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¿Se cayó nombramiento de Susana Muhamad como
directora del DNP?
Pese a que en semanas pasadas se habría dado a conocer que la exministra de
Ambiente, Susana Muhamad, volvería a ser parte del gabinete del presidente
Gustavo Petro, asumiendo la dirección del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), este martes se anunció que dicho nombramiento habría quedado descartado.
Según información de W Radio, Natalia Irene Molina Posso, subdirectora general
de descentralización y desarrollo territorial del DNP, llegaría a ser el
reemplazo de Jhonattan Duque Murcia, quien hasta el momento ejerce como director
encargado de la entidad.
Información dada a conocer por El Tiempo señala que fuentes del Pacto Histórico
y de la Casa de Nariño habrían confirmado que la exministra de ambiente habría
quedado descartada de asumir el cargo por decisión de la Presidencia de la
República.
¿Quién es Natalia Irene Molina?
Desde agosto de 2024, Natalia Irene Molina Posso asumió como subdirectora
general de descentralización y desarrollo territorial del DNP. Es politóloga,
cuenta con una maestría en economía internacional y un postrado en política
económica.
Cuenta con una amplia trayectoria en cargos públicos desde la llegada de Gustavo
Petro a la presidencia del país. En primer lugar, fue parte de la creación del
plan de gobierno durante la campaña, también participó como coordinadora general
del empalme presidencial.
En septiembre de 2022 asumió la gerencia de proyectos en el Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y en agosto de 2023 fue la asesora
de la jefatura del despacho presidencial, a cargo de Carlos Ramón González.
De igual forma, formó parte de la Unidad Administrativa Especial para el Empleo
Público como consultora, también fue miembro de la Central de Inversiones como
parte de la junta directiva, antes de asumir varios cargos en el DNP.
ELN crítica procesos de paz, pero pide
diálogos con el Gobierno
En medio de conflagraciones a lo largo del territorio nacional, el Comando
Central del ELN emitió un comunicado en el que insta al
Gobierno nacional a retomar los diálogos de paz que se habían adelantado en
México, no sin antes cuestionar las formas del presidente Gustavo Petro a lo
largo de estas mesas.
A través de su misiva, los cabecillas del grupo aseguraron que estos valoran
“los esfuerzos del pueblo, a la vez que motiva a seguir activos en la defensa de
los propósitos de paz, horizonte contenido en la Agenda de México y el Acuerdo
número 28”, agregando además que los diálogos colapsaron por culpa de los
incumplimientos “constantes del Gobierno que buscó imponer con perfidia su
fracasado modelo de desmovilización, desarme y reinserción”.
Seguido a ello el ELN señaló una “forma equivocada como el presidente viene
manejando el proceso de diálogos”, destacando a su vez que existen falacias
desde la inteligencia militar para “atacarnos, desprestigiarnos y desconocer
nuestra naturaleza de luchadores revolucionarios”. Sin embargo, allí mismo
hicieron su propuesta de retorno a la mesa.
“Les proponemos mantener y
fortalecer el ejercicio de participación democrática como sociedad, a seguir
dinamizando iniciativas que nutran el Acuerdo Nacional”, afirmaron. Finalmente,
recalcaron la importancia de “persistir en los esfuerzos por una paz con
transformaciones”.
No obstante, desde el Gobierno nacional no se hizo eco de
esta comunicación, y, de hecho, durante la misma jornada Ministerio de Defensa y
demás instituciones instaron a la sociedad civil a
compartir información de los máximos cabecillas del grupo armado. El
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cortocircuito de las partes se acrecentó luego de que el pasado 26 de enero
iniciara una conflagración entre este grupo armado y el Frente 33 de las
disidencias de las FARC, que sigue en diálogos, en la región del Catatumbo.
Los diálogos ya habían sido suspendidos desde principios del año pasado, aunque
un cese al fuego que se extendió hasta agosto mantenían la puerta abierta del
diálogo de paz. Si bien hubo encuentros entre las delegaciones durante una
semana en el mes de noviembre para reactivar las mesas, estas finalmente se
suspendieron tras los ataques en la región nororiental colombiana.
Además, el Gobierno ha estimado que este mismo grupo se encuentra detrás de
acciones violentas contra uniformados, sumado a los recientes secuestros en
varias zonas del país. Desde Presidencia, entre tanto, se ha dado un ultimátum a
grupos con los que se negocia la paz hasta el próximo 18 de mayo para avanzar en
los procesos y dar muestras claras de voluntad de paz, mientras prorrogó el cese
de actividades militares contra varias estructuras las FARC y grupos disidentes.
Alertan por alcance del sistema judicial para las
comunidades indígenas
En la Comisión Primera del Senado de la República, se aborda la discusión de
otro proyecto que está en la agenda de varios partidos por su importancia, se
trata de una iniciativa que busca coordinar la Jurisdicción
Especial Indígena con el Sistema Judicial Nacional. Según sus
autores, este proyecto ayudará a la creación e implementación de herramientas y
mecanismos de coordinación para que la Jurisdicción Especial Indígena y el
sistema Judicial Nacional se articulen de manera efectiva.
Cubrir las inquietudes y necesidades de las autoridades judiciales indígenas,
los pueblos y las mujeres indígenas, y reforzar el apoyo técnico que la ley va a
darle mediante herramientas de traducción, auxiliares de justicia, que servirán
de puente entre la Jurisdicción indígena y el Sistema Judicial Nacional. La
senadora Clara López, de la Coalición Pacto Histórico es la ponente del proyecto
y, en ese sentido, explicó que “es una reforma institucional que tiene 33 años
en que se reconoce el pluralismo jurídico en la carta política, y todavía no
hemos podido culminar esto que es de la esencia que la jurisdicción ordinaria y
la jurisdicción indígena hablen, se comuniquen, se coordinen entre sí y de igual
a igual porque autoridad tanto es una como la otra”.
Del mismo modo, la congresista señaló que “por eso se han tomado los aportes
hechos en una audiencia pública realizado el pasado mes de marzo y en la
comisión de ponentes vamos a incorporar algunos temas que fueron discutidos, ya
está presentada una ponencia desde el año pasado y es una ley estatutaria que
exige un tiempo corto para ser analizada tanto en Senado como en la Cámara.
Tenemos solamente hasta el 20 de julio para aprobar esta ley. Entonces estamos
metiéndole el empuje y la rapidez necesaria con el ánimo de que pueda ser ley de
la República en este periodo de sesiones. Tenemos el compromiso de los
presidentes de las corporaciones para sacar adelante esta iniciativa antes de
finalizar esta legislatura porque esta es la tercera vez que se intenta legislar
sobre un tema tan fundamental. El enfoque es el de los principios fundamentales
de complementariedad entre la Jurisdicción Especial Indígena y la justicia
ordinaria, tenemos que aprender de la justicia restaurativa indígena de
armonizar los comportamientos en sociedad”.
Así mismo, el presidente de esa célula legislativa, el senador de la Alianza
Verde Ariel Ávila, explicó que “tras varias reuniones entre coordinadores y
ponentes, se ha logrado una concertación mayoritaria sobre el proyecto. Ya fue
radicada la ponencia que se discutirá en comisión, aspiramos a que se comience
la discusión para la próxima sesión. Hasta el momento ha habido una queja o un
gran debate, no veo una gran resistencia por parte de los partidos y más aún
cuando ese proyecto ha sido coordinado”.
Debate del proyecto
Por su parte, para el Partido Cambio Radical el tiempo legislativo está
caminando en contra de la discusión de los proyectos en el Congreso, pues se
advierte que si el trámite de la iniciativa no se alcanza antes del 20 de junio
que es cuando finaliza la actual legislatura, el proyecto se hunde. El
senador Carlos Fernando Motoa afirmó “tengo entendido que este proyecto fue
consensuado entre los ponentes y hasta que no se debata no se sabe en dónde
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van a estar las diferencias.
Lo que yo veo es que no les va a alcanzar el tiempo para debatirlo y aprobarlo,
el final de la legislatura está muy próximo y los tiempos no les dan”.
La senadora del partido ASI, Aida Quilcué, manifestó que “se han hecho todos los
esfuerzos para conciliar los textos y avanzar en esta gran iniciativa, pero
también daremos el debate en la plenaria del Senado y en la Cámara de
Representantes, tal y como lo ordena la ley quinta que se rige en el Congreso de
República”.
A través de este proyecto, la Jurisdicción Indígena podrá sentar jurisprudencia
no solo sobre actos ilícitos en esas comunidades, sino que podrán dirimir
conflictos de tierras y otros asuntos sobre los cuales el sistema nacional de
justicia no tiene injerencia. Los parlamentarios también advirtieron que la
competencia de la justicia ordinaria queda clara en esta coordinación.
Debate de reforma a la salud: Actores
del sistema advierten múltiples peligros
Inicio ruta del debate de reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado
con la instalación de la primera mesa técnica en el marco de construcción de
ponencias por parte de los parlamentarios de esta célula legislativa. El
encuentro fue encabezado por las senadoras Norma Hurtado y Lorena Ríos, contando
además con un grueso de representantes de asociaciones de pacientes y de
profesionales de la salud, quienes en su mayoría expresaron preocupaciones
frente al proyecto de ley impulsado por el Gobierno.
El proyecto, que consta de 82 artículos, está a la espera del que será su tercer
debate en el Congreso, no ha sido bien recibido por comunidades relacionadas al
sistema de salud, quienes han puntualizado que desde el Gobierno se busca que
esta iniciativa sea impuesta, contrario al discurso de “concertación” por parte
de congresistas de esta bancada.
Dentro de las principales críticas expresadas en este encuentro en el Congreso
de la República, los voceros elevaron su voz contra la crisis del sistema
actual, que no ha sido “atajada” por el Gobierno. Asimismo, se hizo énfasis en
los problemas que representaría la aprobación de esta iniciativa a futuro,
dejando en manos de la Adres los recursos para el directo, pues incrementaría
los gastos burocráticos y podría generar mayores brechas económicas.
Claudia Vaca, delegada de la Defensoría del Pueblo para asuntos de la Salud,
señaló que urge, con o sin reforma, una transformación integral al sistema, así
como también destacó que la atención primaria “es un pendiente”, celebrando la
propuesta consignada en la reforma. Sin embargo, Vaca señaló que “pareciera que
es clara la problemática y el diseño, pero cuando se ver el articulado quién
asume la función de hacer la gestión de los recursos y la gestión del riesgo en
salud no está suficientemente determinado.
“La transformación de las EPS en gestoras, genera una amplia variedad de
funciones, pero no parece claro que en ellas recayera estas funciones”,
puntualizó la delegada. Desde la Defensoría también se cuestionó “la sobrecarga
de funciones que se están estableciendo en la Adres”, pues no es claro “que sea
la Adres el ente que asuma la gestión del riesgo para que la plata alcance y se
garantice a su vez, se impacte y transforme los indicadores de salud”. Otros
puntos señalados desde esta entidad es el financiamiento del sistema y la
sostenibilidad del mismo, donde además se recalca en la falta de un concepto de
Ministerio de Hacienda completo.
Por su parte, Néstor Álvarez, vocero de los pacientes de Alto Costo, aseguró que
la crisis actual y la desfinanciación del sistema “ha sido con intencionalidad
para presionar una reforma al sistema. Y de una u otra forma el chantaje que el
Gobierno ha puesto que si no se aprueba la reforma que ellos quieren, no habrá
plata para la salud ni solución de la crisis”.
Álvarez pidió durante el encuentro, entre otros, un ajuste de la UPC y la
evaluación del artículo que modifica la designación del rubro. También pidió
concertación por parte del Gobierno.
Por otro lado, Dennis Silva, vocero de Pacientes Colombia, cuestionó que,
durante la mesa técnica, desde la Adres se aseguró un giro oportuno de los
recursos y que no se ha primado el diálogo, puesto que “todas las propuestas que
enviamos le dan la espalda porque prima la línea ideológica”.
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