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Las advertencias de EE. UU. para Colombia luego de unirse a la Ruta de la Seda
La reciente decisión del gobierno colombiano de adherirse a la Iniciativa de la
Franja y la Ruta, el ambicioso proyecto global de infraestructura promovido por
China, ha desatado una reacción inmediata y contundente por parte de Estados
Unidos. La Casa Blanca, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio
Occidental, anunció que se opondrá a nuevos desembolsos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras internacionales destinados a
empresas estatales chinas que operen en Colombia.
Washington argumenta que la creciente participación de estas compañías en
proyectos estratégicos de infraestructura representa un riesgo para la seguridad
regional. “Los dólares de los contribuyentes norteamericanos NO DEBEN utilizarse
de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas
chinas en nuestro hemisferio”, señala un comunicado oficial, dejando claro que
la administración estadounidense ve la expansión de Beijing como una amenaza
geopolítica directa.
Uno de los casos más emblemáticos de esta disputa es la construcción de la
primera línea del metro de Bogotá, a cargo de la firma Metro Línea 1 S.A.S, una
empresa conformada exclusivamente por capital chino. China Harbour Engineering
Company Limited posee el 85 % del consorcio, mientras que el 15 % restante
corresponde a Xi’An Metro Company Limited. El proyecto, considerado histórico
para el transporte público de la capital, cuenta con una financiación
internacional significativa, incluyendo 600 millones de dólares del BID para la
primera fase y 415 millones para la segunda, además de aportes del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Europeo de
Inversiones (BEI).
Hasta hace poco, esta cooperación entre actores multilaterales y empresas
extranjeras era vista como un ejemplo de integración global. Sin embargo, el
giro geopolítico ha encendido las alarmas en Washington. Desde el Departamento
de Estado se ha advertido que la adhesión colombiana a la Ruta de la Seda podría
traducirse en una pérdida de soberanía y en una creciente dependencia económica
del gigante asiático, fenómeno que ya ha generado tensiones en otros países
latinoamericanos.
Voceros estadounidenses consideran que esta decisión marca un cambio de rumbo en
la política exterior de Colombia, tradicionalmente aliada de Estados Unidos en
la región. Algunos analistas sostienen que el acercamiento con China podría
dificultar la relación bilateral, en un momento en el que la influencia de
potencias extranjeras redefine el tablero estratégico de América Latina.
Por ahora, el gobierno colombiano guarda silencio. No ha emitido declaraciones
oficiales sobre el impacto que podrían tener las medidas anunciadas por
Washington en los actuales proyectos de infraestructura ni sobre la continuidad
de los flujos de financiamiento. La incertidumbre crece entre analistas y
sectores involucrados en las obras, mientras se espera una postura clara de
Bogotá ante una situación que podría tarer consecuencias en la obra de
infraestructura más grande que se adelanta en la ciudad.
Acatar la decisión del Senado pide Procuraduría
Luego de que se presentara un fuerte altercado entre políticos durante la
votación de la consulta popular, propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, en
el Senado de la República el pasado 14 de mayo, el procurador general, Gregorio
Eljach, anunció la apertura de una indagación con la que se busca determinar si
los funcionarios públicos incurrieron en faltas.
"El Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus
competencias, ha dispuesto la apertura oficiosa de una indagación con la
finalidad de determinar si en esos sucesos se cometieron faltas disciplinarias
por algunos servidores públicos", indicó el Ministerio Público, advirtiendo que
la investigación precederá con imparcialidad, serenidad, prontitud y firmeza.
La Procuraduría también aseguró que el episodio protagonizado por el ministro
del Interior, Armando Benedetti, y otros funcionarios públicos, en medio de las
votaciones, "no son aceptables en ese marco de respeto, tanto al Gobierno, como
al Congreso y a la sociedad colombiana".
Además, Eljach explicó que la ciudadanía, incluyendo al Ejecutivo, debe acatar
todas las decisiones tomadas por el Senado de la República, aclarando que
existen otras vías institucionales para tramitar los puntos propuestos en la
reforma laboral.
"Hago un llamado vehemente a la
tranquilidad pública. Todas las vías democráticas están abiertas y ellas deben
propiciar la participación de todos los sectores interesados en los asuntos
laborales. El Ministerio Público desplegará sus atribuciones para que las
controversias políticas se resuelvan dentro de la institucionalidad, con las
garantías propias
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de la separación de poderes",
indicó.
Los hechos
Durante la votación de la consulta
popular, que finalizó con el hundimiento de la propuesta del Gobierno Nacional,
se presentó una fuerte discusión, que fue mostrada al público por distintos
medios de comunicación en la que se vio a Armando Benedetti gritarle al
secretario del Senado, Diego González, a quien acusó de un presunto fraude, al,
supuestamente, modificar algunos votos.
Renunció la ministra de Justicia, Ángela María
Buitrago
En las últimas horas, se confirmó que la ministra de Justicia, Ángela María
Buitrago, presentó su renuncia irrevocable al cargo. La decisión fue comunicada
al presidente Gustavo Petro mediante una carta en la que advierte sobre intentos
de injerencia externa en las funciones de la cartera que dirige
En el documento, Buitrago señala que "en las últimas semanas se vienen
realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo", una afirmación
que evidencia una creciente tensión al interior del Gobierno. Asimismo, dejó
claro que sus actuaciones “no dependen de influencias, ni amenazas,
persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”.
En su carta agrega que "No sé quiénes y con qué intereses están haciendo y/o
tomando estas decisiones, pero prefiero (...) seguir siendo lo que soy, e
impartiendo instrucciones como jefa de la cartera con la convicción de que van a
servir a materializar la justicia"
También hizo un llamado a la independencia institucional:“Prefiero, como se lo
dije desde el principio y en la comunicación de marzo de este año, seguir siendo
lo que soy (...) con principios claros de transparencia, equidad, rectitud y
lejos de cualquier interés o privilegio personal o de terceros”.
Benedetti en Minjusticia
En diálogo con Caracol Radio, la funcionaria indicó que el ministro del
Interior, Armando Benedetti, le pidió sacar a una persona de la Unidad de
Servicios Penitenciarios sin razón alguna. Buitrago aseguró que la persona venía
desempeñando bien su cargo.
"¿Y cuál es la razón? Porque es una persona que ha venido desempeñando un cargo
bien, que ha hecho lo que tenía que hacer en mi administración en particular. He
visto compromiso y trabajo”, indicó la titular de la cartera al medio.La
ministra agregó que en marzo le notificó al presidente Gustavo Petro se estaban
presentando situaciones similares con las salidas de directores de entidades
adscritas.
Acciones jurídicas
A través de su cuenta de X, el ministro Benedetti sostuvo que tomará acciones
legales en contra de la ministra de Justicia al asegurar que es falso que el
estuviera pidiendo la salida de funcionarios de esa cartera.
Ángela María Buitrago asumió el cargo el 8 de julio de 2024, en reemplazo de
Néstor Osuna, y durante su gestión impulsó iniciativas como Entornos Seguros,
Redes Justas y la promoción de casas de justicia y derechos para las personas
privadas de la libertad. No obstante, lamentó que los recortes presupuestales
hayan limitado el alcance de estas políticas:
“A pesar de haber querido avanzar más en dignidad para las personas privadas de
la libertad y las poblaciones en general (...) los recortes presupuestales
impidieron avanzar mucho más en ello”.
Por ahora, el Gobierno no ha anunciado quién reemplazará a Buitrago en el
Ministerio de
Justicia. Su salida se hará efectiva
el próximo 1 de junio de 2025.
Comienza contrarreloj para aprobar reforma laboral
antes del 20 de junio
En medio de controversia, trifulcas y discusiones, la plenaria del Senado
revivió la reforma laboral a través del recurso de apelación que fue radicado
por Fabián
Díaz de la Alianza Verde, luego de que este proyecto de ley
fuese archivado en la Comisión Séptima el pasado 18 de marzo. Díaz aseguró
durante la misma jornada que “la apelación representa a millones de colombianos
trabajadores que han salido a las calles a ser escuchados”.
Desde entonces pasaron casi dos meses en el trámite de este proceso, en el que
se instaló esta comisión para el estudio del recurso que, si bien contó con tres
diferentes conceptos, terminó prosperando para que la reforma laboral volviese a
ser abordada, aunque con el tiempo en su contra. Fueron 68 votos los que
rechazaron la ponencia negativa; y luego, tras una nueva votación, nuevamente 68
parlamentarios dieron vida al concepto emitido por Ariel Ávila y Pedro Flórez, y
con ello, a la reforma laboral.
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¿Qué sigue en el proceso?
En primera instancia, una vez revivida la reforma laboral, esta tendrá
que ser designada a una nueva comisión. Según definió la mesa directiva del
Senado, la Comisión será la Cuarta, encargada habitualmente de temas
presupuestales y que durante esta legislatura ha sido presidida por Angélica
Lozano, senadora que también había integrado la comisión para estudiar la
apelación y quien radicó, ponencia positiva para revivir este proyecto.
Asimismo, la mesa designará a los ponentes para que radiquen sus respectivas
ponencias.
Si bien el concepto emitido entre Ávila y Flórez proponía que la reforma fuese a
la Comisión Primera, antes de la votación el senador de la Alianza Verde aseguró
que esta propuesta fue retirada. Y si bien en los pasillos del Congreso de la
República se estimaba que este proyecto llegase a esta célula que en su mayoría,
trata los temas de carácter estatutario y constitucional y en donde el Gobierno
cuenta con mayorías.
En la Comisión Cuarta la división es latente. Allí se encuentra la ya mencionada
senadora Lozano, quien no votó a la Consulta; Carlos Mario Farelo y Carlos
Abraham Jiménez de Cambio Radical; Aída Avella de la UP; Liliana Benavides y
Juan Samy Merheg del Conservador; John Besaile y Juan Felipe Lemos de la U;
Laura Fortich, Claudia María Pérez y John Jairo Roldán del Liberal; Carlos
Meisel y Enrique Cabrales de Centro Democrático; y los independientes Richard
Fuelantala (AICO) y Paulino Riascos (A.D.A.).
Ahora, el proceso queda pendiente de sus correspondientes ponentes, y una vez
designados, el trámite podrá dar inicio. De hecho, Ariel Ávila explicó a medios
de comunicación que una vez designados estos actores claves para el trámite del
proyecto, perfectamente desde el próximo martes 20 de mayo se podría iniciar la
discusión del proyecto de ley.
De acuerdo afirmo la senadora Lozano “tenemos 38 días exactos para aprobar la
mejor ley laboral posible que proteja a los colombianos”. La parlamentaria
propone que el proyecto sea discutido de lunes a sábado sin descanso, para con
ello, este pueda ser estudiado por los congresistas y logre su aprobación.
Además, cabe resaltar que el Gobierno nacional mostró disposición para que este
proyecto de ley cuente con mensaje de urgencia e insistencia, para que sea
primado en la discusión tanto en la Comisión a la que se le envíe, como a la
plenaria del Senado.
Ávila entre tanto aseguró que los tiempos son justos. Con las cinco semanas
pendientes el Congreso puede aprobar el proyecto. No obstante, de lograr la
aprobación en el tercer debate en su correspondiente Comisión, tendrán que pasar
como mínimo 7 días para que la reforma laboral sea radicada en la plenaria del
Senado en donde pueda surtir su último debate.
Además, el parlamentario también aclaró que, con este panorama, el proyecto de
ley podría llegar a la etapa de conciliación justamente el 19 de junio, un día
antes de la finalización de la legislatura. En este proceso, una comisión
designada por las mesas directivas de Cámara y Senado estudia los textos finales
que salieron de las dos corporaciones, y allí, en los aspectos que existan
diferencia, habrá un acuerdo para determinar cuál será el que quede en el
informe final que sería sancionado como ley.
¿Qué propone el proyecto?
La reforma laboral que retomará el Senado llega desde la plenaria de la Cámara
de Representantes con acuerdos clave para “la clase obrera y trabajadora”, según
señala el Gobierno. En primera instancia, busca que los contratos laborales se
estipulen con los trabajadores a término indefinido, aunque dejando margen a la
aplicación de otro tipo de acuerdos como término fijo o prestación de servicios.
Asimismo, propone modificar la jornada laboral nocturna y que esta inicie desde
las 7:00 p. m., reduciendo dos horas de la misma, y que culmine a las 6:00 a.
m., del día siguiente. Además, recalca que la duración de la jornada laboral
debe ser de máximo 8 horas. A ello también se agrega que las jornadas laborales
de los días domingo y festivo se reconozcan en 100% sobre el salario ordinario
en proporción a las horas laboradas.
Gremios respaldan decisión de Gobierno
En medio del caótico panorama en el Congreso de la República, algunos gremios
celebraron la decisión tomada en el Senado. Según afirmó Bruce Mac Master,
presidente de la ANDI, “la decisión de aprobar la apelación para la reforma
laboral y negar la consulta popular es consistente con la propuesta que le
habíamos hecho al Congreso y al Gobierno antes del debate en la Comisión
Séptima, que no fue aceptada, en donde proponíamos concertar la reforma y tomar
la mejor decisión posible para los trabajadores, los emprendedores y las
empresas, y que además lográramos reducir el desempleo y la informalidad”.
Mac Master señaló que “ante esta decisión y la reapertura del debate le hacemos
una invitación al Gobierno nacional para que construyamos una política de
concertación laboral que conduzca a tomar la mejor decisión posible para el
país”.
Por su parte, Jaime Alberto Cabal, vocero de Fenalco, también celebró la
determinación, asegurando que “la consulta popular de Petro no era para la
expresión de los colombianos, sino para engañarlos. La gran mayoría del Congreso
entendió que la mayoría del país no creía necesaria ni consideraba oportuno
hacer esta consulta popular. Estaba totalmente politizada. Era una consulta
innecesaria”.
Cabal manifestó además “desde Fenalco reiteramos que el país necesita una
reforma laboral, pero una que responda a la realidad del mercado colombiano, que
incentive la generación de empleo formal y que proteja tanto a los trabajadores
como a las empresas, que hoy luchan por mantenerse a flote en medio de un
contexto económico y político desafiante”.
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