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Lanzan programa social en Cali para eliminar
deudas de predial
Cerca de 300.000 caleños se beneficiarán con el programa del Predial Social,
eliminando las deudas que por años han acumulado con el Distrito, producto del
no pago del Impuesto Predial Unificado.
Cerca de 128.000 predios ubicados en todo Cali e fueron identificados por
Hacienda Municipal, que a la fecha acumulan deudas del Impuesto Predial
inferiores los $7.918.041 (159 UVT), que podrán beneficiarse con este gran
programa social liderado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Este programa beneficiará a caleños de todos los estratos socioeconómicos de la
ciudad y una de ellas podrá ser Alicia Rodríguez quien habita en el barrio La
Flora. “Actualmente yo no tengo una pensión, ni un trabajo fijo, lo que tengo
con mi hijo es un emprendimiento que no nos genera ingresos fijos y por eso me
he colgado con el pago del Impuesto Predial. Eso a mí eso me atormenta porque yo
sé que con esos recursos es que arreglan las vías de toda la ciudad”, aseguró.
Actualmente la cartera morosa del predial asciende a los $1.2 billones, de los
cuales $180.000 millones corresponden a deudas que no superan las 159 UVT, por
lo que cerca de 30.150 familias del estrato uno podrán acceder al Predial
Social; mientras que en el dos serán 31.920; en el tres, 25.395; en el cuatro
habrá cerca de 10.191 posibles beneficiarios; en el cinco, 2.599; en el seis
serán 369; y finalmente, entre los no estratificados serán cerca de 27.411
posibles beneficiarios.
“Yo vivo en el barrio Santa Fe en la comuna ocho, y hago parte de las personas
que vinimos a este evento donde el alcalde lanzó el Predial Social, soy una de
esas personas que se han atrasado porque no tienen cómo pagar. En mi caso
estamos viviendo una situación económica difícil, porque en mi casa somos cinco
personas y todos dependen de mí porque soy la única que labora, por eso me
parece muy bueno este programa”, destacó Flora María Landázuri.
Una vez el proyecto de acuerdo del 'Predial Social' sea aprobado por el Concejo
de Cali, los ciudadanos como Alicia y Flor María podrán dirigirse a la oficina
de cobro coactivo ubicada en el Edificio Bulevar de la Av. 6N # 13N-50 o a los
Centros de Atención al Contribuyente de las comunas 6, 13, 14, 15, 17, 17 y 21
donde podrán recibir asesoría para acceder a este programa.
Liquidan contrato de semáforos
inteligentes en Cali
La Secretaría de Movilidad de Cali anunció la liquidación del contrato de
semaforización inteligente, tras evidenciar serias fallas
técnicas y errores de planificación en el proyecto. La medida implica que no se
continuará con la instalación de los nuevos dispositivos, generando un posible
detrimento patrimonial superior a los $40 mil millones de pesos.
Según el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, la decisión se basó en un
análisis técnico detallado que reveló que varios semáforos están mal ubicados y
no son visibles para los conductores, ya que algunos quedaron ocultos bajo
estructuras urbanas.
"Avanzaremos en la liquidación de ambos contratos, uno correspondiente a la
adquisición de los semáforos y otro al software, partiendo del principio básico
de que fueron mal diseñados y mal planeados, con deficiencias que provienen de
la administración anterior", indicó Orozco.
El proyecto de semaforización inteligente en
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Cali contemplaba la
instalación de una red tecnológica de señalización vial, sin embargo,
actualmente no existe una red operativa, a
pesar de que ya se ha ejecutado el 80 % del valor total del contrato, realizado
durante la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina.
"Aquí hay un caso claro de detrimento patrimonial, y por eso pasaremos toda la
información a los entes de control para que avancen en las investigaciones
penales o disciplinarias", agregó el funcionario.
Proceso de anulación y acciones legales
Desde la Secretaría de Movilidad se informó que ya inició el proceso oficial de
anulación de los contratos. En caso de no llegar a un acuerdo con los
contratistas dentro de los plazos establecidos por la ley, se procederá con una
liquidación unilateral.
En la ciudad actualmente se observan dos tipos de semáforos: los tradicionales y
los nuevos dispositivos inteligentes, que fueron instalados en los últimos meses
de la anterior administración. No obstante, estos últimos no están en
funcionamiento.
¿Qué pasará con la infraestructura instalada?
La administración de Alejandro Eder explicó que, aunque se recibieron cinco
intersecciones con semáforos inteligentes, y se intentó avanzar en obras
adicionales —como las de la Troncal Oriental—, se concluyó que no es viable
recuperar los dispositivos instalados.
“La prioridad de esta Alcaldía es proteger los recursos públicos. Aquí están en
juego más de $40 mil millones, de los cuales el 80 % ya fueron pagados por la
administración anterior. Esta gestión no ha desembolsado dinero adicional debido
a las inconsistencias identificadas”, subrayó Orozco.
La Secretaría de Movilidad aseguró que, mientras se define el futuro de la
infraestructura, se trabajará en corregir los errores actuales en la red de
semaforización tradicional, garantizando la seguridad vial en la ciudad.
Se volverá a fumigar con glifosato, pero
será terrestre
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro
retomará la erradicación de cultivos ilícitos con el uso de glifosato,
advirtiendo que la aspersión se realizará de forma terrestre.
"La estrategia es no hacer rentable el cultivo de coca, paralelo a todas las
decisiones que se han tomado. Con el Ministerio de Minas y el de Justicia
firmamos una circular para dictar críticamente los hidrocarburos y así elevar de
alguna manera o hacer no rentable la producción de cocaína (...) En este momento
hay más de 7.000 hectáreas en el Catatumbo, con un potencial aún mayor de
erradicación, pero uno lo ve más como sustitución”, señaló el ministro Sánchez.
El concejal Julián Sastoque reveló un documento de la Policía Antinarcóticos en
la que se confirma que desde el pasado 21 de febrero de 2025 se autorizó retomar
la medida luego de que el 26 de diciembre de 2024 se llevara a cabo la reunión
del Comité Técnico Interinstitucional para el Desarrollo del Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Terrestre de Glifosato,
donde participaron tres ministros y otras entidades del Gobierno.
"El documento revela una realidad que no puede negar el Gobierno Nacional y es
que su política antidrogas es un fracaso que tiene al país lleno de coca, pues
pasaron de erradicar 60.044 hectáreas en 2021 a apenas 9.403 en 2024 y eso
coincide con el aumento reportado por la UNDOC que señala que 2023 fue el año
con más hectáreas de cultivos ilícitos repostadas en la historia (252.572
hectáreas)", señaló el Concejo de Bogotá, dando a conocer el comparativo
realizado por las autoridades.
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Diálogo nacional para fortalecer política de
víctimas pide Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación propuso un debate nacional alrededor de los
retos en la implementación de la Política Pública de Víctimas, especialmente,
frente a las garantías de no repetición que se hacen urgentes en escenarios de
emergencia humanitaria como Cauca y Catatumbo, tras los recientes
desplazamientos masivos ocurridos allí en el primer trimestre 2025 y las alertas
identificadas para otras zonas del país.
A propósito del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el
Ministerio Público aseguró que, pese a los ingentes esfuerzos del Gobierno
Nacional por aumentar la asignación de recursos para esta política, las
necesidades de los afectados superan las capacidades presupuestal e
institucional, lo que requiere una mejora en los procesos de planeación,
articulación nacional, nación-territorio y el incremento de la capacidad
institucional del nivel territorial.
Entre los temas críticos detectados hay deficiencias para garantizar el mínimo
vital de la población afectada por las emergencias humanitarias, ausencia de
políticas específicas para su estabilización socioeconómica y dificultades para
acceso a los programas en zonas rurales y en el exterior.
A propósito del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el
Ministerio Público aseguró que, pese a los ingentes esfuerzos del Gobierno
Nacional por aumentar la asignación de recursos para esta política, las
necesidades de los afectados superan las capacidades presupuestal e
institucional, lo que requiere una mejora en los procesos de planeación,
articulación nacional, nación-territorio y el incremento de la capacidad
institucional del nivel territorial.
Entre los temas críticos detectados hay deficiencias para garantizar el mínimo
vital de la población afectada por las emergencias humanitarias, ausencia de
políticas específicas para su estabilización socioeconómica y dificultades para
acceso a los programas en zonas rurales y en el exterior.
También que hasta el momento se ha indemnizado solo al 12% de las 9.8 millones
de víctimas del conflicto armado registradas desde 2004 y para lograr ponerse al
día se necesitan aproximadamente 83 billones de pesos, según el último costeo de
la Contraloría General de la República.
El procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz aseguró que las
acciones institucionales se han visto desbordadas por la disputa entre grupos
armados para controlar los territorios y economías ilícitas que dejaron las
extintas Farc, lo que hace que persista el desplazamiento forzado,
confinamiento, homicidios, amenazas, delitos sexuales, reclutamiento ilícito y
otras formas de violencia.
Solo en 2024 se registraron 235 emergencias humanitarias en 23 municipios (145
desplazamientos forzados masivos y 90 confinamientos) que afectaron a 320 mil
personas. A estas se suman las más de 80 mil personas afectadas por estos mismos
delitos en la región del Catatumbo durante los primeros meses de 2025, según
cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios, OCHA.
Las violaciones de derechos humanos y las infracciones del DIH por parte de los
grupos armados, son también contra los actores humanitarios, quienes en 2024
registraron 208 hechos de amenazas y violencia en Cauca, Chocó, Norte de
Santander, Nariño y Caquetá.
La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con las víctimas del
conflicto armado en Colombia, promueve el diálogo para construir consenso y
garantiza su presencia desde las regiones como brújula de sus actuaciones
misionales, para la promoción y defensa de sus derechos.
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