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Tigo, multada con $2.030 millones por dejar
incomunicados a usuarios que cambiaron de operador
En un duro golpe a su reputación, la empresa de telecomunicaciones Tigo fue
sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con una multa
de $2.030 millones, tras comprobarse que bloqueó, de manera sistemática, las
llamadas hacia y desde números portados —usuarios que habían decidido cambiar de
operador manteniendo su número telefónico—.
La medida responde a una falta grave: Tigo no actualizó debidamente sus bases de
datos de portabilidad numérica, lo que generó que muchas llamadas simplemente no
llegaran a su destino. Para los afectados, la consecuencia fue clara: quedarse
incomunicados sin entender por qué sus líneas, aún activas, no recibían
llamadas.
“Los usuarios tienen derecho a cambiarse de operador sin que eso afecte su
conectividad. Ese es el corazón de la portabilidad numérica”, explicó un vocero
de la SIC, recordando que este mecanismo está vigente en Colombia desde 2011.
La alerta inicial no solo vino de usuarios frustrados, sino también del operador
Claro, que detectó fallas reiteradas en el tráfico de voz desde Tigo hacia
números que habían migrado a su red. La investigación reveló una omisión
empresarial estructural y negligente, incompatible con el deber de neutralidad
en el enrutamiento de llamadas.
En un mercado donde Claro, Movistar y Tigo concentran casi el 90 % del tráfico
móvil, este tipo de prácticas no solo afectan al usuario individual, sino que
distorsionan las reglas de competencia.
La sanción marca un precedente importante y envía un mensaje claro al sector: la
libertad de elegir operador debe ir acompañada de garantías reales de
comunicación. Para los usuarios, se trata de algo más que tecnología: es su
derecho a estar conectados.
Emergencia en La Mojana: Más de tres mil
damnificados por nuevas inundaciones
La tragedia se repite una vez más en La Mojana. Las lluvias que no cesan y el
desbordamiento del río Cauca volvieron a golpear con
fuerza esta región del sur de Sucre, dejando más de tres mil personas
damnificadas y alrededor de 35 mil hectáreas de cultivos —principalmente de
arroz— bajo el agua.
La emergencia se desató cuando las aguas superaron el nivel del Caño Rabón, en
zona rural del municipio de Guaranda. Los corregimientos de El Jardín y Nueva
Esperanza son los más afectados, y su
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situación llevó al
alcalde Nolberto Beltrán Blanco a declarar la alerta roja y a preparar a sus
comunidades para una posible evacuación.
“Las aguas coparon todas las zonas
cultivadas”, lamentó el mandatario, quien reconoció que la capacidad de atención
del municipio ha sido superada. En un llamado urgente al Gobierno Nacional,
pidió ayuda inmediata para enfrentar una situación que, según sus palabras, “ya
no da espera”.
Mientras tanto, la vida en las comunidades rurales ha quedado en pausa. Las
clases fueron suspendidas en todas las escuelas del área afectada, dejando sin
educación temporal a cientos de estudiantes. Padres y docentes coinciden en que
no hay condiciones para seguir con el calendario escolar mientras persista la
emergencia. Aunque inicialmente la suspensión irá hasta el 16 de mayo, es
probable que se extienda.
La situación también afecta a los municipios de Majagual, Sucre y La Villa de
San Benito Abad, donde el avance de las aguas del Cauca y el San Jorge amenaza
con incomunicar completamente a la región. En la vía entre Majagual y San
Marcos, el agua corre a ambos lados y la carretera está a punto de colapsar.
Francisco Gómez Osorio, exalcalde de Majagual, advirtió sobre un posible
taponamiento que estaría agravando las inundaciones: “Aquí hay algo que impide
que el agua fluya. No es natural que todo esté seco más abajo y La Sierpe esté
completamente inundada”. Sus declaraciones insinúan una intervención humana
detrás del fenómeno.
Mientras tanto, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo trabaja en la
ampliación del Canal de La Esperanza, apostando a que esta obra alivie el drama
de una región que lleva años sumergida en el olvido... y en el agua.
Tragedia en la vía Medellín–Quibdó: Un muerto y
cierre total por nuevo deslizamiento
Una nueva tragedia enluta a los viajeros que transitan por la vía Medellín–Quibdó.
En la madrugada del martes 13 de mayo, un deslizamiento de tierra ocurrido entre
el kilómetro 38 y el 47 cobró la vida de Nelson Jiménez, conductor de un
vehículo que quedó sepultado bajo toneladas de lodo. Otras dos personas que lo
acompañaban fueron rescatadas con vida y trasladadas a un centro asistencial en
el municipio de Carmen de Atrato.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó la emergencia y pidió
a la ciudadanía evitar desplazamientos por esta carretera, altamente inestable
debido a la saturación de los suelos por las fuertes lluvias de las últimas
horas. “La situación es crítica. Los organismos de socorro siguen trabajando,
pero las condiciones no son seguras”, expresó.
El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) informó que el deslizamiento fue de gran
magnitud y se produjo por el colapso de un talud, lo que dejó completamente
inhabilitado el paso entre los sectores El 18 y Las Toldas. A esta emergencia se
suman inundaciones en el kilómetro 17, en Tutunendo, que
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afectaron viviendas, así como la pérdida de banca en el kilómetro
36, cerca de Remolinos.
Lo alarmante es que este nuevo derrumbe ocurrió en el mismo punto donde, el 12
de enero del año pasado, un alud sepultó varios vehículos y causó la muerte de
al menos 39 personas. Esa tragedia evidenció la falta de infraestructura
adecuada y la urgencia de obras que mitiguen los riesgos en esta zona crítica
del país.
Mientras tanto, los habitantes de la región y quienes dependen de esta vía para
su movilidad siguen enfrentando un panorama incierto, marcado por el miedo y la
impotencia frente a una carretera que, más que conectar, está cobrando vidas.
Ampliación de la Autonorte sigue en pausa: ANLA
otorga nueva prórroga de 60 días
El proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, una de las obras
clave para mejorar la movilidad hacia el norte del país, deberá seguir
esperando. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una
nueva prórroga de 60 días hábiles a la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S.,
encargada del proyecto conocido como Accesos Norte Fase II, con el fin de que
entregue información técnica adicional requerida durante el proceso de
evaluación ambiental.
Esta es la segunda prórroga otorgada, y el nuevo plazo busca que se ajusten
aspectos clave como la conectividad ecológica entre los humedales Torca y
Guaymaral, el manejo de hábitats sensibles, el sistema de drenaje y el control
de residuos. La zona de intervención incluye, además, áreas de alto valor
ambiental como la Reserva Thomas van der Hammen, lo que ha generado una atención
especial por parte de las autoridades y ciudadanía.
“La concesionaria debe proponer soluciones que realmente integren el desarrollo
vial con la protección del entorno”, afirmó Irene Vélez Torres, directora de la
ANLA. Según explicó, este territorio no puede entenderse solo desde la lógica de
la infraestructura, sino también desde su riqueza ambiental.
Aunque el proyecto busca aliviar la congestión vehicular en la Autopista Norte y
la Carrera Séptima, también ha levantado preocupación por los posibles impactos
sobre ecosistemas frágiles y redes de servicios públicos, como la tubería
Tibitoc–Casablanca. Este último aspecto aún está bajo evaluación por parte de la
Empresa de Acueducto de Bogotá.
Desde el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
han reiterado su respaldo al proyecto, insistiendo en su valor estratégico para
conectar Bogotá con Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Sin embargo, el
inicio de las obras depende de que se cumplan con todos los requerimientos
técnicos y ambientales.
Por ahora, la ampliación sigue en etapa preoperativa y la ANLA continúa
evaluando el Estudio de Impacto Ambiental bajo estrictos criterios legales y
técnicos. La expectativa es que, con esta prórroga, se logren entregar las
respuestas necesarias que permitan avanzar sin comprometer los valores
ecológicos de la zona.
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