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Así fue el fallido operativo de la DEA contra
ficha del ‘Tren de Aragua’ en Bogotá
Un operativo liderado por agentes de la Administración para el Control de Drogas
de Estados Unidos (DEA) en Bogotá terminó envuelto en una polémica de alto nivel
tras conocerse que se intentó sacar del país a un presunto miembro del temido
grupo criminal ‘Tren de Aragua’ sin el aval de las autoridades colombianas. Se
trata de José Enrique Martínez Flores, alias Chuqui, de 24 años y nacionalidad
venezolana, señalado de terrorismo y tráfico internacional de drogas.
Martínez fue capturado el pasado 31 de marzo por agentes de la DEA en la capital
colombiana. Aunque su detención solo fue oficializada tres semanas después, el
23 de abril, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció la acusación
formal de cinco cargos en su contra, el procedimiento de captura y traslado
intentado generó profundas alertas dentro del aparato judicial colombiano.
Según conocieron medios de comunicación de talla nacional a través de tres
fuentes judiciales de alto nivel, los agentes estadounidenses condujeron a
Chuqui directamente al aeropuerto El Dorado con la intención de subirlo a un
avión chárter rumbo a Texas. En el lugar, intentaron persuadirlo de firmar una
supuesta autorización voluntaria de traslado. Sin embargo, el acusado se negó
rotundamente al advertir que no contaba con representación legal ni claridad
sobre los motivos del operativo.
La alerta se encendió cuando funcionarios de Migración Colombia detectaron que
no existía ningún respaldo legal para su salida del país. Inmediatamente,
notificaron a sus superiores y a la Policía Nacional. Minutos después,
uniformados de la institución llegaron al punto migratorio y procedieron a hacer
efectiva la captura formal de Martínez, quien ya tenía una notificación roja de
Interpol activa.
Actualmente, el señalado se encuentra recluido bajo estrictas medidas de
seguridad en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras se espera que el proceso de
extradición, esta vez por las vías legales, avance. Según información oficial,
alias Chuqui sería uno de los hombres de confianza de alias Giovanni, cabecilla
del ‘Tren de Aragua’, y desde 2020 habría operado como extorsionista en las
localidades de Kennedy y Bosa.
La acusación en EE.UU. incluye cargos por conspiración para apoyar a una
organización terrorista extranjera y distribución de más de cinco kilos de
cocaína. Mientras tanto, en Colombia, crece la preocupación por la actuación
unilateral de la DEA en territorio nacional.
Mindefensa responde con fuerza al “plan pistola”
del Clan del Golfo
En medio de una escalada de violencia contra miembros de la fuerza pública, el
ministro de Defensa, Iván Sánchez Suárez, anunció el jueves 1 de mayo que las
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operaciones militares y policiales
se han intensificado en diversas regiones del país para frenar el llamado “plan
pistola”, atribuido al Clan del Golfo. Esta estrategia criminal ha cobrado la
vida de varios uniformados en las últimas semanas y ha encendido las alarmas en
los más altos niveles del Gobierno.
“El honor de nuestros hombres caídos no se olvida. La única respuesta posible es
aumentar la presión y golpear con contundencia a esta organización”, aseguró el
ministro durante su intervención. Las acciones se enmarcan dentro de la
denominada “Operación Agamenón”, una ofensiva integral que apunta a debilitar al
también conocido Ejército Gaitanista de Colombia.
Las autoridades han logrado avances importantes. Según el general Luis Emilio
Cardozo, comandante del Ejército, la operación ha permitido la captura o
neutralización de al menos 38 integrantes del grupo armado en los últimos días.
Además, la Policía Nacional reportó la detención de 83 presuntos miembros,
gracias a labores de inteligencia y, en buena parte, a la colaboración
ciudadana.
La “Operación Agamenón” se centra en cinco frentes clave: desarticulación de
redes dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, capturas de cabecillas,
afectación de las finanzas del grupo mediante la judicialización de testaferros,
acciones de contrainteligencia y presencia permanente de tropas en zonas
críticas.
Por su parte, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, resaltó
la importancia del apoyo de la ciudadanía en esta ofensiva. “La información que
hemos recibido nos ha permitido avanzar de forma estratégica y proteger a
nuestros hombres en terreno”, señaló.
El ministro también se refirió brevemente a la situación con el Estado Mayor
Central, y confirmó que aún se evalúa si se reanudan las acciones ofensivas
contra ese grupo disidente. Mientras tanto, las operaciones contra el Clan del
Golfo continúan con toda la fuerza del Estado.
Capturan a alias El Español y desmantelan red de microtráfico en Marsella
En un contundente golpe contra el microtráfico en Marsella (Risaralda), las
autoridades lograron la captura de tres adultos y la aprehensión de dos menores
de edad, entre ellos alias El Español, señalado como uno de los principales
actores delincuenciales del municipio. El operativo fue liderado de manera
conjunta por unidades de la SIJIN, SIPOL y la Policía de Infancia y
Adolescencia.
La acción policial se llevó a cabo en sectores estratégicos como La Pista,
Matadero Viejo y Estrada, donde se ejecutaron órdenes de registro y
allanamiento. Según las investigaciones, las viviendas intervenidas funcionaban
como centros de acopio y expendio de drogas ilícitas, en los que además se
evidenció la participación activa de menores, instrumentalizados por estas redes
criminales.
Durante los allanamientos se incautaron 1.200 gramos de bazuco, 2.000 gramos de
marihuana, 35 dosis de tucibí (2CB), así como elementos asociados al tráfico de
estupefacientes: bolsas herméticas, grameras, celulares y dinero en efectivo.
“Hoy damos un parte positivo. No solo logramos capturas importantes, sino que
protegimos a menores que estaban siendo utilizados por estas estructuras”,
expresó el
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coronel Jhon Frank Buitrago, quien además resaltó la
participación activa de la Policía de Infancia para garantizar los derechos de
los adolescentes involucrados.
El alcalde de Marsella celebró los resultados del operativo y agradeció a la
fuerza pública por priorizar al municipio dentro de su estrategia de seguridad.
Mientras tanto, los tres adultos capturados fueron enviados a prisión de manera
preventiva, y los menores quedaron bajo custodia de las autoridades
especializadas en justicia juvenil.
Este operativo representa un avance significativo en la lucha contra el
microtráfico en esta zona del departamento, donde la presión sobre las redes
ilegales no cesa. ¿Te interesa un seguimiento sobre los procesos judiciales en
este caso?
Preocupación internacional por reclutamiento de
menores en Meta y Guaviare
Una grave alerta humanitaria encendió las alarmas esta semana en la región del
Ariari-Guayabero, ubicada entre los departamentos del Meta y Guaviare. La
Oficina de Derechos Humanos de la ONU y el Secretariado Nacional de Pastoral
Social Cáritas Colombiana denunciaron violaciones sistemáticas a los derechos
humanos por parte de grupos armados ilegales, en especial las disidencias de las
FARC y la autodenominada Segunda Marquetalia.
El panorama es alarmante: reclutamiento forzado de menores, amenazas a líderes
sociales y docentes, restricciones a la movilidad, ocupación de instalaciones
educativas y control de las organizaciones comunitarias son solo algunas de las
violaciones que, según la ONU, se han documentado desde inicios de 2025. En
total, se han registrado al menos 23 casos de reclutamiento infantil en lo
corrido del año.
“Nos preocupa profundamente la situación en municipios como Puerto Rico, Vista
Hermosa, Mesetas, Uribe y El Castillo, donde la población está siendo sometida a
presiones y amenazas constantes”, señaló el padre Mauricio Alejandro Rey
Sepúlveda, director de la Pastoral Social. En un video publicado en redes
sociales, el religioso denunció que incluso se han ocupado escuelas por parte de
grupos armados, que obligan a campesinos a proveer alimentación y hospedaje para
sus integrantes.
El caso más reciente se registró en Puerto Rico, Meta, donde las disidencias de
las FARC, bajo el mando de alias Calarcá, ordenaron el cierre forzado de
comercios y paralizaron el transporte terrestre y fluvial. Mientras tanto, la
Segunda Marquetalia continúa imponiendo control territorial sobre comunidades
campesinas y vulnerando sus derechos fundamentales.
La ONU hizo un llamado urgente a los grupos armados para respetar el derecho
internacional humanitario, así como al Gobierno colombiano para que active
mecanismos de protección efectivos en la zona. “Las autoridades estatales deben
actuar de forma coordinada, eficiente y urgente para garantizar los derechos de
las comunidades afectadas”, expresó el organismo.
La situación exige respuestas inmediatas. El reclutamiento de menores es una
violación grave y persistente, y tanto la ONU como la Iglesia Católica han
insistido en la necesidad de proteger a los niños del conflicto armado. Las
comunidades claman por garantías para vivir en paz, sin miedo ni amenazas.
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