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Ecopetrol y la importación de gas: ¿Un conflicto
de infraestructura y políticas?
En medio de la creciente preocupación por el aumento de tarifas del gas en
Colombia, el presidente Gustavo Petro ha arremetido contra Ecopetrol,
cuestionando por qué la empresa estatal no ha comenzado a importar gas natural
para paliar la crisis. Durante una reciente reunión del consejo de ministros,
Petro expresó su desconcierto, alegando que, si Ecopetrol ya importa gasolina,
no hay razón para que no haga lo mismo con el gas. La propuesta se enmarca en un
contexto donde las tarifas del gas han aumentado significativamente, afectando
tanto a hogares como a empresas en varias regiones del país.
El presidente incluso mencionó la planta de regasificación de Cartagena como una
posible solución a corto plazo, sugiriendo que Ecopetrol debería estar
aprovechando esa infraestructura para importar el gas. "Importe el gas, aunque
tenga que pagar por el único barco que existe", dijo Petro, sugiriendo que hay
intereses privados detrás de la negativa de la petrolera para realizar esta
operación.
Aunque Colombia comenzó a importar gas natural en 2016, estas importaciones se
destinaron principalmente a plantas térmicas para respaldar la generación de
electricidad en épocas de sequía. Desde diciembre de 2024, la situación ha
cambiado, ya que la producción nacional ha caído, lo que ha llevado a utilizar
los excedentes de gas importado para cubrir la demanda de otros sectores como
los hogares y la industria. Este cambio ha impactado directamente en las
tarifas, que han aumentado considerablemente debido a los altos costos del gas
importado.
El proceso de importación de gas no es sencillo. El gas natural licuado (GNL)
debe ser regasificado, es decir, devuelto a su estado gaseoso para ser
transportado a través de gasoductos. Sin embargo, en Colombia solo existe una
planta operativa capaz de realizar esta tarea: SPEC, ubicada en Cartagena. Esta
situación ha limitado la capacidad de Ecopetrol para importar y procesar gas
licuado, lo que ha dejado a otras empresas privadas como las principales
responsables de las importaciones.
Ecopetrol, por su parte, ha reconocido la falta de infraestructura para realizar
importaciones a gran escala. Según expertos, la petrolera aún no podrá iniciar
este proceso de forma independiente en el corto plazo. De acuerdo con Julio
César Vera, presidente de Xua Energy, la empresa estatal necesitaría entre uno y
dos años para estar lista para importar gas, y su plan contempla la construcción
de una planta en Buenaventura que podría comenzar a operar en 2026.
A pesar de estos desafíos, el presidente Petro ha sugerido la posibilidad de
importar gas desde Catar, aunque los expertos advierten que esta opción podría
resultar más costosa debido a la competencia por el suministro de economías
desarrolladas y los elevados costos logísticos involucrados.
Lo cierto es que Colombia, que históricamente fue autosuficiente en gas,
enfrenta ahora un futuro incierto en cuanto a sus reservas, las cuales, según la
Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), solo serían suficientes para
cubrir la demanda del país durante los próximos seis años. La cuestión está en
si las inversiones en infraestructura y la diversificación de las fuentes de gas
podrán evitar una crisis mayor en el futuro cercano.
Comunidades energéticas: El nuevo paso
hacia la autogeneración y la energía sostenible en Colombia
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó esta semana una
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que marca un hito en la transición
energética de Colombia. Con el nuevo marco regulatorio, las comunidades
energéticas serán una realidad, permitiendo a grupos de usuarios generar su
propia electricidad mediante fuentes renovables como los paneles solares, y
vender el excedente al sistema eléctrico nacional.
Esta medida está dirigida a facilitar el acceso a la energía en zonas
vulnerables, donde los costos de electricidad son elevados y la cobertura del
servicio es limitada. Se espera que la iniciativa beneficie inicialmente a más
de 500.000 familias, especialmente en áreas rurales y barrios informales, como
los de la región Caribe. El objetivo es promover la autogeneración colectiva, lo
que no solo ayuda a reducir los gastos en las facturas, sino que también
contribuye a la meta de transición hacia fuentes renovables.
Las comunidades energéticas permiten a varios usuarios asociarse para producir y
consumir energía de manera compartida, sin necesidad de estar conectados
físicamente. Pueden estar ubicadas tanto en el Sistema Interconectado Nacional
(SIN) como en Zonas No Interconectadas (ZNI), ampliando así su alcance. Además,
los miembros podrán acceder a subsidios del Gobierno para instalar tecnología
como paneles solares, facilitando la adopción de energías limpias.
El Ministerio de Minas y Energía destaca que esta medida no solo tiene un
impacto económico positivo, sino que también busca democratizar el acceso a la
energía. Sin embargo, la implementación de este modelo dependerá del compromiso
de las alcaldías y de la capacidad organizativa de las comunidades para poner en
marcha estos proyectos. La expectativa es que, con el tiempo, Colombia avance
hacia un modelo más justo y sostenible en la distribución de energía.
Gobierno y gremios trabajan juntos para afrontar
el impacto de los aranceles de Trump
El Gobierno Nacional y los gremios colombianos se reunieron recientemente para
analizar los efectos de los aranceles impuestos por la administración de Donald
Trump sobre los productos colombianos que llegan a Estados Unidos. La medida
estadounidense ha generado inquietud, pues podría afectar gravemente las ventas
externas de productos clave para la economía colombiana. Sin embargo, el
encuentro sirvió como punto de partida para desarrollar una estrategia conjunta
que permita a Colombia mitigar los impactos y diversificar sus mercados.
El evento, que contó con la participación de altos funcionarios de la
Cancillería, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura, permitió
identificar y abordar los desafíos que los aranceles podrían presentar. Uno de
los acuerdos más relevantes fue la creación de una hoja de ruta en la que el
Gobierno y las asociaciones gremiales, como AmCham Colombia, la Asociación
Nacional de Industriales (Andi) y Fedegán, trabajarán unidos en una respuesta
coordinada. Esta acción tiene como prioridad el diálogo, la diplomacia y, sobre
todo, la protección de la industria y el empleo nacional.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, subrayó la importancia
de este enfoque de colaboración público-privada. Según Lacouture, la posibilidad
de crear una alianza estratégica con el sector privado permitirá a Colombia
posicionarse de forma efectiva en el contexto internacional. Además, destacó que
Colombia forma parte de los países que presentaron acciones de consulta dentro
del acuerdo comercial, lo que le otorga una ventaja en las negociaciones.
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Otro de los acuerdos fundamentales fue la creación de una mesa de
trabajo permanente, que se encargará de analizar de manera continua las barreras
arancelarias y fortalecer la diversificación de los mercados para los productos
colombianos. La canciller Laura Sarabia explicó que esta mesa contará con una
secretaría técnica que monitoreará en tiempo real cómo los productos colombianos
se están comportando en los mercados y cómo las nuevas medidas están afectando
las exportaciones.
Además, durante el encuentro, se enfatizó que la coyuntura generada por los
aranceles de Trump debe ser vista como una oportunidad para ampliar las
exportaciones y replantear la política comercial de Colombia. La ministra de
Comercio (e), Cielo Rusinque, destacó que uno de los objetivos es diversificar
los mercados, lo que reducirá la dependencia de Estados Unidos y permitirá
consolidar una estrategia comercial más robusta y sostenible a largo plazo.
El Gobierno espera que, con la colaboración de los gremios y una
planificación adecuada, Colombia pueda enfrentar estos desafíos y aprovechar los
beneficios de una economía más diversificada.
El Senado aprueba proyecto de ley para garantizar
la protección de los pasajeros aéreos
En una movida histórica para mejorar los derechos de los pasajeros aéreos en
Colombia, el Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley que obligará a
las aerolíneas a compensar a los usuarios en caso de retrasos, cancelaciones u
otros inconvenientes con sus vuelos. Esta normativa tiene como objetivo acabar
con los abusos que, según varios sectores, se presentan con frecuencia en los
aeropuertos y en el servicio aéreo en general.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, destacó la importancia de este proyecto
al señalar que los pasajeros aéreos en el país finalmente recibirán las
protecciones que necesitan. "Aprobamos en Plenaria de Senado nuestro proyecto de
protección a los pasajeros aéreos. Esta iniciativa, que ahora pasa a la Cámara,
trae beneficios para los usuarios. Vamos a acabar con los abusos a los usuarios
en los aeropuertos", afirmó durante la transmisión de la plenaria.
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es que las aerolíneas estarán
obligadas a compensar a los pasajeros en caso de alteraciones en el servicio,
como retrasos o cancelaciones de vuelos. Además, los usuarios tendrán la
posibilidad de cambiar sus vuelos sin penalizaciones, corregir errores en los
datos de sus tiquetes sin cargos adicionales y presentar reclamos de manera más
eficiente.
El senador Antonio Zabaraín, uno de los autores del proyecto, explicó que los
pasajeros recibirán bonos redimibles como compensación dependiendo del tiempo de
retraso del vuelo. Por ejemplo, si un vuelo se retrasa entre 3 y 5 horas, los
pasajeros podrán recibir un bono equivalente al 25% del valor del tiquete. Si el
retraso es de entre 5 y 7 horas, el bono se incrementará al 50%, y si el retraso
supera las 10 horas, la compensación será del 100%.
"Hay sobreventas y cancelación de vuelos. Todos los que usamos el servicio de
transporte aéreo sufrimos y padecemos algunos tipos de abusos", comentó Zabaraín,
al referirse a las situaciones que motivaron la creación del proyecto.
La propuesta, que obtuvo 53 votos a favor y uno en contra, ahora deberá pasar a
la Cámara de Representantes para su discusión final. Si es aprobada allí, las
aerolíneas deberán adaptarse a estas nuevas reglas. La senadora Ana María
Castañeda, otra de las ponentes, señaló que esta ley responde a una necesidad
real de los pasajeros, quienes muchas veces enfrentan situaciones de
cancelaciones y sobreventas sin recibir compensaciones justas.
Con este proyecto, Colombia da un paso importante hacia la transparencia y la
equidad en el servicio de transporte aéreo, garantizando que los derechos de los
usuarios sean respetados y que las aerolíneas asuman su responsabilidad cuando
se presenten inconvenientes con los vuelos.
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