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Conductor arrolló a agente de tránsito en Pereira
y fue capturado tras intentar huir
La violencia contra funcionarios públicos sigue siendo una preocupante realidad
en Pereira. En menos de una semana, dos agresiones contra agentes de tránsito
encendieron las alarmas de las autoridades locales, que piden respeto por el
trabajo de quienes velan por el orden en las vías.
El caso más grave ocurrió en el barrio Las Mercedes, al suroccidente de la
ciudad, donde una agente de tránsito fue arrollada por un conductor extranjero
que se negó a detenerse durante un operativo de control vial. La funcionaria,
que se encontraba cumpliendo con su labor, fue embestida de forma intencional
por el sujeto, quien tras el hecho intentó darse a la fuga.
Gracias a la rápida reacción de la comunidad, que alertó a la línea 123, y al
despliegue del llamado “plan candado” por parte de la Policía Metropolitana de
Pereira, el agresor fue localizado y capturado. Según explicó la general Yurian
Romero, el conductor no contaba con licencia de conducción, ni con el SOAT, ni
con la revisión técnico-mecánica del vehículo.
La agente herida fue trasladada a un centro médico y, por fortuna, se encuentra
fuera de peligro. Sin embargo, el impacto del hecho ha dejado en evidencia la
creciente intolerancia en las calles y el irrespeto hacia los servidores
públicos.
Días antes, el sábado 19 de abril, otra agresión se registró en el sector de La
Popa, donde dos agentes fueron atacados a empujones por varios ciudadanos cuando
intentaban inmovilizar una motocicleta sin documentos. La intervención policial
evitó que el caso pasara a mayores, pero dejó un claro mensaje de advertencia
sobre los riesgos que enfrentan los agentes en su labor diaria.
El capturado en el caso más reciente fue puesto a disposición de las autoridades
por el delito de violencia contra servidor público. Desde la administración
municipal se ha reiterado que las acciones de control no buscan generar
conflicto, sino garantizar la seguridad vial. Las autoridades pidieron a la
ciudadanía actuar con responsabilidad y denunciar cualquier caso de agresión.
Exmilitares participan por primera vez en la búsqueda de desaparecidos por
‘falsos positivos’ en el Huila
En un hecho inédito dentro del largo y doloroso camino hacia la verdad del
conflicto armado en Colombia, tres exoficiales del Ejército, responsables de
ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos
positivos’, participan esta semana en labores forenses para buscar a las
víctimas de desaparición forzada. Esta intervención se desarrolla en el
Cementerio Central de Neiva, Huila, y hace parte de las
sanciones
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anticipadas
contempladas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los exmilitares, cuyas identidades se reservan por razones de
seguridad, fueron autorizados por la JEP para integrarse a la prospección
forense junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD),
entre el 22 y el 27 de abril. Su presencia en terreno no es simbólica: están
colaborando directamente en la localización de restos humanos en el conocido
Monumento 14, donde reposan al menos 156 bóvedas con cuerpos no identificados.
Este paso se da tras la audiencia pública realizada en agosto de 2024, en la que
estos mismos comparecientes aceptaron su responsabilidad frente a 174 víctimas y
pidieron perdón. Ahora, como parte de sus obligaciones restaurativas, participan
activamente en la búsqueda de quienes fueron ejecutados y presentados falsamente
como bajas en combate.
El subcaso Huila, que lidera el magistrado Alejandro Ramelli —presidente actual
de la JEP—, agrupa a 74 miembros de la Fuerza Pública implicados en 200
homicidios ilegítimos, de los cuales 32 corresponden a víctimas aún
desaparecidas. Estas acciones hacen parte del caso 03, que investiga el patrón
criminal de los ‘falsos positivos’ en varias regiones del país.
La inclusión de los exmilitares en estos ejercicios forenses fue validada por
las familias de las víctimas, quienes consideran que este tipo de participación
representa un avance en la búsqueda de justicia restaurativa. “No se trata solo
de encontrar huesos, sino de reconstruir historias, de devolverle el nombre a
los desaparecidos y de mirar a las víctimas a los ojos”, dijo una de las
familiares presentes.
Si esta experiencia resulta efectiva, podría replicarse en otros municipios del
Huila como Pitalito y Garzón, donde también se sospecha la existencia de cuerpos
enterrados clandestinamente. Este gesto, aunque tardío, representa un pequeño
pero significativo paso en la reconstrucción del tejido social que la guerra
desgarró durante décadas.
Queda libre policía señalado en la red de
contrabando ‘Papá Pitufo’
El juzgado 65 penal municipal de Control de Garantías dejó en libertad al
intendente de la Policía José Helí Alzate Moncayo quien hace parte de los
capturados en mayo de 2024 por supuestos vínculos con la red del contrabando de
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
La decisión fue adoptada por parte del juez Iván Darío Valderrama Romero al
considerar que se vencieron los términos en el proceso para la respectiva
presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General.
El uniformado tenía medida de aseguramiento de detención domiciliaria, tras otra
decisión adoptada por el Juzgado 62 Penal Municipal de Control de Garantías de
Bogotá, como supuesto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado
en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer.
De acuerdo con las investigaciones este uniformado en sindicado de mover, a
través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), grandes sumas de dinero
destinadas al pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de que
omitieran los respectivos controles en las aduanas del país.
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Esta decisión se produce poco después de que una juez de control de garantías de
Bogotá determinó no prorrogar la medida de aseguramiento privativa de la
libertad proferida contra Alzate Moncayó y Ricardo Orozco Baeza, alias El
Bendecido, este último quien aparece en los organigramas de la Fiscalía como la
segunda cabeza en la red de contrabando que durante varios años lideró Diego
Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
Alias el Bendecido fue capturado por parte de las autoridades el 14 de marzo del
año pasado y se le considera una pieza clave en esta estructura criminal de la
cual su máximo jefe es alias Papá Pitufo, quien sigue detenido en Portugal a la
espera de que se defina su solicitud de asilo al gobierno de ese país y su
eventual extradición a Colombia.
Luis Carlos Barreto recibe principio de
oportunidad en relación al caso de la UNGRD
Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo en la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se convirtió
oficialmente en testigo clave dentro del escándalo de corrupción que golpea a la
entidad, luego de que el Juzgado 79 de Control de Garantías de Bogotá aprobara
el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía General de la Nación.
El acuerdo, avalado por la fiscalía novena delegada ante la Corte Suprema de
Justicia, representa un paso importante en la estrategia del ente acusador para
desmantelar la red criminal que desvió recursos destinados a la atención de
desastres entre 2023 y 2024. Barreto, actualmente recluido en la cárcel La
Modelo, aceptó colaborar con la justicia y aportar información en al menos 16
procesos penales relacionados con el caso.
En su testimonio, Barreto no solo reconoce su responsabilidad en los hechos,
sino que se compromete públicamente a no reincidir y a colaborar en procesos de
reparación a través de asesorías técnicas en proyectos relacionados con aguas,
residuos sólidos y energías limpias. También participará en la elaboración de
materiales pedagógicos para prevenir nuevas irregularidades en la gestión
pública.
La Fiscalía reveló que Barreto participó en dos esquemas de contratación
irregular. El primero estuvo relacionado con el traslado de más de 100.000
millones de pesos desde la Agencia Nacional de Tierras a la UNGRD, supuestamente
para ejecutar proyectos que terminaron favoreciendo a contratistas cercanos a la
red criminal, quienes pagaban sobornos del 12 % para ser beneficiados. El
segundo caso fue el direccionamiento del contrato 054-2024, por más de 4.500
millones de pesos, para la compra de terrenos en La Guajira.
El nombre de Barreto apareció por primera vez en un organigrama de la Fiscalía
durante una audiencia clave en agosto de 2024, en la que también se mencionó a
César Manrique Soacha como su presunto jefe político. Manrique habría sido quien
recomendó su hoja de vida y facilitó su ascenso dentro de la Unidad.
Tras el acuerdo, la pena de Barreto fue fijada en tres años y siete meses de
prisión, además del compromiso de reintegrar al Estado al menos 150 millones de
pesos. Aunque su libertad no será inmediata, su colaboración representa una
ficha crucial para esclarecer el entramado de corrupción en una entidad clave
para el país.
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