y que representa una infracción
al Derecho Internacional Humanitario”. Además, aseguró que los habitantes del
sur de El Bagre viven en constante angustia y temor, pues el Clan del Golfo se
ha asentado en el territorio y ha impuesto sus reglas.
El Instituto agregó que, tradicionalmente, “las Juntas de Acción Comunal y los
colectivos sociales realizan jornadas de limpieza y manutención de los espacios
públicos y que hoy estos escenarios han sido cooptados por integrantes de las
AGC (Clan del Golfo) quienes les obligan a asistir a sus actividades”.
De no cumplir con esa orden, explicó el IPC, la persona es sancionada “y la
ponen a pagar cuotas económicas. Han hecho un copamiento del proceso y de la
estructura comunitaria y se ha perdido la autonomía. Albergábamos la esperanza
de que esto fuera pasajero, pero con lo que sucedió el sábado, vemos que la cosa
está empeorando”, señala la comunidad.
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