6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.489-1069

Fecha: Jueves 15-05-2025

 

Cuestionan defensa de Daniel Quintero en caso Aguas Vivas

 

 

Un nuevo giro sacude el caso del lote Aguas Vivas, que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Esta vez, el foco está puesto sobre su abogado defensor, Luis Antonio Hernández Barbosa, quien podría estar inhabilitado para asumir su representación legal, según una queja que estudia actualmente la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.

Hernández Barbosa, quien hasta hace pocos meses se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidió incluso la Sala de Instrucción, estaría impedido por ley para ejercer funciones como abogado litigante en ciertos casos. De acuerdo con la denuncia presentada por la jurista Gloria Jaramillo, la inhabilidad se basaría en lo estipulado por la Ley 1474 de 2011, que establece una restricción de dos años para exfuncionarios que hayan ejercido control o vigilancia sobre personas o entidades a las que luego pretendan representar.

La preocupación radica en que, durante su paso por la Corte, Hernández Barbosa pudo haber tenido acceso a información relacionada con investigaciones que tocan a integrantes del círculo político del exalcalde Quintero, como la que se abrió contra el senador Alex Flórez, del Pacto Histórico, por supuestos delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado.

Jaramillo argumenta que este conocimiento previo comprometería la legalidad del proceso y pone en entredicho la transparencia de la defensa. “Es fundamental que este caso avance con total claridad jurídica. No se puede permitir que se vulneren normas básicas del ejercicio profesional”, afirmó.

 

El proceso contra el abogado ahora está en manos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que deberá determinar si, efectivamente, incurrió en una falta al asumir la defensa de Quintero. Mientras tanto, el caso Aguas Vivas continúa su curso, pero bajo la sombra de un posible conflicto de intereses que podría alterar su rumbo judicial.

 

Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, enfrentará imputación por escándalo en la UNGRD

 

 

En medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía General de la Nación confirmó el martes que ha solicitado formalmente una audiencia de imputación de cargos contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), señalado como una de las figuras centrales del entramado de irregularidades.

La audiencia, cuya fecha está por definirse en el Tribunal Superior de Bogotá, incluirá además la solicitud de medida de aseguramiento. González será procesado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de

 

 

 

terceros y lavado de activos. Según las versiones entregadas por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, González habría participado en la entrega de 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, a cambio de respaldar las reformas del Gobierno Petro.

 

El relato indica que, por orden de González, se habría organizado una reunión con altos funcionarios en la que se pactó la entrega escalonada de los recursos: 3.000 millones para Name y 1.000 millones para Calle. Las declaraciones de los implicados han sido claves para que la Corte Suprema de Justicia incluya a González en el proceso, confirmando su presunta participación en la distribución de coimas para asegurar apoyos políticos estratégicos.

Mientras el proceso judicial avanza, González se encuentra fuera del país. Su defensa, liderada por el abogado Iván Cancino, sostiene que viajó por motivos personales y se encuentra de vacaciones. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que estaría gestionando asilo en España, lo que ha despertado sospechas sobre su disposición para enfrentar a la justicia colombiana.

El caso ha salpicado también a otros funcionarios. En las últimas horas, la Fiscalía anunció imputaciones contra César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública; el abogado Édgar Riveros Rey; y varios contratistas y representantes de entidades vinculadas a la UNGRD, todos investigados por delitos relacionados con celebración indebida de contratos, falsedad documental, lavado de activos y peculado.

El escándalo continúa creciendo y deja en evidencia una red de corrupción de alto nivel en el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.

 

Golpe certero contra el crimen organizado en Pereira: 47 capturados en la Operación 90H

 

 

La ciudad de Pereira ha estado viviendo en las últimas semanas una de las operaciones policiales más contundentes de los últimos años. Con 47 personas capturadas hasta el momento y una ofensiva simultánea en los sectores más golpeados por la criminalidad, la denominada Operación 90H dejó al descubierto el músculo operativo de la estructura delincuencial Cordillera, que por años ha sembrado el miedo en el Eje Cafetero.

 

Durante los últimos días, la Policía Metropolitana desplegó unidades élite, binomios caninos, inteligencia estratégica y trabajo comunitario para dar con los responsables de delitos como microtráfico, extorsión y homicidios selectivos. El resultado: 38 capturas en flagrancia y 9 por orden judicial, todas ellas relacionadas con el accionar del grupo Cordillera, una red criminal con tentáculos urbanos y rurales.

Uno de los momentos más destacados del operativo fue la detención de alias ‘Llante’, señalado como sicario al servicio de alias ‘Manguala’, uno de los cabecillas más temidos del grupo. La captura se produjo en Nacederos, una zona marcada por la disputa territorial entre bandas por el control del narcotráfico. Las autoridades lo relacionan con al menos dos homicidios y esperan que su testimonio contribuya a esclarecer otros crímenes.

La general Yurian Romero, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que la operación fue posible gracias a una mezcla de tecnología, análisis criminal y participación ciudadana. “Aplicamos mapas de calor del delito, cámaras de seguridad y recibimos llamadas anónimas que fueron claves para ubicar los objetivos”, explicó.
 

 

 

Los sectores intervenidos reflejan con crudeza la realidad de muchos barrios populares: El Plumón Bajo, La Isla, Alto de Cuba, El Rosal, La Guamera, La Platanera, El Remanso y Ciudadela del Café fueron epicentros de la acción policial. En Dosquebradas, las tomas diferenciales se concentraron en Guadualito y Pueblo Sol, zonas fuertemente golpeadas por las extorsiones.

 

Además de las capturas, se incautaron cuatro armas de fuego que serían utilizadas por redes de sicarios. Estos elementos ya están en manos de los fiscales especializados, quienes avanzan en los procesos judiciales.

La Operación 90H no solo deja cifras contundentes, sino una sensación de esperanza entre los ciudadanos. “No es solo sacar delincuentes de las calles, es devolverle el control del territorio a la comunidad”, concluyó la general Romero. Un mensaje claro de que, en Pereira, el crimen ya no tiene la última palabra.

 

Ataques simultáneos marcan una nueva ofensiva de disidencias de las FARC

 

 

Una nueva arremetida armada sacudió al suroccidente del país entre el lunes 12 y el martes 13 de mayo, cuando disidencias de las FARC perpetraron varios ataques violentos contra la Fuerza Pública en los departamentos del Cauca y Caquetá, dejando como saldo tres personas heridas, un militar fallecido y un ambiente de profunda zozobra en la población civil.

 

El ataque más grave ocurrió en la noche del martes en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía (Cauca), donde integrantes de una estructura al mando de alias Iván Mordisco hostigaron con tatucos la estación de Policía y una base militar. Los explosivos fueron lanzados desde una volqueta y causaron heridas a tres personas por esquirlas. El estruendo de las detonaciones dejó en shock a la comunidad, que quedó atrapada en medio del fuego cruzado.

En redes sociales circularon videos estremecedores de los momentos de pánico
vividos por los habitantes de El Estrecho. También se difundieron imágenes de los daños en la base militar, evidencia del poder destructivo de los cilindros cargados de explosivos.

 

Casi al mismo tiempo, en El Plateado (Argelia), otra célula de las disidencias activó una motocicleta bomba. Afortunadamente, no se reportaron víctimas, aunque la explosión generó temor en la población. Un tercer ataque fue registrado en Balboa, donde un dron cargado con explosivos fue utilizado como arma contra las autoridades, sin causar heridos.

Estos hechos ocurrieron tan solo un día después de otro atentado que terminó con la muerte del sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros. El militar, que se encontraba de permiso, murió calcinado dentro de un bus intermunicipal en la vía hacia San Vicente del Caguán (Caquetá), luego de que hombres armados obligaran a los pasajeros a descender y prendieran fuego al vehículo. El suboficial viajaba a visitar a su pareja sentimental, también miembro del Ejército.

Aunque Medicina Legal aún trabaja en la identificación plena de los restos, las autoridades creen que se trata de Cisneros. Este hecho, sumado a los ataques en el Cauca, evidencia el recrudecimiento de la violencia por parte de las disidencias, que no solo atentan contra la Fuerza Pública, sino que afectan gravemente a las comunidades que quedan en medio del conflicto.

 

 

 

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