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Familia de Juan Felipe Rincón revela prueba reina
para judicializar a los responsables del crimen
Los padres de Juan Felipe Rincón revelaron la prueba reina que se encuentra en
poder de los investigadores de la Fiscalía, para judicializar a los responsables
del homicidio de su hijo. El crimen ocurrió el pasado 24 de noviembre en el
barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe, en el sur de Bogotá.
Se trata de un video en el que la joven que llevó a Juan Felipe al lugar de los
hechos admite que se trató de un plan de extorsión e identifica a los
responsables.
Denuncias del general (r) William Rincón
El general (r) William Rincón, exinspector de la Policía Nacional, denunció
irregularidades en la investigación sobre la muerte de su hijo, e hizo un
llamado a la Fiscalía para que tome decisiones de fondo y evite que el caso
quede en la impunidad.
Según su relato, su hijo fue contactado por una joven de 16 años, quien lo llevó
a un punto en el barrio Restrepo. La intención original de los delincuentes era
extorsionarlo, pero el plan no salió como esperaban y terminaron matándolo.
El oficial retirado señaló que el caso ha pasado por cuatro fiscales, sin que
hasta la fecha haya sido juzgado ninguno de los responsables. Además, denunció
que no se han realizado procedimientos clave, como análisis balísticos y
entrevistas esenciales para esclarecer los hechos.
Según el general Rincón, el video con la confesión de la joven estuvo en poder
del fiscal asignado al caso sin que se tomaran acciones. Luego, cuando se
programó la entrevista con la joven, esta desapareció del centro de reclusión
donde se encontraba.
Caso UNGRD: Sneyder Pinilla, primer condenado por
red de corrupción en la entidad
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres (UNGRD), fue condenado a cinco años y ocho
meses de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. La jueza 10 Penal
Especializada de Bogotá avaló este preacuerdo, convirtiéndolo en el primer
condenado dentro del escándalo de corrupción que sacude a la entidad encargada
de atender emergencias en Colombia.
Pinilla fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir y
peculado por apropiación, luego de que la Fiscalía lograra probar su
participación en un entramado de direccionamiento irregular
de contratos, especialmente relacionados con maquinaria amarilla
y obras públicas, en al menos cinco departamentos del país, entre septiembre de
2023 y marzo de 2024.
Como parte de su colaboración con la
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justicia, el
exfuncionario devolvió $618 millones que había sustraído ilegalmente de las
arcas públicas. Esta acción, sumada a su voluntad de entregar información clave
sobre otros involucrados, le permitió acceder a una reducción del 45 % en su
condena. “La Fiscalía otorga el descuento en atención a la calidad y eficacia de
la información brindada por el imputado”, explicó la fiscal del caso, María
Cristina Patiño.
Desde su reclusión en una guarnición militar, Pinilla se convirtió en pieza
clave para desentrañar la red de corrupción. No solo confesó su participación,
sino que además entregó detalles que llevaron a la Fiscalía a ampliar la
investigación hacia otros altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y
varios congresistas. Entre los nombres que surgieron de su testimonio figuran
figuras de peso como Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; Carlos Ramón
González, exdirector del DAPRE; y los exministros Ricardo Bonilla y Luis
Fernando Velasco. También fueron mencionados legisladores como Iván Name, Andrés
Calle, Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo y otros.
Uno de los señalamientos más explosivos de Pinilla involucra a la exconsejera
Ortiz, a quien señaló como intermediaria de un supuesto soborno de $3.000
millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name. Este último ya ha
rendido declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y niega rotundamente las
acusaciones.
La jueza, al validar el acuerdo, fue enfática en que el compromiso de Pinilla
con la justicia debe mantenerse firme y continuo. “A partir de este momento
resulta totalmente improcedente una retractación de parte suya”, advirtió
durante la audiencia, dejando claro que su colaboración no solo es esperada,
sino que será vigilada de cerca.
Este fallo marca un hito en el proceso judicial que busca esclarecer uno de los
escándalos más graves en el manejo de recursos públicos en los últimos años. La
expectativa ahora recae en los próximos pasos de la Fiscalía, que, con la
información entregada por Pinilla, podría abrir nuevas imputaciones y llevar
ante la justicia a otros implicados en este esquema de corrupción que compromete
tanto a la administración pública como al poder legislativo.
Secuestro de cinco ganaderos genera
alerta en los Llanos Orientales
El pasado lunes 31 de marzo, la comunidad de los Llanos Orientales se vio
sacudida por la noticia del secuestro de cinco ganaderos originarios del
municipio Hato Corozal, en Casanare. Las víctimas, que habían asistido a una
reunión en la vecina localidad de Paz de Ariporo, fueron retenidas ilegalmente
mientras viajaban por la vía que conecta los municipios de Tame y Arauca, en el
departamento del mismo nombre.
Se sospecha que el grupo armado responsable de este acto podría estar vinculado
al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene presencia en esta región.
Aunque las autoridades no han confirmado detalles específicos, se sabe que los
ganaderos fueron secuestrados el 27 de marzo mientras transitaban por la zona.
Entre los plagiados se encuentran los hermanos Betuel Leonín Adorán Barrera
Sandoval, Emilio Cristancho y Jairo Cristancho. La incertidumbre ha generado
gran preocupación, ya que hasta la tarde del lunes se desconocía su paradero
exacto.
La situación ha conmocionado a las familias
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de las víctimas, quienes han pedido respeto por la vida de los
secuestrados y han solicitado pruebas de supervivencia. Yalile Muñoz Barrera,
sobrina de tres de los afectados, expresó a medios nacionales: "Pedimos a quien
tenga información de ellos, les respeten la vida y nos hagan llegar alguna
prueba de supervivencia".
Por su parte, el gobernador de Casanare, Cesar Ortiz Zorro, informó que se
activaron de inmediato los organismos de seguridad e inteligencia de los
departamentos de Arauca y Casanare para dar con el paradero de los secuestrados.
En su pronunciamiento, el mandatario también hizo un llamado a la Defensoría del
Pueblo y a la Iglesia Católica para coordinar esfuerzos que faciliten la
liberación de los ganaderos.
Este secuestro se suma a otro incidente reciente en Arauca, donde también se
reportó el secuestro de cinco contratistas de Ecopetrol, lo que ha elevado las
alarmas sobre la seguridad en la región. Las autoridades continúan trabajando
para garantizar la liberación de las víctimas y asegurar que se respete su vida
y dignidad.
Golpe al tráfico ilegal de minerales:
Incautan 49 toneladas de coltán y estaño en Meta
En una operación conjunta entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía, las
autoridades incautaron un cargamento ilegal de 49 toneladas de coltán y estaño
en Villavicencio, Meta. El material, proveniente de zonas selváticas de Guainía
y Vichada, tenía como destino final China y estaba valuado en aproximadamente
5.000 millones de pesos.
El operativo, denominado "Operación Uranio", permitió la captura en flagrancia
de seis personas que estarían vinculadas a esta red de tráfico ilegal. Según las
investigaciones, los minerales eran almacenados en centros de acopio
clandestinos y luego trasladados hasta Cartagena, desde donde se pretendía
enviarlos al mercado internacional.
El brigadier general José James Roa Castañeda, director de Carabineros y
Protección Ambiental, explicó que este tipo de extracción ilegal no solo genera
millonarias ganancias para grupos criminales, sino que también causa un impacto
devastador en el medio ambiente. La contaminación de fuentes hídricas con
mercurio y otros químicos afecta directamente a las comunidades indígenas que
habitan en la región.
El presidente Gustavo Petro confirmó la incautación a través de su cuenta de X,
asegurando que este cargamento tendría vínculos con el Estado Mayor Central,
disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco.
Este nuevo golpe al tráfico de coltán se suma a otro decomiso realizado el
pasado 14 de marzo en Vichada, donde las autoridades incautaron 19 toneladas del
mismo mineral. En esa ocasión, el cargamento, valorado en 7 millones de dólares,
era presuntamente controlado por la estructura criminal Acacio Medina, también
perteneciente a las disidencias de las FARC.
Las seis personas capturadas fueron puestas a disposición de la justicia
mientras las autoridades continúan investigando las redes detrás de este
lucrativo negocio ilícito.
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