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Piden tumbar decreto de educación en conmoción
interior de Catatumbo
La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el
Decreto 155 del 7 de febrero de 2025, expedido por el presidente Petro en el
marco del estado de conmoción interior declarado en el Catatumbo, Norte de
Santander, y algunos municipios del Cesar.
Según el concepto enviado por el Ministerio Público, las medidas adoptadas en
materia educativa violan la naturaleza transitoria de un estado de excepción, ya
que se trata de disposiciones con efectos permanentes en infraestructura y
cobertura educativa, especialmente en el nivel superior.
“La crisis de la educación en el Catatumbo requiere la puesta en marcha de
políticas públicas consistentes en el tiempo, y no la adopción de medidas
extraordinarias de carácter transitorio”, señaló la Procuraduría.
El Decreto Legislativo 155 de 2025, expedido por el Ejecutivo el pasado 7 de
febrero, establece acciones para mejorar la infraestructura y dotación educativa
en los niveles inicial, preescolar, básica, media y superior en la región
afectada por la violencia.
Sin embargo, la Procuraduría advirtió que el decreto no cumple con el principio
de temporalidad, ya que las obras proyectadas y su financiación no están
contempladas como medidas excepcionales y sujetas al fin del estado de
conmoción.
“Las medidas adoptadas son de carácter permanente, pues están destinadas a crear
espacios educativos cuya operación se mantendría incluso después de levantar la
conmoción interior”, puntualizó el concepto del órgano de control, firmado por
el procurador Gregorio Eljach.
La Procuraduría también expresó reparos frente a la forma como se pretende
financiar los proyectos, señalando que el Ministerio de Educación planea usar
contratos de fiducia mercantil, los cuales se rigen por normas de derecho
privado. Esto podría generar problemas una vez finalice el estado de excepción,
dejando sin respaldo legal el mantenimiento y continuidad de las obras.
“No hay claridad sobre las fuentes de financiación futuras para mantener o
adecuar las obras en periodos de normalidad”, subrayó el concepto.
El ente de control reconoció que la falta de acceso a la educación incrementa la
vulnerabilidad de los territorios históricamente afectados por el conflicto
armado, pero aseguró que esta problemática debe enfrentarse mediante políticas
estructurales, no a través de decretos expedidos bajo estados de excepción.
“El decreto aborda el tema educativo no desde los impactos directos de la
violencia, sino desde la problemática estructural de baja cobertura en educación
superior en el Catatumbo”, argumentó la Procuraduría.
Contexto del estado de conmoción interior
El estado de conmoción interior fue declarado mediante el Decreto 62 de 2025 por
el presidente Petro, para hacer frente al recrudecimiento de la violencia en el
Catatumbo, producto de enfrentamientos entre actores armados ilegales. Esta
figura jurídica permite al Ejecutivo tomar medidas excepcionales por un periodo
inicial de 90 días, prorrogables hasta dos veces, para restablecer el orden
público, incluyendo la imposición de restricciones a la movilidad o toques de
queda.
Aunque la Procuraduría dio su aval condicionado al decreto relacionado con el
sector turístico, su posición frente al decreto educativo fue contundente:
solicitó que se declare inexequible por no ajustarse a los parámetros
constitucionales de los estados de excepción.
Ricardo Roa no se presentó ante el CNE por
financiación de campaña Petro
Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña
presidencial de Gustavo Petro, no se presentó ante el Consejo Nacional Electoral
(CNE) para rendir versión libre dentro de la investigación
por la presunta financiación irregular de la campaña Presidente 2022.
La diligencia estaba programada para las 11:30 de la mañana, según el calendario
del CNE, como parte de una solicitud hecha por el apoderado del partido Unión
Patriótica (UP). Sin embargo, el abogado de Roa pidió
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un
aplazamiento, sin detallar los motivos ni una nueva fecha para su comparecencia.
Fuentes del CNE advirtieron que, si Roa no se presenta antes del 10 de abril, su
testimonio será descartado del proceso. Esta diligencia forma parte de una
batería de pruebas clave ordenadas por los
magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro
Democrático) en el caso que investiga la presunta violación de topes electorales
por más de 5.300 millones de pesos durante las dos vueltas presidenciales.
Presunta relación con 'Papá Pitufo' y 'Harry'
Ricardo Roa ha sido relacionado con el escándalo de financiación irregular por
supuestos vínculos con Víctor Sierra, alias Harry, presunto socio de Diego
Marín, alias Papá Pitufo, investigado por intentar ingresar dineros a la
campaña.
Ante estas acusaciones, Roa ha sostenido que no tiene ni tuvo relación con estos
hechos. Aseguró que sí se reunió con un empresario en 2022 para tratar temas
relacionados con una propuesta de campaña, pero negó haber tenido vínculos con
alias Harry. Además, dijo haber radicado una solicitud de rectificación a la
periodista que difundió la información publicada por la revista Cambio.
Investigación formal y cargos
La sala plena del CNE formuló cargos formales y abrió investigación contra el
presidente Gustavo Petro, su exgerente de campaña Ricardo Roa, así como contra
los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que avalaron su candidatura.
Según el auto que sustenta la decisión, en la primera vuelta presidencial se
habrían superado los topes por 3.709 millones de pesos y en la segunda vuelta
por 1.646 millones de pesos, provenientes, en su mayoría, de fuentes que no
habrían sido debidamente reportadas.
Otros citados a declarar
Dentro de las diligencias también fueron citados a rendir testimonio:
Ralph Alirio Castillo, presunto encargado de las donaciones de Fecode y la Unión
Sindical Obrera (USO).
Henry Jara Jara, representante legal de la USO, para explicar los aportes
durante ambas vueltas.
Aida Avella, presidenta de la UP.
Andrés Álvarez, gerente de campaña en Bogotá.
Martha Bolívar, encargada del apoyo en la estrategia de veeduría electoral.
Además, el CNE solicitó información a la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS)
sobre los vuelos de la aeronave HK5328, presuntamente vinculada a actividades
irregulares durante la campaña.
Prescripción del caso en junio
El proceso debe resolverse antes de junio de 2025, ya que si no hay una decisión
de fondo, se cumplirán los tres años de prescripción estipulados por la ley. En
ese caso, la investigación prescribiría en favor del presidente Petro, Ricardo
Roa y los partidos involucrados.
Abren incidente de desacato contra el
presidente Gustavo Petro
La Sección Quinta del Consejo de Estado abrió un incidente de desacato contra el
presidente Gustavo Petro luego de que no se retractara por llamar “victimarios”
a quienes marcharon en su contra en noviembre del 2024. Dándole dos días para
cumplir con la orden del Alto Tribunal.
“Abrir incidente de desacato contra el Presidente de la República, el señor
Gustavo Petro Urrego, quien deberá ser notificado en forma personal al correo
electrónico”, señaló el Consejo de Estado,
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agregando que requiere que
“en el término de 2 días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, indiquen y acrediten los documentos pertinentes, las actuaciones
que ha adelantado para dar cumplimiento a la orden dada en la sentencia de
tutela proferida 6 de marzo de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado”.
Como ya se sabe, el pasado 6 de
marzo de 2025, alto tribunal amparó el derecho a la protesta de quienes se
manifestaron en contra del mandatario y le dio un plazo de cinco días para
ofrecer disculpas públicas que debían ser publicadas en su cuenta oficial en la
red social X, así como en las del Departamento Administrativo de la Presidencia
(Dapre).
Sin embargo, tras un mes de la orden, los ciudadanos que interpusieron la tutela
ante el Consejo de Estado radicaron una nueva solicitud para que le fuese
abierto un incidente de desacato al considerar que Petro no cumplió con lo
dictaminado por la Sección Quinta.
“El señor Josías Fiesco Agudelo, mediante escrito del 17 de marzo de 2025,
solicitó abrir incidente de desacato contra el Presidente de la República, el
señor Gustavo Petro Urrego, por el incumplimiento de la orden impartida en el
fallo de tutela del 6 de marzo de 2025, proferido por la Sección Quinta de esta
Corporación”, indicaron.
¿Qué dijo Petro contra las marchas de oposición?
Según lo señalado por la corporación, tras las marchas de oposición, el
presidente habría llamado “victimarios” a los ciudadanos que acudieron a las
calles para mostrar su inconformismo con el Gobierno actual, del mismo modo
habría asegurado, a través de su cuenta de X y la del Dapre, que “los que
quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país”, “los que quieren que
no haya una reivindicación para las víctimas”, “los que quieren que las hijas de
los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del
campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano desangre o a su
hermano de tierra”.
Por caso Odebrecht, 11 años de prisión a exsenador
Antonio Guerra
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena,
de 11 años de prisión, proferida contra el excongresista Antonio del Cristo
Guerra de la Espriella, acusado de los delitos de concierto para delinquir
agravado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, por su participación
en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
"Confirmar parcialmente la sentencia emitida el 15 de marzo de 2022 por la Sala
Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra de
Antonio del Cristo Guerra de La Espriella, con la salvedad de que la condena
procede únicamente por los delitos de enriquecimiento ilícito de servido público
y tráfico de influencias de servidor público, este último en la modalidad de
concurso homogéneo de conductas punibles", indicó el alto tribunal.
La Sala Penal señaló que el excongresista del Partido Cambio Radical actuó como
intermediario entre la multinacional brasileña y otros congresistas para
facilitar la aprobación del contrato de estabilidad jurídica con el cual
Odebrecht saldría beneficiado tributariamente.
En el mismo fallo, la Corte absolvió a Guerra del delito de concierto para
delinquir agravado, modificando así la condena que quedó reducida a 11 años de
prisión. Además, el Alto Tribunal le impuso una multa de 1.175 millones de pesos
y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 126 meses y 23 días.
La sentencia señaló que existen pruebas que evidencian como el exsenador Antonio
Guerra tomó ventaja de su cargo, así como de recibir dinero a cambio de
intervenir en el contrato de estabilidad jurídica.
Desde la Sala de Casación Penal se dio a conocer que luego de que fuera ordenada
la condena, Guerra fue detenido, siendo procesado por su participación en el
caso.
Caso Odebrecht en Colombia
Como ya se sabe, el caso de corrupción de Odebrecht involucró a varios
funcionarios públicos y políticos en múltiples países de América Latina. En
Colombia, el escándalo incluyó sobornos en contratos de infraestructura en la
Ruta del Sol II, entre otros.
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