Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal), señalados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia, que les impuso medida de aseguramiento en medio de un proceso por cohecho impropio y peculado por apropiación.

Los nombres de Name y Calle aparecieron en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes aseguran que los congresistas habrían recibido en total 4.000 millones de pesos —3.000 para Name y 1.000 para Calle— a cambio de facilitar el avance de proyectos del Gobierno en el Congreso. Esta situación los convierte en los primeros congresistas aforados capturados por este escándalo que sigue creciendo.

Más allá del impacto político y judicial, las detenciones abren un debate clave: ¿qué sucederá con sus curules en el Congreso? La respuesta está en la Constitución y en la Ley 1475 de 2011. En casos de delitos contra la administración pública, como ocurre aquí, se aplica la figura de la “silla vacía”. Es decir, esas curules no podrán ser ocupadas por otros miembros de sus partidos, lo que representa una pérdida directa de representación tanto para el oficialismo como para la oposición.

La norma es clara: si hay condena o incluso una vinculación formal con orden de captura por delitos dolosos contra el Estado, como ocurre en este caso, no hay posibilidad de reemplazo. Esto ya ha sucedido en el actual cuatrienio con Ciro Ramírez del Centro Democrático y Mario Castaño del Partido Liberal.

El senador Ariel Ávila fue enfático al señalar que su partido, la Alianza Verde, debería apartar de inmediato a los implicados y evitar que familiares o cercanos ocupen sus lugares en futuras listas. “Este escándalo nos exige asumir responsabilidades con contundencia”, dijo.

Con estas dos posibles sillas vacías, el Senado bajaría a 104 curules y la Cámara a 187. Más allá de los números, el caso revive la urgencia de depurar las prácticas políticas en Colombia y refuerza el clamor ciudadano por mayor transparencia en las instituciones.
 

Petro defiende millonario costo de consulta popular

El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate político tras pronunciarse sobre el elevado costo de la consulta popular que será evaluada por el Senado en los próximos días. Durante un encuentro con el registrador nacional, Hernán Penagos, el mandatario defendió con firmeza el mecanismo, estimado en un valor entre $700.000 y $750.000 millones.

Petro criticó duramente a quienes cuestionan la viabilidad económica de la consulta, calificándolos como personas con “una pobreza mental enorme”. A su juicio, frenar el proceso por razones fiscales sería un error. “Hay quienes dicen que no se debe hacer porque no estamos bien fiscalmente. ¡Qué barbaridad!”, expresó en tono enérgico.

El presidente aseguró que no hay obstáculos financieros para llevar a cabo la consulta. Según explicó, el dinero se obtendría mediante vigencias futuras y reubicación de partidas ya aprobadas en el presupuesto. Pero más allá del debate económico, insistió en que los beneficios sociales y económicos del proyecto que propone consultar al pueblo serían ampliamente superiores al gasto.
 

“El crecimiento del amor y la felicidad, el menor estrés, el aumento de la productividad y del mercado interno, son ganancias que, en el tiempo, superan en un millón de veces el costo presupuestal de la consulta”, aseguró. Para el jefe de Estado, la consulta es una inversión en bienestar que impactará profundamente a la sociedad colombiana.

El registrador Penagos, por su parte, detalló que el alto costo del mecanismo responde a la obligación logística de garantizar condiciones para que los más de 40 millones de ciudadanos habilitados puedan votar, independientemente de cuántos realmente lo hagan. “Da pesar gastar tanto dinero y que solo voten 400 o 500 mil personas, como ha pasado antes, pero no podemos prever eso”, explicó.

Asimismo, Penagos señaló que se están tomando medidas para reducir costos, como disminuir el número de mesas y aumentar la cantidad de votantes por cada una, aprovechando la infraestructura de elecciones pasadas.

La controversia por la consulta llega en un momento de tensión entre el Gobierno y sectores de la oposición, que consideran innecesario y desproporcionado el gasto en medio de una coyuntura fiscal compleja. No obstante, Petro insiste en que el bienestar social que promueve esta consulta no puede medirse solo en cifras.

Ahora, el balón está en la cancha del Senado. Si aprueban la iniciativa, los colombianos serán convocados a las urnas para decidir sobre una de las apuestas más ambiciosas del gobierno del presidente Petro.

Ciro Ramírez volvería al Senado para votar la consulta popular
 

El exsenador Ciro Ramírez podría regresar al Congreso en los próximos días, justo a tiempo para participar en la crucial votación sobre la consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La solicitud de reintegro ya fue radicada ante el Legislativo y, según fuentes del Congreso, su regreso es prácticamente un hecho.

Ramírez enfrenta un juicio por concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le concedió la libertad recientemente, al considerar que no representa un riesgo para el proceso judicial, lo que le permite continuar su defensa en libertad y retomar su curul.

La decisión de autorizar su reintegro está ahora en manos de la mesa directiva del Senado, liderada por Efraín Cepeda, del Partido Conservador. Aunque todavía está pendiente una decisión del Consejo de Estado sobre la pérdida de investidura del exsenador, no existe una condena en firme que impida su regreso.

Ramírez, perteneciente al Centro Democrático, se sumaría así a la bancada opositora que ya anunció su rechazo a la consulta popular. Con su voto, este bloque —que incluye a Cambio Radical— alcanzaría al menos 24 votos en contra, en un debate que se anticipa tenso y decisivo para las aspiraciones del Gobierno.

La votación está programada para el próximo martes, y su desenlace podría marcar el destino de una de las principales apuestas del presidente Petro. Mientras tanto, el regreso de Ciro Ramírez al Senado despierta tanto expectativa como polémica en el panorama político nacional.