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Las advertencias de EE.UU. para Colombia luego de
unirse a la Ruta de la Seda
La reciente decisión del gobierno colombiano de adherirse a la Iniciativa de la
Franja y la Ruta, el ambicioso proyecto global de infraestructura promovido por
China, ha desatado una reacción inmediata y contundente por parte de Estados
Unidos. La Casa Blanca, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio
Occidental, anunció que se opondrá a nuevos desembolsos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras internacionales destinados a
empresas estatales chinas que operen en Colombia.
Washington argumenta que la creciente participación de estas compañías en
proyectos estratégicos de infraestructura representa un riesgo para la seguridad
regional. “Los dólares de los contribuyentes norteamericanos NO DEBEN utilizarse
de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas
chinas en nuestro hemisferio”, señala un comunicado oficial, dejando claro que
la administración estadounidense ve la expansión de Beijing como una amenaza
geopolítica directa.
Uno de los casos más emblemáticos de esta disputa es la construcción de la
primera línea del metro de Bogotá, a cargo de la firma Metro Línea 1 S.A.S, una
empresa conformada exclusivamente por capital chino. China Harbour Engineering
Company Limited posee el 85 % del consorcio, mientras que el 15 % restante
corresponde a Xi’An Metro Company Limited. El proyecto, considerado histórico
para el transporte público de la capital, cuenta con una financiación
internacional significativa, incluyendo 600 millones de dólares del BID para la
primera fase y 415 millones para la segunda, además de aportes del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Europeo de
Inversiones (BEI).
Hasta hace poco, esta cooperación entre actores multilaterales y empresas
extranjeras era vista como un ejemplo de integración global. Sin embargo, el
giro geopolítico ha encendido las alarmas en Washington. Desde el Departamento
de Estado se ha advertido que la adhesión colombiana a la Ruta de la Seda podría
traducirse en una pérdida de soberanía y en una creciente dependencia económica
del gigante asiático, fenómeno que ya ha generado tensiones en otros países
latinoamericanos.
Voceros estadounidenses consideran que esta decisión marca un cambio de rumbo en
la política exterior de Colombia, tradicionalmente aliada de Estados Unidos en
la región. Algunos analistas sostienen que el acercamiento con China podría
dificultar la relación bilateral, en un momento en el que la influencia de
potencias extranjeras redefine el tablero estratégico de América Latina.
Por ahora, el gobierno colombiano guarda silencio. No ha emitido declaraciones
oficiales sobre el impacto que podrían tener las medidas anunciadas por
Washington en los actuales proyectos de infraestructura ni sobre la continuidad
de los flujos de financiamiento. La incertidumbre crece entre analistas y
sectores involucrados en las obras, mientras se espera una postura clara de
Bogotá ante una situación que podría traer consecuencias en la obra de
infraestructura más grande que se adelanta en la ciudad.
Acatar la decisión del Senado pide Procuraduría
Luego de que se presentara un fuerte altercado entre políticos durante la
votación de la consulta popular, propuesta por el Gobierno
de Gustavo Petro, en el Senado de la República el pasado 14 de mayo, el
procurador general, Gregorio Eljach, anunció la apertura de una indagación con
la que se busca determinar si los funcionarios públicos incurrieron en faltas.
"El Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus competencias, ha
dispuesto la apertura oficiosa de una indagación con la finalidad de determinar
si en esos sucesos se cometieron faltas disciplinarias por algunos servidores
públicos", indicó el Ministerio Público, advirtiendo que la investigación
precederá con imparcialidad, serenidad, prontitud y firmeza.
La Procuraduría también aseguró que el episodio protagonizado por el ministro
del Interior, Armando Benedetti, y otros funcionarios públicos, en medio de las
votaciones, "no son aceptables en ese marco de respeto,
tanto al Gobierno, como al Congreso y a la sociedad colombiana".
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Además, Eljach explicó que la
ciudadanía, incluyendo al Ejecutivo, debe acatar todas las decisiones tomadas
por el Senado de la República, aclarando que existen otras vías institucionales
para tramitar los puntos propuestos en la reforma laboral.
"Hago un llamado vehemente a la tranquilidad pública. Todas las vías
democráticas están abiertas y ellas deben propiciar la participación de todos
los sectores interesados en los asuntos laborales. El Ministerio Público
desplegará sus atribuciones para que las controversias políticas se resuelvan
dentro de la institucionalidad, con las garantías propias de la separación de
poderes", indicó.
Los hechos
Durante la votación de la consulta popular, que finalizó con el hundimiento de
la propuesta del Gobierno Nacional, se presentó una fuerte discusión, que fue
mostrada al público por distintos medios de comunicación en la que se vio a
Armando Benedetti gritarle al secretario del Senado, Diego González, a quien
acusó de un presunto fraude, al, supuestamente, modificar algunos votos.
C. Constitucional suspendió mesas de trabajo para
ajustar la UPC
La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud la suspensión por 30 días
de las mesas técnicas establecidas por el Consejo de Estado para reajustar el
valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y reiniciarlas luego de
verificar el cumplimiento de instalación y la participación de los diferentes
actores del sector salud.
"Ordenar como medida cautelar al Ministerio de Salud y Protección Social, en
cabeza del ministro de Salud y Protección Social, suspender por 30 días las
sesiones de la mesa de trabajo contados a partir de la notificación de esta
providencia", se lee en la decisión del alto tribunal.
A través de un documento, la Corte pidió al Ministerio ajustar las reglas de
funcionamiento de la mesa de trabajo y reiniciar las conversaciones, incluyendo
la revisión del rezago y suficiencia de la UPC, así como garantizar los tiempos
de intervención, conforme a lo ordenado en la sentencia T-760 de 2008.
Para poder reiniciar las mesas de trabajo, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
- Incluir en el desarrollo del cronograma el estudio de los siguientes aspectos,
de conformidad con lo establecido en la resolutiva 3.1. del Auto 007 de 2025:
(i) rezago de la UPC, (ii) el aumento de la siniestralidad y las verdaderas
variaciones en las frecuencias de uso, (iii) el impacto de las inclusiones de la
vigencia inmediatamente anterior a la hora de calcular la UPC de la vigencia
siguiente o, en su defecto, durante la vigencia en cuestión al momento de
efectuar su reajuste, (iv) la definición de las variables y ajustadores de
riesgo para establecer la UPC, (v) el reajuste de la UPC de 2024, y (iv)
lineamientos o criterios a partir de los cuales se podrán realizar los ajustes
ex post, la
forma cómo se reconocerá a las EPS el reajuste de la UPC de 2024,
porcentajes y fechas máximas de pago.
- Discutir con los integrantes de la mesa los temas que se analizarán o informar
previamente de los mismos.
- Garantizar los tiempos equitativos de intervención.
- Especificar la incidencia y relación con el sistema de los invitados a la mesa
por parte de su presidente en el quórum requerido para que la sesión tenga
lugar.
- Desarrollar la forma como serán reprogramadas las sesiones que se cancelen,
los medios de aviso y el tiempo mínimo que debe pasar antes de la siguiente
sesión.
- Integre mecanismos de impugnación de las actas especificando el medio para uso
de los mismos y el término en el que las actas podrán ser impugnadas.
- Desarrolle las características que deberán tener los soportes que se alleguen
a la mesa para considerarse confiables.
- Especifique los formatos y medios que se exigirán para allegar la información.
- Establezca con claridad las normas de
comportamiento que deberán atender los convocados a la mesa so pena de ser
expulsados ante su vulneración.
- Permita una participación real y efectiva, en la que las preocupaciones,
opiniones, aportes y estudios allegados por los convocados se tengan en cuenta y
sean realmente considerados y evaluadas o en su defecto, se desestimen
justificadamente.
- Garantice la participación de todos los sectores y verifique que los
convocados en la mesa en nombre de otros representen verdaderamente sus
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y haya verdadera
representatividad, e informe a la Corte sobre este proceso y los resultados.
Para tal efecto deberá demostrar ante la Sala la representatividad de los
convocados.
- Cuente con mecanismos de seguimiento de los acuerdos.
- Efectúe la remisión del orden del día para cada sesión sea clara y oportuna.
- Establezca horarios adecuados de reunión.
- Establezca una ubicación accesible para las reuniones de ser presenciales o en
su defecto, de ser virtuales, garantice que la plataforma sea de fácil acceso y
funcione correctamente, y entregue el soporte técnico que se requiera para a que
los convocados puedan concertarse sin inconvenientes.
- Asegure que el idioma y el lenguaje en que se desarrollen las sesiones sea
incluyente y de fácil entendimiento, a pesar de su tecnicidad, para que todos
los convocados puedan discernir y participar de manera adecuada en el desarrollo
de las sesiones. En caso de existir participantes con discapacidad o que habla
otro idioma, se deben proporcionar los apoyos necesarios (interpretes,
documentos en braile, etc).
Vicepresidenta de la Cámara,
Lina Garrido, denunció amenazas de muerte
Tras el hundimiento de la consulta popular en el Senado, la segunda
vicepresidenta del Congreso de la República, Lina María Garrido, denunció haber
recibido amenazas de muerte en contra de ella y de su familia, por parte de
presuntos miembros de las Farc-EP. Pidió a organizaciones internacionales
recibir protección.
A través de su cuenta en la red social X, aseguró que las querellas han sido
recibidas como resultado de la labor que realiza como parlamentaria en el país,
mostrando "la oscuridad que representa el Gobierno del presidente Gustavo Petro",
incluyendo la copa de tres de las cuatro amenazas, en las que se incluye una
citación por parte del grupo armado a un consejo de guerra.
"Acabo de recibir la cuarta amenaza directa contra mi vida y la de mi familia
por parte de las Farc-EP frente décimo Guadalupe Salcedo. Esta es la cuarta
amenaza que recibo por parte de los grupos criminales que Petro ha fortalecido
en Colombia.
La primera fue del ELN el 5 de abril del 2024, la segunda fue también del ELN el
25 de julio del 2024, la tercera fue de las Farc el 4 de noviembre del 2024, y
la cuarta fue ayer por parte de las Farc, en la que me citan hoy a las 2 de la
tarde a Consejo de Guerra", aseguró.
Garrido aseguró que las denuncias ya fueron presentadas ante la Fiscalía General
de la Nación, la Policía Nacional, la Presidencia de la República, y la Unidad
Nacional de Protección (UNP); sin embargo, según la funcionaria, las autoridades
no han realizado acciones para protegerla.
"Las únicas respuestas que recibí fueron una resolución de la Unidad Nacional de
Protección para notificarme en octubre del 2024 que debilitarían mi esquema de
seguridad, y la otra de la Policía, indicando que las amenazas recibidas no
representaban nada porque se estaban enviando por medio de WhatsApp", agregó.
Ante los hechos, realizó un llamado a la comunidad internacional, incluyendo al
Parlamento Europeo, al Gobierno de los Estados Unidos y al Ministro de Defensa,
Pedro Sánchez, para hacer presencia en La Siberia, en el municipio de Tame
Arauca, lugares donde fue citada por la guerrilla.
"Esto es lo que Petro ha permitido en Colombia, y las amenazas han sido
constantes y directas por parte del Presidente Petro, a los congresistas que
representamos la oposición, y este es el resultado. Por favor, ayuden a proteger
a mi familia, por favor. Finalmente, quiero dejar claro que no estoy deprimida,
ni suelo atentar contra mi propia integridad, disfruto de buena salud, nunca me
suicidaría", enfatizó.
Denuncia del exfiscal Barbosa
La acusación se suma a la presentada por el exfiscal Francisco Barbosa,
presentada durante el pasado 15 de mayo, en la que aseguró haber recibido
amenazas de muerte luego de dar su opinión sobre el hundimiento de la consulta
popular.
"Rechazo con contundencia la amenaza cobarde recibida contra mí y mi familia,
hecha en la red social X. Le solicito a la Fiscalía una pronta investigación
para que los responsables respondan ante las autoridades. No me van a intimidar.
Seguiré opinando con firmeza sobre los temas que afectan a Colombia", señaló.
En la denuncia del exjefe de la Fiscalía, que ya fue presentada frente al
organismo de control, se expone que en uno de los mensajes recibidos se señala:
"Animal, a ti te vamos a dejar como un colador gran hpta. No lo olvides, pero
primera vas a ver arder a los tuyos".
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