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Alarma en la frontera: Temen alianzas entre grupos
armados en Cúcuta
La creciente inestabilidad en la
frontera entre Colombia y Venezuela preocupa a las autoridades. Según advirtió
el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta,
el Clan del Golfo no solo mantiene enfrentamientos con otros grupos ilegales,
sino que estaría tejiendo alianzas estratégicas para fortalecer su dominio en
esta convulsionada región.
"Estamos fortaleciendo la presencia de nuestros uniformados junto con el
Ejército en la zona rural de Cúcuta y en la frontera", explicó el general
Quintero, en diálogo con medios de comunicación regionales. El oficial advirtió
que el propósito de estos grupos armados es desestabilizar la seguridad de toda
el área metropolitana, impulsando delitos como la extorsión, el secuestro, el
microtráfico y el homicidio.
La respuesta de las autoridades no se ha hecho esperar. El pasado miércoles 23
de abril, un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General
de la Nación, en el marco de la operación 'Agamenón', logró asestar un duro
golpe al Clan del Golfo. La acción, realizada en la vereda Patillales, zona
rural de Cúcuta, permitió ubicar una caleta cargada de material de guerra.
El hallazgo incluyó 27 fusiles de largo alcance, entre ellos 12 fusiles FAL, 7
AK-47, 7 Galil y un M4. También se incautaron 40 proveedores, 3.000 cartuchos
calibre 5.56 y 1.000 cartuchos calibre 7.62. Todo este armamento estaba bajo el
control de la subestructura Luis Orlando Padierna Peña, una de las facciones más
activas del Clan del Golfo en la frontera.
La magnitud del arsenal evidencia el poder de fuego que estas organizaciones
siguen acumulando, en una zona donde el control territorial y las rutas de
narcotráfico son altamente disputadas.
Aunque los operativos han debilitado momentáneamente su capacidad armada, la
preocupación de las autoridades se mantiene. La posibilidad de alianzas entre
grupos ilegales representa un desafío mayor en una región históricamente
golpeada por la violencia y donde la seguridad sigue siendo un reto de enormes
proporciones.
Millonarios recursos para agua potable se esfuman
entre irregularidades, advierte Contraloría
a promesa de agua potable para
millones de colombianos sigue estancada. Entre 2020 y 2024, la Contraloría
General de la República destapó un alarmante panorama: más de $94.579 millones
destinados a proyectos de agua potable y saneamiento básico terminaron perdidos
en errores de planeación, obras inservibles y, en varios casos, en gastos
injustificados.
La entidad documentó 122 hallazgos
fiscales y 25 con presunta incidencia penal, revelando una preocupante falta de
control en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones
(SGP). Departamentos como Bolívar registraron un detrimento de $33.614 millones,
mientras municipios como Santa Rosa de Lima, Villanueva y
Soplaviento sufren las
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consecuencias de proyectos mal
diseñados y desconectados de las verdaderas necesidades de sus comunidades.
Allí, los daños fiscales ascienden a $2.775 millones, dejando a miles de
familias sin acceso a servicios básicos esenciales.
La situación se repite en otras regiones. Tibú y San Andrés Islas acumularon más
de $14.000 millones en irregularidades, particularmente por fallas en la
asignación de subsidios y el escaso control sobre los dineros públicos. Pero más
allá de la mala gestión, preocupa el uso indebido de los recursos: en 2024, más
de $103.000 millones fueron gastados en actividades no autorizadas, como la
compra de gasolina, la reparación de vías urbanas y la adquisición de insumos de
ferretería.
Casos como los de Uribia (La Guajira), Montería y varios municipios de Antioquia
ilustran cómo los fondos destinados a garantizar un derecho fundamental como el
agua terminaron desviados hacia otros propósitos, profundizando las brechas de
inequidad y deteriorando la confianza ciudadana.
La Contraloría no solo señala errores en la ejecución de obras. También advirtió
graves fallas en la asignación de subsidios, debido a bases de datos
desactualizadas y deficiencias en la estratificación socioeconómica. Municipios
como Popayán, Yopal, Granada y Palmira fueron señalados por entregar ayudas
económicas de manera ineficaz, afectando directamente a quienes más las
necesitaban.
El informe es claro: sin una administración pública rigurosa y transparente, los
recursos seguirán evaporándose en contratos fallidos y mantenimientos
inexistentes. A esto se suma la advertencia del Banco de la República: si no se
corrigen estas fallas estructurales en el SGP, el déficit fiscal del país podría
alcanzar el 4,1 % del PIB para 2030.
Mientras tanto, millones de colombianos siguen esperando que el agua, derecho
esencial para la vida, deje de ser una promesa incumplida.
Barranquilla marca un hito médico con el primer
trasplante de corazón en el Caribe colombiano
Una nueva página de esperanza se
escribió en Barranquilla. La Clínica de la Costa logró realizar el primer
trasplante de corazón en el Caribe colombiano, un procedimiento histórico que no
solo eleva el nivel de la medicina en la región, sino que también representa un
triunfo de la equidad y la perseverancia.
La protagonista de esta hazaña es
una mujer indígena wayuu de 42 años, madre de dos adolescentes, quien había
luchado durante más de seis años contra una insuficiencia cardíaca que la había
dejado sin opciones de tratamiento. Gracias a la rápida gestión de su EPS en La
Guajira y a la preparación de un equipo médico de alto nivel, su inclusión en la
lista de trasplantes activó una carrera contra el tiempo que culminó
exitosamente el pasado 5 de abril.
La operación, que se completó en menos de cuatro horas, fue el resultado de una
década de esfuerzos institucionales. "Este logro trasciende lo médico y se
convierte en un símbolo de equidad", afirmó el doctor Gustavo Aroca, director
científico de la Clínica, recordando que, hasta ahora, quienes necesitaban un
trasplante cardíaco debían desplazarse a Bogotá, Medellín o Cali, enfrentando
enormes barreras económicas y culturales.
Detrás de este hito hay un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos
cardiovasculares, cardiólogos especialistas en falla cardíaca y expertos en
cuidados intensivos, quienes se formaron internacionalmente para llevar a cabo
procedimientos de esta complejidad. "Este
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éxito es fruto de años de formación y preparación", explicó el
doctor Alberto Cadena Bonfanti, gestor del programa de Trasplante Cardíaco.
La recuperación
de la paciente ha sido favorable, y su historia ahora se suma a la de los más de
100 trasplantes renales exitosos que registra la institución, consolidando a la
Clínica de la Costa como un centro de referencia en alta complejidad médica para
toda la región.
Este acontecimiento también renueva el llamado a la donación de órganos en
Colombia. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, alrededor de 4.200
personas esperan un trasplante en el país, 18 de ellas en lista por un corazón.
En el Atlántico, 243 pacientes siguen esperando un riñón u otros órganos.
“La donación de órganos es el acto
de bondad más grande entre los seres humanos”, recordó el doctor Hernán Calvo,
mientras el doctor Andrés Cadena subrayó el compromiso de la Clínica de seguir
rompiendo barreras sociales y geográficas en el acceso a tratamientos de alta
complejidad.
Hoy, la historia de esta mujer wayuu se convierte en un faro de esperanza para
miles de colombianos que sueñan con una segunda oportunidad de vida.
Multan a Flypass por fallas en su servicio de pago
electrónico de peajes
La Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) impuso una millonaria multa a la empresa F2X S.A.S., propietaria
de la plataforma Flypass, luego de encontrar graves fallas en la prestación del
servicio de pago electrónico de peajes en Colombia. La sanción, que asciende a
$745 millones, es el resultado de una investigación que analizó más de 8.000
quejas de usuarios en apenas seis meses.
Según la SIC, las pruebas demuestran que Flypass no cumplió con las promesas
hechas a sus clientes, como garantizar el paso ágil en los peajes y eliminar el
uso de efectivo. "Se defraudaron las expectativas de los consumidores", concluyó
el organismo de control, dejando claro que la empresa incumplió las condiciones
ofrecidas al público.
Entre las irregularidades detectadas se cuentan cobros errados y débitos
duplicados, afectando directamente los bolsillos de los usuarios. Incluso,
algunos reportaron que sus cuentas fueron descontadas aunque no habían
transitado por un peaje o ya habían retirado su vehículo del sistema. Otros
tuvieron que pagar en efectivo a pesar de que ya se había realizado un cobro
automático, enfrentando un doble pago por el mismo servicio.
La SIC también
encontró incumplimientos en los tiempos de entrega de los dispositivos
electrónicos, conocidos como ‘tags’, y múltiples fallos en el sistema de
activación. Además, hubo reportes de compras no registradas o rechazadas, pese a
que el dinero sí fue descontado, y problemas recurrentes para acceder o utilizar
la aplicación de Flypass, afectando la experiencia de los usuarios.
Frente a la decisión, Flypass podrá interponer recurso de reposición ante la
Dirección de la SIC o apelar ante la Delegatura para la Protección al
Consumidor. Sin embargo, el caso ya refleja un llamado de atención para los
servicios electrónicos en el país, especialmente aquellos que, como Flypass,
prometen facilitar la vida de los ciudadanos, pero terminan generando nuevas
dificultades.
Los consumidores, mientras tanto, exigen que las plataformas digitales respondan
no solo con innovación, sino también con eficiencia y respeto a sus derechos.
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