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Pereira, Colombia - Edición: 13.495-1075

Fecha: Jueves 22-05-2025

Fiscalía pedirá cárcel para Carlos Ramón González por escándalo en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación formalizó el miércoles la imputación de cargos contra Carlos Ramón González, exjefe del DAPRE y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). González, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, fue acusado de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.

Según la Fiscalía, González habría sido el cerebro detrás de una red criminal dentro de la UNGRD, desde donde se habrían direccionado contratos por más de 70.000 millones de pesos con fines políticos. Parte de estos recursos habrían tenido como destino al senador Iván Name y al representante Andrés Calle, ambos hoy en prisión preventiva.

El escándalo, que comenzó a desatarse a finales de 2023, tomó fuerza tras las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la entidad, quienes señalaron que González les ordenó gestionar millonarios pagos en efectivo para los congresistas. Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones y también detenida, habría sido la encargada de entregar el dinero directamente a la casa de Name, en Bogotá.

La diligencia de imputación se realizó de forma virtual ante un magistrado del Tribunal de Bogotá, debido a que González, al momento de los hechos, tenía fuero por su cargo. Versiones indican que habría salido del país semanas atrás, anticipando su vinculación al caso. Su defensa está a cargo del penalista Iván Cancino.

La Fiscalía también habría pedido una medida de aseguramiento intramural, lo que conlleva automáticamente una orden de captura. Si se confirma que González está en el exterior, se iniciaría el proceso para activar una circular roja de Interpol, con el fin de lograr su detención internacional.

Expertos en derecho penal explican que, en caso de que el Tribunal avale la medida, será la Fiscalía la encargada de solicitar a Interpol la emisión de la alerta. Posteriormente, el Ministerio de Justicia deberá revisar la documentación y, si cumple los requisitos legales, enviarla a la Cancillería para iniciar los trámites diplomáticos necesarios para su extradición.

Carlos Ramón González es considerado una de las piezas clave en el entramado que desvió recursos destinados a la atención de desastres, con el objetivo de influir políticamente en el Congreso. La Fiscalía lo ubica en el centro de una red que no solo afectó los recursos públicos, sino también la credibilidad de las instituciones.

Liberados tres presuntos miembros del Clan del Golfo por las Autodefensas de la Sierra Nevada

En medio de un ambiente de creciente tensión en la región Caribe, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) entregaron a tres presuntos

integrantes del Clan del Golfo a una comisión de la Defensoría del Pueblo. El anuncio fue hecho a través de un video divulgado en redes sociales, donde la organización ilegal aseguró que los liberados estaban vinculados con actividades delictivas en Magdalena, La Guajira y Cesar.

Los hombres fueron identificados como Anthony Javier Lara Cantillo, oriundo de Ciénaga; Jesús Miguel Narváez Vega y Sebastián David Gutiérrez Jiménez, residentes en barrios populares de Santa Marta. Según el video de las ACSN, estos jóvenes habrían participado en un ataque armado en una cancha del barrio El Pando, donde resultaron heridas varias personas, entre ellas un niño de 11 años.

En su comunicado, el grupo armado aseguró que los capturados operaban bajo las órdenes de alias Mono Copete, supuesto cabecilla del Clan del Golfo en la región, y que habrían sido reclutados por alias Periquito, quien, según las ACSN, continúa dirigiendo operaciones delictivas desde la cárcel Rodrigo de Bastidas, en Santa Marta.

Aunque el acto fue presentado por las ACSN como una medida para proteger a la ciudadanía, lo cierto es que deja al descubierto el poder que han venido ejerciendo estos grupos ilegales sobre el territorio. Las autodefensas insistieron en que no tienen conflicto con la fuerza pública ni con el Estado, y aseguraron que su lucha es exclusivamente contra el Clan del Golfo. Sin embargo, sus palabras contrastan con el control armado que imponen y con la amenaza lanzada al cierre del video: un ultimátum de 24 horas para que el Clan del Golfo abandone Santa Marta.

Mientras tanto, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre el video ni sobre la situación de los hombres liberados. En las calles, la comunidad vive con temor, atrapada entre comunicados armados y promesas de seguridad de grupos que operan por fuera de la ley.

El Caribe colombiano sigue siendo escenario de una disputa violenta entre organizaciones ilegales que dicen defender al pueblo, pero que, con sus armas y presencia intimidante, mantienen a la población entre la zozobra y el silencio.

Extinción de dominio a red de chance ilegal que operaba en el Eje Cafetero

La Fiscalía General de la Nación asestó un nuevo golpe contra las estructuras criminales que operan en el país, al afectar con extinción de dominio a una red dedicada a la venta ilegal de juegos de azar en el Eje Cafetero. Se trata de 27 bienes avaluados en más de siete mil millones de pesos, presuntamente adquiridos con dineros provenientes de actividades ilícitas.

Los bienes, que incluyen 18 casas, dos fincas, cuatro vehículos, dos motocicletas y una sociedad comercial, hacían parte del patrimonio de los integrantes de la organización delincuencial conocida como ‘Apolo’. Esta red tenía presencia en Pereira, La Tebaida (Quindío), Caicedonia y Sevilla (Valle del Cauca), y fue desmantelada en noviembre de 2024 tras un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades, los 18 capturados estaban vinculados a los delitos de ejercicio ilícito de actividad rentística y monopolística, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito. La investigación permitió establecer que ‘Apolo’

no actuaba sola: operaba bajo la protección del grupo delincuencial organizado ‘La Inmaculada’, al que le pagaban una “vacuna” para continuar sus actividades sin interferencias.

Además, se reveló que también mantenían nexos con el Frente 57, Yair Bermúdez de las disidencias de las FARC, con injerencia en zonas del Cauca, Valle y Norte del Tolima. La red lograba ganancias anuales que rondaban los 10 mil millones de pesos, gracias a la comercialización clandestina de chance, rifas y bonos.

Los bienes afectados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración. La comunidad espera que estas acciones marquen un precedente contra el poder económico de las organizaciones ilegales en la región.

Continúan los combates entre el Ejército y el ELN en Norte de Santander

La violencia en Norte de Santander no da tregua. Desde el martes 20 de mayo, unidades del Ejército Nacional sostienen fuertes combates con integrantes del ELN en distintas zonas del departamento, como parte de una ofensiva militar contra los frentes armados que siguen sembrando el terror en esta región estratégica del país.

En las últimas horas, la Brigada 30 del Ejército reportó enfrentamientos en la vereda Las Brisas, jurisdicción rural del municipio de Lourdes. Allí, las tropas lograron capturar a seis presuntos miembros del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, y se incautaron cuatro armas largas y ocho granadas. El operativo representa uno de los golpes más contundentes contra esa estructura en lo corrido del mes.

Los choques armados no solo se han presentado en zonas rurales. En Cúcuta, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 fueron atacadas por el frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, cuando acompañaban a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras. El ataque, ocurrido en el sector de San Gerardo, dejó como saldo un guerrillero muerto, otro que se entregó voluntariamente, y la incautación de un arma corta y equipos de comunicación.

El Ejército condenó con firmeza el ataque a los funcionarios de restitución, señalando que se trata de una grave violación a los derechos humanos y un obstáculo para el retorno seguro de las víctimas del conflicto. La institución confirmó que continuará con sus operaciones en la zona para desarticular los frentes del ELN.

Mientras tanto, la crisis humanitaria en la región sigue creciendo. Desde enero, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han dejado más de 106 muertos, 12.000 personas confinadas y al menos 64.000 desplazadas en municipios como Tibú, El Tarra y Teorama.

Uno de los hechos más dolorosos ocurrió el pasado 15 de mayo en la vereda 20 de Julio, de Tibú. Un ataque con drones cargados de explosivos, presuntamente perpetrado por el ELN, dejó muerto a un niño de 12 años, Luis Antonio Aragón, y gravemente herida a su madre, Marli Floredis Aragón. El hecho fue calificado por el ministro de Defensa como “un cobarde atentado contra una comunidad que lucha por salir adelante”.

Por ahora, los enfrentamientos no cesan y la población civil sigue atrapada en medio del fuego cruzado.

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