|
Una banda desarticulada y 35 capturados tras
intensos operativos de seguridad en Pereira
La capital risaraldense vivió un fin de semana marcado por una ofensiva policial
sin precedentes. En medio de una estrategia de seguridad que empieza a
consolidarse, las autoridades reportaron la captura de 35 personas por distintos
delitos y la desarticulación de una peligrosa banda dedicada al hurto de alto
valor, proveniente del Valle del Cauca.
El balance, presentado el lunes por la Secretaría de Gobierno de Pereira y la
Policía Metropolitana, fue calificado como exitoso. Según informó el secretario
Jorge Mario Trejos Arias, los operativos de seguridad en Pereira no solo dejaron
detenidos, sino también incautaciones por millones de pesos, además de armas,
drogas y tecnología utilizada por estructuras criminales.
Uno de los golpes más relevantes se dio en el sector de Nacederos, donde fue
intervenido un inmueble que funcionaba como centro logístico para actividades
ilegales. Allí se encontraron radios de comunicación, dinero en efectivo y otros
elementos clave para las investigaciones. Paralelamente, en vía pública, fueron
capturados alias "Arrubla" y otro individuo, presuntamente implicados en
homicidios recientes. En su poder se hallaron 140 dosis de bazuco, un indicio
claro del avance del microtráfico en la ciudad.
“Esta es una señal contundente: en Pereira no hay espacio para los
delincuentes”, afirmó Trejos, quien además destacó el papel articulado de la
Policía, el CTI y la Fiscalía en el éxito de estos operativos. La consigna es
clara: ejercer autoridad más allá del discurso.
También se celebró la entrega de 400 radios de última tecnología, con una
inversión de 5.600 millones de pesos, lo que fortalece la capacidad de respuesta
de los uniformados en toda el área metropolitana.
La comandante de la Policía Metropolitana, general Yurian Romero Murte, ratificó
que esta ofensiva no se detendrá. “Nuestro compromiso es permanente, trabajamos
por recuperar cada calle de Pereira”, dijo.
La ciudadanía, por su parte, ha respondido con apoyo visible en redes sociales,
pidiendo que estas acciones se mantengan. Para muchos, esta es la señal que
esperaban: que la seguridad vuelva a ser una realidad y no una promesa
incumplida.
Ocho nuevas imputaciones a miembros de la UNGRD
por desvío de $100.000 millones
La Fiscalía General de la Nación continúa estrechando el cerco judicial
alrededor del escándalo de corrupción que envuelve a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con la
imputación de cargos a ocho nuevos implicados. Se trata de una red que, según
las investigaciones, habría direccionado millonarios
contratos a cambio de sobornos, afectando gravemente los recursos destinados
|
|
a la atención de emergencias en el
país.
Entre los nuevos procesados figura César Manrique Soacha, exdirector del
Departamento Administrativo de la Función Pública, quien será imputado por
concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación e interés indebido
en la celebración de contratos. Su nombre aparece en el núcleo de las decisiones
que permitieron el desvío de cerca de $100.000 millones de un convenio entre la
UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
También enfrentará cargos el abogado Édgar Riveros Rey, señalado de participar
en la estructuración jurídica del entramado, al igual que contratistas como
Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, quienes prestaban
servicios a la UNGRD. Los delitos que se les imputan van desde peculado hasta
falsedad documental.
La lista se completa con representantes de la Corporación Mixta Yapurutú y otros
funcionarios del Estado. Según el ente acusador, todos habrían participado
activamente en el redireccionamiento de contratos relacionados con plantas
desalinizadoras, tanques de almacenamiento y otras obras destinadas teóricamente
a atender emergencias en regiones vulnerables del país.
El entramado, según la Fiscalía, fue coordinado por Olmedo López, exdirector de
la UNGRD, junto a Luis Carlos Barrero Gantiva, exsubdirector de conocimiento de
la entidad. Ambos habrían pactado con Manrique Soacha el traslado irregular de
los recursos y su posterior adjudicación a empresas cercanas, a cambio de
jugosas comisiones.
La Fiscalía solicitará prisión preventiva para los ocho nuevos imputados. Con
estas acciones, la entidad avanza en la judicialización de una de las tramas de
corrupción más graves de los últimos años en el país, cuyo impacto no solo es
económico, sino profundamente social.
Sargento murió incinerado tras ataque de
disidencias en Caquetá
La violencia volvió a golpear al sur del país. El martes, el Ejército Nacional
confirmó la trágica muerte del sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros
Maigual, quien perdió la vida calcinado en un ataque perpetrado por disidencias
de las FARC en zona rural de Caquetá.
El hecho ocurrió el pasado lunes 12 de mayo, cuando un grupo armado interceptó
un bus intermunicipal que cubría la ruta entre San Vicente del Caguán y Puerto
Rico. Según el reporte oficial de la Décima Segunda Brigada, los hombres
obligaron a los pasajeros a descender y luego incendiaron el vehículo,
rociándolo con gasolina.
Cisneros, quien se desplazaba de civil y no logró salir del automotor a tiempo,
quedó atrapado en medio de las llamas. Su identidad fue confirmada tras labores
forenses adelantadas en coordinación con otras autoridades. Su muerte ha
generado profundo pesar dentro de la institución y entre sus compañeros de
armas.
El Ejército rechazó enérgicamente lo ocurrido, calificando el ataque como una
violación grave a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
“La pérdida de uno de nuestros suboficiales en estas condiciones nos duele
profundamente. No descansaremos hasta dar con los responsables”, afirmó un
portavoz militar.
Tras el atentado, se activaron los
dispositivos de seguridad en la zona del sector Riecito,
|
|
vereda Morro Seco, y se iniciaron acciones judiciales para
investigar y judicializar a los responsables.
El asesinato del sargento Cisneros, en un contexto de creciente inseguridad en
el sur del país, pone en evidencia la persistencia del accionar violento de los
grupos armados ilegales, que continúan atentando contra la población civil y la
Fuerza Pública, desafiando los esfuerzos por alcanzar la paz en los territorios
más afectados por el conflicto.
Tatiana Hernández: Un mes de angustia que expone
la grave crisis de desapariciones en Cartagena
El 13 de mayo se cumplió un mes desde la desaparición de Tatiana Hernández, una
joven estudiante de medicina de 23 años cuyo rastro se perdió en las playas de
Bocagrande, en Cartagena. La incertidumbre sobre su paradero ha dejado a su
familia sumida en la desesperación, mientras el caso se convierte en símbolo de
una problemática que crece en silencio: las desapariciones forzadas en la
ciudad.
Tatiana se encontraba en su año rural en el Hospital Naval y, según las
versiones iniciales, su desaparición podría haber sido producto de un accidente
en el mar. Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva por parte de la Armada
Nacional en más de 12.500 kilómetros cuadrados, no se encontró ninguna prueba de
que hubiera ingresado al agua. Ante esto, la familia sostiene otra hipótesis.
“Tatiana no está muerta. A Tatiana se la llevaron. Y la vamos a encontrar”,
sentenció el abogado Antonio Hernández Torres, quien representa legalmente a los
familiares de la joven. Para ellos, se trata de un posible secuestro. Y no están
solos en su preocupación: Cartagena ha registrado 147 desapariciones desde 2019,
y más del 80 % permanecen sin resolver.
La mayoría de las víctimas están entre los 20 y 39 años, un patrón que ha
encendido las alertas entre organizaciones de derechos humanos y veedurías
locales. Érick Urueta, de la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena, insiste
en que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno que requiere atención
urgente. “Es alarmante que las personas desaparezcan y no haya respuestas. No
hay coordinación entre las instituciones, y las investigaciones se diluyen con
el tiempo”, señaló.
El fenómeno parece agravarse con los años. En 2022 hubo 32 desapariciones; en
2023, 33; y en 2024, al menos 35. En lo que va de 2025 ya se reportan cuatro,
incluida la de Tatiana. La ciudad, además, encabeza la lista de territorios con
menor porcentaje de casos resueltos: solo el 17 %.
La situación se ve agravada por la presencia de grupos criminales que operan en
zonas costeras y rurales. Luis Fernando Trejos, experto en seguridad, advierte
que el puerto, el turismo y la cercanía al Caribe convierten a Cartagena en un
punto vulnerable para el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades
ilícitas. “La desaparición se ha convertido en una herramienta de castigo en el
mundo criminal”, aseguró.
La familia de Tatiana ha solicitado una audiencia urgente con el ministro de
Defensa, exigiendo respuestas y acciones concretas. Mientras tanto, la
ciudadanía mantiene viva su imagen y reitera un llamado colectivo: que Tatiana
aparezca y que Cartagena deje de ser una ciudad donde tantos simplemente
desaparecen.
Si usted tiene información sobre Tatiana Hernández, puede comunicarse a los
teléfonos 123 (Policía), 122 (Fiscalía) o a las líneas 3214732045, 3225072370 y
3233190810.
|
