Lo que busca prohibir el proyecto de Ley sobre
financiación de campañas

De acuerdo con el objetivo del proyecto se busca corregir algunos de los
principales problemas identificados por el Consejo Nacional Electoral en
cumplimiento de su función constitucional de velar por el desarrollo de los
procesos electorales en condiciones de plenas garantías.
Con el objetivo de tener elecciones cada vez más transparentes, el proyecto
modifica parcialmente las normas vigentes sobre financiación de las campañas,
rendición pública de cuentas e inscripción de candidatos.
La primera prohibición tiene que ver con el uso de dinero en efectivo en el cual
se señala que: "Las contribuciones, donaciones y créditos en dinero para la
financiación de las campañas electorales previstos en el artículo 20 de esta
ley, deberán realizarse mediante transacciones bancarias en entidades
financieras legalmente autorizadas".
"Se prohíben los aportes y cualquier tipo de manejo de dinero en efectivo para
el desarrollo de las campañas", añade.
El otro punto que se piensa adicionar es el de la presentación de informes de la
etapa de recolección de firmas. "Dentro de los 5 días siguientes a la
inscripción de las candidaturas, el comité inscriptor de los grupos
significativos de ciudadanos presentará el informe consolidado de ingresos y
gastos de la etapa de recolección de firmas. En caso de no haber formalizado la
inscripción de las candidaturas, el comité inscriptor deberá entregar el informe
a más tardar el último día de inscripción de candidatos. Al informe de ingresos
y gastos de campaña de que trata el presente artículo, los grupos significativos
de ciudadanos deberán presentar en anexo separado el informe sobre la
financiación de la etapa de recolección de firmas", indica el texto del
proyecto.
Otros senadores autores de la iniciativa son Miguel Uribe Turbay, Paola Andrea
Holguín Moreno, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Josué
Alirio Barrera Rodríguez, Enrique Cabrales Baquero, María Fernanda Cabal y José
Vicente Carreño.
Rechazan recusación de la CUT contra el magistrado
Jorge Ibáñez

La Corte Constitucional de Colombia resolvió rechazar la recusación presentada
por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contra el
magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, dentro del proceso D-15.989, que estudia
demandas contra la Ley 2381 de 2024, también conocida como la reforma pensional.
La decisión se adoptó mediante el Auto 599 de 2025, aprobado por la Sala Plena y
con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero.
La recusación de la CUT se sustentaba en tres argumentos principales: que el
magistrado Ibáñez habría conceptuado anticipadamente sobre la constitucionalidad
de normas demandadas, que tendría un interés patrimonial en la decisión por
estar dentro del grupo poblacional potencialmente beneficiado por el artículo 76
de la reforma, y que expresaba un interés moral incompatible con la
imparcialidad exigida.
Estos argumentos se derivaban de
declaraciones que el magistrado ofreció en una entrevista radial concedida el 3
de marzo de 2025, donde expresó su intención de no
solicitar pensión,
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pese a cumplir requisitos para ello.
Sin embargo, la Sala Plena concluyó que ninguna de las causales alegadas cumplía
con los requisitos exigidos por la ley. En relación con la supuesta opinión
anticipada sobre la norma, la Corte consideró que las declaraciones del
magistrado fueron personales y de carácter autobiográfico, sin aludir de forma
directa, concreta o específica a la constitucionalidad del artículo demandado.
Las manifestaciones, según el fallo, no implicaban un pronunciamiento jurídico
previo que comprometiera su imparcialidad.
Respecto al presunto interés patrimonial, la Corte precisó que no basta con que
exista una norma potencialmente aplicable al magistrado. En este caso, el hecho
de que Ibáñez pueda optar por trasladarse a Colpensiones no configura por sí
mismo un interés actual y directo, más aún cuando él mismo afirmó públicamente
su decisión de no acogerse a dicha opción, pese a haber sido notificado por
Colpensiones de su derecho al traslado.
En cuanto al argumento del interés moral, la Sala enfatizó que las opiniones
personales del magistrado sobre su vida laboral o su rechazo individual a la
pensión no reflejan una afectación de su fuero interno que comprometa su
capacidad para decidir conforme al Derecho. Para que una recusación prospere
bajo esta causal, debe demostrarse que existe un grado de involucramiento
emocional o ético que impida al magistrado aplicar la Constitución de manera
objetiva, lo cual no quedó acreditado.
La Corte también rechazó una recusación similar presentada por el ciudadano
Edwin Arnold Moreno Castiblanco, por considerar que carecía de legitimación, ya
que no intervino oportunamente en el proceso como impugnador o defensor de la
norma durante el término de fijación en lista, tal como lo exige la
jurisprudencia constitucional.
En consecuencia, la Corte Constitucional resolvió rechazar ambas recusaciones
por falta de pertinencia. Contra esta decisión no procede ningún recurso. El
fallo ratifica la vigencia del principio de independencia judicial y establece
límites claros al uso de recusaciones como herramienta para interferir en
procesos constitucionales en curso.
"Colombianos pagamos repatriación de Irene Vélez":
Andrés Forero

Una nueva denuncia se hizo contra la exministra de Minas Irene Vélez, quien fue
designada como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
La queja proviene de nuevo del
Centro Democrático esta vez del congresista Andrés Forero
Vélez tras ser designada al frente de la ANLA tuvo que dejar su cargo de
Consejera de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
De acuerdo con Forero la señora Irene Vélez, al ser designada como nueva
directora de la ANLA, no renunció al cargo que tuvo durante menos de un año en
el Consulado del Reino Unido, sino que logró que la retiraran del servicio.
"Con esta jugadita, la señora Irene
Vélez y la Cancillería están haciendo que los colombianos tengamos que pagarle
la repatriación, los tiquetes y viáticos, hasta por 92 millones de pesos, a una
persona a la que le correspondía renunciar", explicó a través de un video
publicado en sus redes, Forero.
"Y que no lo hizo porque, como no tenía un año de servicio consular, le
correspondía a ella asumir esos costos"., puntualizó el representante.
Según señalan los decretos, el
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nombramiento de Vélez como directora
de la ANLA se hizo el 21 de marzo de 2025, es decir, antes de su salida formal
del consulado, que se produjo el 10 de abril.
De acuerdo con la suma presentada, los recursos públicos destinados a la
repatriación de la exministra y su grupo familiar ascendieron a 14.416 dólares y
9.881.954 pesos, más tiquetes por 20.263.000 pesos.
No es la primera denuncia que se hace sobre el nombramiento de Vélez en esta
entidad; la senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal, había
informado que la exministra realizó uno cambios en los perfiles requeridos para
algunos cargos que estarían relacionados con el interés de facilitar el
nombramiento de profesionales que no cumplen con la formación técnica
especializada que tradicionalmente exige esta entidad.
Igualmente, la Procuraduría había llamado a juicio disciplinario a Irene Vélez,
por presuntamente aprovecharse de su cargo, cuando fue ministra de Minas para
gestionar la salida del país de sus dos hijos, pese a no tener el permiso para
hacerlo.
Colombia firmará su adhesión a la Ruta de la Seda:
Petro desde China

Durante su visita oficial a China, el presidente Gustavo Petro anunció que
Colombia firmará su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también
conocida como la Ruta de la Seda, un ambicioso plan de integración global
promovido por el Gobierno chino.
El anuncio fue hecho durante una declaración a medios de comunicación en la que
el mandatario también destacó el papel protagónico que busca para Colombia en la
transformación digital del planeta.
“Vamos a firmar la adhesión a la Ruta de la Seda. Tanto América Latina como
Colombia somos libres, soberanos, independientes, y las relaciones que
establecemos con cualquier pueblo del mundo deben darse en condiciones de
libertad e igualdad”, afirmó el jefe de Estado, quien actualmente ejerce también
la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac).
La visita hace parte de una agenda diplomática más amplia que incluye la
participación del mandatario en la IV Reunión Ministerial del Foro China-Celac.
“Por nuestra posición geográfica, queremos que América Latina sea el corazón del
mundo social, político y económico. Y Colombia, por su condición interoceánica
con Panamá, puede jugar un papel aún más central”, subrayó el Jefe de Estado, al
mencionar también la posibilidad de realizar encuentros similares con Estados
Unidos. Con la Unión Europea, el bloque latinoamericano, que agrupa 33 países,
tiene programada su cumbre para noviembre de este año en Santa Marta.
El mandatario insistió en que su visión para el país incluye el desarrollo de
infraestructura tecnológica de punta que permita conectar a Colombia, a través
de fibra óptica submarina, con Asia y Europa. En ese contexto, planteó que
territorios históricamente excluidos, como San Andrés, Buenaventura y Zipaquirá
podrían convertirse en nodos de producción tecnológica y de servicios digitales
globales, facilitando el acceso de los jóvenes a empleos vinculados a la
inteligencia artificial.
“El objetivo es que nuestra juventud no tenga que buscar salidas ilegales, sino
que pueda ganar dinero desde sus territorios, trabajando en aplicaciones y
plataformas digitales”, expresó.
El presidente Petro cerró su intervención con una visión ambiciosa: convertir a
Colombia en el epicentro de una nueva humanidad conectada, basada en la paz, el
conocimiento y la tecnología. “La infraestructura para la inteligencia
artificial debe estar bajo control de la humanidad. Colombia puede ser el
corazón del mundo”, concluyó.
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