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Cae en Dosquebradas presunto proveedor de droga de
la banda Cordillera
José Alcides Restrepo Restrepo, de
34 años, fue capturado en una operación conjunta entre el CTI de la Fiscalía y
la Policía Nacional en Dosquebradas, Risaralda. El hombre, natural de Viterbo
(Caldas) y residente en el barrio La Pradera, es señalado de ser uno de los
principales surtidores de droga para la temida banda criminal Cordillera, con
operaciones en todo el Eje Cafetero.
La captura se llevó a cabo en plena vía pública, sobre la avenida Simón Bolívar
con calle 48. Restrepo compartía con varios amigos en un establecimiento
comercial cuando, al salir y justo antes de abordar su vehículo, fue
interceptado por los agentes. La información fue entregada por una fuente
humana, y la orden de captura estaba vigente desde el 16 de marzo de este año,
emitida por la Fiscalía Seccional de Manizales.
Según la investigación, Restrepo tenía una conexión directa con redes de tráfico
provenientes del Cauca, y manejaba centros de acopio en Pereira y Dosquebradas.
Además, sería una ficha clave dentro de la estructura logística de Cordillera,
con nexos directos con alias Lulú, cabecilla en Pereira, y alias el Negro Harold,
actual jefe en Dosquebradas tras el asesinato de alias el Chemo en Santa Rosa de
Cabal.
El Negro Harold, con quien también habría trabajado, ejerce control en zonas
críticas como Venus, Camilo Torres y Pueblo Sol, donde la organización delinque
mediante el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Restrepo fue presentado ante un juez, quien legalizó la captura, le imputó
cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y dictó medida de
aseguramiento en centro carcelario. Con su captura, las autoridades esperan
debilitar una de las rutas clave del microtráfico en la región.
Cinco empresarios irán a juicio por millonaria
estafa con criptomoneda Daily Cop
Una trama de engaño y lavado de
activos que comenzó en el sur del país con promesas de rentabilidad diaria está
a punto de llegar a los estrados judiciales. Cinco empresarios enfrentarán
juicio por su presunta participación en la creación y operación de Daily Cop,
una supuesta criptomoneda que habría sido utilizada para lavar dineros del
narcotráfico y estafar a cerca de 200.000 personas.
La Fiscalía General de la Nación
acusó formalmente a Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis
Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo
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Giraldo López y John Emerson
Esquivel Castrillón. De acuerdo con la Dirección Especializada contra el Lavado
de Activos, estos empresarios habrían dado apariencia de legalidad a recursos
ilícitos, valiéndose de una fachada tecnológica y discursos de libertad
financiera para captar miles de inversionistas.
El negocio comenzó a gestarse en septiembre de 2020 entre Valle del Cauca y
Nariño, donde un grupo de supuestos empresarios contrató a ingenieros de
sistemas para desarrollar la criptomoneda. Lo que los desarrolladores no sabían,
según las investigaciones, es que el verdadero objetivo era lavar dinero
proveniente del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa.
Adams Suárez habría fungido como contador y revisor fiscal de varias de las 14
empresas creadas para mover los recursos. Por su parte, Giraldo López habría
sido pieza clave en la promoción del esquema, difundiendo información en redes
sociales e incluso recurriendo a influencers para atraer inversionistas con
promesas de retornos diarios del 0.5 % y hasta un 12 % mensual.
Cuando Daily Cop comenzó a operar en 2021, lo hizo sin contar con permisos ni
regulación. Los inversionistas nunca recibieron los rendimientos prometidos y,
en cambio, se descubrió que los fondos fueron usados para comprar bienes de lujo
y enriquecer a los implicados.
Ahora, los cinco acusados enfrentarán la justicia por lavado de activos,
concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.
Hallan sin vida al soldado Julio Vásquez,
secuestrado en Cauca hace una semana
La esperanza de encontrar con vida
al soldado profesional Julio César Vásquez se apagó el lunes 15 de abril, cuando
su cuerpo fue hallado sin vida en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.
Vásquez había sido secuestrado el pasado 7 de abril en Santander de Quilichao,
Cauca, y desde entonces se desconocía su paradero.
El hallazgo fue confirmado por el Comando de la Tercera Brigada del Ejército
Nacional, que señaló que el cadáver fue localizado en el corregimiento de
Potrerito gracias a labores de búsqueda conjuntas con la Policía Nacional y el
CTI de la Fiscalía. El Ejército no dudó en calificar el crimen como una
violación grave a los derechos humanos y un ataque directo a la integridad de la
Fuerza Pública.
Julio César Vásquez se encontraba vinculado al Programa de Retiro Asistido de la
institución y cursaba estudios al momento de su desaparición. Según la
información oficial, el militar fue interceptado por hombres armados que lo
forzaron a subir a un vehículo, en un hecho ocurrido en zona rural del norte del
Cauca. Desde ese momento, sus familiares y compañeros vivieron días de angustia
que hoy se transforman en dolor e indignación.
Aunque las
autoridades aún no han confirmado responsables, una de las principales hipótesis
apunta a la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las
FARC que opera en esa región. La investigación ahora se concentra
en identificar tanto a los autores materiales como a los
determinadores del crimen.
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“El Ejército Nacional condena categóricamente este acto atroz”,
señaló la institución en un comunicado. En medio del duelo, el caso de Julio
Vásquez vuelve a poner sobre la mesa la compleja situación de seguridad en el
suroccidente del país y los riesgos que enfrentan los uniformados, incluso fuera
de servicio.
Funcionario del ICA capturado por colaborar con el
Clan del Golfo y ordenar crímenes en Antioquia
Una investigación conjunta de la
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la captura de
Hilder Jaramillo Machado, funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), señalado de colaborar con el Clan del Golfo y de participar en el
asesinato del líder social Argemiro Mayo García en Mutatá, Antioquia.
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de enero frente a la Casa Juvenil de ese
municipio, cuando sicarios de la subestructura Carlos Vásquez del llamado
Ejército Gaitanista de Colombia ejecutaron al activista, reconocido por su labor
en defensa de los derechos campesinos y la tenencia de tierras. Según la
Fiscalía, Jaramillo fue quien orientó a los asesinos hacia el lugar donde se
encontraba la víctima.
Pero la implicación del funcionario va más allá. Las autoridades presumen que
aprovechaba su posición en el ICA para acceder a información confidencial sobre
operativos de seguridad y movimientos de la fuerza pública, datos que luego
compartía con el grupo armado. El crimen de Mayo García habría sido motivado por
su intención de comercializar un predio rural, acción que incomodaba al Clan del
Golfo en sus intereses en la zona.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía le atribuyó los delitos de
homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas. Aunque
Jaramillo no aceptó los cargos, un juez le impuso medida de aseguramiento en
centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Este no ha sido el único avance en el caso. Recientemente, también fue
judicializado Iván Andrés Méndez Vásquez, alias El Mono, quien habría sido uno
de los sicarios que ejecutó el crimen.
El asesinato de líderes sociales en Colombia sigue siendo una de las
problemáticas más graves, especialmente en regiones como Urabá, donde el control
territorial de grupos armados ilegales pone en riesgo constante a defensores de
derechos humanos.
A la par, en el municipio de Urrao, suroccidente de Antioquia, las autoridades
capturaron a siete presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos dos
cabecillas de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, conocidos como alias
Nariz y alias Mora. Los detenidos estarían involucrados en homicidios y acciones
de presión violenta sobre campesinos y comerciantes.
Las capturas se realizaron en un operativo coordinado entre el Ejército y la
Policía, durante el cual también se incautaron armas de fuego. Con estas
detenciones, ya son 53 los presuntos integrantes del Clan del Golfo aprehendidos
en Antioquia durante 2025, en una ofensiva que busca frenar el accionar de una
de las estructuras criminales más peligrosas del país.
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