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Metro de Medellín: Reabren estaciones tras
incidente en la vía férrea
El Metro de Medellín informó el
cierre temporal de cinco estaciones debido a que, al parecer, una persona se
habría lanzado o caído a la vía férrea en la estación Poblado, sobre las 2:30 de
la tarde.
Mientras las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos e
indagaron lo ocurrido, la línea A del metro presta el servicio entre Niquía -
Parque Berrío y Aguacatala - La Estrella, únicamente. Sin embargo, un par de
horas después, las estaciones San Antonio, Alpujarra, Exposiciones, Industriales
y Poblado fueron reabiertas.
Durante el incidente, las demás líneas del sistema metro funcionaron con total
normalidad.
Llamado a cuidar de la salud pública
Desde la empresa Metro realizaron un llamado a la comunidad para abstenerse de
divulgar imágenes de la situación que generó conmoción a los usuarios que se
encontraban en la estación Poblado en el momento del incidente.
"Por respeto y empatía, abstente de divulgar imágenes de esta situación que es
un tema de salud pública", señalaron a través de su cuenta en la red social X.
Además, pidieron recurrir a los Escuchaderos o a los programas de salud mental
que mantiene la Alcaldía de Medellín para los ciudadanos que atraviesan una
situación difícil.
Acreditan como víctimas a 11 exmilitares por minas
en Urabá
La Sala de Reconocimiento de Verdad
acreditó como víctimas a 11 antiguos integrantes del Ejército Nacional que
resultaron heridos por minas antipersonal en los municipios de Dabeiba, Turbo y
Apartadó (Antioquia), entre 1997 y 2014. Esta decisión se tomó en el marco del
Caso 04, que investiga la situación territorial en la región de Urabá.
Para su acreditación, cada uno de los militares retirados presentó ante la JEP
su relato de los hechos, junto con pruebas sumarias y documentación
complementaria. Tras analizar esta información, la magistratura determinó que,
como consecuencia del uso de minas antipersonal, todos ellos sufrieron lesiones
físicas, amputaciones y traumas severos de carácter permanente, que afectaron su
integridad y truncaron sus proyectos de vida.
Además, varios de ellos solicitaron el reconocimiento de sus seres queridos como
víctimas indirectas, debido al impacto que las secuelas físicas y emocionales
generaron en sus núcleos familiares. Por eso, en total fueron acreditadas 23
personas como víctimas en el Caso 04.
La Sala de Reconocimiento de Verdad
tomó esta decisión teniendo en cuenta que el uso de minas antipersonal está
prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por la legislación
colombiana, debido al sufrimiento innecesario que causan y a su carácter
indiscriminado.
La acreditación trasciende lo
jurídico: el auto emitido reconoce la dignidad y el valor de quienes han sufrido
en carne propia la barbarie del conflicto armado en Urabá. En su compromiso con
la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, la JEP escucha y
visibiliza las voces de quienes han permanecido en silencio a causa de la
violencia vivida en el marco del conflicto.
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El auto que resuelve esta
acreditación también enfatiza en la gravedad de las violaciones a los derechos
humanos y al DIH que implican los artefactos explosivos improvisados. Estas
armas, que no distinguen entre combatientes y civiles, han dejado huellas
imborrables de dolor en las víctimas y comunidades de la región de Urabá.
A través de este auto, la JEP hace un llamado a las instituciones, a los
comparecientes, a la ciudadanía en Urabá y en el resto del país a unirse en un
gesto de reconocimiento del dolor causado por el conflicto armado y de
solidaridad con las víctimas. Reconocer su sufrimiento es el primer paso para
construir un futuro en el que la paz y la dignidad sean los pilares de nuestra
convivencia.
Dentro de las órdenes emitidas, la
sala solicitó a la Fiscalía General de la Nación que informe sobre las
investigaciones en curso relacionadas con estos hechos victimizantes. Además,
ordenó al Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP realizar la
georreferenciación de los lugares donde ocurrieron los incidentes.
Asimismo, instruyó a la Secretaría Ejecutiva, a la Oficina Estructuradora de
Proyectos, a la Oficina de Enfoques Diferenciales y a la Oficina de Justicia
Restaurativa integrar el contenido de esta decisión en el proceso de atención
integral y restaurativa para las víctimas acreditadas, caracterizando de manera
diferencial los daños y afectaciones sufridos.
La investigación judicial del Caso
04 abarca crímenes cometidos entre 1986 y 2016 en los municipios de Turbo,
Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y San Pedro de Urabá (Antioquia);
El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó); Tierralta y Valencia
(Córdoba).
Aerocivil asume operación del aeropuerto de Cali
por 8 meses
La Aeronáutica Civil presentó ante
autoridades locales, regionales y del sector privado, su capacidad técnica,
operativa y administrativa para asumir de manera directa la operación del
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y al servicio de Cali y el
suroccidente colombiano. Esta operación pública se extenderá inicialmente hasta
por ocho meses, garantizando la continuidad del servicio con altos estándares de
calidad, eficiencia y seguridad.
El anuncio fue realizado en el marco de la sesión de la Comisión Accidental de
la Cámara de Representantes, convocada para hacer seguimiento a la transición
del aeropuerto, con la presencia de congresistas, delegados de la Gobernación
del Valle, las alcaldías de Palmira y Cali, así como representantes de la Cámara
Colombiana de Infraestructura (CCI) y ProPacífico.
Durante el
encuentro, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la
Aerocivil, presentó el Plan de Operación Pública, que incluye las acciones,
recursos y cronograma previstos para asegurar una transición eficiente antes de
la adjudicación de una nueva concesión por parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), prevista para los próximos meses.
“Cali y todos los habitantes de Palmira y el Valle del Cauca contarán con todas
las garantías para que la operación de esta, una de las más importantes
terminales aéreas de Colombia, funcione de manera óptima con el trabajo del
Gobierno nacional, que cuenta con la experiencia técnica y profesional para que
la transición a una concesión posterior se efectúe de manera precisa y eficaz”,
aseguró Liliana Ospina Arias, viceministra de Infraestructura y directora (e) de
la Aeronáutica Civil.
La operación pública
contempla una inversión preliminar de $45.000 millones de pesos, destinados a
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura, tanto en el
lado aire como en el lado tierra, así como en ayudas
visuales,
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recursos administrativos y personal especializado.
Con esta operación directa, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la
conectividad regional, el desarrollo económico del suroccidente del país y la
prestación de servicios aeroportuarios seguros, eficientes y modernos para los
colombianos y visitantes del exterior.
ELN entrega pruebas de vida de soldados
secuestrados en Cúcuta
El Ejército de Liberación Nacional
(ELN) divulgó un video como prueba de supervivencia de los soldados Julián
Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, secuestrados el pasado 9 de abril en el
casco urbano de Cúcuta, Norte de Santander.
En la grabación, realizada el 20 de abril y difundida recientemente, los dos
uniformados aparecen sentados, vestidos de civil, frente a una bandera del ELN.
En el video, ambos soldados afirman haber recibido buen trato desde su captura.
"Soy el soldado profesional Coral Gómez Jiménez Andrés [...] fui capturado el
día 9 de abril de 2025 por unidades del ELN, hasta la fecha 20 de abril de 2025
me han tratado bien, me han respetado tanto mi integridad física como
psicológica", expresó el militar de 28 años.
Por su parte, el soldado Julián Reinel Sáenz se identificó como orgánico del
Gaula Militar de la Brigada 30 y repitió:
"Hasta la fecha 20 de abril, me encuentro bien, me han respetado mi integridad
física como psicológica".
Los soldados fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en
motocicletas en el barrio Colinas del Tunal, mientras adelantaban labores de
vigilancia y seguimiento por denuncias ciudadanas relacionadas con extorsiones
atribuidas al ELN.
Desde el día del secuestro, el Ejército, en coordinación con la Policía
Nacional, ha desplegado operaciones de búsqueda para lograr su pronto regreso a
la libertad.
"Una vez se supo de los hechos, se iniciaron las labores de búsqueda para
permitir el regreso sano y salvo de nuestros soldados profesionales", señaló el
Ejército Nacional.
Se alistan protocolos para su liberación
El 21 de abril, un día después de la grabación del video, se conoció que
entidades como la Defensoría del Pueblo, la Alta Consejería para la Paz, la
Iglesia Católica y la ONU se estaban preparando para recibir a los uniformados
en un eventual proceso de liberación.
Sin embargo, hasta la fecha, no se ha confirmado una fecha exacta para su
entrega. Según informó Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz en Norte
de Santander, el ELN ha solicitado 72 horas de cese de operaciones militares en
Tibú como condición previa para liberar a los soldados.
Ejército rechaza el secuestro
Mediante un comunicado oficial, el Ejército reiteró su rechazo al secuestro,
afirmando que "atenta contra los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario".
En su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución expresó:
"En una sola voz, pedimos no solo la liberación inmediata de los soldados
profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, secuestrados en
Cúcuta, sino el respeto de sus vidas e integridad física".
La difusión del video ha representado un alivio para las familias de los
soldados, pero la incertidumbre persiste. Las autoridades continúan trabajando
para garantizar su liberación segura y sin condiciones que comprometan la
seguridad nacional.
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