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Gobierno convoca reunión para definir futuro de
los Emberá en Bogotá
En medio de una nueva jornada de atención a la crisis humanitaria que vive la
comunidad Embera en Bogotá, el Gobierno Nacional, a través del viceministerio
para el Diálogo Social del Ministerio del Interior, lideró una mesa de trabajo
interinstitucional con el objetivo de coordinar acciones que garanticen los
derechos fundamentales de esta población indígena.
“Con Gloria Cuartas, directora (e) de la Unidad para las Víctimas, la Agencia
Nacional de Tierras y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (DAPRE), revisamos acciones que permitan dar respuesta efectiva a las
necesidades de la comunidad Emberá en Bogotá”, señaló Gabriel Rondón,
viceministro para el Diálogo Social.
El alto funcionario enfatizó la necesidad de que las instituciones del Estado
trabajen de manera articulada y sin confrontaciones para ofrecer soluciones
estructurales. “Aquí no se trata de pelear ni de polarizar este país sobre quién
tiene la razón. Se trata de construir soluciones de común acuerdo que permitan
proteger los derechos de esta población”, dijo.
Entre los puntos centrales de la agenda está la activación del Sistema Nacional
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), que fue citado a una
reunión este miércoles para discutir alternativas de retorno digno para los
Emberá que deseen regresar a sus territorios, así como para evaluar opciones
para aquellos que prefieran establecerse de forma permanente en Bogotá.
La comunidad Emberá, que se ha asentado de forma reiterada en parques y espacios
públicos de la ciudad, como el Parque Nacional, es protagonista por las
condiciones precarias en las que viven y a la dificultad de acceso a servicios
básicos, como salud y educación. En días recientes, la Alcaldía de Bogotá
denunció la instrumentalización de menores de edad por parte de algunos líderes
de esta comunidad durante manifestaciones y bloqueos, generando preocupación
sobre la vulneración de sus derechos.
El Gobierno Nacional ha reiterado su compromiso con el enfoque diferencial y el
respeto por las comunidades étnicas. No obstante, también dejó claro que el
acompañamiento institucional debe estar orientado a garantizar condiciones de
dignidad, integración y sostenibilidad, sin poner en riesgo a la población ni
generar conflictos con el resto de la ciudadanía.
Paola Holguín denunció a 18 ministros de Petro por
la consulta popular
La senadora y precandidata presidencial Paola Holguín presentó una denuncia
penal contra el Ministro de Salud y Protección Social,
Guillermo Alfonso Jaramillo, en su calidad de Ministro Delegatario, así como
contra los otros 18 ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro, por su
presunta responsabilidad en la promoción de una nueva Consulta Popular sin la
competencia legal para ello.
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Según la denuncia radicada por
Holguín, los funcionarios habrían incurrido en los delitos de prevaricato por
acción y abuso de función pública, tipificados en los artículos 413 y 428 del
Código Penal Colombiano.
La senadora argumenta que los Decretos 506 y 528 de 2025, mediante los cuales el
Presidente de la República delegó funciones al Ministro Jaramillo, no incluían
expresamente la facultad presidencial contenida en el artículo 104 de la
Constitución, ni lo señalado por las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, relativas
a la convocatoria de una consulta popular.
“Al no contemplar esa competencia expresamente en los decretos de delegación, el
presidente no transfirió jurídicamente la atribución para promover una consulta
popular. Por tanto, los ministros actuaron sin competencia legal, lo que
convierte su actuación en un acto manifiestamente contrario a derecho”, sostuvo
Holguín.
La denuncia asegura que la actuación conjunta de los ministros firmantes del
documento, bajo estas circunstancias, constituiría una conducta punible acorde
con el tipo penal de prevaricato por acción.
Además, una copia de la denuncia fue enviada a la Procuraduría General de la
Nación, con el fin de que se inicie una investigación disciplinaria por los
mismos hechos.
Esta acción judicial se enmarca en el creciente debate político y jurídico en
torno a la legalidad de los mecanismos de participación ciudadana impulsados por
el actual gobierno, en especial cuando estos son promovidos desde el Ejecutivo
con posibles vicios de competencia.
Explicaciones a España por operativo contra migrantes pide Petro
El presidente Gustavo Petro, ha pedido este martes explicaciones al Gobierno de
España después de que, según un vídeo publicado en redes sociales, varios
agentes de la Policía Nacional agredieran a cinco migrantes de nacionalidad
colombiana en la ciudad de Valencia.
"Espero del Gobierno español una explicación", ha declarado Petro a través de su
perfil en la red social X, donde ha publicado el mencionado vídeo y ha sostenido
que "aquí la Policía española ataca a cinco migrantes colombianos".
El mandatario del país latinoamericano ha asegurado que "las sociedades blancas
europeas y norteamericanas, en lugar de
priorizar la lucha contra la crisis climática, han iniciado un
programa de progromos
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contra la migración".
"Por eso ascienden los fascismos y la represión en sus propios países y la
agresión y guerras contra pueblos extranjeros. Por eso, Europa no hace nada
contra un genocidio frente a sus ojos", ha expresado.
Así, ha sostenido que "quieren mantener su confort blanco basado en el uso
intensivo del petróleo y el carbón": "No solo ayudan a extinguir la vida, sino
que matan a sus propios hijos y nietos con el colapso del clima. Y, para tapar
su miedo a perder el confort, entonces agreden a migrantes y construyen su
política alrededor de la represión a migrantes", ha reflexionado.
Por presunta extralimitación de funciones demandan
a ministro de Salud
La radicación del nuevo texto de la consulta popular 2.0 por parte del ministro
de Salud, Guillermo Jaramillo, ha generado una fuerte controversia jurídica y
política.
El debate se centra en si Jaramillo tenía o no las facultades para iniciar el
procedimiento de una consulta popular, que según la Ley 134 de 1994 y el
artículo 104 de la Constitución Política, solo puede ser convocada por el
presidente de la República, y únicamente con la firma de todos los ministros. El
ministro radicó el texto durante la ausencia del presidente Gustavo Petro, quien
se encontraba en visitas oficiales a China y Roma.
A través del decreto 0506 de 2025, Jaramillo fue designado como encargado
temporal de funciones presidenciales. Sin embargo, expertos sostienen que ese
encargo no le confería poderes especiales, como el de promover mecanismos de
participación ciudadana de esta naturaleza.
El exministro del Interior, Daniel Palacios, fue enfático al calificar el acto
como “ilegal”, señalando que “el ministro delegatario no tenía la facultad para
radicar una consulta popular ante el Congreso”, y advirtió sobre un posible caso
de abuso de función pública o prevaricato.
A estas críticas se sumó el representante a la Cámara Andrés Forero, del partido
Centro Democrático, quien anunció acciones legales contra Jaramillo. “La
consulta que radicó está viciada. En los decretos que le delegaron funciones no
aparece el artículo 104, que es el que faculta al presidente para consultar al
pueblo”, aseguró.
El exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, también se
pronunció, señalando que no solo es problemática la autoría de la radicación,
sino el contenido mismo de la consulta. Afirmó que no es viable insistir en
preguntas que ya fueron rechazadas por el Senado en una consulta anterior, ya
que esto vulneraría el procedimiento democrático.
Pinilla añadió que un ministro encargado no puede ejercer funciones con
implicaciones tan profundas como una consulta popular, pues carece de
legitimidad democrática directa.
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