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Empresas del país han aprovechado más de 644.000
toneladas de residuos
Gracias a la gestión del Grupo Retorna, iniciativa conformada por seis programas
de posconsumo creados y promovidos por la ANDI, se ha logrado recolectar y
aprovechar más de 644.000 toneladas de residuos en el país desde el 2012 hasta
la fecha.
Lo anterior, gracias al trabajo de articulación del sector productivo liderado
por la Asociación, con una estrategia de economía circular que permite cumplir
las metas de descarbonización, reducir la dependencia de recursos vírgenes y
fomentar la inclusión social. En este contexto, se ha conseguido instalar más de
7.000 puntos de recolección y/o acopio en 400 municipios de todo el territorio
nacional.
Nuestro compromiso es permanente, pues entendemos que la economía circular ha
dejado de ser una opción y se ha convertido en una estrategia clave de
sostenibilidad integral, que afecta e involucra de manera positiva, tanto a la
sociedad civil como al sector empresarial.
Además, estos esfuerzos no solo consolidan a Colombia como líder en economía
circular en la región, sino que también fortalecen la posición de nuestro país
en el comercio internacional, donde la sostenibilidad es un criterio clave para
la competitividad”, señaló María Paola Vélez, Gerente del Grupo Retorna.
El Grupo Retorna, conformado por los programas: Cierra el Ciclo (enfocado en
plaguicidas de uso doméstico); Ecocómputo (trabaja con computadores usados y
periféricos); Pilas con el Ambiente (se enfoca en pilas y acumuladores usadas);
Red Verde (recolecta electrodomésticos usados); Recoenergy (gestiona baterías
usadas de plomo) y Rueda Verde (enfocado en llantas usadas); cuentan actualmente
con más de 150 empresas afiliadas.
Bajo el liderazgo de la ANDI y en coordinación con las autoridades ambientales,
se lograron establecer las bases para crear el concepto de Responsabilidad
Extendida del Productor (REP) en el país, permitiendo así que las empresas
asumieran un papel activo en la gestión de residuos posconsumo, aportando de
manera activa a la construcción de un país más sostenible.
Adicionalmente, las empresas han logrado alcanzar nuevos estándares que les
permiten tener acceso a mercados internacionales, como el europeo y el
norteamericano, donde los consumidores prefieren los productos que generan una
menor huella ambiental, lo cual también se ve reflejado en regulaciones más
exigentes que, de manera anticipada a la exigida por las autoridades, se han
adoptado en Colombia.
Abren indagación previa por presuntas
irregularidades del PAE en Neiva
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios
de la alcaldía de Neiva por presuntas irregularidades en la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar (PAE), específicamente
por la falta de justificación sobre el origen y procedencia de productos
cárnicos almacenados en una bodega del operador contratado.
Según informó el ente de control este 28 de mayo de 2025, el operador del
contrato no entregó información clara ni verificable sobre la trazabilidad de
los alimentos, situación que encendió las alertas en la capital del Huila. Ante
este escenario, las autoridades locales ordenaron una medida sanitaria de
seguridad y procedieron al decomiso e incineración de los productos con el fin
de prevenir riesgos para la salud de los estudiantes
beneficiarios del programa.
Procuraduría solicita información clave del contrato del PAE
La Procuraduría Provincial de Instrucción de
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Neiva, responsable del
proceso, también requirió a la alcaldía la entrega de documentación detallada
relacionada con la fase contractual del PAE, los informes recientes de
seguimiento a su ejecución, y los resultados de la inspección a las bodegas del
operador.
La apertura de esta indagación se fundamenta en acciones preventivas y hechos
conocidos públicamente, que podrían comprometer la integridad del programa y el
bienestar de los menores beneficiados por este servicio esencial.
Riesgo sanitario encendió las alertas
El caso refleja fallas graves en la supervisión y control del PAE en Neiva, un
programa fundamental para garantizar la nutrición escolar. La incineración de
los productos cárnicos decomisados no solo fue una medida de emergencia, sino
también un indicador del posible incumplimiento de normas sanitarias por parte
del operador.
La Procuraduría continuará con las investigaciones para determinar
responsabilidades disciplinarias en este caso, que pone nuevamente bajo la lupa
la transparencia y gestión del PAE en diferentes regiones del país.
Servicios en riesgo por deuda de Nueva
EPS alertan clínicas en Santander
La crisis financiera del sistema de salud en Santander se profundiza por el
incremento de la deuda de la Nueva EPS con clínicas y hospitales del
departamento. A cuatro meses de la suspensión de servicios por parte del
Hospital Internacional de Colombia (HIC), otros centros médicos, tanto públicos
como privados, enfrentan graves dificultades para mantener su operación.
La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, advirtió que servicios
como urgencias y salas de parto están en riesgo debido a su baja rentabilidad.
“La deuda que tienen las EPS con nuestra red hospitalaria es muy alta, y los
hospitales ya no logran sostener servicios que tienen una rentabilidad muy baja.
Servicios como urgencias y partos no son rentables, a diferencia de otros como
cirugía, que sí lo son”, explicó la funcionaria.
Amaya alertó que el cierre de estos servicios esenciales sería una consecuencia
directa de la crisis. “Cuando un gerente tiene que cerrar servicios de baja
rentabilidad, pero de gran importancia social, como los partos, es una alerta
que nos obliga a tomar acciones urgentes”, afirmó. Añadió que desde la
Administración Municipal se están buscando alternativas para que el Gobierno
Nacional intervenga, ya que no se cuenta con la capacidad local para solucionar
el problema de liquidez.
Deuda millonaria sin claridad oficial
La situación se agrava porque aún no se conoce con certeza el monto exacto de la
deuda de la Nueva EPS. En un debate de control político el 27 de mayo de 2025,
el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que no se tiene claridad sobre
las cifras reales. “Todavía no sabemos de qué tamaño es la deuda”, señaló.
Además, el funcionario indicó que la Nueva EPS no cuenta con estados financieros
certificados de los años 2023 y 2024, lo que impide establecer oficialmente sus
pasivos. Según un reporte con corte al 31 de diciembre de 2023, la entidad
registraba pasivos por más de $6,2 billones.
Ávila insistió en que esta deuda no es atribuible a la reforma a la salud del
Gobierno Petro, ya que se originó bajo el sistema actual. También enfatizó que
la responsabilidad no recae únicamente
en el Gobierno, dado que la
participación accionaria de la EPS es mayoritariamente privada.
Intervención y hallazgos
La Superintendencia Nacional de Salud intervino a Nueva EPS el 3 de abril de
2024, al determinar que no cumplía con los requisitos financieros para operar.
Según revelaciones posteriores del exsuperintendente Luis Carlos Leal, durante
un debate el 30 de mayo, la entidad ocultó facturas desde 2019 para encubrir la
magnitud de su deuda.
“La EPS tenía una deuda con hospitales públicos y privados que no estaba
registrada oficialmente. No era de $500.000 millones
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como se creía, sino de por lo menos $5,5 billones”, denunció
Leal. También
aseguró que la Nueva EPS venía ocultando facturas que no
legalizaba, práctica que fue reiteradamente denunciada por asociaciones
hospitalarias.
Suspenden captación ilegal de agua en Cogua
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida
preventiva de suspensión inmediata a una finca ubicada en la vereda Casa Blanca,
municipio de Cogua, tras descubrir una captación ilegal de agua y la
construcción de un reservorio no autorizado.
La intervención se dio luego de que la comunidad presentara una queja anónima,
alertando a las autoridades ambientales sobre una posible afectación en el
ecosistema local. Ante esta denuncia, el equipo técnico de la Regional Sabana
Centro de la CAR se desplazó hasta la zona para realizar una visita de
verificación.
Allí, los técnicos confirmaron que la finca estaba realizando la captación del
recurso hídrico sin los permisos requeridos por la normatividad ambiental
vigente. Además, encontraron un reservorio construido en las cercanías de la
quebrada El Salvio, dentro de la ronda de protección, una franja que por ley
debe permanecer libre de intervenciones para garantizar la protección de los
cuerpos de agua y la biodiversidad asociada.
Según explicó Liliana Ramírez, directora de la Regional Sabana Centro, “el
administrador de la finca informó que la captación se realiza para labores
pecuarias; sin embargo, luego de consultar el sistema de expedientes, se
verificó que no cuentan con permiso de concesión de aguas superficiales, lo que
constituye una falta a la normatividad ambiental”.
La funcionaria destacó que, además del uso no autorizado del recurso, la
ubicación del reservorio dentro de la ronda de la quebrada representa una
infracción adicional, ya que afecta el tránsito natural de especies forestales
nativas que cumplen funciones clave en la protección del suelo y la regulación
del ciclo hídrico.
“Este tipo de construcciones altera el equilibrio ecológico del área. Se
interrumpe la circulación de especies vegetales, se contamina el recurso y se
compromete el abastecimiento de agua para las comunidades que dependen de este
ecosistema”, advirtió Ramírez.
Por ello, la CAR impuso la medida preventiva de suspensión inmediata de la
captación ilegal y anunció el inicio de un proceso sancionatorio para determinar
las responsabilidades legales y ambientales del caso.
Este procedimiento no solo busca frenar el daño ambiental en curso, sino también
generar un precedente sobre la importancia de respetar las normas de uso del
agua y conservación de zonas protegidas.
La denuncia anónima de la comunidad fue fundamental para activar la cadena de
vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental. Por esta razón, desde
la CAR se enfatizó en la necesidad de fortalecer los canales de comunicación
entre ciudadanía e institucionalidad.
“La participación activa de la comunidad es fundamental. Cualquier persona puede
hacer la diferencia al alertar sobre actividades sospechosas que puedan estar
afectando nuestros recursos naturales”, recalcó la directora regional.
La quebrada El Salvio, donde ocurrió la intervención, es parte del sistema
hídrico que abastece a varias veredas del municipio de Cogua. Su conservación es
vital no solo por su importancia ecológica, sino también porque representa una
fuente de agua fundamental para actividades agrícolas y domésticas en la zona
rural.
Este caso se suma a otros operativos recientes realizados por la CAR en
distintos puntos de la región, como parte de su estrategia para vigilar y
proteger los ecosistemas estratégicos del altiplano cundiboyacense, en los
cuales la denuncia ciudadana ha sido clave para la detección de infracciones
ambientales.
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