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Extraditan a ocho capos de la mafia por
narcotráfico: 5,4 toneladas de cocaína enviadas a EE.UU.
En un golpe significativo contra el narcotráfico internacional, ocho hombres,
presuntos capos de la mafia, fueron extraditados desde Colombia a Estados Unidos
en las últimas horas. La Policía Nacional, a través de la Oficina de la Interpol
en el país, confirmó que los extraditados son requeridos por una corte del
distrito de Puerto Rico por su supuesta participación en el tráfico de grandes
cantidades de cocaína.
Los extraditados son: Erick Leandro Calderón Soler, Cristian Augusto Vanegas
Romero, José Rafael Uriana Freyle, Rommel Jesús Báez González, César Baudilio
Escalante Lizarazo (alias El Calvo), José de la Cruz Barón Toro (alias Chegüa),
Elmis Generoso Barros López y Luis Marino Medina Martínez (alias Japonés). La
justicia estadounidense los señala por los delitos de narcotráfico y concierto
para delinquir, acusaciones que se basan en pruebas que los vinculan al envío de
más de 5,4 toneladas de cocaína hacia destinos como Estados Unidos, Europa y
Centroamérica.
Las investigaciones realizadas por las autoridades colombianas revelan que estos
capos habrían utilizado a personas de sectores vulnerables para organizar y
facilitar el tráfico de la droga, que salía desde regiones como el Valle del
Cauca y el Catatumbo, con embarque final en La Guajira. Esta operación de
narcotráfico, según las autoridades, no solo afectó a Colombia, sino que también
puso en riesgo la salud y seguridad de millones de personas a nivel global.
El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, destacó que en lo que
va del año 2025, se han realizado 86 extradiciones, siendo la mayoría por
narcotráfico, un crimen al que la fuerza pública combate con firmeza para
proteger a las nuevas generaciones de su devastador impacto.
JEP imputa a 28 exmilitares por 604
casos de falsos positivos en la costa caribe
Después de más de siete años de investigación, la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) ha dado a conocer el resultado de uno de los
casos más escalofriantes relacionados con los falsos positivos en Colombia. En
un reciente auto, se imputa a 28 exmilitares por la ejecución extrajudicial de
604 personas en la Costa Caribe entre 2002 y 2008. Este es el mayor número de
víctimas vinculado a este fenómeno desde la creación de la JEP.
El proceso judicial abarca una investigación sobre las atrocidades cometidas en
siete departamentos de la región Caribe: Atlántico, Magdalena, Bolívar, César,
La Guajira, Córdoba y Sucre. De las víctimas, 26 eran menores de edad, entre
ellas un indígena Wayuú y una indígena Wiwa, y 31 pertenecían a comunidades
indígenas como los Wayuú, Wiwa y Kankuamo. La mayoría
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de los asesinados
fueron engañados por reclutadores que los aprovecharon en su vulnerabilidad,
llevando
a que fueran presentados como "bajas en combate" cuando, en
realidad, fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.
La JEP detalló que los crímenes ocurrieron bajo el gobierno de Álvaro Uribe
Vélez y durante un período en el que las fuerzas militares presionaban a sus
integrantes para mostrar resultados operacionales. La falta de bajas en combate
se castigaba, lo que llevó a la creación de este sistema de ejecuciones. En su
afán por cumplir con las metas, las unidades militares de la Costa Caribe
cometieron estas atrocidades, presentando a personas inocentes como insurgentes
caídos en combate.
El expediente revela que las muertes fueron sistemáticas, no solo por el
señalamiento de las víctimas como guerrilleros, sino también mediante promesas
de empleo que atraían a personas en condición de vulnerabilidad. Entre 2002 y
2008, al menos 343 personas fueron asesinadas bajo esta modalidad en 59
municipios.
En total, los crímenes abarcaron un largo período, con un repunte alarmante
entre 2004 y 2007. Mientras en 2004 se reportaron 24 ejecuciones
extrajudiciales, la cifra llegó a 257 en 2007, lo que demuestra la extensión y
gravedad del fenómeno.
El proceso judicial también señala a altos mandos del Ejército, incluidos tres
generales retirados y otros oficiales, quienes pertenecían a brigadas militares
de la región. A medida que la JEP avanza en su investigación, se van conociendo
más detalles de cómo las estructuras militares contribuyeron al encubrimiento de
estos crímenes, dificultando las investigaciones disciplinarias.
La imputación es un paso importante para la justicia transicional en Colombia,
ya que confirma la implicación de altos oficiales en estos crímenes de lesa
humanidad, que aún dejan cicatrices profundas en las víctimas y sus familias.
Para muchos, este proceso representa una oportunidad para que el país, por fin,
enfrente la verdad sobre uno de los capítulos más oscuros de su historia
reciente.
La extorsión en Colombia: Retos y fallos en la
lucha contra el crimen
La extorsión en Colombia sigue siendo una de las principales preocupaciones de
las autoridades. A pesar de los esfuerzos por erradicarla, las cifras continúan
aumentando, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, donde grupos
armados y bandas criminales se han fortalecido. En los dos primeros meses de
este año, el país registró por lo menos 1.854 casos, una cifra que supera los
1.641 reportados en el mismo periodo de 2024 y 1.419 en 2023, según datos del
Ministerio de Defensa.
Bogotá encabeza la lista con 16.481 procesos penales por extorsión desde 2019
hasta febrero de 2025, seguida de Antioquia y Valle del Cauca, con 15.992 y
11.773 procesos, respectivamente. Estos números reflejan una preocupante
tendencia, evidenciada por los informes solicitados por el congresista Julio
César Triana, quien también reveló que, entre 2019 y 2023, 2.664 personas fueron
condenadas por extorsión, mientras que 365 fueron absueltas.
El informe también destaca que el 97 % de los casos de extorsión han sido
cometidos por bandas de delincuencia común organizada, con 59.518
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incidentes registrados entre 2019 y 2025. Aunque las
capturas son una herramienta clave en la lucha contra este delito, las cifras
muestran que no superan las 2.950 anuales, lo que demuestra que la respuesta
judicial no está a la altura del problema.
Un aspecto particularmente alarmante de la extorsión en Colombia es el fenómeno
carcelario. A pesar de que 16 centros penitenciarios cuentan con sistemas de
bloqueo de señales de comunicación móvil, solo seis de ellos están operativos.
Esto ha permitido que las bandas criminales, incluso desde las cárceles,
continúen extorsionando a personas en todo el país. Las cárceles de Puerto
Triunfo, Medellín y Bucaramanga, entre otras, tienen sistemas fuera de servicio,
lo que deja a las autoridades con pocas herramientas para controlar la
situación.
En total, las autoridades han logrado bloquear 31.452 números de IMEI de
teléfonos móviles en centros penitenciarios entre 2021 y 2025, pero estos
esfuerzos se ven limitados por la obsolescencia tecnológica y la falta de
recursos. La lucha contra la extorsión en Colombia enfrenta grandes desafíos, y
la respuesta institucional, aunque continua, parece insuficiente frente a la
magnitud del problema.
El ELN mantiene a 68 personas secuestradas en el
Catatumbo y Arauca, advierte la defensoría del pueblo
La defensora del pueblo, Iris Marín, reveló un preocupante informe sobre el
secuestro en Colombia, destacando que el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
mantiene en su poder a 68 personas, secuestradas en las regiones de El Catatumbo
(Norte de Santander) y Arauca. Según Marín, este es el saldo de la escalada de
violencia del grupo armado en estas zonas, donde recientemente fueron liberados
cinco ganaderos que habían sido secuestrados la semana pasada.
De las 68 víctimas, al menos 50 corresponden a personas que, según el ELN, son
colaboradoras o miembros de las disidencias del frente 33. Además, el grupo
armado tiene bajo su poder a más de 18 personas en Arauca. Estos casos se suman
a una larga lista de secuestros en el país, una práctica que sigue siendo una
grave preocupación, a pesar de una leve reducción en las cifras.
En los primeros tres meses de 2025, el Ministerio de Defensa reportó 40
secuestros, de los cuales 31 fueron con fines extorsivos y 9 de carácter simple.
Sin embargo, los números siguen siendo alarmantes, con un total de 290
secuestros en 2024 y 338 en 2023, lo que refleja que, aunque haya una
disminución, el fenómeno persiste de manera preocupante.
Marín también exigió la liberación inmediata de Clara Serrano, secuestrada por
el ELN mientras intentaba gestionar la liberación de su hermano Cristián, quien
había estado en cautiverio durante cinco meses. Este caso, junto con otros
secuestros extorsivos recientes, como el de la expersonera de Tamalameque, Jenny
Salazar, y el joven Kevin Patarroyo, evidencia la continua violación de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el país.
La defensora del Pueblo reiteró su rechazo al secuestro, calificando esta
práctica como un crimen de lesa humanidad y un delito de guerra. Marín insistió
en que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, llamando a los grupos
armados, incluido el ELN, a liberar a sus víctimas de manera "inmediata e
incondicional".
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