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En 2025, 466 menores fueron víctimas de delitos
sexuales en Bogotá
En 2025, Bogotá enfrenta una crisis alarmante en materia de abuso sexual contra
menores de edad, que enciende las alarmas de autoridades, organizaciones
sociales y la ciudadanía. El concejal Julián Sastoque rechazó con firmeza los
hechos aberrantes ocurridos en el Hogar Infantil Canadá, en la localidad de San
Cristóbal, donde varios niños de apenas 2 y 3 años fueron víctimas de abuso
sexual por parte de un profesor, Fredy Arley Castellanos, recientemente
capturado y acusado por padres de familia.
Sastoque exigió que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable y
manifestó que casos como este no son aislados, sino parte de un panorama
preocupante en la ciudad.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. Entre el 1 de enero y el
11 de abril de 2025, se reportaron más de 466 casos de delitos sexuales contra
menores en Bogotá, de los cuales 351 corresponden a niñas. Según Medicina Legal,
en lo corrido del año se han denunciado 329 casos de presunto abuso sexual,
además de 338 casos de violencia intrafamiliar y 284 de violencia interpersonal
que afectan a niños, niñas y adolescentes. También se han registrado 10
homicidios, 5 muertes por accidentes de tránsito, 3 por causas accidentales y 7
suicidios en este grupo etario.
Este contexto se suma a un preocupante incremento en la explotación sexual
comercial infantil, que en 2024 aumentó un 98% en Bogotá, con un total de 365
casos reportados, principalmente relacionados con la producción y distribución
de material pornográfico infantil, facilitado por el entorno digital. El 82% de
las víctimas son niñas y adolescentes, lo que evidencia la vulnerabilidad de
este grupo frente a estos delitos.
El concejal Sastoque advirtió que 2024 fue el año con mayor registro histórico
de delitos sexuales en la ciudad, con 9.688 casos, y que la aparente reducción
en 2025 no debe interpretarse como un avance, sino como una comparación con un
año catastrófico. Además, denunció la falta de control sobre los contratistas
encargados de la prestación de servicios en jardines infantiles, como el caso
del Hogar Infantil Canadá, cuyo contratista maneja contratos por más de 5.967
millones de pesos en Bogotá, lo que requiere una supervisión rigurosa para
garantizar la seguridad y el bienestar de los niños
La Procuraduría General de la Nación solicitó información detallada a la
Secretaría de Educación sobre las medidas adoptadas para prevenir y atender la
violencia sexual en colegios públicos y privados, donde solo en el primer
trimestre de 2024 se registraron 1.664 casos de abuso en niños, niñas y
adolescentes. Se ha pedido además un reporte mensual de casos y la existencia de
protocolos específicos para abordar estas situaciones.
Frente a esta crisis, diversas entidades distritales han implementado acciones
para proteger a la niñez. La Secretaría de Integración Social lidera la
estrategia de Cero Tolerancia a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes,
que incluye la creación de un reporte único de casos y la ampliación de
comisarías de familia. La Secretaría de Educación desarrolla programas como
“Escuelas con Emociones”, con más de 19.000 acciones pedagógicas para prevenir
la violencia escolar y activar rutas de atención inmediata ante denuncias.
El concejal Sastoque y otros representantes políticos hacen un llamado urgente a
fortalecer la coordinación entre instituciones, mejorar la prevención y
garantizar la justicia para las víctimas
Fómeque: quebrada La Pastora se desbordó por
fallas en alcantarillado
En Fómeque, Cundinamarca, la quebrada La Pastora se desbordó debido al aumento
del caudal provocado por las intensas lluvias
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y a fallas en el
sistema de alcantarillado local, generando
una emergencia que afecta a la comunidad. Esta situación llevó a la activación
inmediata de los protocolos de atención por parte de las autoridades locales y
departamentales.
La emergencia en La Pastora se desarrolla bajo una alerta roja emitida por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para varias
cuencas hídricas del departamento, incluyendo las de los ríos Sumapaz,
Magdalena, Guayuriba, Río Negro, Humea y la cuenca baja del río Bogotá, así como
afluentes directos al Medio Magdalena entre los ríos Seco y Negro. Estas alarmas
responden al aumento significativo de los niveles de agua debido a las lluvias
persistentes que afectan a más de 45 municipios en Cundinamarca, con reportes de
deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas.
En particular, Fómeque es uno de los municipios afectados por crecientes
súbitas, que han dejado daños en viviendas, vías y cultivos, hasta el momento se
desconoce si existe afectaciones a viviendas. La temporada de lluvias actual es
una de las más intensas en años recientes, superando promedios históricos y
generando un alto riesgo para las comunidades ribereñas y zonas vulnerables.
Las autoridades han reforzado los planes de contingencia y hacen un llamado a la
ciudadanía para que mantenga la alerta, evite transitar por zonas de riesgo, y
reporte cualquier cambio en el terreno o en el caudal de los ríos a las líneas
de emergencia. También se recomienda mantener limpios los sistemas de desagüe y
alcantarillado para evitar obstrucciones que puedan agravar las inundaciones
Por otra parte, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informó que el río
Magdalena alcanzó los 5,20 metros en Puerto Salgar, una cifra crítica que se
aproxima al máximo histórico de 6 metros registrado en 2017. La creciente ya
provocó inundaciones en siete barrios y ha dejado al menos 113 familias
damnificadas.
Los municipios de Ricaurte, Girardot, Guataquí, Nariño, Beltrán, San Juan de
Rioseco y Guaduas también reportan afectaciones por desbordamientos, lo que ha
motivado la intervención inmediata del equipo departamental de Gestión del
Riesgo (RCUNDINAMARCA), en coordinación con las autoridades locales y la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
“La situación es crítica. Estamos actuando con prioridad para proteger la vida y
llevar asistencia inmediata a las comunidades afectadas”, señaló el gobernador
Rey, quien dio instrucciones para mantener la atención en los puntos de riesgo y
activar protocolos de respuesta rápida en todo el departamento.
Según el IDEAM, aunque mayo presentará precipitaciones dentro de los promedios
históricos (1991–2020), en junio se esperan déficits de lluvias del 10 % al 20 %
en el norte del departamento y superiores al 20 % en la mayor parte del
territorio, lo que podría generar nuevas condiciones de riesgo.
JEP imputa crímenes de guerra a cinco antiguos
integrantes de las Farc
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputa crímenes de guerra y de
lesa humanidad a cinco antiguos integrantes del Bloque Caribe (BCAR) de las
extintas FARC-EP por secuestros cometidos en los departamentos de Magdalena,
Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla. Los frentes de
esta estructura se ubicaron en dos subregiones del norte
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del país: en primer lugar, la Sierra Nevada de Santa Marta
y la Serranía del Perijá, que tiene frontera con Venezuela, y, en segundo lugar,
los Montes de María y La Mojana.
Los imputados en el marco del Caso 01, en el que se investigan los secuestros de
la antigua guerrilla, son:
Abelardo Colorado, conocido en las extintas FARC-EP como 'Solís Almeida'; Osmany
Landero, llamado en la guerrilla 'Hernando González'; Gilberto de Jesús Giraldo,
conocido como 'Aldemar Altamiranda'; Luis Cuadras Solórzano, quien se hacía
llamar 'Leonardo Guerra' o 'Leonardo Muñoz'; y Uriel Oviedo, conocido como
'Manuel Ortiz' o 'Mañe'.
Estos
comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad ante la justicia por el
crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes cometidos contra las
personas cautivas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la
dignidad personal, así como violencia sexual. También se les atribuye el crimen
de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes en medio
de los secuestros como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos
inhumanos, y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden
recibir amnistía o perdón judicial.
Para imputar a los máximos responsables de los secuestros y otros crímenes en el
marco del cautiverio en el Caribe colombiano, la Sala de Reconocimiento de
Verdad realizó una minuciosa contrastación. Este proceso incluyó el análisis de
informes de la Fiscalía, de las víctimas y de organizaciones civiles. Además, se
examinaron las versiones escritas y orales de 72 comparecientes de esta
estructura de las extintas FARC-EP, así como las observaciones que realizaron 56
víctimas sobre las versiones de los excombatientes ante la JEP y sobre el auto
No. 19 de 2021, en el que se imputó a siete antiguos integrantes del
secretariado por secuestro.
Esa contrastación permitió identificar que estos comparecientes de las FARC-EP
ejercieron liderazgo y mando sobre las decisiones del Bloque Caribe y de sus
frentes, columnas y compañías. Es decir, fueron determinantes a la hora de
materializar la política de privaciones de la libertad que desplegó el
Secretariado de las extintas Farc-EP en esa zona del país.
Es decir, los excombatientes imputados tenían control sobre su tropa y la
potestad de imponer disciplina a sus subalternos. Por ello, la Sala de
Reconocimiento de Verdad los halló responsables tanto por haber dado las órdenes
que llevaron a la comisión de secuestros y asesinatos, así como por no controlar
a la tropa cuando maltrató a quienes estuvieron en cautiverio.
El Bloque Caribe fue una de las estructuras de las antiguas FARC-EP que más
secuestros perpetró con fines extorsivos. Es responsable del 15% de los casos
cometidos por la antigua guerrilla en todo el país.
Reportan hostigamiento a batallón del Ejército de
Puerto Jordán
En medio de la creciente oleada de violencia en contra de las Fuerzas Armadas
del país, habitantes del municipio de Puerto Jordán, Arauca, denunciaron
hostigamientos al batallón del Ejército José María Mantilla, por parte de
hombres armados.
Los lugareños reportaron fuertes explosiones y constantes disparos durante la
noche de este martes, 6 de mayo, en la zona que delinquen guerrilleros del
Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Hasta el momento se desconocen las consecuencias del ataque armado, así como los
señalamientos sobre los perpetradores.
Este batallón fue el mismo que el pasado 17 de septiembre de 2024 fue atacado
por el grupo armado, dejando como saldo tres militares asesinados y 28 más
heridos.
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