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Consternación en Cúcuta: ELN habría secuestrado a
dos soldados durante operativos contra la extorsión
En medio de una creciente preocupación por la seguridad en la región, el
Ejército Nacional denunció en la noche del miércoles 9 de abril el secuestro de
dos de sus soldados profesionales en Cúcuta, Norte de Santander. Los hechos
habrían ocurrido cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia y
verificación de denuncias ciudadanas sobre extorsiones en el barrio Colinas del
Tunal, al suroccidente de la ciudad.
Los militares, identificados como Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral
Gómez, fueron interceptados por sujetos armados que se movilizaban en
motocicletas. Según el informe entregado por el comando de la Trigésima Brigada,
los atacantes pertenecerían presuntamente al grupo armado del ELN. La operación
de secuestro habría sido facilitada por un intento de asonada que distrajo a la
tropa, lo que permitió que los hombres armados se llevaran a los soldados con
rumbo desconocido.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento del plagio, el Ejército, en
coordinación con la Policía Nacional, activó los protocolos de búsqueda e
investigación para dar con el paradero de los uniformados. En un comunicado
oficial, la institución condenó enérgicamente el secuestro, calificándolo como
una violación directa a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario. “Exigimos la pronta liberación de nuestros soldados, así como el
respeto por sus vidas e integridad física”, expresó la autoridad militar.
Este caso se suma al reciente secuestro del soldado profesional Julio César
Vásquez, ocurrido el pasado 7 de abril en Santander de Quilichao, Cauca.
Vásquez, quien se encontraba en proceso de retiro asistido del Ejército, fue
abordado por hombres armados dentro de su vivienda. Según las autoridades, su
rapto fue ejecutado por miembros de la estructura Jaime Martínez, vinculada a
las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.
El clima de tensión crece, mientras las familias de los secuestrados claman por
respuestas y la pronta liberación de sus seres queridos.
Tribunal abre incidente de desacato contra la
canciller Laura Sarabia por desacatar orden judicial
La canciller Laura Sarabia enfrenta un nuevo episodio de tensión judicial, luego
de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidiera abrir un incidente
de desacato en su contra. La medida fue tomada tras
comprobarse que el Ministerio
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de Relaciones Exteriores no
acató una orden judicial que suspendía el nombramiento de María Camila Ceballos
Caicedo como segunda secretaria en el Consulado de Colombia en Tulcán, Ecuador.
La controversia se remonta al pasado 30 de enero, cuando la Unión de
Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) interpuso una demanda
solicitando la nulidad del Decreto 1430 de 2024, con el que se oficializó dicho
nombramiento. El 27 de febrero, el Tribunal admitió la demanda y ordenó
suspender de manera inmediata los efectos del decreto. Sin embargo, pese a que
la notificación se realizó el 4 de marzo, Ceballos Caicedo continuó ejerciendo
el cargo hasta bien entrado abril.
UNIDIPLO elevó su voz de alerta e insistió ante el Tribunal sobre el
incumplimiento, argumentando que la Cancillería no actuó con la inmediatez que
exige la ley frente a las decisiones judiciales. Según el sindicato, esta
omisión podría constituir una estrategia dilatoria por parte del Ministerio,
algo que el mismo Tribunal también puso en duda al rechazar los recursos
interpuestos por la Cancillería para frenar la medida.
“Rechazar la solicitud de aclaración y adición del auto de 19 de marzo de 2025
formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, sentenció la magistrada
Ana Margoth Chamorro Benavides, dejando en firme la decisión de abrir el
incidente de desacato.
Ahora, la ministra Sarabia cuenta con un plazo de tres días para presentar sus
descargos. El Tribunal, una vez vencido ese término, determinará si impone
sanciones que podrían incluir multas de hasta cinco salarios mínimos. Este nuevo
capítulo añade presión sobre la jefa de la diplomacia colombiana, quien ya ha
sido blanco de cuestionamientos por decisiones administrativas dentro del
Ministerio.
Corte Suprema acusa al representante
Jhoany Palacios por presunta corrupción en obra pública en Chocó
La Corte Suprema de Justicia ha acusado formalmente al representante a la Cámara
por el Partido Liberal, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, por su presunta
responsabilidad en delitos relacionados con corrupción durante su gestión como
gobernador del Chocó (2016-2019). Según la Sala de Instrucción del alto
tribunal, Palacios deberá responder por contrato sin cumplimiento de requisitos
legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
El proceso judicial está ligado a las irregularidades detectadas en contratos
firmados en 2017 para la remodelación de la plaza de mercado del municipio de
Itsmina. Uno de ellos fue suscrito con el Consorcio Plaza de Mercado Itsmina,
además de otro para la interventoría del proyecto. La Corte señala que el
detrimento patrimonial asciende a más de $1.000 millones, recursos que habrían
terminado beneficiando a terceros involucrados en la ejecución de la obra.
Entre los hallazgos que sustentan la acusación, se resalta la falta de estudios
técnicos básicos —como de suelos, arquitectura o impacto ambiental— en la
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planeación del proyecto, así como la ocupación del predio donde
se pretendía construir, lo que imposibilitaba la ejecución normal de la obra.
Además, la intervención, pactada inicialmente para cuatro meses, se prolongó por
más de 600 días con adiciones presupuestales que, según la Corte, carecían de
justificación técnica.
La
investigación formal contra Palacios fue abierta en noviembre de 2023. Una vez
quede en firme esta acusación, el proceso será trasladado a la Sala Especial de
Primera Instancia, donde iniciará el juicio en su contra. Por ahora, el
congresista enfrenta un panorama judicial complejo, que podría escalar si se
comprueba su responsabilidad en los hechos señalados.
Cae alias “Paisa”, hombre de confianza
de Iván Mordisco, en operación militar en Caquetá
En una operación conjunta de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la
Fiscalía, fue abatido Edilberto Marín Gómez, conocido como alias “Paisa”, uno de
los principales cabecillas de las disidencias de las FARC y hombre de confianza
de Iván Mordisco. La acción se desarrolló en las veredas Palo Gordo y Viotá,
zona rural de Solano, en el departamento de Caquetá, y se prolongó por varias
horas en medio de intensos combates.
Alias Paisa era considerado uno de los líderes más peligrosos de la estructura
Armando Ríos, brazo armado de las disidencias con presencia en el suroriente del
país. Su historial dentro de la organización criminal incluía al menos 20
acciones armadas en departamentos como Guaviare, Meta, Vaupés y Guainía, así
como asesinatos selectivos, extorsiones, confinamientos forzados y reclutamiento
de menores de edad.
Durante el operativo, que fue calificado por las autoridades como un golpe
estratégico contra el crimen organizado, también murieron otros siete miembros
de la estructura, entre ellos alias “Pollo Purino”, jefe de seguridad de alias
Paisa y presunto responsable del reclutamiento ilícito en la región. Cuatro
personas fueron capturadas y una más se entregó voluntariamente.
En la zona fueron incautadas diez armas de fuego, 30 granadas de distintos
calibres, prendas militares, abundante munición y equipos de comunicación. Según
el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, estos elementos confirman el
alto nivel de preparación y capacidad ofensiva de la estructura armada.
Sánchez también se refirió al impacto del accionar de alias Paisa en las
comunidades: “Dejó a familias heridas por la pérdida de sus hijos, arrebatados y
convertidos en herramientas de guerra”. Y añadió que estas disidencias “ya no
tienen un interés político. Son estructuras narco-criminales que viven del dolor
ajeno y se lucran del miedo”.
Con esta operación, las autoridades buscan debilitar el mando de Iván Mordisco y
avanzar en el desmantelamiento de las disidencias que aún operan en varias
regiones del país, particularmente en zonas donde históricamente han tenido
control territorial y han frenado el desarrollo de proyectos sociales.
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