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Arranca la ‘Ruta segura para las elecciones
2025-2026’
Durante el Encuentro para la Seguridad Electoral, el registrador nacional del
Estado Civil, Hernán Penagos, y el director general de la Policía Nacional,
brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, anunciaron el inicio de la
‘Ruta segura para las elecciones 2025-2026’, con el objetivo de trabajar de
manera articulada en un proceso logístico impecable y en tareas orientadas a
garantizar el voto libre para todos los colombianos.
“Esta ruta segura para las elecciones permitirá ganar mayor confianza de la
ciudadanía y dar tranquilidad de que los puestos y las mesas de votación serán
instaladas en cada uno de los rincones de Colombia. Lo que hacemos hoy con esta
alianza con la Policía Nacional por un voto seguro generará las mejores
condiciones para garantizar elecciones íntegras y transparentes”, afirmó el
Registrador Nacional.
Igualmente, aseguró que los desafíos actuales no son solo logísticos, sino
también tecnológicos. Por ello, sostuvo que el trabajo articulado en materia de
ciberseguridad y lucha contra la desinformación será prioritario. “Tendremos que
trabajar muy articulados en los temas de ciberseguridad. La Registraduría y la
Policía cuentan con herramientas tecnológicas muy interesantes, si las
articulamos, vamos a poder avanzar en esos temas”, dijo.
Asimismo, sostuvo que “debemos enfocarnos en los temas relacionados con noticias
falsas y desinformación, que hoy aquejan a la mayoría de las democracias del
mundo y, en especial, a las autoridades electorales de la región. Sin duda, la
desinformación está generando circunstancias que pueden incluso derivar en
problemas democráticos futuros”.
Por su parte, el director general de la Policía Nacional, brigadier general
Carlos Fernando Triana Beltrán, señaló que “se habilitarán canales para atender
denuncias ciudadanas y coordinar acciones pertinentes con la Unidad de Recepción
Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) del Ministerio del Interior.
Adicionalmente, la Dijin será la responsable del Puesto de Mando Unificado de
Ciberseguridad, dirigido a ejecutar acciones para prevenir e investigar
afectaciones a plataformas estatales antes, durante y después de las
elecciones”.
De igual forma, sostuvo que la Dirección de Protección y Servicios Especiales,
en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), liderará la ruta de
protección a candidatos. Entretanto, la Dirección de Educación Policial estará a
cargo de la capacitación institucional a más de 20.000 funcionarios en temas
como delitos electorales, actuación policial y uso del Sistema de Información
Plan Democracia, el cual permitirá gestionar, consultar y visualizar puestos de
votación, personal asignado y reportes estratégicos.
Por orden de la Corte, ministro Sanguino asistió a audiencia en su contra
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó al ministro
de Trabajo, Antonio Sanguino, asistir a la audiencia de
acusación que se adelanta en su contra, por su presunta participación en el caso
del 'carrusel de la contratación', en Bogotá.
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En medio de la diligencia, que inicio a las 2 de la
tarde, el alto tribunal hizo un llamado de atención a la defensa del jefe
de la cartera, quien, en un primer momento, no se presentó a la audiencia
virtual de este lunes.
"La Sala considera prudente dar unos minutos para que el señor ministro se
presente, dada la connotación del caso y el interés que sobre el mismo tiene la
opinión pública al tratarse de un ministro de Estado”, indicó el magistrado
Jorge Emilio Caldas.
Cuando el jefe de la cartera de Trabajo apareció conectado, aseguró que su
inasistencia correspondía a su participación en compromisos que debía atender
como parte de sus funciones en su cargo actual.
"Por indicación de mi abogado defensor, concurro a esta audiencia. Estaba
atendiendo asuntos relacionados con mi responsabilidad como ministro, pero acabo
de suspenderlas para comparecer, ante la solicitud que, según mi abogado, ha
hecho usted señor magistrado", indicó Sanguino.
Es importante mencionar que el caso en contra del ministro pasó de la Fiscalía a
la Corte Suprema de Justicia, luego de que el presidente Gustavo Petro lo
designara como parte de su gabinete el pasado 12 de febrero.
El proceso judicial contra Sanguino marca un nuevo capítulo en la investigación
por uno de los escándalos de corrupción más sonados en Bogotá. El exconcejal y
ahora ministro, será acusado formalmente de presuntas irregularidades en la
adjudicación de contratos durante el gobierno de Samuel Moreno, hechos por los
cuales ya han sido condenados varios exfuncionarios.
Minagricultura se burla del campo colombiano dicen
arroceros
En el marco de la Audiencia Pública sobre el arroz y los distritos de riego,
líderes gremiales, productores y campesinos de los departamentos de Tolima,
Huila, Casanare y otras regiones del país, que participaron en la audiencia
señalan que el Gobierno Nacional sigue tomando del pelo al campo y a los
arroceros del país, hoy como en todas las mesas y reuniones siguen incumpliendo.
A tan solo días del vencimiento de la resolución que estipula el incentivo a la
comercialización plazo que finaliza el 30 de junio, ningún agricultor ha
recibido el apoyo, debido a que el operador encargado aún no ha sido designado.
Esta omisión pone en riesgo no solo la sostenibilidad de las cosechas actuales,
sino también la confianza del sector en el cumplimiento institucional.
A esto se suma la completa falta de información sobre la fijación del precio del
arroz para el segundo semestre. Hoy, el precio por carga se ubica en $185.000,
pero
circulan versiones no oficiales que anuncian una reducción a
$165.000. Esta situación genera una profunda incertidumbre y vulnerabilidad
económica para los productores, quienes ven cómo las decisiones clave se dilatan
y se les deja sin garantías.
"Se convoca a una audiencia pública solo a perder nuestro tiempo, lo que debería
ser un ejercicio técnico y transparente se ha convertido en un terreno fértil
para el rumor, la improvisación y el incumplimiento. El campo colombiano no
necesita más promesas ni intermediarios sin facultades: necesita acciones
urgentes, certezas y respeto por quienes sostienen la seguridad
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alimentaria del país." señaló Carlos Arturo Rojas,
líder arrocero y gerente de Usocoello.
Otras temáticas de la agenda de discusión giraron
en torno a problemáticas estructurales del sector: la ausencia de una política
clara de exportación, el abandono de los distritos de riego, y la falta de
incentivos a la comercialización. Los arroceros durante toda la audiencia
denunciaron el incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados en marzo de
este año, un hecho con el que advierten, pone en riesgo la viabilidad del
cultivo de arroz y la seguridad alimentaria del país.
Gabriel Núñez, líder arrocero y gerente de Coagrodistritos, aseguró “Ha habido
un incumplimiento total. Nada se ha cumplido, ni en Tolima, ni en Huila, ni en
ningún otro departamento. Hemos insistido en que el Ministerio de Ambiente
ausente hoy instale mesas técnicas urgentes para revisar la tasa de uso del agua
en el sector agropecuario. Si no hay compromisos serios hoy, entenderemos que se
están burlando del campo colombiano”.
La falta de avances en los compromisos financieros, la ausencia de garantías
frente al precio de compra de la cosecha del segundo semestre han sido también
tema importante de discusión en la audiencia.
En representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural participaron:
• América Astrid Melo, viceministra encargada
• Rosita Salazar, directora de Propiedad Rural
• Ruth Ibarra, secretaria técnica de la Cadena del Arroz
Además, asistieron Fernando Borja, secretario de Desarrollo Agropecuario y
Producción Alimentaria del Tolima; Sergio Rincón, director territorial 8 del
Tolima; Angélica Franco, delegada de la Dirección de Desarrollo Rural
Sostenible; Miguel Marentes, director seccional del Ministerio en Ibagué.
C. de Estado admite demanda que busca pérdida de investidura de David Racero
El Consejo de Estado admitió una demanda que busca la pérdida de investidura del
expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, por presunto uso
indebido de recursos públicos.
La acción judicial fue presentada por los ciudadanos Samuel Ortiz Mancipe y
Lucas Durán, quienes alegan que David Racero habría asignado a un integrante de
su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para que atendiera su supermercado de
frutas y verduras en Bogotá.
La demanda se fundamenta en que las UTL están destinadas exclusivamente a apoyar
la labor legislativa de los congresistas, por lo que cualquier otro uso
constituiría una desviación de su propósito legal. “Su función se encuentra
ligada indefectible y exclusivamente a ese cometido”, señala el texto
presentado.
Entre las pruebas aportadas se incluyen audios, fotografías, conversaciones de
chat y denuncias periodísticas, como la columna de Daniel Coronell en Los
Danieles, en la que se expone cómo Racero solicitaba informes de ventas a Jhon
Leonardo García, miembro de su UTL.
El caso fue asignado al despacho del consejero de Estado Freddy Hernando Ibarra,
quien evaluará si esta nueva demanda debe acumularse con otras que también
buscan la pérdida de investidura del congresista por hechos similares, incluida
una por presunta violación de los topes de financiación electoral.
La admisión del proceso marca un nuevo capítulo en el escrutinio jurídico contra
el exrepresentante, quien podría enfrentar la llamada “muerte política” si se
comprueban las acusaciones.
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