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Llegaron desde Pereira a Manizales a delinquir:
capturan a cuatro hombres por estafa
Una operación rápida de las
autoridades permitió frustrar un intento de estafa en pleno centro comercial de
Manizales, donde cuatro hombres, procedentes de Pereira, fueron detenidos cuando
intentaban defraudar a varios establecimientos comerciales utilizando documentos
falsos.
Todo comenzó con un llamado de alerta desde la central de radio, que informaba
sobre la presencia de personas sospechosas dentro de un reconocido centro
comercial de la ciudad. Al llegar al lugar, los agentes de la Sijín fueron
recibidos por personal de seguridad privada, quienes señalaron a cuatro sujetos
con actitud sospechosa. Estos salían de un local con múltiples compras a
cuestas.
Los uniformados solicitaron la factura de los productos adquiridos —ropa,
calzado y un televisor de 65 pulgadas, con un valor aproximado de $4.500.000— y
notaron de inmediato que los datos del comprador no coincidían con la identidad
de ninguno de los presentes. Al ser trasladados a las instalaciones de la Sijín
para su plena identificación, se descubrió que portaban una cédula con apellidos
reales de dos de ellos, pero con la fotografía de una persona ajena. El
documento correspondía a un ciudadano de Bogotá, cuya identidad habría sido
suplantada para cometer el delito.
La investigación reveló que se trataría de un grupo delincuencial itinerante,
dedicado a la estafa en diferentes zonas del país, mediante el uso de
documentación falsa. Los capturados —Alex, Carlos, José y Fabio— cuentan con
antecedentes judiciales por delitos como hurto, secuestro simple, abuso de
confianza y violencia intrafamiliar.
“Con este resultado se protege al comercio local y se refuerza la seguridad
ciudadana frente a quienes buscan aprovecharse de identidades ajenas para
delinquir”, indicó un vocero de la Policía.
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, donde
deberán responder por los delitos de falsedad personal y estafa. Será un juez
quien defina su situación legal en los próximos días.
Alerta en Risaralda por posible enfrentamiento
entre el Clan del Golfo y el ELN
Preocupación creciente se vive en el
occidente de Risaralda ante la posibilidad de un enfrentamiento entre el Clan
del Golfo y el ELN por el control de la minería ilegal en zonas limítrofes con
el Chocó. La advertencia fue hecha por Eisenhower Zapata, defensor de derechos
humanos y líder de víctimas del conflicto armado, quien no descartó un eventual
desplazamiento masivo de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas
que habitan la región.
Zapata también reveló que una
disidencia de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, habría enviado al
Frente 57 —en concreto a la estructura Yair Bermúdez— para coordinar acciones
con las subestructuras Edwin Román Velázquez Valle y Luis
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Hernando Rozó Bertel del Clan del
Golfo. Esta última tiene presencia en Risaralda, y recientemente su segundo
cabecilla fue capturado en Mistrató.
Con esta convergencia de grupos ilegales, las alarmas se encienden aún más.
Según el defensor, la llegada de estas estructuras podría derivar en
extorsiones, homicidios selectivos e incluso represalias contra la población
civil, especialmente tras la captura de alias 'Barbas', miembro clave del Clan
del Golfo en la región.
Por su parte, Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, aseguró que,
aunque no hay presencia campamentaria de estos grupos en el departamento, sí se
ha detectado tránsito de hombres armados provenientes del Chocó que buscan
ejercer presión sobre las zonas donde hay actividad minera ilegal. Londoño
confirmó además que se han solicitado refuerzos al Ejército Nacional mediante la
Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), con el fin de blindar el territorio.
A pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública, uno de los mayores retos sigue
siendo el ingreso a Puerto Oro, corregimiento ubicado a cinco horas de Mistrató,
donde las mismas comunidades indígenas han limitado el acceso de militares y
policías, por temor a posibles enfrentamientos.
La situación sigue siendo monitoreada de cerca por las autoridades locales y
nacionales.
Se reanudó el juicio contra Álvaro Uribe: Testigo
clave guardó silencio ante la Fiscalía
Tras una semana de receso por la
Semana Santa, el lunes 21 de abril se reanudaron en los juzgados de Paloquemao
las audiencias del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El
exmandatario enfrenta un proceso por los presuntos delitos de soborno, soborno
en actuación penal y fraude procesal, en el caso que lo vincula con la supuesta
manipulación de testigos.
En esta jornada, la Fiscalía citó al abogado Samuel Augusto Sánchez Cañón,
señalado de haber ofrecido prebendas a exparamilitares para que testificaran a
favor de Uribe. Sin embargo, desde el inicio de su intervención, el jurista
anunció que guardaría completo silencio. La fiscal del caso, Marlenne Orjuela,
intentó interrogarlo, pero Sánchez Cañón, que se conectó virtualmente, se acogió
a su derecho constitucional a no autoincriminarse.
El abogado enfrenta actualmente un proceso penal por su presunta participación
en el intento de persuadir al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias
“Víctor”. Según versiones recogidas en el proceso, el también abogado Diego
Cadena le habría ofrecido hasta $200 millones a Vélez para que modificara su
testimonio en beneficio del exsenador. El propio alias “Víctor” ya rindió
declaración en este juicio.
Para la Fiscalía, el rol de Sánchez Cañón fue más allá de un simple contacto. Se
le acusa de haber intentado incidir sobre varios exparamilitares, buscando que
señalaran al senador Iván Cepeda de orquestar una persecución judicial contra
Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez. Ambos han sido relacionados por
excombatientes con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de
Colombia en Antioquia, origen del proceso penal que hoy tiene al expresidente
ante los estrados judiciales.
En la lista de testigos restantes también figura el
coronel retirado Germán Rodrigo Ricaurte Tapia, exdirector de las cárceles La
Picota y Cómbita. El exoficial será llamado a
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declarar sobre su presunto papel en la supuesta estrategia para
lograr retractaciones de internos que en su momento implicaron a Uribe.
La diligencia culminó con la exposición de pruebas por parte de la fiscal
Orjuela, quien relacionó directamente al abogado Sánchez Cañón con varios
ofrecimientos a testigos clave. La audiencia continuará el día de hoy, martes 22
de abril, a partir de las 8:30 de la mañana.
Ataque con explosivos en el Tolima: Disidencias de
las FARC pusieron en riesgo tubería de gas
Un nuevo hecho de violencia
estremeció al sur del Tolima en la madrugada de lunes 21 de abril. Un artefacto
explosivo fue detonado en un puente que conecta el municipio de Rioblanco con el
corregimiento de Gaitán. Aunque no se reportaron víctimas, las consecuencias
pudieron haber sido devastadoras, pues la carga fue instalada muy cerca de
tuberías de agua y gas que abastecen a cientos de familias.
Las autoridades atribuyeron el atentado al Frente Ismael Ruiz de las disidencias
de las FARC, liderado por Yancarlos Rodríguez Masmela, alias “Chapolo”, uno de
los hombres más buscados de la región. El ataque, además de atentar contra la
infraestructura vial, dejó en evidencia el riesgo latente para las comunidades
de Rioblanco, Chaparral y zonas aledañas, que dependen de estas conexiones para
su abastecimiento básico.
El Ejército Nacional, que llegó rápidamente al lugar, señaló que si las tuberías
hubieran sido alcanzadas por la explosión, la tragedia habría sido de grandes
proporciones, comparándola incluso con la ocurrida en 1998 en Machuca,
Antioquia, donde murieron más de 80 personas tras la detonación de un oleoducto.
“Este acto no solo viola el Derecho Internacional Humanitario, sino que pone en
jaque la seguridad y tranquilidad de toda una región”, indicó la Sexta Brigada
del Ejército, que al momento del cierre de esta edición, continúa en la zona
verificando si hay más explosivos instalados. También investigan un camión
abandonado en la vereda El Limón, en Chaparral, que ha generado temores entre
los habitantes por la posibilidad de tratarse de un carro bomba.
Alias “Chapolo” ha sido señalado por múltiples delitos, entre ellos extorsión,
amenazas, desplazamiento forzado y ataques armados contra la Fuerza Pública. Su
nombre aparece en informes de inteligencia desde 2022 como el principal
articulador de acciones violentas en municipios como Planadas, Ataco, San
Antonio y Rovira. En noviembre de 2024, la Gobernación del Tolima ofreció hasta
$70 millones por información que permita su captura.
Este es el primer ataque con explosivos perpetrado en el Tolima esta semana,
pero se suma a una preocupante cadena de atentados registrados recientemente en
los departamentos de Cauca, Huila y Valle del Cauca. Solo en la semana anterior
se reportaron seis ataques similares, que dejaron cuatro civiles muertos y más
de 30 personas heridas.
Mientras tanto, la comunidad permanece en vilo. Los habitantes de Rioblanco y
Chaparral exigen garantías para su seguridad, y las autoridades intensifican los
patrullajes en la región, con el fin de prevenir nuevos hechos violentos. La
zozobra se mantiene, y la tensión crece en un territorio donde la guerra parece
resistirse a desaparecer.
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