Pereira, Colombia - Edición: 13.475-1055

Fecha: Martes 29-04-2025

Según la decisión, el exmandatario actuó bajo la figura de la delegación, confiando responsabilidades a su equipo de gobierno, donde en realidad se habrían originado las posibles irregularidades. La Sala destacó que Aguilar ejerció los actos de vigilancia y control que le correspondían de acuerdo con la ley.

En cuanto al presunto peculado por apropiación, la Corte señaló que la Fiscalía no logró demostrar de forma plena que los dineros involucrados tuvieran la calidad de bienes públicos, ni que se hubiera producido un desvío o apropiación indebida.

Adicionalmente, los magistrados resaltaron que no se probó que las obras contratadas mediante los convenios presentaran sobrecostos o precios superiores a los del mercado, descartando así un posible daño económico para el departamento en beneficio de Panachi.

Con esta decisión, Hugo Aguilar queda libre de cargos en este proceso judicial, en un fallo que cierra un capítulo más de los múltiples señalamientos que ha enfrentado el exgobernador en los últimos años.

Dolor en Guaviare: hallan sin vida al soldado Jean Carlos Bolaño tras emboscada de disidencias de las FARC

El drama que mantenía en vilo a una familia de Malambo, Atlántico, llegó a su trágico desenlace. El Ejército Nacional confirmó el lunes 28 de abril el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Jean Carlos Bolaño Romo, de 20 años, en una zona rural de San José del Guaviare, donde había desaparecido tras una emboscada de las disidencias de las FARC. Con su muerte, la cifra de militares fallecidos en este ataque se eleva a siete.

El joven militar formaba parte del pelotón del Batallón de Infantería N.° 22 Joaquín París que, en cumplimiento de su misión, escoltaba a 94 personas de un centro de reincorporación. Mientras avanzaban hacia San José del Guaviare, fueron atacados por el bloque Jorge Suárez Briceño, una facción disidente liderada por alias Calarcá. Seis soldados murieron en el lugar y cinco más fueron inicialmente secuestrados, aunque luego recuperaron su libertad.

La familia de Jean Carlos mantuvo la esperanza hasta el último momento. El domingo 27 de abril, su tía, Ladys Bolaño, recibió un angustiante mensaje de audio: "Tía, rece por mí. Estamos en combate", alcanzó a decir el joven en medio del fuego cruzado. Desde entonces, su paradero era un misterio. La confirmación oficial de su muerte fue comunicada por una psicóloga militar, quien informó que el cuerpo ya reposaba en las instalaciones castrenses.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, viajó hasta la región para coordinar las acciones y expresó su pesar por la pérdida de sus hombres. El presidente Gustavo Petro, por su parte, ordenó una investigación inmediata sobre el ataque y solicitó conformar una comisión independiente para esclarecer las circunstancias, incluyendo las posibles consecuencias de la suspensión parcial del cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá.

El ataque, perpetrado en la vereda Guanapalo, dejó huellas profundas no solo en las filas militares, sino también en todo el país. Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad y luto hacia las familias de los uniformados caídos. Las autoridades militares han dispuesto acompañamiento psicológico y asistencia a los allegados de las víctimas, en medio del dolor que embarga a sus seres queridos.

La defensa del senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, solicitó a la Fiscalía que se avance en la imputación de cargos contra tres testigos por presunto falso testimonio. Se trata de los exparamilitares Giovanny Cadavid Zapata, conocido como alias Cadavid; Elmo José Mármol Torregrosa, alias El Poli; y Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí.

Mediante una carta enviada a la fiscalía séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Cepeda y su abogado, Reinaldo Villalba Vargas, pidieron que se formalice la imputación y se legalice de inmediato ante un juez de control de garantías. Según el documento, los testimonios rendidos por estos tres hombres durante las audiencias en el Juzgado 44 Penal de Bogotá presentaron inconsistencias graves, especialmente respecto a la elaboración y envío de cartas en las que supuestamente respaldaban al expresidente Uribe.

En esas diligencias, realizadas entre el 31 de marzo y el 1 de abril, los exparamilitares relataron encuentros en prisión donde se hablaba del expresidente. En uno de los momentos más destacados, Máximo Cuesta Valencia aseguró que Juan Guillermo Monsalve —testigo clave en este proceso— buscaba testimonios para "hundir al doctor Uribe", según sus propias palabras.

No obstante, la defensa de Cepeda cuestionó la veracidad de estas declaraciones, señalando que las cartas atribuidas a los exparamilitares fueron redactadas en realidad por los abogados Ángela Milena López Gómez y Diego Cadena Ramírez, este último ya investigado por su rol en la presunta manipulación de testigos.

La solicitud actual no es aislada. El pasado 22 de abril, Cepeda y su equipo ya habían pedido la imputación por falso testimonio de Euridice Cortés Velasco, alias Diana, exjefa política del Bloque Cacique Pipintá de las AUC. Para la defensa, Cortés habría ocultado información crucial a la Corte Suprema de Justicia cuando declaró en 2019 en favor de Uribe.

El giro en su testimonio quedó en evidencia en las audiencias de abril de este año, cuando reconoció que recibió $2.000.000 de manos del abogado Diego Cadena antes de rendir su declaración. Aunque Cortés afirmó que el dinero fue destinado a cubrir sus pasajes para viajar a Bogotá y no como un soborno para alterar su versión, la defensa de Cepeda insiste en que esta omisión compromete su credibilidad y podría configurar el delito de falso testimonio.

Durante las diligencias, la Fiscalía reveló audios que muestran comunicaciones frecuentes entre Cadena y alias Diana, fortaleciendo la tesis de que hubo irregularidades en el manejo de testigos. La situación suma tensión a un proceso que sigue captando la atención del país, no solo por el calibre de los implicados, sino también por el impacto que podría tener en la credibilidad de las instituciones judiciales.

Mientras tanto, el caso continúa su curso en los tribunales, donde se decidirá si prosperan las nuevas imputaciones solicitadas.