¿Revivirá la reforma laboral?

En medio de un panorama político tenso y fragmentado, dos senadores del Congreso
colombiano han reabierto el debate sobre la reforma laboral que el Gobierno de
Gustavo Petro considera crucial para avanzar en su agenda de justicia social.
Ariel Ávila (Alianza Verde) y Pedro Flórez (Pacto Histórico) radicaron una
ponencia que busca revivir el proyecto archivado, argumentando que no se dio un
debate sustancial antes de hundirlo en la Comisión Séptima del Senado.
El documento, que apoya una apelación presentada previamente por el senador
Fabián Díaz, también de Alianza Verde, sostiene que se vulneraron principios
democráticos al no debatir a fondo la propuesta. “Negar o archivar esta
iniciativa sin permitir su discusión en condiciones sustanciales equivale a
frustrar una política pública estructural de justicia social”, afirman Ávila y
Flórez en el texto.
Ambos hacen parte de la comisión accidental encargada de estudiar la apelación
y, aunque son siete los senadores que integran dicho grupo, por ahora solo ellos
han entregado un concepto formal. Se espera que en los próximos días también lo
hagan Efraín Cepeda (Conservador), Juan Pablo Gallo (Liberal) y Angélica Lozano
(Alianza Verde), lo que podría cambiar el rumbo del proyecto.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional, aunque sigue de cerca el curso de esta
apelación, parece tener su mirada puesta en otro frente: la consulta popular.
Desde el oficialismo consideran que ese es el camino más “seguro” para legitimar
la reforma laboral ante la ciudadanía, incluso si el Senado decide darle una
segunda oportunidad al proyecto apelado.
No es el único movimiento en el tablero. La llamada "mini reforma" laboral,
radicada por el Partido Liberal, ya cuenta con ponencia positiva. Esta
alternativa ha generado incomodidad en la Casa de Nariño por suavizar puntos
clave de la propuesta original, como el inicio de la jornada nocturna, que
volvería a ser a las 8:00 p.m. en lugar de las 6:00 p.m., como pretende el
Gobierno.
En este clima de incertidumbre y estrategias cruzadas, la plenaria del Senado
tendrá la última palabra: si permite revivir el debate o si, por el contrario,
todo queda en manos de una consulta que aún no tiene fecha definida.
Cámara aprueba ley que dignifica la labor de los
concejales municipales

Con una amplia mayoría, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el
informe de conciliación del proyecto de ley que busca
fortalecer las corporaciones públicas municipales y reconocer formalmente el
trabajo de los concejales en Colombia. La iniciativa ahora queda en manos del
presidente Gustavo Petro para su sanción y entrada en vigor.
Se trata de un proyecto de ley orgánica que apunta a mejorar la estructura,
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el funcionamiento y las condiciones
laborales de los integrantes de los concejos municipales y de las Juntas
Administradoras Locales (JAL), órganos esenciales para la representación
ciudadana y la vigilancia de la gestión pública en cada municipio.
El senador Germán Blanco, ponente del proyecto, celebró la aprobación y subrayó
el valor que esta ley tendrá para los más de 12.000 concejales del país.
“Estamos llegando al final de un trámite que dignifica la labor de quienes
representan a sus comunidades. Este es un reconocimiento a quienes, muchas veces
sin garantías adecuadas, ejercen un rol clave en la democracia local”, afirmó.
Durante años, los concejales han reclamado mayor respaldo institucional, mejores
condiciones para ejercer sus funciones y un trato más equitativo frente a otras
figuras de elección popular. Este proyecto responde a esas demandas y refuerza
el papel de las corporaciones locales como pilares de participación y control
ciudadano.
El Gobierno deberá ahora decidir si convierte este proyecto en ley, un paso que
muchos esperan como una señal de respaldo a la política desde lo territorial. En
un país donde la gobernabilidad comienza desde lo local, fortalecer las
instituciones municipales es también fortalecer la democracia.
Estas son las 12 preguntas que radicó Petro en el
Senado

En el Salón de la Constitución del Congreso de la República el presidente
Gustavo Petro radicó las 12 preguntas que hacen parte de la consulta popular.
El secretario del Senado Diego González firmó el documento entregado por el
mandatario. Ahora el Senado tendrá un mes para decidir si es viable que los
colombianos vayan a las urnas para votar por el rumbo de la iniciativa del
Gobierno.
¿Qué pasa si no vota la mayoría exigida o votan de manera negativa? Finaliza el
trámite de la iniciativa de consulta popular.
Las preguntas que deben ser discutidas en el Congreso son las siguientes:
1. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la
jornada diurna sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% por el trabajo en
día de descanso dominical o festivo?
3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas,
preferentemente asociativas, reciban tasas
de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos
productivos?
4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios
para atender citas médicas y licencias por períodos menstruales incapacitantes?
5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2
personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares
tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral?
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7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y
transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad
social?
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los
empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los
trabajadores agrarios?
9. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral
mediante contratos sindicales?
10 ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias,
periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores
informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a
término indefinido como regla general?
12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al
reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
Por presuntas amenazas, senador Pinto denunciará a
Petro ante la CIDH

El senador liberal Miguel Ángel Pinto anunció este jueves que presentará una
denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el
presidente Gustavo Petro, a quien acusa de lanzar amenazas de muerte contra los
congresistas que no respalden su propuesta de convocar una consulta popular. La
advertencia del parlamentario se suma a un creciente clima de tensión
institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.
"Sus irracionales aseveraciones serán denunciadas penalmente ante la Comisión de
Acusaciones, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la comunidad
internacional, así como sus amenazas de muerte, a los congresistas que no voten
su consulta. Se pasó de...”, expresó Pinto a través de su cuenta de X, dejando
en evidencia su preocupación frente al tono de los recientes discursos del jefe
de Estado.
La controversia se desató tras una intervención del presidente Petro en un
evento público que se desarrolló en el marco de las manifestaciones del Día del
Trabajador, donde, al referirse a la posible negativa del Congreso a aprobar la
consulta popular que ha propuesto, pronunció frases que fueron interpretadas por
algunos sectores como amenazas.
“Ellos están pensando, ¡uy!, de rabia no les aprobemos la consulta… Si como
no…”, dijo el mandatario, al tiempo que levantaba una bandera de color rojo y
negro, la cual explicó simboliza “libertad o muerte”. “El pueblo de Colombia la
vuelve a levantar para que no nos tomen por pendejos. Ha llegado la hora del
pueblo. No hay paso atrás”, añadió.
Para Pinto, estas palabras configuran una presión indebida que pone en riesgo la
integridad de los legisladores y vulnera los principios democráticos.
El anuncio de Pinto se da en medio de la discusión sobre los límites del
lenguaje presidencial y el respeto a la división de poderes. Mientras desde el
Gobierno se defiende el discurso de Petro como una expresión simbólica y
política, sectores de oposición insisten en que se trata de una amenaza
inaceptable.
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