6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.461-1041

Fecha: Sábado 12-04-2025

 

Capturan a dos presuntos sicarios en operativos contra el crimen en Pereira

 

 

En medio del aumento de homicidios que ha golpeado a Pereira desde finales del año pasado, la Policía Metropolitana reportó la captura de dos presuntos sicarios señalados de pertenecer a estructuras criminales activas en la ciudad. Los operativos, realizados en los barrios San Nicolás y El Intermedio, permitieron dar con alias ‘Reyes’ y alias ‘El Mecánico’, dos hombres con amplio prontuario, según las autoridades.

 

Alias ‘Reyes’ fue capturado en el barrio San Nicolás. De acuerdo con el coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, este sujeto estaría implicado en el asesinato de dos personas ocurrido el pasado 4 de abril. “Hemos venido trabajando de manera contundente con la Fiscalía y otras entidades territoriales para desarticular estas organizaciones”, declaró el oficial. También destacó el papel de la comunidad, que ha sido clave para avanzar en las investigaciones.

La segunda detención se llevó a cabo en el barrio El Intermedio, comuna de Villasantana. Allí fue aprehendido alias ‘El Mecánico’, a quien se le encontró un arma de fuego con seis cartuchos escondida en la pretina del pantalón. Según las autoridades, este hombre sería integrante de la banda criminal de alias ‘La Negra’, y su rol dentro del grupo sería actuar como seguridad en varias manzanas del sector. Además, estaría vinculado con el tráfico local de estupefacientes y tendría nexos con alias ‘Zarco’, quien enfrenta actualmente un proceso judicial.

 

La Policía reiteró su llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier hecho sospechoso. “El trabajo conjunto entre comunidad e instituciones es vital para recuperar la seguridad en Pereira”, insistió el coronel Ochoa. Las investigaciones siguen en curso para esclarecer los vínculos de ambos capturados con otros delitos.

 

Jornada clave en el juicio contra Uribe: La defensa contrainterroga a alias “Diana”

 

 

En una nueva jornada del juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la defensa tomó la palabra para contrainterrogar a Euridice Cortés, conocida como alias “Diana”, exjefa política del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El proceso, que ya completa 26 días, busca establecer la posible responsabilidad del exmandatario en los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
 

Durante la audiencia instalada el viernes 11 de abril por la jueza Sandra Liliana Heredia, Cortés continuó su extensa declaración, iniciada el día anterior en una sesión que se extendió por más de diez horas. En ella, relató detalles de sus contactos con los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, quienes representaron legalmente a

 

 

 

Uribe Vélez, así como de sus intercambios con el también exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”.

Uno de los puntos más sensibles abordados en estrado fue la entrega de dinero a Cortés. Según su propio testimonio, el abogado Cadena le giró dos millones de pesos para que pudiera desplazarse a Bogotá y rendir declaración ante la Corte Suprema. La testigo insistió en que el dinero fue para cubrir gastos de transporte y no para alterar su testimonio: “No me los dio para cambiar mi testimonio, me los dio para unos pasajes”, aclaró ante la Fiscalía.

El caso toma un giro más complejo con la aparición de una serie de audios en los que se escucha a alias “Víctor” expresando su frustración por promesas económicas incumplidas. “Voy a hundir a Uribe”, se le oye decir, aparentemente molesto porque el dinero que supuestamente le ofrecieron nunca fue entregado en su totalidad. La Fiscalía interpreta estos audios como evidencia de un posible intento de manipulación de testigos.

Cortés también aseguró que Vélez intentó extorsionar a los abogados de Uribe, exigiéndoles sumas considerables de dinero a cambio de modificar su versión de los hechos. “Yo estaba absolutamente consciente de que lo que se estaba presentando era una extorsión”, sostuvo.

Hasta el momento, han comparecido ante el estrado cerca de 30 testigos, incluidos exparamilitares, políticos y exfuncionarios judiciales. La Fiscalía sigue intentando demostrar que, por orden del expresidente, varios emisarios suyos visitaron cárceles con el fin de conseguir testimonios favorables. Uribe, por su parte, ha negado tajantemente las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución política.

Las audiencias continuarán en los próximos días, mientras el país observa con atención este histórico proceso judicial.

 

Alarma en la JEP: Primer trimestre de 2025 deja cifra récord de homicidios contra firmantes de paz

 

 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encendió las alarmas el viernes al revelar que solo en los primeros tres meses de 2025 fueron asesinados 15 firmantes del Acuerdo Final de Paz, la mitad del total de homicidios registrados durante todo 2024. El dato refleja un recrudecimiento de la violencia contra excombatientes.

 

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, instaló la audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares para proteger a firmantes del acuerdo, y lo hizo con un mensaje claro: “Este ha sido uno de los trimestres más violentos desde la firma del Acuerdo. No solo estamos viendo homicidios, sino desplazamientos que han impactado gravemente los procesos de reincorporación”.

Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la misma Jurisdicción, desde 2016 han sido asesinados 456 firmantes en 158 municipios del país. Solo en enero de 2025 se cometieron 11 crímenes, un pico que refleja lo frágil que sigue siendo la seguridad de quienes dejaron las armas hace casi ocho años.

Durante la diligencia, la magistrada Xiomara Balanta advirtió que no es la primera vez que se alertan estos riesgos. “Después de múltiples visitas a los antiguos espacios de reincorporación, hemos escuchado una y otra vez los mismos relatos de amenazas y vulnerabilidad. No puede seguir postergándose la respuesta del Estado”, subrayó.

 

 

 

Por su parte, Giovanni Álvarez, director de la UIA, señaló que seis espacios territoriales están en peligro de desaparecer por la escalada de violencia: La Pradera, Toribío, Puerto Guzmán, Pitalito y San Vicente del Caguán. “No solo hay asesinatos individuales. Estamos observando con preocupación eventos de violencia colectiva que podrían tener consecuencias irreversibles”, añadió.

Rodrigo Londoño, líder del Partido Comunes, también participó en la audiencia y criticó el aplazamiento inicial de esta sesión. “Nos siguen matando y estigmatizando. Estas agresiones aumentan cada vez que se avecina una contienda electoral. Pedimos al Gobierno que cumpla de buena fe con lo firmado”, dijo con firmeza.

Desde la Fiscalía, el delegado Hernando Toro aseguró que ya se han activado mecanismos de protección de víctimas y testigos. Sin embargo, reconoció que “es urgente una transformación estructural de la seguridad territorial si queremos hablar verdaderamente de paz”.

 

Panfletos del ELN generan temor en Bogotá: Líderes sociales y extranjeros, en la mira

 

 

Una ola de preocupación recorre los barrios del sur de Bogotá luego de que circulara un panfleto atribuido al Frente de Guerra Urbano del ELN, en el que esta guerrilla declara como “objetivos militares” a líderes sociales, ciudadanos extranjeros y supuestos delincuentes. El mensaje, firmado con un tono amenazante y cargado de retórica ideológica, identifica a personas específicas y señala sectores puntuales como puntos críticos de su llamado “Plan Pistola”.

En la lista negra del grupo armado aparecen nombres y alias como Suajiro, Pantera, El Diablo, Veneco y Kelvin, presuntamente vinculados a estructuras delictivas. Además, el documento asocia a ciudadanos extranjeros con organizaciones como el Tren de Aragua, intensificando el temor en barrios como Paraíso, El Edén, Quiba, Tierra Nueva y Bella Flor, todos ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar.

La situación fue denunciada por el concejal de Bogotá Juan David Quintero Rubio, quien aseguró que recibió el panfleto directamente de la comunidad. “El documento agrede de forma violenta a defensores de derechos humanos y a comunidades enteras. Es un acto de cobardía que siembra terror en Bogotá”, expresó con indignación. El concejal recordó el caso de Rocío Riaño, reconocida líder social de Ciudad Bolívar, asesinada tras un atentado en junio de 2024, como un ejemplo claro de lo que ocurre cuando las advertencias no se atienden con prontitud.

El panfleto revive temores que Bogotá creía lejanos, propios de zonas rurales del conflicto armado. Sin embargo, hoy esa amenaza toca la puerta de la capital. “No podemos naturalizar la violencia ni quedarnos callados. Estos actos deben recibir una respuesta inmediata del Estado”, insistió Quintero, quien pidió acciones concretas a la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad, la Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes.

Aunque hasta el momento no hay una respuesta oficial por parte del Gobierno, el impacto del mensaje es evidente: las comunidades afectadas se sienten desprotegidas y los líderes sociales, nuevamente, expuestos al peligro. Lo que para muchos parecía una historia lejana, ahora se convierte en una realidad que exige atención urgente.

 

 

 

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