|
Semana Santa sobre ruedas: Más viajes, más costos
y una apuesta por el transporte legal
Durante esta Semana Santa, del 13 al 20 de abril, más de 3,6 millones de
pasajeros se moverán por las carreteras colombianas. Las estaciones de
transporte intermunicipal ya sienten el ajetreo propio de la temporada: entre el
aroma a café fuerte y caucho caliente, se respira también el deseo de
reencuentro, fe y aventura.
Aunque los viajeros buscan experiencias que van desde una procesión en Popayán
hasta un sancocho en el Eje Cafetero, los trayectos este año vendrán con un
sabor más amargo: el de los precios más altos. Según cifras de la Asociación
para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), el
costo de movilizarse por carretera ha aumentado casi un 9 % respecto al año
anterior, de acuerdo con el Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de
Pasajeros (ICTIP) reportado por el DANE.
Este incremento no es solo una cifra: se traduce en tiquetes más caros para el
usuario final. Entre las razones del alza están el aumento del precio de los
peajes (19,49 %), el combustible (11,71 %) y la mano de obra (11,85 %). Aunque
los costos de mantenimiento y repuestos crecieron apenas un 1,44 %, todos estos
factores suman presión al bolsillo tanto del transportador como del pasajero.
A pesar del encarecimiento, la demanda no cede. Las terminales del país tienen
programados más de 320.000 despachos y una flota activa de 40.000 vehículos,
incluyendo 5.000 buses de servicio especial. La Costa Atlántica, Medellín, el
Eje Cafetero y los Santanderes siguen siendo los destinos más buscados, junto
con clásicos del turismo religioso como Buga y Popayán.
La recomendación de las autoridades es clara: usar siempre transporte
autorizado. “No se trata solo de seguridad, sino de apoyar la sostenibilidad del
sector legal”, enfatiza José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt, quien también
hizo un llamado para frenar el transporte ilegal que prolifera en estas fechas.
Por su parte, Migración Colombia estima la llegada de 300.162 visitantes
extranjeros, principalmente a Bogotá, Medellín y Cartagena. En un país donde el
transporte terrestre es mucho más que una opción, elegir bien cómo viajar puede
marcar toda la diferencia. Y en Semana Santa, cada asiento ocupado en un bus es
una historia en movimiento.
Ecopetrol confirma hallazgo histórico de gas en el
Caribe y proyecta producción para 2029
Colombia podría tener una nueva
fuente de gas natural en menos de cinco años. Ecopetrol y su socio Petrobras
International Braspetro B.V. anunciaron que culminaron con
éxito las pruebas en el pozo Sirius-2, ubicado en el mar Caribe. Este hallazgo
se convierte en el mayor descubrimiento de gas en la historia del país y abre la
puerta a una producción comercial proyectada para 2029.
La noticia representa un paso clave en el proceso de evaluación del yacimiento,
que ahora entra en su fase de desarrollo.
|
|
Los datos recopilados durante las
pruebas de presión y análisis de fluidos permiten afinar el diseño de las
instalaciones necesarias para el tratamiento del gas extraído. Según Ecopetrol,
este proyecto será fundamental para garantizar el suministro energético nacional
en medio de la transición hacia fuentes más limpias.
Sirius-2 fue perforado a finales de 2024, y junto con su pozo hermano Sirius-1,
ha confirmado reservas de más de seis terapies cúbicos de gas. Petrobras opera
el consorcio con un 44,44 % de participación, mientras que Ecopetrol lidera con
el 55,56 %.
Este avance se da en medio de tensiones entre el Gobierno y la petrolera
estatal. En un reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro
cuestionó públicamente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por no avanzar
en la importación de gas, orden que había dado semanas atrás. El mandatario
también anunció un próximo decreto para asegurar la confiabilidad del sistema
energético y estabilizar las tarifas, ante lo que calificó como falta de
cooperación del sector generador.
Con Sirius, Colombia se perfila para reducir su dependencia energética y
fortalecer su camino hacia una matriz energética más sostenible.
Red de lujo y crimen tras las rejas: INPEC
interviene cárceles de alta seguridad y halla módems, consolas y licor
Un operativo de gran escala sacudió los pabellones de alta seguridad en
Colombia. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) realizó una
intervención simultánea en 12 cárceles del país, revelando una realidad
preocupante: la corrupción y el ingreso de elementos prohibidos siguen siendo
una amenaza latente dentro del sistema penitenciario.
Con la participación de 480 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, se
inspeccionaron 40 pabellones que albergan a cerca de 4.900 personas privadas de
la libertad. Lo hallado durante los registros no solo sorprendió a las
autoridades, sino que dejó en evidencia cómo, a pesar de los muros y las rejas,
la vida al interior de algunos pabellones parece distar mucho de la austeridad
que se espera en un penal.
Uno de los hallazgos más impactantes fue el decomiso de 22 módems wifi,
utilizados para establecer conexiones ilegales a internet. A esto se sumaron 250
celulares, 125 sim cards y casi 450 accesorios, lo que sugiere una estructura
tecnológica que va más allá de simples intentos por comunicarse con el exterior:
podría haber todo un sistema digital clandestino operando desde dentro.
|
|
También fueron incautados más de dos kilos de drogas y 125 armas
artesanales, lo que pone en tela de juicio los mecanismos de seguridad internos.
Pero lo más insólito fue el hallazgo de artículos de lujo y entretenimiento:
consolas de videojuegos como Nintendo y PlayStation, proyectores, radios USB y
una gran cantidad de licor, desde “chamber” artesanal hasta botellas de tequila
Don Julio.
Este operativo
del INPEC no solo busca frenar el ingreso de elementos ilegales, sino también
enviar un mensaje claro: el control penitenciario debe ser más estricto y menos
permisivo. Sin embargo, lo hallado evidencia que la corrupción interna aún tiene
mucho terreno por desmantelar.
Licitación del tramo III del MIO en
Cali, bajo la lupa por presunta falsedad documental y conflictos de interés
El millonario contrato por $132.000 millones para la construcción del tramo III
de la Troncal Oriental del Masivo Integrado de Occidente (MIO), en Cali, ha
generado una tormenta institucional que ahora enfrenta serios cuestionamientos
por parte de los entes de control. A medida que avanzan las investigaciones,
surgen nuevos indicios de posibles irregularidades que ponen en entredicho la
legalidad y transparencia del proceso licitatorio.
La Contraloría General de la República emitió un documento de observaciones que
advierte, entre otros puntos, que una de las certificaciones que acreditaban la
experiencia del Consorcio Troncal Proingeco 2024 —adjudicatario del contrato— no
fue expedida por la Fiduciaria Bancolombia, como se había presentado. Incluso,
se afirma que dicha certificación ni siquiera reposa en los archivos de la
entidad financiera, lo que hace suponer una posible falsedad documental.
Ante esto, Metrocali, entidad encargada del sistema de transporte, decidió
suspender la firma del acta de inicio del contrato y convocó al consorcio a una
audiencia formal de aclaración. El presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo,
aseguró que se actuó con rigor técnico y legal, y que se protegerán los recursos
públicos de los caleños.
La situación se agrava con las denuncias sobre presuntos conflictos de interés
al interior de Metrocali. Según informes de la Contraloría de Cali, una
funcionaria de la entidad habría tenido vínculos con una de las firmas del
consorcio ganador, lo que podría configurar una violación al régimen de
inhabilidades.
El Concejo Distrital de Cali también encendió las alarmas. Durante un debate de
control político, varios concejales cuestionaron la continuidad del contrato,
pese a las advertencias tempranas de la Personería y la Contraloría. La concejal
María del Carmen Londoño fue enfática: “Así no se revive a Cali. Si no se
obedece la ley, también se incurre en corrupción”.
Mientras los organismos de control profundizan en la investigación, Metrocali
insiste en que el proceso ha sido transparente y que ninguna suma de dinero ha
sido desembolsada. El futuro del contrato, sin embargo, está ahora en manos de
la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que determinarán si existió
fraude, falsedad documental o perjuicio al patrimonio público.
|
