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Cae otro implicado en escándalo de la UNGRD:
Condenan al exasesor jurídico de la unidad
La justicia colombiana dio un nuevo
paso en el proceso que destapa uno de los mayores escándalos de corrupción en la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante el
actual gobierno. Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la entidad, fue
condenado a cuatro años y diez meses de prisión por su participación en la
adjudicación irregular de un contrato millonario para la compra de 40
carrotanques, destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
Según lo revelado por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia, Rodríguez Melo actuó como intermediario entre el contratista Luis
Eduardo López Rosero y el entonces subdirector de Manejo de Desastres, Sneyder
Pinilla. Fue Rodríguez quien presentó a López Rosero y gestionó tres
cotizaciones provenientes de empresas vinculadas a este último. Estas propuestas
sirvieron como base para la convocatoria pública que culminó con la adjudicación
del contrato por 46.800 millones de pesos.
La Fiscalía documentó que Rodríguez Melo recibió una coima de $1.000 millones
por facilitar este negocio. La condena, anunciada esta semana, se convierte en
el segundo golpe importante dentro del proceso judicial por el desfalco a la
UNGRD. El primero fue la sentencia de cinco años y ocho meses contra el propio
Sneyder Pinilla, emitida el pasado 4 de abril. Pinilla aceptó su responsabilidad
en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, y ha
comenzado a devolver parte del dinero desviado.
Además, el testimonio de Pinilla ha tenido repercusiones más allá de la UNGRD.
En sus declaraciones, señaló a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz como una
pieza clave en el presunto pago de un soborno de $3.000 millones al entonces
presidente del Senado, Iván Name. Ortiz ya enfrenta cargos por lavado de activos
y tráfico de influencias, mientras que Name ha negado rotundamente las
acusaciones y ha comparecido ante la Corte Suprema de Justicia.
El caso continúa revelando un entramado de corrupción que involucra a altos
funcionarios, excongresistas y empresarios, y que pone en entredicho la
transparencia en la contratación pública, incluso en procesos tan sensibles como
la atención de emergencias humanitarias. Las autoridades han advertido que las
investigaciones seguirán avanzando, y se esperan nuevas decisiones judiciales en
las próximas semanas.
Asesinato de Sara Millerey revive la alarma por
violencia contra personas trans en Colombia
El brutal asesinato de Sara Millerey,
una mujer trans de 32 años, estremeció al país y volvió a encender las alarmas
sobre la violencia sistemática que enfrenta la población LGBTIQ+ en Colombia. Su
cuerpo fue hallado en una quebrada de Bello, Antioquia, con signos evidentes de
tortura, múltiples heridas y rastros de sevicia que no solo buscan la
aniquilación, sino enviar un mensaje de odio a toda una comunidad.
El caso de Sara no es aislado. En lo
que va del 2025, ya se han registrado 25 homicidios contra personas LGBTIQ+ en
el país, de acuerdo con cifras del Observatorio de
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Derechos Humanos de Caribe
Afirmativo. De estos, ocho víctimas eran mujeres trans, lo que reafirma una
dolorosa tendencia: las personas trans, especialmente las que habitan en
contextos de vulnerabilidad, siguen siendo las más expuestas a la violencia
letal.
Lo más impactante del asesinato de Sara fue el grado de indiferencia que lo
rodeó. Vecinos grabaron sus últimos momentos con vida, donde se le escuchaba
gritar y llorar, sin que nadie interviniera para ayudarla. Para Wilson
Castañeda, director de Caribe Afirmativo, este es un reflejo preocupante del
contexto actual: “Esa indiferencia se ha traducido en complicidad. La falta de
empatía frente a la vida de las personas LGBT es leída por los victimarios como
una autorización silenciosa para seguir asesinando”.
El panorama en Antioquia es especialmente preocupante. Solo en los primeros
cuatro meses de 2025, se han reportado 12 homicidios de personas LGBTIQ+ en ese
departamento, lo que representa casi la mitad del total nacional. Medellín
concentra cinco casos, pero la violencia también ha golpeado con fuerza en
municipios como Bello, Caucasia, Hispania, y San Roque. La presencia de actores
armados, la debilidad institucional y los prejuicios arraigados explican, en
parte, esta realidad.
El caso de Sara, además, pone sobre la mesa otra gran deuda del Estado: la
prevención. Según Castañeda, la víctima había solicitado ayuda previamente, pero
no recibió atención. “Hoy el Estado condena el asesinato, pero lo hace siempre
después de que ocurre la tragedia. El Estado no puede seguir siendo reactivo.
Debe ser preventivo”, afirmó.
El Observatorio también señala que los hombres gays y las mujeres trans
representan el 73 % de las víctimas de homicidios en lo que va del año. Esto
evidencia una violencia alimentada por prejuicios profundos, especialmente hacia
las expresiones de género no normativas.
Desde Caribe Afirmativo hacen un llamado urgente a la Fiscalía para que acelere
las investigaciones y a que se rompa con la impunidad. También insisten en la
aplicación rigurosa de la directiva creada para abordar estos crímenes de manera
diferencial.
La muerte de Sara Millerey no puede quedar como un número más. Su historia debe
movilizar acciones concretas, no solo declaraciones. Porque cada vida que se
apaga por odio es una derrota para la dignidad, la justicia y la humanidad.
Ocho criminales en la mira: Autoridades revelan el
cartel de los más buscados en Buenaventura
Con la esperanza de devolverle algo
de tranquilidad a los habitantes de Buenaventura, las autoridades del Valle del
Cauca dieron a conocer este miércoles 9 de abril el cartel de los delincuentes
más buscados en el puerto. La iniciativa busca frenar la ola de violencia que
azota a esta ciudad costera, donde muchas familias viven con miedo de salir de
sus casas por cuenta de la criminalidad creciente.
El anuncio fue hecho por el Distrito Especial de Policía de Buenaventura, en
coordinación con la Gobernación del Valle, y contempla recompensas de hasta 200
millones de pesos por información que permita la captura de los ocho hombres
incluidos en el cartel. Todos están vinculados a bandas como Los Shottas, Los
Espartanos y Los Chiquillos, grupos que desde hace años disputan el control del
territorio y del narcotráfico en la región.
Los rostros que hoy
están en la mira de las autoridades son los de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias
Mapaya; Liviston Arboleda Lerma, alias Liviston; Luis Miguel Vázquez Riascos,
alias Pelea; Orlando Carabalí Medina, alias Satinga; Félix
Orlando Luna Angulo, alias Gordo lindo; Jhon Henry Reyes
Garcés, alias Torpe; Jhon Camilo Flórez
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Moreno, alias Ñoño; y Arley Stiven Estacio Gómez, alias Búho.
Todos tienen órdenes judiciales por
delitos como homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de armas y desaparición
forzada. Crímenes que, según las autoridades, han causado un impacto profundo en
la seguridad del municipio.
El coronel Pedro Astaiza, comandante encargado del Departamento de Policía
Valle, subrayó que esta medida hace parte de una estrategia integral para
desarticular redes criminales. “La comunidad tiene un papel clave. Necesitamos
su ayuda para llevar a estos delincuentes ante la justicia”, señaló.
La Gobernadora Dilian Francisca Toro
también hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar. Para quienes tengan
información, se habilitaron las líneas seguras 321 394 7235 y 314 361 7841, con
total reserva de identidad.
Alias ‘El Gordo’: El narco colombiano que será
extraditado a EE.UU. por narcotráfico
Carlos Andrés Gómez Abadía, más
conocido como alias El Gordo o El Negro, será extraditado a Estados Unidos tras
una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Con 39 años y
una vida dedicada al narcotráfico, Gómez fue señalado como uno de los
principales articuladores de una red de tráfico de cocaína al servicio del Clan
del Golfo, que operaba entre Colombia y Norteamérica.
Su captura se produjo el 19 de julio de 2023 en Medellín, en un operativo de
alto perfil en el que también fue detenido el ecuatoriano Carlos Julio Ramírez,
alias Musulmán, señalado de manejar la logística y finanzas del narco Gordo
Rufla, extraditado en 2023. Según el general Ramírez Hinestroza, director de la
DIJIN e Interpol, esta red tenía conexión directa con alias Chiquito Malo,
cabecilla del Clan del Golfo.
Gómez Abadía permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras se
ultiman los trámites de su entrega a la justicia estadounidense. En enero de
este año, la Fiscalía colombiana le imputó los delitos de tráfico de
estupefacientes y concierto para delinquir agravado.
Pero su historia con la justicia internacional viene de tiempo atrás. En 2017,
el FBI ya lo tenía en la mira y logró infiltrar a dos de sus agentes en la
organización. Las pruebas recolectadas incluyen grabaciones, entregas
controladas de droga y testimonios que detallan cómo El Gordo operaba con
precisión quirúrgica.
Uno de los momentos clave ocurrió entre el 12 y 13 de diciembre de ese año,
cuando Gómez entregó personalmente 25 kilos de cocaína en Bogotá a un agente
encubierto. Luego, en una conversación grabada, entregó 5 kilos adicionales y
detalló que el primer cargamento ya estaba en Cartagena, listo para zarpar hacia
Miami. También organizó los pagos, la logística marítima y seleccionó a los
intermediarios.
La operación culminó en enero de 2018 con la entrega de una carga falsa de
cocaína en Florida, lo que permitió a las autoridades estadounidenses cerrar el
cerco.
La Corte Suprema, basándose en este material, avaló su extradición a Estados
Unidos, donde enfrentará cargos por conspiración y tráfico de drogas. El
expediente señala que Gómez “a sabiendas y voluntariamente se combinó con otros
para distribuir cocaína con destino a territorio estadounidense”.
Su caso es otro golpe contra las estructuras narcotraficantes del país, pero
también una muestra de cómo, pese a los esfuerzos, siguen operando redes con
capacidad transnacional.
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