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Pereira, Colombia - Edición: 13.487-1067

Fecha: Martes 13-05-2025

Policía incauta 130.000 dosis de cocaína camufladas en un cargamento de flores

En una operación sorpresa en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional incautó 52 kilos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 130.000 dosis, ocultas en un cargamento de flores con destino a Países Bajos. El hallazgo, que tuvo lugar la mañana del pasado lunes, confirmó la sofisticación de las redes criminales al sustituir los tallos de las rosas por tubos de plástico rellenos de droga.

Colombia, segundo exportador de flores, moviliza anualmente tallos hacia Europa y América, industria que enfrenta un desafío. A pesar de los rigurosos controles fitosanitarios, la modalidad de camuflaje sorprendió a los agentes.

La acción, realizada en el marco del denominado Plan Pétalo, involucró a uniformados especializados que inspeccionaban pieza por pieza la carga florícola. “Encontramos cilindros plásticos en el interior de los tallos, completamente llenos de clorhidrato de cocaína”, explicó el coronel Julián Pérez, subdirector de la unidad. El valor estimado de la mercancía ilícita supera los 1,2 millones de euros en el mercado europeo.

Este resultado se suma a las más de 156 toneladas de cocaína decomisadas por la Dirección Antinarcóticos desde el inicio de su gestión, cifra que alimenta las estadísticas entregadas por el Ministerio de Defensa durante el consejo de ministros celebrado el pasado cinco de mayo. En lo que va de periodo, se reportan 2.142,799 kilogramos incautados entre el siete de agosto de 2022 y el primero de mayo de 2025.

Además, un día antes, en Maicao (La Guajira), las autoridades desarticularon un centro de acopio donde aseguraron 403 kilos de la misma sustancia. La operación conjunta con la Fiscalía, la DEA y el Ejército Nacional demostró el alcance internacional de las investigaciones. Según las diligencias, la droga provenía del Catatumbo y tenía como ruta Estados Unidos, a través de República Dominicana, con un valor aproximado de 14 millones de dólares.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de desmantelar las organizaciones criminales que utilizan métodos cada vez más complejos para traficar estupefacientes. “Seguiremos trabajando sin tregua para garantizar la seguridad de la ciudadanía y coordinar esfuerzos con aliados internacionales”, concluyó el coronel Pérez.

Uniformado herido en ataque explosivo contra estación de Policía en El Tarra

El domingo 11 de mayo en la noche, una granada estalló frente a una garita de la estación de Policía en El Tarra, municipio del Catatumbo en Norte de Santander, dejando a un agente gravemente herido y generando alarma en la comunidad local. Testigos relatan que el estruendo retumbó a varios metros de distancia, mientras una columna de humo y fragmentos metálicos provenientes de la explosión se esparcían por la vía de acceso al casco urbano.

Según el reporte inicial de las autoridades, el efectivo lesionado presentó heridas de consideración por esquirlas en extremidades y torso, por lo cual fue trasladado de urgencia a un centro médico regional. Otros uniformados que cumplían guardia resultaron con contusiones leves y recibieron atención en el mismo puesto policial. A pesar de los daños materiales

registrados en la garita y en una carpintería contigua, no se reportaron víctimas fatales.

La población mantiene un sentimiento de intranquilidad ante la posibilidad de nuevos atentados en la zona, donde la presencia de grupos armados ilegales ha recrudecido la violencia en los últimos meses. Aunque ningún colectivo se ha atribuido el ataque, las autoridades declararon alerta máxima y establecieron un cerco de seguridad para proteger a los residentes y garantizar la integridad del personal policial.

El Tarra forma parte de una de las regiones más conflictivas de Colombia, donde operan disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en disputas por corredores de narcotráfico y rutas de suministro hacia Venezuela y el mar Caribe. Según la Defensoría del Pueblo, la confrontación ha provocado el desplazamiento forzado de más de sesenta mil personas y el confinamiento de comunidades sin acceso a alimentos ni servicios básicos.

El informe oficial también documenta un aumento en casos de reclutamiento forzado, extorsiones y hostigamientos a la población civil, que vive bajo presión y miedo constantes. Líderes locales han solicitado con insistencia que el Estado refuerce su presencia en el territorio y ofrezca garantías reales de protección. Por su parte, el Gobierno nacional mantiene la declaratoria de conmoción interior en varios municipios para facilitar operaciones de las fuerzas de seguridad.

Ahora, las investigaciones continúan con reserva mientras analistas de seguridad advierten que la escalada de violencia podría empeorar si no se refuerza la cooperación entre autoridades locales y el Gobierno nacional.

Semana clave en el juicio contra Álvaro Uribe: Arrancan testimonios de la defensa

El juicio a Álvaro Uribe entró en una semana decisiva con las declaraciones de los primeros testigos de la defensa. El pasado lunes 12 de mayo, la Corte Suprema de Justicia reanudó la etapa testimonial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal. A las 8:30 de la mañana, Mario Uribe Escobar, primo del exmandatario, se sentó ante el estrado para relatar cómo se estableció el vínculo entre Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena, conocido en el proceso como el “aboganster”.

Según el testimonio de Mario Uribe, el encuentro inicial con Cadena tuvo lugar en febrero de 2017, en el centro comercial El Retiro de Bogotá. Fue allí donde sus abogados de confianza, Hugo Ramírez y José Manuel Rodríguez, presentaron al “aboganster” ante él y, posteriormente, ante Uribe Vélez en la casa del expresidente. “Me dijo que tenía información delicada sobre declaraciones en cárceles de Estados Unidos que podría interesar al doctor Uribe”, aseguró. Uribe Escobar admitió que solo facilitó el contacto, pero negó haber participado en detalles de las supuestas maniobras.

Más tarde, el senador Honorio Henríquez narró su papel en una reunión celebrada en la Fiscalía General de la Nación de 2017, donde acompañó a Uribe Vélez ante el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Henríquez explicó que Cadena había entregado comunicaciones apostilladas con datos de exparamilitares y solicitó la cita para poner la información en conocimiento del fiscal. Aclaró que no tuvo relación directa con Cadena ni comentó con él las pesquisas: “Lo conocí cuando acudió a llevar esas comunicaciones, pero nunca hablé de los asuntos con él”.

En otra intervención, el abogado Hugo Ramírez, defensor de Mario Uribe Escobar en 2015, confirmó la existencia de un encuentro entre Rodríguez Torres y Cadena en 2017, en el cual este último quiso transmitir información sensible. Ramírez

contó que le pidió a Cadena no compartir detalles delicados y se limitó a facilitar el contacto con Uribe Escobar. “Jamás me he reunido a solas con el doctor Uribe para tratar estos temas”, enfatizó.

La defensa había anunciado la ausencia de Santiago Uribe Vélez como testigo y la llegada diferida de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, quien declarará el miércoles. Esta semana se completan las presentaciones de la jornada 38, que buscan desmontar la acusación de la Fiscalía contra el expresidente.

Con estas intervenciones, la estrategia de la defensa apunta a restar credibilidad a la Fiscalía, subrayando la falta de pruebas directas de sobornos y la naturaleza informal de los encuentros con Cadena. Para los analistas, el juicio cobra un tono político, pues Uribe Vélez aprovecha su legado y su red de allegados para demostrar que ninguna conducta ilícita tuvo lugar.

La Corte Suprema continuará con esta fase testimonial hasta el viernes, cuando se prevé recibir las últimas declaraciones de la defensa. Tras esto, se abrirá la etapa de conclusiones, en la que fiscales y abogados debatirán si hay méritos suficientes para llevar a sentencia al expresidente.

En este marco, el abogado defensor Jaime Granados afirmó que la justicia debe primar la presunción de inocencia. “Nuestro equipo legal ha demostrado que las acusaciones se basan en conjeturas”, dijo. Seguiremos atentos al proceso, donde cada testimonio podría inclinar la balanza. Este juicio, que acapara la atención del país, marcará un precedente en la política colombiana.

Freddy Castellanos fue capturado disfrazado mientras planeaba huir de Bogotá

La captura de Freddy Castellanos, el hombre acusado de abusar sexualmente de al menos tres menores en un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá, reveló detalles escalofriantes. Con 36 años y una década ejerciendo como docente, Castellanos intentó evadir la justicia disfrazado con gorro, bufanda y gafas, pero fue detenido en Bosa tras una intensa búsqueda de tres días que involucró a más de 35 investigadores.

Según la Fiscalía, Castellanos aprovechó su rol como cuidador en el Hogar Infantil Canadá sede F, en San Cristóbal, para someter a los niños a actos sexuales bajo el pretexto de juegos. El caso salió a la luz cuando una niña de tres años le contó a su madre que el hombre "le daba besos en la boca y en sus partes íntimas". Otras dos familias presentaron denuncias, lo que llevó al cierre preventivo del centro y a la reubicación de los menores.

La huida frustrada

Castellanos, imputado por acceso carnal violento agravado y actos sexuales con menores de 14 años, intentó esconderse en la casa de una amiga en el sur de Bogotá. "Creemos que ella no sabía que lo buscábamos por estos delitos", explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana. Las autoridades rastrearon sus redes sociales y entorno familiar antes de ubicarlo. En un video de su captura, se lo ve tembloroso, cubriéndose el rostro mientras declina su identidad antes de ser esposado.

El ICBF activó un plan de acompañamiento psicosocial para las familias afectadas, que estiman podrían ser 12 los niños víctimas. Mientras la Fiscalía analiza más denuncias, la directora Astrid Cáceres reiteró el compromiso de proteger a los menores. Este caso se suma a otros escándalos similares que han obligado al cierre de hogares comunitarios en Santander y Risaralda, evidenciando fallas en los filtros de contratación.

La sociedad exige respuestas. ¿Cómo pudo un presunto abusador trabajar una década con niños? Mientras Castellanos enfrenta su proceso en La Modelo, las heridas de las víctimas y la desconfianza en las instituciones persisten.

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