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Ley busca que victimarios de feminicidio no queden
libres por vencimiento de términos
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el
proyecto de ley que crea una Justicia Especializada con Enfoque de Género, de
autoría de la Representante Carolina Arbeláez Giraldo.
De acuerdo a la congresista del partido Cambio Radical, esta iniciativa busca
romper la cruel realidad de la impunidad en los delitos de feminicidio y
violencia contra la mujer, mediante la ampliación de los términos procesales.
Con ello se evitará que, por congestión judicial, los agresores queden en
libertad por vencimiento de términos.
Además, el proyecto tipifica el acoso sexual en el espacio público,
estableciendo sanciones administrativas para los acosadores en las calles y el
transporte, “una respuesta necesaria ante una forma cotidiana, pero silenciada
de violencia que viven miles de mujeres”, dijo la representante.
Agregó que la violencia de género en Colombia es una emergencia, entre 2020 y
2023 se registraron más de 61.000 delitos sexuales y cerca de 64.000 casos de
violencia intrafamiliar. En 2024 se reportaron 886 feminicidios, y en lo que va
de 2025 ya se contabilizan más de 200 casos.
“Las mujeres en este país vivimos una realidad aterradora. La impunidad llega al
97% en los casos de abuso sexual y al 77% en los casos de feminicidios, los
victimarios están libres y en la calle sin que la justicia actúe y las mujeres
son revictimizadas por el sistema, sin acceso y efectividad de la justicia”,
enfatizó Arbeláez Giraldo.
El proyecto propone un sistema integral de prevención, atención, sanción y
reparación, articulado entre entidades como la Fiscalía General de la Nación, la
Rama Judicial, la Policía Nacional, las Comisarías de Familia y la Defensoría
del Pueblo.
También plantea la creación de una Dirección Especializada en la Fiscalía y el
fortalecimiento de las Casas de Justicia como primer punto de contacto para las
víctimas.
Igualmente incluye atención en salud mental para los profesionales que atienden
a víctimas de violencia de género, con el fin de fortalecer su bienestar
emocional y mejorar la calidad de atención que brindan.
Finalmente, la representante de Cambio Radical, advirtió que, con este proyecto
el Congreso le apuesta a una justicia eficaz, con enfoque de género, que no
tolere la impunidad y garantice que el estado responda de manera contundente
ante la violencia que sufren las mujeres en Colombia.
"Usted sí actuó bajo una Constitución paralela":
respuesta de Petro a Gaviria
Continúa la disputa en torno a las
reformas propuestas por el Gobierno, en especial la
reforma laboral, y una eventual consulta popular, que Petro considera necesaria
tras el hundimiento de la iniciativa en el Congreso, el
presidente Gustavo Petro y el expresidente César Gaviria protagonizan un
enfrentamiento en ese sentido.
La controversia comenzó cuando Gaviria,
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director del Partido Liberal y uno
de los arquitectos de la Constitución de 1991, acusó a Petro de intentar imponer
una “Constitución paralela” al margen del ordenamiento jurídico vigente. En un
comunicado, el exmandatario advirtió que de persistir en ese camino: “nos
veremos en la obligación de desconocer su autoridad como jefe del Estado”,
señaló.
La respuesta de Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, calificó
las palabras de Gaviria como una amenaza de golpe de Estado: “Me amenaza a mí,
el presidente elegido por el voto popular, con un golpe de Estado. Veremos si el
pueblo me deja solo o responde como toca responder a la sedición
antidemocrática”.
En su extenso pronunciamiento, Petro comparó la situación con el sabotaje
político que enfrentó el expresidente Alfonso López Pumarejo durante su intento
de modernizar el país en los años 30. Además, defendió su derecho a proponer una
consulta popular para que la ciudadanía decida sobre las reformas, y acusó a
Gaviria de haber gobernado bajo su propia “constitución paralela”, mediante la
aprobación de múltiples artículos transitorios que —según Petro— sirvieron para
privatizar el Estado. "Hizo una constitución para usted, desde donde se
implementaron leyes hoy insostenibles", enfatizó Petro.
Gaviria, por su parte, había reafirmado que el país debe seguir bajo el marco de
la Constitución de 1991 y que son las cortes las llamadas a resolver las
diferencias. “Hoy la Nación se enfrenta al reto de restablecer el Estado social
de Derecho y de asegurar el acatamiento pleno a las decisiones de las tres altas
cortes”, afirmó.
Petro, en contraste, denunció supuestas irregularidades en el Congreso durante
la votación de su reforma laboral, acusando a algunos sectores de incurrir en
fraude al impedir el voto de congresistas favorables al proyecto. También lanzó
críticas directas al senador Miguel Ángel Pinto, quien luego de apoyar el
hundimiento de la reforma oficialista, radicó una alternativa desde el Partido
Liberal.
"Gobierno pretende usar una consulta popular para
atacar al Congreso", Iván Duque
Durante un foro con varios exmandatarios de América Latina y España, el
expresidente colombiano Iván Duque cuestionó duramente la intención del actual
gobierno de presentar nuevamente una consulta popular.
Según afirmó, esta iniciativa no busca realmente escuchar al pueblo, sino
preparar el terreno para las elecciones de 2026, usando recursos públicos para
fidelizar apoyos políticos.
"El gobierno pretende usar una consulta popular con preguntas sesgadas para
atacar al Congreso, estigmatizar a la oposición y
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hacer campaña anticipada para 2026, poniendo en
riesgo la democracia y las instituciones", manifestó.
El exmandatario advirtió que esta estrategia podría debilitar las instituciones
y afectar la separación de poderes.
Por ello, hizo un llamado al Grupo
Libertad y Democracia, que agrupa a líderes comprometidos con el orden
constitucional, para rechazar de forma categórica estas prácticas que, a su
juicio, ponen en riesgo la democracia en Colombia con fines meramente
electorales.
"El Senado en buena hora lo rechazó y el presidente quiere presentarlo de nuevo.
No porque quiera, a través de la democracia plebiscitaria escuchar a la
ciudadanía, sino lo que quiere es empezar a calentar motores, de cara a la
elección de 2026 para mover recursos en todo el territorio nacional y tratar de
fidelizar organizaciones a partir de la repartija presupuestal", remarcó Duque
ante los exmandatarios que conforman este grupo reunidos en Madrid.
Paola Holguín denunció a 18 ministros de Petro por
la consulta popular
La senadora y precandidata presidencial Paola Holguín presentó una denuncia
penal contra el Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso
Jaramillo, en su calidad de Ministro Delegatario, así como contra los otros 18
ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro, por su presunta
responsabilidad en la promoción de una nueva Consulta Popular sin la competencia
legal para ello.
Según la denuncia radicada por Holguín, los funcionarios habrían incurrido en
los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública, tipificados en
los artículos 413 y 428 del Código Penal Colombiano.
La senadora argumenta que los Decretos 506 y 528 de 2025, mediante los cuales el
Presidente de la República delegó funciones al Ministro Jaramillo, no incluían
expresamente la facultad presidencial contenida en el artículo 104 de la
Constitución, ni lo señalado por las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, relativas
a la convocatoria de una consulta popular.
“Al no contemplar esa competencia expresamente en los decretos de delegación, el
presidente no transfirió jurídicamente la atribución para promover una consulta
popular. Por tanto, los ministros actuaron sin competencia legal, lo que
convierte su actuación en un acto manifiestamente contrario a derecho”, sostuvo
Holguín.
La denuncia asegura que la actuación conjunta de los ministros firmantes del
documento, bajo estas circunstancias, constituiría una conducta punible acorde
con el tipo penal de prevaricato por acción.
Además, una copia de la denuncia fue enviada a la Procuraduría General de la
Nación, con el fin de que se inicie una investigación disciplinaria por los
mismos hechos.
Esta acción judicial se enmarca en el creciente debate político y jurídico en
torno a la legalidad de los mecanismos de participación ciudadana impulsados por
el actual gobierno, en especial cuando estos son promovidos desde el Ejecutivo
con posibles vicios de competencia.
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