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Deuda de la Nueva EPS aumentó en 104% en lo
corrido de este Gobierno
La crisis en el sistema de salud, pero más puntualmente, en las EPS intervenidas
por el Gobierno ha alcanzado cifras récords y que están llevando poco a poco a
este sector a la quiebra. En medio de esta crítica situación, la Nueva EPS es la
entidad que mayores problemas estaría incurriendo y que a su vez, mayores deudas
tendrían con las IPS en el territorio nacional, hecho que se ha convertido en el
principal factor de cierre de diferentes servicios en clínicas y hospitales.
Según una denuncia realizada por la senadora Paloma Valencia, la deuda de esta
entidad se elevaría por los 11,4 billones de pesos, lo que representaría un 104%
más frente al 2022. En aquel momento, cuando entró el gobierno Petro al mandato,
el monto se situaba sobre los 5,4 billones de pesos, siendo la cartera vencida a
30, 60 y 180 días los más representativos.
De hecho, frente a la deuda acumulada de los últimos tres meses (180 días), su
monto representaría 2,7 billones ante clínicas, hospitales y distribuidores de
medicamentos.
Valencia señaló que “Gustavo Petro
destruyó la Nueva EPS. La teoría del Gobierno era de que los privados manejaban
muy mal todas las Eps y cuando el Gobierno entrara a manejar la salud íbamos a
pagarle más rápido a clínicas y hospitales, íbamos a darle más servicios a los
colombianos e iban a dar más ventajas”.
“Hay un experimento, y es que el Gobierno intervino nueve EPS que representan el
60% de los usuarios de este país. Cuando usted revisa cómo nos fue, nos fue
pésimo. Estamos en el máximo histórico de quejas con un millón. Las deudas a los
hospitales se han recrudecido, en el último año solo ha subido un billón la
deuda de corto plazo, otro a medio plazo y acumulan ya 17 billones en deudas”,
destacó la parlamentaria del Centro Democrático.
La también candidata presidencial destacó que además de las deudas, el
funcionamiento de esta entidad se ha elevado sustancialmente. En su denuncia
explica que mientras la Nueva EPS gastaba 95 pesos de cada 100 que recibía,
hecho cuestionado por el Gobierno cuando ejercía como oposición, hoy ese gasto
está en 113 pesos por cada 100 que ingresa a la entidad, hecho que sustenta la
insuficiencia de la UPC, y su necesidad de ser reajustada para la vigencia del
2025.
Por su parte, el representante Andrés Forero de la misma colectividad, afirmo
que frente a deudas puntuales “en cuanto a los servicios de diálisis prestados a
la Nueva EPS pasó de 0 antes de la intervención, a 64.000 millones de pesos a
corte de diciembre del año pasado”. Además, el parlamentario señaló que, a pesar
de las deudas, muchas de las clínicas y hospitales no hacen la denuncia sobre
las deudas del Gobierno, pues podrían tener “retaliaciones de la
Superintendencia Nacional de Salud o del interventor que les frene aún más los
pagos”.
El representante también explica que hay deudas que se habrían quintuplicado en
cuanto a procesos específicos, razón que ha derivado propiamente en cierres de
estas atenciones. “Los resultados son malos, en materia de atención, tutelas,
deuda de cartera, y a pesar de eso la Superintendencia premia a los
interventores por un año más de esa intervención”, puntualizó el representante.
Control político
Forero también explicó a este Diario que desde el Congreso deben sí o sí hacer
un seguimiento a los casos en la salud, pero, además, se debe aumentar el
control político al ministerio y la Superintendencia. El parlamentario señaló
que, en este sentido, “la señora (Beatriz) Gómez deberá explicar por qué se ha
saltado el RILCO para el nombramiento de los interventores”.
Según anunció el representante, Beatriz Gómez Consuegra, superintendente
Delegada para Prestadores del Servicio deSalud y también esposa del ministro
Guillermo Jaramillo, será citada a debate de control político en el Congreso, a
la par que los interventores de las EPS.
Por su parte, la senadora Valencia detalló que ante esta crisis financiera en la
Nueva EPS “no sirve la figura de moción de censura porque se solidifica el poder
del Ministro. Son más viables los debates de control político”. En este sentido,
la parlamentaria deja claro que continuará con sus denuncias frente a esta
crisis de salud que afecta a más de 20 millones de colombianos.
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C. Constitucional definirá tutela de Petro contra Consejo de Estado
La Sala Plena de la Corte Constitucional
investigará la tutela
interpuesta por el presidente Gustavo Petro en contra del Consejo de Estado,
luego de que le dio la competencia al Consejo Nacional
Electoral (CNE) para indagar la presunta violación de topes
electorales en su campaña presidencial de 2022.
La ponencia está a cargo del magistrado Vladímir Fernández, quien fue secretario
jurídico de la Casa de Nariño durante la llegada de Gustavo Petro.
Según fuentes, en el documento presentado por Gustavo Petro a la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se habrían vulnerado sus
"derechos fundamentales al debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y
fuero especial constitucional".
Además, el mandatario le pidió a la Corte Constitucional que el Consejo de
Estado lo repare por haber otorgado la competencia al CNE frente a las denuncias
de una presunta violación de topes de su campaña presidencial, asegurando que
"ya se encuentran caducadas o que fueron presentadas cuando ya habían
transcurrido más de 30 días" de la elección.
Ricardo Roa no se presentó ante el CNE por financiación de campaña Petro
Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña
presidencial de Gustavo Petro, no se presentó ante el Consejo Nacional Electoral
(CNE) para rendir versión libre dentro de la investigación por la presunta
financiación irregular de la campaña Presidente 2022.
La diligencia estaba programada para las 11:30 de la mañana, según el calendario
del CNE, como parte de una solicitud hecha por el apoderado del partido Unión
Patriótica (UP). Sin embargo, el abogado de Roa pidió un aplazamiento, sin
detallar los motivos ni una nueva fecha para su comparecencia.
Solo TV pública podrá transmitir consejo
de ministros: Consejo de Estado
El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro no transmitir los
consejos de ministros a través de canales privados, locales y regionales, sin
importar la hora, señalando que dicha difusión vulnera la pluralidad informativa
de los colombianos.
"Ordenar al Presidente de la República, a la Presidencia de la República (Dapre)
y a la CRC que, una vez notificada esta providencia, no se reincida en la
conducta vulneradora y, por consiguiente, no transmita los consejos de ministros
a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales
locales, regionales y comunitarios de televisión abierta, de conformidad con los
motivos expresados en esta sentencia", se lee en el fallo.
A través de una tutela, la ciudadana María Cristina Cuéllar pidió al Alto
Tribunal garantizar su derecho a la información. El
magistrado Alberto Montaña falló a favor de la solicitud,
considerando que este se vio vulnerado por la transmisión de los consejos de
ministros del Gobierno de Gustavo Petro.
El tribunal argumentó que el derecho a la información no puede ser impuesto de
manera obligatoria, sino que debe ser ejercido libremente, recordando que los
ciudadanos deben tener libre acceso a los datos de forma plural, objetiva, veraz
y oportuna.
"Al transmitir los consejos de ministros en todos los canales de televisión
abierta, se limitaba la posibilidad de acceder a otras fuentes de información y
se obligaba a los ciudadanos a consumir únicamente la información oficial del
gobierno", informó el alto tribunal.
Advirtiendo que el derecho fue cercenado
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cuando la información difundida es
única, sin brindar la posibilidad de tener acceso, en paralelo y en las mismas
condiciones, a diversas fuentes, así como a otros enfoques o interpretaciones de
la realidad.
Gobierno impugnará fallo del Consejo de Estado
El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que desde el Gobierno
Nacional impugnarán el fallo para que sea resultó en la sala plena del Consejo
de Estado.
"La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una
tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Por una ciudadana que deba
apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren
de las decisiones del Ejecutivo", afirmó a través de su cuenta en la red social
X.
Tarifas de energía deben basarse en
evidencia y no en discursos: Gremios
El Consejo Gremial Nacional alzó su voz frente a las recientes declaraciones del
presidente Gustavo Petro sobre el sector eléctrico. En un comunicado, los
gremios aseguraron que el debate sobre el futuro energético de Colombia debe ser
técnico, serio y libre de estigmatizaciones.
Advirtieron que intervenciones arbitrarias podrían
poner en riesgo la inversión en energías renovables, comprometer la seguridad
jurídica y, al final, perjudicar a los usuarios.
“Colombia necesita confianza, reglas claras y evidencia técnica, no discursos
ideológicos”, señalaron.
Gremios defienden legalidad y técnica en la fijación de tarifas
El Consejo recalcó que las tarifas de energía se fijan bajo la legislación y
regulación vigentes, y cualquier intento de modificar estos mecanismos por fuera
de los canales institucionales pondría en riesgo el desarrollo del sistema.
Además, rechazaron los señalamientos que ponen en entredicho a un sector que ha
demostrado compromiso, transparencia y capacidad de respuesta.
“Los precios en bolsa reflejan el comportamiento de la oferta y la demanda, y su
impacto en la tarifa final es limitado. El verdadero problema es la falta de
nueva oferta energética, no el modelo”, añadieron.
Petro insiste en nueva fórmula para tarifas
Las declaraciones del Consejo responden directamente a un pronunciamiento del
presidente Gustavo Petro, quien afirmó que los empresarios del sector “quieren
seguir cobrando la energía que sale del agua como si fuera gas importado”. A
través de sus redes, el mandatario aseguró que la nueva fórmula tarifaria
establecida por la CREG “moderniza” el sistema y protege al usuario frente a lo
que calificó como “fórmulas especulativas”.
“El usuario de la energía es sujeto de derechos y de seguridad jurídica, y no
debe ser estafado por tarifas que le cobran por encima de sus costos reales”,
aseguró el jefe de Estado. Petro también indicó que el diálogo está abierto
desde hace meses, pero que el sector privado no ha asistido a los encuentros.
Politización y deuda estatal: otros focos de preocupación
El Consejo Gremial fue enfático en la necesidad de preservar la independencia
técnica de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). “Politizar las
decisiones regulatorias solo aleja la inversión y pone en riesgo la expansión
energética que el país necesita”, indicaron.
Además, alertaron sobre la crítica situación financiera de las empresas del
sector, que acumulan una deuda estatal superior a los $7 billones, lo cual
podría afectar la continuidad del servicio si no se resuelve oportunamente.
Incertidumbre pone en jaque inversiones por $13 billones
Los gremios también advirtieron que la actual incertidumbre y los mensajes
contradictorios del Gobierno han generado un entorno riesgoso que pone en juego
más de $13 billones en inversiones. Estas inversiones son fundamentales para
ampliar la capacidad de generación y responder a la creciente demanda del país.
Igualmente, destacaron el papel estratégico del gas natural en la confiabilidad
del sistema eléctrico colombiano, especialmente ante la intermitencia de otras
fuentes.
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