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Radican proyecto de ley para mejorar pagos
nocturnos y dominicales
Un grupo de congresistas del Partido Liberal radicó en la Secretaría General del
Senado un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones salariales de los
trabajadores que laboran en horario nocturno, domingos y festivos. La iniciativa
revive dos puntos clave de la reforma laboral presentada por el Gobierno del
presidente Gustavo Petro, la cual fue archivada recientemente en la Comisión
Séptima del Senado.
El proyecto de ley, firmado por congresistas liberales, plantea dos
modificaciones principales en la legislación laboral. En primer lugar, propone
que la jornada nocturna inicie a partir de las 7:00 p.m., en lugar de las 9:00
p.m., como está estipulado actualmente en el Código Sustantivo del Trabajo. En
segundo lugar, busca que el recargo por trabajo en domingos y festivos aumente
al 100% sobre el salario ordinario, retomando lo establecido en los artículos 11
y 15 de la reforma gubernamental.
El documento, dirigido al Secretario General del Senado, Diego Alejandro
González, y firmado por los senadores Alejandro Carlos Chacón, Fabio Raúl Amín
Saleme, Jhon Jairo Roldán A., Laura Esther Fortich Sánchez, Jaime Durán Barrera,
Claudia María Pérez Giraldo, Karina Espinosa Oliver y los representantes a la
Cámara Wilmer Yesid Guerrero, Carlos Felipe Quintero, Carlos Adolfo Ardila E.,
Silvio José Carrasquilla y Dolcey Oscar Torres Romero, entre otros, busca
fortalecer los derechos laborales y mejorar la calidad de vida de los
trabajadores que cumplen horarios en condiciones especiales.
En el texto del proyecto se detallan las modificaciones a los artículos 160 y
179 del Código Sustantivo del Trabajo. La propuesta sobre la jornada nocturna
establece:
“El trabajo diurno es aquel que se realiza entre las seis de la mañana (6:00 de
la mañana) y las siete de la noche (7:00 de la noche). Por su parte, el trabajo
nocturno es el que tiene lugar entre las siete de la noche (7:00 de la noche) y
las seis de la mañana (6:00 de la mañana).”
Adicionalmente, el proyecto estipula que el Gobierno deberá implementar
programas orientados a la generación y protección del empleo, conforme a la
normatividad vigente.
La iniciativa también busca garantizar una remuneración justa para quienes
trabajan en días no hábiles. Con la modificación del numeral 1 del artículo 179,
se establece:
“El trabajo realizado en domingos y días festivos se remunerará con un recargo
equivalente al cien por ciento (100%) sobre el salario ordinario, en proporción
a las horas laboradas.”
El proyecto de ley iniciará su curso en el Congreso, donde será debatido en
comisiones y plenarias. Su eventual aprobación representaría un avance en
materia de derechos laborales y un alivio económico para miles de trabajadores
en Colombia.
Lista comisión para apelación por hundimiento de
la laboral
Fue confirmada el día martes 2 de abril por la mesa directiva del Senado una
comisión accidental para que estudie la apelación que presentó el senador Fabián
Díaz por el hundimiento de la reforma laboral en la
Comisión Séptima de esta Corporación, producto de una ponencia de archivo que
firmaron 8 de los 14 integrantes de esta célula legislativa.
Los senadores designados son Juan Gallo (Partido Liberal), quien es el
coordinador de la comisión; Angélica Lozano (coalición Alianza Verde y Centro
Esperanza); Ariel Ávila (coalición Alianza Verde y Centro Esperanza); José Pérez
(Cambio Radical); Marcos Pineda (Partido Conservador); Efraín Cepeda (Partido
Conservador) y Pedro Flórez (Pacto Histórico).
La respectiva resolución establece “crear una Comisión Accidental con el fin de
analizar y rendir un informe sobre el recurso de apelación interpuesto a la
ponencia del Proyecto de Ley No. 311 de 2024 Senado, 166
de 2023 Cámara, acumulado con los Proyectos No. 192 de 2023 Cámara y No. 256 de
2023 Cámara, por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se
adopta una reforma laboral para
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el trabajo decente y digno en
Colombia archivado en sesión ordinaria de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente del Senado de la República, el cual deberá ser presentado ante la
Plenaria del Senado de la República para que ésta decida si acoge o rechaza la
apelación”.
El senador Díaz dijo que “la reforma laboral no se ha archivado, su estado
actual es en apelación. Si se aprueba esa apelación el debate debe continuar en
otra comisión constitucional que no puede ser la Comisión Séptima (del Senado)”.
Díaz Plata presentó el pasado 18 de marzo ante la mesa directiva del Senado el
recurso de apelación por el archivo de la reforma en tercer debate, pues los
ocho senadores que firmaron la ponencia en ese sentido coinciden en que según
ellos destruiría el empleo.
Argumentó el parlamentario que “debemos escuchar las voces diferentes, a los que
no votan por nosotros (..) compañeros ustedes solo escucharon una parte de los
que hablaron en esas audiencias”.
Recordó Díaz que “presenté una ponencia positiva alternativa luego de escuchar a
todas las partes que, además de la reivindicación de los derechos de los
trabajadores, incluye incentivos para la generación de empleo y beneficios para
el empleador”.
Es la segunda vez que el Congreso hunde la reforma laboral. El presidente
estalló por ello y fustigó a los parlamentarios que firmaron la ponencia.
“Hunden las reformas por dinero, los parlamentarios que se han ido contra el
pueblo, que han traicionado al pueblo”, dijo.
Tras el archivo de la reforma el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo
que al Gobierno ya no le interesa este proyecto, sino que buscarán en una
consulta popular que el pueblo se pronuncie a favor de varios de sus aspectos y
otros se implementarán por decreto.
Mindefensa dijo que los aviones Gripen servirán al
país por lo menos por 50 años
Con los mejores calificativos se refirieron ayer el ministro de Defensa, general
(r) Pedro Sánchez Suárez, y el subcomandante de la Fuerza Aeroespacial
Colombiana (FAC), general Carlos Silva Rueda, a la flotilla de aviones suecos
Saab 39 Gripen, de última tecnología, que adquirirá el país con el propósito de
fortalecer la defensa aérea estratégica, que reemplazarán a los viejos Kfir
israelíes. Estas naves servirán al menos por 50 años, dijo el jefe de cartera.
“La expectativa de que las aeronaves nuevas mantengan su capacidad durante al
menos 35 años, pero que pueda extenderse su operación, de acuerdo con las
capacidades que vamos a adquirir, por lo menos medio siglo”, dijo el ministro de
Defensa Nacional.
Destacó que esta compra “también incorporará tecnología de vanguardia para estar
a nivel de la capacidad que se requiere para proteger a nuestra nación. Eso
significa
que las futuras generaciones tendrán
asegurada de alguna manera la soberanía nacional y los demás elementos que
constituyen los fines esenciales del Estado”.
Agregó Sánchez que “esta capacidad va acompañada de elementos impactantes en
términos sociales, ambientales y de desarrollo del país. Tendrá impactos en las
áreas energética, en el área de la salud y en la generación de condiciones
saludables en términos de protección y el trato que se le debe hacer al agua y
adicionalmente tendrá un componente importante para el desarrollo de la
industria aeroespacial colombiana”.
Registró que “el offset en términos comerciales, que es una compensación por la
compra que se hace, impactará enormemente en la educación más elevada, más
cualificada en términos aeroespaciales para la industria nacional”.
Adquirirán entre 16 y 24 aviones
El general Carlos Fernando Silva Rueda dijo que “la Fuerza Aeroespacial
Colombiana está muy satisfecha con la decisión del Gobierno nacional de avanzar
en la adquisición de nuevas aeronaves de combate. Esto permitirá reemplazar los
aviones Kfir, que han estado en servicio desde los años 80 y cuya vida útil se
estima hasta 2025”.
Silva aseguró que “la adquisición de estas nuevas aeronaves es crucial para
mantener la superioridad aérea y garantizar la libertad de acción de las Fuerzas
Militares. La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha estado evaluando propuestas de
tres países: Estados Unidos, Suecia y Francia, cada uno ofreciendo distintos
modelos con características y costos variados”.
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Reveló que la intención del Gobierno “es adquirir una flota de entre 16 y 24
aviones, pero este aspecto aún no está definido. El equipamiento y el armamento
también están por definirse, lo que afectará los costos. La forma en que se
financiará la adquisición también está por determinarse”.
Indicó que la capacidad de la industria para entregar los aviones es más corta
que siete años y por ello se espera que las primeras unidades lleguen en un
plazo más corto, “lo que permitirá garantizar la superioridad aérea mientras
llegan las otras aeronaves”.
Como se sabe, el caza presenta algunas características y diferencias con otras
aeronaves de combate, ya que puede llevar una variedad de armas, incluyendo
misiles aire - aire, misiles aire - tierra y bombas guiadas por láser.
Sin embargo, explicó que “las adquisiciones de sistemas de armas sofisticados
como los aviones de combate no son decisiones que se toman de la noche a la
mañana. Requieren un proceso de acercamiento, prenegociación y negociación que
implica establecer los pagos y cumplir con las normas y leyes correspondientes”.
Acotó que el “Gripen cuenta con un radar de barrido electrónico activo y un
sistema de aviónica avanzado que le permite realizar misiones de combate y
reconocimiento, entre otras especificaciones”.
Reveló que “en este momento la superioridad aérea se cumple con los aviones Kfir
e incluso recientemente estas aeronaves de combate participaron en una operación
contra los grupos armados al margen de la ley. Es decir, estas aeronaves están
operativas en este momento”.
El general Silva Rueda aseguró “que el mantenimiento de los Kfir implica unos
costos, porque la institución no vuela un avión que no esté en óptimas
condiciones y con capacidades para volar. Obviamente para garantizar que esa
capacidad se mantenga, el relevo de los Kfir con los Gripen será progresivo en
la medida en que vayan llegando al país”.
“Una vez estén en Colombia los Gripen, obviamente los Kfir van a terminar siendo
retirados completamente”, dijo.
"Es posible meter preguntas sobre otros
temas": Petro, sobre consulta popular
En el encuentro con representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), el
presidente Gustavo Petro manifestó que en cada rincón del país debe haber un
comité promotor del sí a la consulta popular por la Reforma Laboral y también se
refirió al contenido de las preguntas.
“Lo primero que la gente va a preguntar es ¿sí para qué? ¿En qué consiste? Pues
ahí empieza la educación popular", dijo el jefe de Estado en la reunión que tuvo
lugar en la Casa de Nariño.
En la misma línea, el mandatario le impartió instrucciones al ministro del
Interior, Armando Benedetti, y al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a
trabajar rápidamente en la organización de estos Comités del Sí.
“Le toca a Benedetti esta tarea, y al ministro del trabajo", aseveró. Asimismo,
el jefe de Estado fue enfático en que el contenido de la Consulta Popular no
debe ser superior a 10 preguntas.
“Primero es que la reforma laboral vuelva a ser. Pero eso tiene unos puntos que
ya no son todos los artículos, porque si sale un mamotreto, nadie lo llena.
Entonces, son 10 preguntas, algo así, que den lo esencial que queríamos de la
reforma", agregó.
El presidente, además, agregó: “Es posible meter otras preguntas sobre otros
temas", aseguró, y en ese contexto hizo referencia a uno relacionado con los
créditos de la economía popular para microempresarios rurales y urbanos.
“Se preguntará si se quiere que un porcentaje del crédito público y privado de
Colombia vaya hacia la economía popular y definirla. ¿Sí o no?", explicó.
En el mismo sentido, el mandatario manifestó: “Los microempresarios rurales son
campesinos. Podemos, incluso, variar un poco la palabra, que no sea tan micro y
expanda un poco más. Y los urbanos, pues un vendedor ambulante es un empresario,
un taxista es un empresario, una señora de un salón de belleza es una
empresaria".
Durante la reunión en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, los comunales
expresaron su respaldo a la Consulta Popular sobre la reforma laboral, promovida
para corregir desigualdades estructurales y ofrecer mayor estabilidad a los
trabajadores colombianos, generando condiciones dignas y justas en el ámbito
laboral.
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