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Cayó alias Mamoncillo, temido líder del Clan del
Golfo que ejecutó “plan pistola” en Antioquia: este es su historial criminal
En la tarde del miércoles 14 de mayo de 2025, las autoridades informaron los
resultados de un importante operativo conjunto entre la Policía Nacional y la
Fiscalía General de la Nación en Antioquia.
Se trata de la captura de alias Mamoncillo, uno de los hombres más buscados por
las autoridades en el suroeste del departamento.
De acuerdo con las autoridades, “Mamoncillo” sería el presunto cabecilla de la
subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, cuya trayectoria
criminal se extiende por más de una década en municipios como Concordia, Betulia,
Uramita y Frontino.
La detención se produjo el lunes 12 de mayo, en zona rural de Concordia, donde
operativos de inteligencia permitieron ubicar un campamento utilizado por
integrantes de este grupo armado.
Junto a “Mamoncillo” fueron capturados otros dos presuntos miembros de la misma
estructura, y se decomisó un arsenal que incluía explosivos, radios de
comunicación, celulares, una motocicleta y prendas militares.
Alias Mamoncillo, de sicario a cabecilla regional
Alias Mamoncillo inició su carrera delictiva en 2013, vinculado inicialmente a
tareas de sicariato y vigilancia territorial en zonas rurales del occidente
antioqueño.
Con el paso de los años, escaló en la estructura del Clan del Golfo hasta asumir
responsabilidades de liderazgo en áreas estratégicas del suroeste del
departamento.
Las autoridades aseguran que este delincuente estuvo involucrado en disputas por
el control de rutas del narcotráfico, así como en acciones de intimidación y
homicidios selectivos contra líderes sociales y miembros de la fuerza pública.
Su historial incluye una captura en 2018 por porte ilegal de armas de fuego,
realizada en el municipio de Sabanalarga. Sin embargo, tras recuperar la
libertad, retomó sus actividades criminales, consolidando una red de informantes
y combatientes a su servicio en la región.
Asimismo, las autoridades vinculan a Mamoncillo con el asesinato del
subintendente Dayron Londoño Tuesta, ocurrido el 2 de mayo en el municipio de
Sopetrán.
Según la información recopilada por los investigadores, el ataque habría sido
planificado como represalia a operaciones de control territorial por parte de la
Policía en zonas de influencia del grupo armado.
Actualmente, sobre “Mamoncillo” pesan al menos tres órdenes de captura por los
delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y fuga de presos. Estas
órdenes están relacionadas con investigaciones en curso por múltiples hechos
violentos, entre ellos ataques armados, desapariciones y extorsiones.
Durante el operativo en Concordia fueron halladas 204 barras de indugel
—explosivo de uso industrial frecuentemente empleado para acciones violentas—,
así como una granada de fragmentación, dos radios de comunicación, siete
teléfonos celulares, la inmovilización de una motocicleta, dos tablas de
mensajes cifrados para mensajes ocultos y prendas de uso privativo de la fuerza
pública.
“Durante este proceso de allanamiento a este inmueble en zona rural entre
Concordia y Betulia, se logra la incautación 204 barras de indugel, de la cual
tenemos conocimiento que, en este lugar, en este sitio, se fabricaron y se
prepararon algunos de los elementos materiales explosivos que han presentado
afectación significativa a la fuerza pública”, detalló el coronel Óscar Mauricio
Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía de Antioquia.
También se incautaron documentos que, de acuerdo con el CTI, contendrían
información sensible sobre las finanzas y operaciones logísticas de la
subestructura que lideraba.
Cabe señalar que como consecuencia del “plan pistola” liderado por este grupo,
se han registrado al menos 19 policías y cuatro militares muertos.
“Cuando la fuerza pública asume un objetivo, es cuestión de días para que los
responsables comiencen a pagar (...) Para nosotros es muy
importante, que en uno y otro caso hayan resultados
destacables
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(...)”,
detalló por su parte el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Juicio a Álvaro Uribe: Ya van 20 testigos
presentados por su defensa
El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa desarrollándose en
los estrados judiciales de Bogotá con un ritmo meticuloso y una fuerte carga
mediática. El jueves 15 de mayo, la defensa del exmandatario presentó nuevos
testigos en su estrategia para desmontar las acusaciones de presunto soborno a
testigos, fraude procesal y soborno. De los 75 testigos anunciados inicialmente,
ya han sido escuchados 20, aunque dos de ellos decidieron desistir de declarar.
Entre los más recientes en comparecer ante el juez se encuentran figuras clave
como el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y el exministro de
Agricultura Andrés Felipe Arias. Ambos intentaron reforzar la narrativa de la
defensa, centrada en mostrar que Uribe
no manipuló testigos, sino que ha
sido víctima de un supuesto complot judicial.
Uno de los testimonios más
llamativos fue el del abogado Héctor Romero, quien admitió haber ingresado
relojes con cámara oculta a la cárcel La Picota y entregárselos
al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en este caso. Según
Romero, lo hizo a petición de Deyanira Gómez, pareja de Monsalve, sin conocer la
verdadera finalidad de los dispositivos. Aunque
Romero aceptó tener una relación cercana con la pareja, insistió
en que desconocía cualquier intención de grabaciones ilegales.
Desde Estados Unidos, el exministro Arias también entregó su versión. Afirmó
haber tenido contacto con el exparamilitar Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo
Lindo, quien —según Arias— le habló de un supuesto montaje para desprestigiar al
expresidente Uribe y a su hermano Santiago. Arias relató incluso que en su
reclusión en EE.UU. convivió con varios exparamilitares extraditados por el
gobierno Uribe, incluyendo a Don Berna, lo que habría puesto en riesgo su
seguridad.
Por su parte, el exfiscal Néstor Humberto Martínez explicó que conoció a Diego
Cadena, abogado de Uribe, en una reunión sobre el magnicidio de Álvaro Gómez
Hurtado. Aclaró que después de esa ocasión no tuvo más contacto con él. Martínez
también relató una reunión en 2017 con Uribe y varios congresistas del Centro
Democrático, donde el expresidente le presentó cartas de exparamilitares
extraditados —entre ellos Don Berna y alias Diego Rastrojo— dispuestos a
testificar en favor de Santiago Uribe, absuelto recientemente por el caso de
“Los 12 Apóstoles”.
El juicio avanza con expectación nacional, entre declaraciones que mezclan
política, crimen organizado y justicia. La defensa de Uribe aún tiene más de 50
testigos por presentar, en un proceso que se prevé extenso y determinante para
el futuro judicial y político del expresidente.
Francotirador asesina a subintendente de la
Policía en Saravena en medio de creciente tensión con el ELN
Un nuevo episodio de violencia sacudió a Saravena, Arauca, el jueves 15 de mayo,
cuando un francotirador acabó con la vida del subintendente de la Policía de
Tránsito, Gustavo Adolfo Jiménez Martínez, durante un operativo conjunto con el
Ejército Nacional. El hecho ocurrió en pleno perímetro urbano del municipio,
mientras los uniformados adelantaban tareas de control en la zona.
Jiménez Martínez, con 18 años de servicio en la institución, fue impactado
mortalmente por un disparo certero que lo dejó tendido en el lugar de los
hechos. Su traslado a otra unidad policial estaba programado para el
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día de hoy, viernes 16 de mayo, lo que ha generado aún más
consternación entre sus compañeros y seres queridos.
“Fue una acción de francotiro contra la Estación de Policía de Saravena,
mientras nuestros hombres ejecutaban labores de
control junto al Ejército”, indicó la Policía de Tránsito en un
comunicado.
Aunque no hay confirmación oficial, versiones preliminares apuntan a que el
atentado habría sido perpetrado por el ELN, como parte de una posible
retaliación por el aumento de presencia de la Fuerza Pública en esta zona
estratégica del oriente colombiano.
El asesinato del subintendente se
suma a la ya preocupante situación de orden público en Arauca. Apenas seis días
antes, el Frente de Guerra Oriental del ELN difundió un video en el que se
adjudican el secuestro de dos funcionarios del CTI de la Fiscalía, identificados
como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.
En el video, los agentes describen las circunstancias de su captura en el
municipio de Fortul y envían mensajes de tranquilidad a sus familias. Según el
grupo armado, ambos están siendo sometidos a un “proceso” bajo su propia
jurisdicción. El Gobierno Departamental ha condenado estos hechos y ha
solicitado la intervención de organismos humanitarios.
Arauca vive nuevamente bajo el asedio de la violencia, en una espiral de
amenazas, secuestros y asesinatos que reflejan la urgencia de una respuesta
integral por parte del Estado.
Libertad de ‘El Bendecido’ desata investigación
disciplinaria contra jueces y fiscales del caso Mercurius
La sorpresiva libertad de Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, uno de los
presuntos cabecillas de la mayor red de contrabando del país, no solo ha
generado indignación, sino que ya provocó una reacción oficial: jueces y
fiscales involucrados en el proceso enfrentan una indagación disciplinaria por
posible negligencia.
Orozco, capturado en marzo de 2024 durante la operación Mercurius junto a otros
tres señalados integrantes de la banda de Papá Pitufo —como se conoce a Diego
Marín Buitrago, supuesto “zar del contrabando”—, quedó en libertad el pasado 6
de mayo por vencimiento de términos. Su salida completa la tripleta de presuntos
implicados que han salido de prisión en las mismas condiciones, a pesar de la
gravedad del caso y la contundencia del material probatorio.
El expediente incluyó agentes infiltrados, interceptaciones telefónicas, videos
de reuniones clandestinas y una estructura de corrupción que, según la Fiscalía,
movía hasta el 80 % de la mercancía ilegal que entra al país. Entre los
capturados también estaba el mayor Andrés Sarmiento Rojas, exsecretario privado
del director de la POLFA, acusado de reclutar oficiales para facilitar el paso
de contrabando.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en cabeza de su presidente Mauricio
Rodríguez, confirmó que se abrió una indagación preliminar para establecer si
hubo omisión o irregularidades por parte de fiscales y jueces en la dilación del
proceso. “Se han remitido las copias necesarias para dar inicio a las
investigaciones. Si hubo responsabilidad, se deberá sancionar conforme a la
ley”, afirmó Rodríguez.
El escándalo revive además otro caso reciente: la polémica decisión del juez 74
penal de control de garantías, quien dejó libres a nueve miembros de la banda
Los Rolex pese a las pruebas que los vinculaban con robos violentos de relojes
de alta gama. Ese proceso también está siendo investigado por la Comisión
Seccional de Bogotá.
Pese a las investigaciones disciplinarias en curso, las decisiones judiciales
que otorgaron libertad a los señalados no pueden revertirse. Permanecerán libres
mientras avanza el proceso penal, que solo podría derivar en una reclusión
efectiva si existe condena. Para los funcionarios judiciales responsables, las
sanciones pueden ir desde una amonestación escrita hasta la destitución.
La preocupación crece ante lo que muchos ya consideran una puerta abierta a la
impunidad, especialmente en casos donde el crimen organizado muestra su
capacidad para permear estructuras judiciales.
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