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Deuda de las
EPS’s tienen en vilo a los hospitales en Risaralda
Una
tormenta financiera sacude con fuerza a la red hospitalaria pública
de Risaralda. Más de $350.000 millones adeudados por las EPS
mantienen en vilo a los hospitales del departamento, que advierten
sobre un inminente colapso de sus servicios. El Hospital
Universitario San Jorge de Pereira, el más importante de la región,
es el más afectado: carga con una deuda de $183.000 millones, una
cifra que compromete seriamente su operatividad.
La situación fue revelada por Olga Lucía Zuluaga, directora
ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (AIS),
quien con visible preocupación advirtió que esta crisis financiera
está poniendo en jaque la atención médica de miles de risaraldenses.
“Estamos hablando de vidas humanas. Si esto no se resuelve pronto,
muchas personas podrían quedar sin acceso a servicios médicos
esenciales”, señaló Zuluaga.
Las causas de esta emergencia están ligadas al reiterado
incumplimiento de pagos por parte de las Entidades Promotoras de
Salud. Las deudas acumuladas incluyen valores pendientes incluso del
primer trimestre de 2025, lo que agrava el panorama. Entre las EPS
que más deben figuran Pijao Salud, Coosalud, Nueva EPS y AMBUQ.
Javier Alejandro Gaviria Murillo, gerente del Hospital San Jorge,
evocó un amargo recuerdo: “Es un escenario parecido al del año 2000,
cuando nos vimos obligados a una reestructuración profunda. Pero hoy
la crisis podría ser aún más grave”. Gaviria no descarta medidas
drásticas si la situación no mejora: limitar servicios de alta
complejidad como hemodinamia y neurocirugía sería inevitable. Estos
procedimientos son fundamentales para pacientes con condiciones
críticas, y su interrupción tendría consecuencias devastadoras.
La incertidumbre se palpa en los pasillos de los hospitales.
Médicos, personal administrativo y pacientes temen lo peor: cierres
parciales, reducción de personal y colapso de servicios.
Ante esta emergencia, Zuluaga hizo un llamado urgente al gobernador
de Risaralda para que convoque una mesa de trabajo con la
Superintendencia de Salud en Pereira. “Necesitamos que el Ministerio
de Salud actúe ya. No podemos permitir que los hospitales públicos
colapsen por culpa de la negligencia de las EPS”, concluyó.
El tiempo corre y la salud de miles de personas está en juego. La
solución, por ahora, sigue en manos del gobierno nacional y de las
entidades que han incumplido sus compromisos.
La cosecha cafetera
en riesgo por intensas lluvias en Risaralda
Una
preocupación creciente se extiende por las montañas cafeteras de
Risaralda. Las fuertes lluvias que han azotado
al departamento durante los últimos meses amenazan con arruinar la
cosecha cafetera
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principal del año,
poniendo en jaque el sustento de más de 19.500 familias que viven del grano.
Carlos Wilson Súarez,
diputado del departamento, advirtió que la situación es crítica. “Las lluvias
están destruyendo las pocas floraciones que hay. Apenas estamos recolectando el
20 % de lo esperado en esta mitaca, y la proyección para la cosecha principal
entre septiembre y noviembre es muy baja”, afirmó. Esto representa un golpe
directo para una economía regional que el año pasado generó ventas por $1.2
billones y más de 40.000 empleos temporales gracias a una cosecha exitosa.
El panorama actual, sin embargo, es completamente distinto. Las lluvias
persistentes no solo dañan los cultivos y reducen la floración, sino que también
dificultan la recolección, elevan los costos de producción y comprometen la
calidad del grano. En las fincas, el barro impide el acceso a los cafetales, y
los granos que logran madurar corren riesgo de hongos por el exceso de humedad.
Súarez ha hecho un
llamado urgente al gobierno departamental para que actúe con rapidez. Una de sus
propuestas clave es incentivar la renovación de cafetales envejecidos, lo que
permitiría mejorar la productividad y la resistencia de las plantas frente a las
condiciones climáticas adversas. “Necesitamos acciones reales. No es solo el
clima, es también la falta de inversión en tecnología y renovación lo que nos
está dejando vulnerables”, dijo el diputado.
En respuesta, el Plan de Desarrollo de Risaralda aprobó una inversión de $5.000
millones exclusivamente para el sector cafetero. Aunque es una cifra sin
precedentes, el reto está en ejecutar esos recursos de forma efectiva y
oportuna. Además, se pidió una mayor coordinación con la Federación Nacional de
Cafeteros y Cenicafé para implementar estrategias de corto y mediano plazo.
Los caficultores enfrentan un momento decisivo. Con lluvias que no cesan y un
mercado exigente, el futuro de la cosecha cafetera —símbolo de identidad y motor
económico— depende ahora de decisiones que no pueden seguir aplazándose.
Alarma en Risaralda por intento
de reclutamiento de menores por parte del Clan del Golfo
Una grave denuncia
encendió las alarmas en Risaralda: el Clan del Golfo estaría intentando reclutar
menores de edad en zonas rurales de Apía y Belén de Umbría. Según Eisenhower
Zapata, defensor de derechos humanos y líder de víctimas del conflicto, ya
existen reportes oficiales e incluso fotografías que evidencian la presencia de
estas células armadas cerca de instituciones educativas rurales.
El grupo ilegal estaría ofreciendo entre $1.700.000 y $1.900.000 a jóvenes para
sumarse a sus filas. Zapata alertó que estos intentos de reclutamiento
comenzaron hace menos de un mes, y que la amenaza no solo pone en riesgo a los
menores, sino también a las comunidades educativas y a la tranquilidad en estos
territorios.
La situación fue expuesta en el más reciente subcomité de Prevención, Protección
y Garantías de No Repetición, donde también se discutió la creciente
preocupación por el uso de menores en delitos en Santa Rosa de Cabal.
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John Fredy Montes,
alcalde de Belén de Umbría, expresó su profunda preocupación y criticó la
ausencia de la Defensoría del Pueblo en el territorio. “Necesitamos presencia
institucional, no podemos dejar solos a nuestros niños y jóvenes frente a estas
amenazas”, manifestó.
Aunque no se han
registrado desplazamientos masivos, líderes comunales han optado por abandonar
sus veredas y refugiarse en zonas urbanas, tras recibir intimidaciones por parte
del grupo armado, que incluso habría preguntado por sus lugares de residencia.
Hasta ahora, las autoridades departamentales no se han pronunciado oficialmente
sobre estos hechos, mientras crece la incertidumbre y el miedo entre las
comunidades rurales más vulnerables del occidente risaraldense.
Gobernación de Risaralda lleva
mensaje de inclusión a habitantes de calle LGBTIQ+
En un gesto que
combina dignidad, escucha activa y compromiso social, la Gobernación de
Risaralda llevó por primera vez su Política Pública de Diversidad Sexual a los
albergues de habitantes de calle en Pereira. La actividad se realizó en el marco
del Día Internacional contra la LGTBIfobia y tuvo como objetivo principal
visibilizar y dignificar a las personas sexualmente diversas en condición de
vulnerabilidad extrema.
La jornada, que se desarrolló en el albergue del centro de la ciudad, no solo
permitió socializar los alcances de la política pública aprobada en febrero de
este año, sino que también se convirtió en un espacio de diálogo y reflexión con
quienes han enfrentado la exclusión desde múltiples frentes.
“Me han golpeado, insultado, me han quitado lo poco que tengo pero sigo
adelante”, expresó con serenidad Mónica Muñoz, una mujer transexual que vive en
uno de los albergues. Su testimonio, lleno de dolor pero también de esperanza,
fue un llamado a no olvidar a quienes, desde la calle, luchan cada día por
sobrevivir con dignidad. “A las nuevas generaciones les digo que estudien, que
se preparen, porque ahora sí se puede ser trans y tener oportunidades”, agregó.
Manuel Hernández,
coordinador de Diversidad Sexual de la Gobernación, explicó que esta
intervención busca acercar los programas institucionales a personas que suelen
quedar al margen de la política pública. “Estamos llegando a los albergues de
Combia y del centro porque allí también hay ciudadanos y ciudadanas con
derechos, muchas veces invisibilizados”, señaló.
La iniciativa fue bien recibida por los asistentes, quienes manifestaron no
estar al tanto de los servicios disponibles para su comunidad. Para Hernández,
esto demuestra que aún hay una gran tarea por delante: romper las barreras del
desconocimiento y llevar el Estado a donde más se necesita.
Con estas acciones, la Gobernación de Risaralda reafirma que la inclusión no
puede quedarse en el discurso: debe traducirse en presencia real, en escucha, y
en oportunidades para todas las personas, sin importar su identidad, orientación
o condición social.
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