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Adoptar política pública para sustituir el asbesto
ordena Tribunal
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo proferido por el
Juzgado 39 Administrativo de Bogotá y concluyó que persiste la vulneración de
los derechos colectivos al ambiente sano, la salubridad pública y la salud, pese
a la expedición de la Ley 1968 de 2019 que prohibió el uso de todas las
variedades de asbesto, incluido el crisotilo.
Ante esta situación, el Tribunal ordenó formular una política pública para la
sustitución del asbesto instalado en Colombia en un plazo de un (1) año, debido
a que el término de cinco años previsto en la ley ya venció.
Principales medidas ordenadas por el Tribunal
Entre las acciones más relevantes del fallo, se destacan:
Formulación de la política pública de sustitución del asbesto por parte de los
Ministerios de Salud y de Trabajo en el plazo de un año.
Realización de un censo para identificar a las personas que han estado expuestas
al asbesto de manera directa o indirecta.
Identificación de patologías asociadas a la exposición al mineral.
Implementación de un Plan de Adaptación Laboral y Reconversión Productiva para
los trabajadores afectados.
Garantizar una disposición final adecuada del material retirado.
Monitoreo constante de los avances científicos sobre materiales sustitutos como
el polivinil alcohol (PVA).
Revisión bienal de los límites permisibles de exposición en lugares de trabajo y
zonas de remoción.
Empresas privadas también deberán actuar
El fallo también impone obligaciones específicas a compañías como Eternit S.A.,
Incolbest S.A. y Reco S.A. Estas deberán:
Continuar con la sustitución gradual del asbesto en sus procesos de producción.
Capacitar a sus trabajadores en la correcta gestión y disposición de residuos de
asbesto.
Detallar en sus productos las materias primas sustitutas utilizadas.
Campañas informativas para la ciudadanía
El Tribunal resaltó la importancia de que la ciudadanía esté debidamente
informada sobre los riesgos del asbesto y los materiales alternativos. Por esta
razón, ordenó a los Ministerios de Salud y Trabajo:
Realizar campañas educativas en medios de comunicación.
Producir un documental informativo sobre los peligros del asbesto y los
esfuerzos para eliminarlo en el país.
Protección ambiental y salud pública
La decisión subraya que el asbesto no solo representa un riesgo para la salud
humana, sino también para los ecosistemas afectados por su explotación y
disposición. En consecuencia, el Tribunal enfatizó la necesidad de una gestión
ambiental adecuada en el tratamiento de los residuos derivados del mineral.
Información sobre violencia contra Fuerza Pública
piden a Mindefensa
La Procuraduría General de la Nación le solicitó al ministro de Defensa, Pedro
Sánchez, brindar información sobre la escalada de
violencia contra la Fuerza
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Pública que completa 13 días en el
país. Además, le dio tres días al jefe de la cartera para explicar las acciones
que llevará a cabo para fortalecer la seguridad en el territorio.
Según lo señalado por la Procuraduría Delegada para la Acción Preventiva de la
Función Pública, las acciones sistemáticas de violencia contra miembros de la
Fuerza Pública afecta la institucionalidad democrática, además de debilitar su
capacidad operativa, incidiendo negativamente en la confianza de la ciudadanía
respecto al mantenimiento del orden público y la convivencia en distintas
regiones del país.
Entre las acciones descritas por el Ministerio Público se incluyeron:
Asesinato de dos policías en Simití, Bolívar.
Asesinato de un policía en Tarazá, Antioquia.
Asesinato de seis policías, tres en Antioquia (Salgar, Chigorodó y Apartadó),
uno en Cartagena y uno en Lourder, Norte de Santander, durante Semana Santa.
El homicidio de dos miembros del Ejército Nacional en Cauca.
Los ataques reportados durante el 25 de abril en Tarazá y Remedios, Antioquia,
contra miembros de la Policía.
Ataque perpetrado contra el Batallón de Infantería No. 22 en el Guaviare, en el
que fueron asesinados seis uniformados, y diez más fueron secuestrados.
Estos hechos han afectado el derecho internacional humanitario, afectando
mayoritariamente a patrulleros, subintendentes y soldados de la Fuerza Pública.
"Reconociendo que los soldados y policías desempeñan un papel esencial en la
protección de la sociedad, resulta prioritario garantizar su vida, integridad y
condiciones de servicio", se lee en el documento.
Centro Democrático aún no elige mecanismo ni fecha
para candidato 2026
El partido Centro Democrático confirmó que aún no ha definido la fecha ni el
mecanismo para la selección de su candidato único a las elecciones
presidenciales de 2026. Así lo informaron los precandidatos tras un foro
programático realizado en Neiva, donde debatieron propuestas enfocadas en el
sector agropecuario.
En un comunicado conjunto, los precandidatos Andrés Guerra Hoyos, Miguel Uribe
Turbay, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, explicaron que,
luego del evento, sostuvieron una "amable, amplia y franca conversación"
liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del movimiento.
Entre los principales acuerdos alcanzados se destaca que:
El Centro Democrático tendrá un candidato único y de unidad para las elecciones
presidenciales.
Se mantendrán las reuniones entre precandidatos y compromisarios con el objetivo
de definir en las próximas semanas la fecha y el mecanismo de selección.
Próximamente se anunciarán los parámetros y reglas que regirán el periodo de
precampaña.
El partido, que enfrenta un escenario político desafiante, reafirmó en el
comunicado
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su "vocación de poder" y su compromiso de construir
una plataforma alternativa al actual Gobierno, orientada a resolver las
necesidades de los colombianos y alcanzar nuevamente la Presidencia de la
República.
"En este momento tan retador de país, el Centro
Democrático está más comprometido que nunca con Colombia", afirmaron los
precandidatos, quienes hicieron un llamado a la militancia para respaldar el
proceso de construcción programática.
La definición de las reglas de juego para la escogencia del candidato será clave
para la estrategia electoral del partido en 2026, donde buscarán recuperar
protagonismo en el escenario político nacional.
Efectos negativos del transfuguismo se debaten en
el Senado
En una Audiencia Pública en la Comisión Primera del Senado, se discutió el
Proyecto de Acto Legislativo que modifica los artículos 107 y 108 de la Carta
Política, con el fin de permitir a los congresistas cambiar de partido sin
perder su curul, regular la doble militancia y limitar las coaliciones entre
colectividades y grupos significativos de ciudadanos.
La Audiencia contó con participación ciudadana, tanto presencial como virtual, y
fue respaldada por todos los miembros de la Comisión Primera, célula legislativa
que tramita los proyectos de Acto Legislativo.
El senador Carlos Fernando Motoa subrayó la relevancia de este espacio para
escuchar voces diversas y advirtió que la reforma podría alterar profundamente
la relación entre partidos y ciudadanía, rompiendo el vínculo entre electores y
elegidos.
Entre los intervinientes estuvo el doctor Juan Carlos Nova, representante de la
Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario, quien expresó que el proyecto
desconoce el deber político de quienes han sido elegidos. Señaló que la
propuesta debilita la representación al eliminar consecuencias para quienes
abandonan el partido por el cual fueron votados.
Carlos Augusto Chacón, del Instituto de Ciencia Política, calificó la reforma
como un paso hacia la desinstitucionalización, alertando sobre el riesgo de que
se prioricen intereses individuales sobre los principios ideológicos y la
rendición de cuentas.
La audiencia también dio espacio y voces a los jóvenes como Juan Sebastián
Reginfo del Partido Cambio Radical, quien aseguró que el transfuguismo
desincentiva la formación de nuevos liderazgos y envía un mensaje contradictorio
a la juventud interesada en participar en política con coherencia ideológica.
Desde la Misión de Observación Electoral, Freddy Muñoz, advirtió que esta
reforma implicaría un retroceso en las reformas de 2003 y 2009, que habían
buscado precisamente fortalecer el sistema de partidos y reducir su
fragmentación.
El director de Transparencia por Colombia, Germán Andrés Hernández, alertó sobre
los efectos negativos del transfuguismo para la institucionalidad democrática,
la financiación pública de los partidos y la responsabilidad política. Afirmó
que permitir estos cambios de partido sin consecuencias podría implicar
conflictos de interés para los propios congresistas, al legislar en beneficio
propio.
Aunque la mayoría de los participantes rechazaron el proyecto, el senador
Alejandro Chacón defendió la propuesta apelando a la libertad política y criticó
la judicialización de la doble militancia.
Por su parte, la senadora del Pacto Histórico y presidenta de la Colombia
Humana, Gloria Flórez, también se puso a favor de la medida: “Nosotros como
partidos no podemos secuestrar a los congresistas y a los miembros de las
bancadas que quieran hacer parte de otro proyecto donde se identifique más. Por
esa razón, consideramos que es un proyecto muy importante para el país en este
momento”.
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