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Ministro de Trabajo a juicio en la Corte Suprema
por presunta corrupción en Bogotá
La Corte Suprema de Justicia llamó a
juicio al actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por su presunta
participación en el denominado "carrusel de la contratación" durante su paso por
el Concejo de Bogotá entre 2008 y 2009. El alto tribunal, en su Sala de Primera
Instancia, examina su posible responsabilidad en gestiones indebidas para el
nombramiento de gerentes en hospitales públicos de la capital, en complicidad
con figuras clave del escándalo, como el exalcalde Samuel Moreno y el empresario
Héctor Julio Gómez.
Según el expediente, Sanguino habría
intervenido directamente ante el entonces alcalde Moreno Rojas y el secretario
de Salud, Héctor Zambrano, para influir en el proceso de selección del gerente
del Hospital de Usme. La persona propuesta por el hoy ministro fue Liliana
Patricia Paternina Macea, quien resultó finalmente designada en el cargo. De
acuerdo con la investigación, la intención era asegurar el control de la
contratación de esa entidad.
El proceso judicial señala que, una vez posicionada en la gerencia, Paternina
habría sido utilizada por Sanguino para direccionar un contrato de obra pública
—relacionado con la construcción y dotación de la nueva sede del Hospital de
Usme— hacia una empresa vinculada al empresario Héctor Julio Gómez, condenado en
2014 a 10 años de prisión por corrupción.
Lo más grave del caso, según la Corte, es que se habría pactado previamente el
pago de una comisión equivalente al 10 % del valor total del contrato de obra,
la cual beneficiaría de forma ilegal tanto a Sanguino como al empresario Gómez.
Esta acusación coloca al ministro de la administración de Gustavo Petro en una
situación delicada, justo en medio de una etapa en la que el Gobierno intenta
blindarse frente a escándalos de corrupción.
Aunque Sanguino no se ha pronunciado oficialmente, su defensa ha manifestado que
confía en que podrá demostrar su inocencia durante el juicio. Desde el
Ministerio de Trabajo no se ha emitido ningún comunicado hasta el momento, y se
espera que en las próximas horas haya una reacción institucional.
El caso revive uno de los capítulos
más oscuros de la política bogotana en los últimos años y pone de nuevo en el
ojo del huracán a antiguos protagonistas del "carrusel de la contratación". Al
momento del cierre de esta edición, esta noticia sigue en desarrollo.
Tres personas fueron asesinadas en una nueva
masacre en Tibú
La violencia volvió a estremecer a
Tibú el pasado domingo. Tres personas fueron asesinadas a tiros en plena vía
pública del barrio Barco, en un nuevo hecho que las autoridades ya catalogan
como una masacre. El ataque ocurrió hacia las seis de la tarde, cuando hombres
armados, que se movilizaban en motocicleta, abrieron fuego sin mediar palabra.
Las víctimas fueron trasladadas al
Hospital
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Regional Norte de Tibú, pero
fallecieron poco después debido a la gravedad de las heridas. El Departamento de
Policía Norte de Santander confirmó que se activaron de inmediato los protocolos
de inteligencia e investigación criminal, con apoyo del Ejército Nacional, para
tratar de esclarecer los hechos.
Sin embargo, el horror no se detuvo ahí. Ese mismo día, otras dos muertes
violentas se reportaron en diferentes sectores del municipio. Una persona fue
asesinada en el barrio La Esperanza, mientras que en la vereda Campo Seis fue
hallado un cuerpo sin vida. Los tres episodios violentos mantienen en alerta a
las autoridades, que han intensificado operativos en la zona.
En medio de estas acciones, se logró la captura de un presunto implicado, quien
fue puesto a disposición de la justicia. Aún no se ha revelado su identidad ni a
qué grupo armado estaría vinculado.
Tibú, ubicado en el Catatumbo, es
una región históricamente marcada por la presencia de grupos armados ilegales
que se disputan el control territorial y de economías ilícitas. La comunidad,
una vez más, queda atrapada en medio de una guerra que parece no tener fin.
Mientras las familias lloran a sus
muertos, las autoridades insisten en que los operativos continuarán para frenar
esta nueva ola de violencia. La situación sigue siendo delicada y la tensión en
el municipio no cede.
Capturas, cierres y control total: Así avanza el
Plan 90H en Dosquebradas
Una ofensiva frontal contra la
delincuencia se desplegó el fin de semana en Dosquebradas. El operativo, que
hace parte del llamado Plan 90H, dejó dos personas capturadas, más de 35
vehículos inmovilizados y seis establecimientos comerciales cerrados en el
sector de Vela 1, en el barrio Frailes. La intervención fue liderada por la
Alcaldía Municipal y la Policía Metropolitana de Pereira, bajo la dirección del
alcalde Roberto Jiménez Naranjo.
Durante 90 horas continuas, más de 50 uniformados patrullaron las calles,
revisaron documentación, inspeccionaron negocios y reforzaron la presencia
institucional en una zona donde la percepción de inseguridad venía en aumento.
El objetivo es claro: retomar el control de los espacios públicos y atacar de
raíz las estructuras criminales que han afectado a los habitantes.
“El mensaje es contundente: no hay lugares prohibidos para la autoridad.
Seguiremos interviniendo con decisión cada rincón del municipio”, señaló el
teniente coronel Óscar Ochoa, subcomandante de la Policía Metropolitana. La
estrategia ha combinado acciones de inteligencia, control administrativo,
operativos de movilidad y presencia en vía pública, para cortar de tajo delitos
como el microtráfico, el porte ilegal de armas, la informalidad comercial y el
incumplimiento de normas de tránsito.
La respuesta institucional ha sido contundente, pero también sostenida. Desde la
Secretaría de Gobierno se destacó la reducción en las cifras de criminalidad y
se hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a estas acciones mediante la
denuncia y la colaboración con las autoridades.
“Estamos comprometidos con recuperar la confianza en nuestros barrios. Esta no
es una acción aislada, sino parte de un plan integral por la transformación de
Dosquebradas”, aseguró Yeison Palacio, secretario de Gobierno encargado.
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El alcalde Jiménez ha insistido en que la seguridad no es solo un
asunto de fuerza pública, sino de presencia social, legalidad y articulación
entre entidades. Bajo su administración, se ha fortalecido el pie de fuerza
policial, se han creado “burbujas” de inteligencia criminal, y se trabaja en la
formalización de negocios como parte de una política pública de seguridad
integral.
La intervención en Vela 1 no será la última. Según confirmaron las autoridades,
se están planificando nuevos operativos en otros sectores del municipio con alta
incidencia delictiva, mientras se avanza también en zonas de Pereira y La
Virginia. El Plan 90H se consolida como una apuesta decidida por devolverle la
tranquilidad a los ciudadanos y marcar un nuevo rumbo para Dosquebradas.
Historia de la captura del pastor acusado de
presunto abuso sexual y secuestro de su hijastra
En una vereda perdida entre
Chinchiná y Santa Rosa de Cabal, una adolescente de 13 años corrió por su vida.
Sus gritos desgarradores rompieron la tranquilidad de la tarde en San Andrés,
mientras su padrastro, José Ramírez, pastor de una iglesia cristiana, la
perseguía con intenciones que hoy estremecen a Colombia. Lo que parecía una
escena de película era, en realidad, el escape milagroso de una niña que logró
burlar a su agresor, exponiendo una historia de tortura y abuso que había
permanecido oculta.
La menor, cuyo nombre se reserva por protección, relató a las autoridades que
Ramírez la mantenía encerrada, sometida a violencia física y sexual. Pero lo más
aterrador fue su confesión: el hombre ya había cavado una fosa donde planeaba
asesinarla y enterrarla. "Él me dijo que nadie me iba a encontrar", contó la
víctima entre lágrimas. Sin embargo, en un acto de valentía, aprovechó un
descuido del pastor, saltó por una ventana y huyó por un camino destapado, con
el lazo que le apretaba el cuello aún colgando de su cuerpo.
La captura
Los gritos de auxilio de la niña alertaron a Diego Osorio, un vecino que
inicialmente pensó en una pelea de pareja. Pero al ver el terror en los ojos de
la adolescente y escuchar a otra mujer pidiendo ayuda, no dudó en actuar. Junto
a otros residentes, persiguieron a Ramírez, quien intentó escapar en una
camioneta. El vehículo chocó, y el pastor buscó refugio entre los guaduales,
pero ya era tarde: la comunidad lo rodeó, lo golpeó y lo retuvo hasta que llegó
la Policía.
"La niña estaba amarrada, la iba a descuartizar con una pulidora. Es un
monstruo", relató Orbilio Maya, un líder social de la zona, mientras describía
la escena del crimen que pudo evitarse. Las autoridades confirmaron que
encontraron herramientas y pruebas del macabro plan que Ramírez tenía para
silenciar a su hijastra.
Justicia bajo la lupa
Aunque el pastor fue capturado y enviado a prisión por secuestro agravado y
acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la Fiscalía no lo imputó por
tentativa de feminicidio, una decisión que generó indignación en la región.
Mientras tanto, la víctima recibe atención psicológica del ICBF, y su abogado,
Julián Martínez, exige que no se difundan imágenes del rescate para proteger su
dignidad.
Este caso no solo revela la crueldad de un hombre que predicaba en una iglesia,
sino también el valor de una comunidad que, en medio del horror, no se quedó
impasible. Hoy, la pregunta que queda flotando es: ¿la justicia colombiana dará
un castigo a la altura de este crimen?
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