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Senador Samy Merheg en el ojo del huracán por presunto acaparamiento
de tierras baldías
Una nueva controversia sacude el Congreso de la República, luego de
que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) revelara que varios
legisladores estarían involucrados en la ocupación irregular de
tierras baldías, bienes que por ley deben destinarse a campesinos
sin tierra. Entre los nombres mencionados destaca el del senador
conservador pereirano Juan Samy Merheg, a quien se le señala de
tener predios en Vichada y el Valle del Cauca.
La denuncia fue presentada por el director de la ANT, Felipe Harman,
durante el último Consejo de Ministros encabezado por el presidente
Gustavo Petro. Allí, el funcionario fue contundente al afirmar que
al menos uno de cada tres congresistas tiene algún tipo de vínculo
con este tipo de ocupaciones. “Hemos identificado casos específicos
que ya cuentan con procesos administrativos en curso. Estos
congresistas deberán responder y justificar la procedencia de esas
tierras”, declaró.
La situación ha encendido las alarmas en medio del proceso de
Reforma Agraria que impulsa el Gobierno, cuyo eje central es la
recuperación y redistribución de tierras baldías para comunidades
campesinas históricamente marginadas. El 10 de abril pasado, la ANT
radicó la primera demanda judicial relacionada con este tema,
iniciando así una ofensiva institucional para frenar el
acaparamiento.
La inclusión del senador Merheg en esta lista genera un fuerte
impacto en la opinión pública, no solo por tratarse de un
congresista activo, sino por el trasfondo de inequidad que
representa el uso indebido de estas tierras. Si bien los procesos
aún están en etapa preliminar, la revelación añade presión sobre el
Congreso y plantea serias preguntas sobre la ética en la tenencia de
tierras.
Mientras la investigación avanza, el país sigue de cerca este nuevo
capítulo en el debate sobre el acceso a la tierra. Las promesas de
justicia social y equidad rural, bandera del actual gobierno,
enfrentan ahora uno de sus mayores desafíos: desmontar el poder
político enquistado en la tierra.
Risaralda prende alarmas por
desabastecimiento de medicamentos y activa Puesto de Mando Unificado
Ante las constantes fallas en la entrega de medicamentos en
Risaralda, la Defensoría
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del Pueblo
departamental tomó la iniciativa de liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU)
en Pereira, con el propósito de encontrar soluciones urgentes a una crisis que
afecta directamente a miles de pacientes en el territorio.
En la reunión participaron representantes de hospitales públicos, personerías
municipales y funcionarios del sector salud. Todos coincidieron en que el
desabastecimiento ya no puede ser tratado como un problema puntual, sino como
una emergencia sostenida que requiere respuestas inmediatas.
Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de
Salud de Risaralda, fue enfática al exigir acciones concretas y no promesas a
futuro. “Todavía se habla de soluciones que están lejos de implementarse. No
podemos seguir dándole más tiempo a operadores farmacéuticos mientras los
hospitales tienen la capacidad de entregar directamente los medicamentos. El
usuario debe ser el centro del sistema, pero eso aún no se refleja en la
realidad”, expresó.
Uno de los puntos críticos señalados es la falta de cumplimiento por parte de
los entes de control, lo que ha prolongado el caos en la distribución de
medicamentos, especialmente para pacientes crónicos, quienes no pueden esperar
más.
La convocatoria al PMU marca un primer paso hacia la articulación
interinstitucional, pero también deja en evidencia el nivel de desgaste de los
actores de salud frente a un sistema que no responde con la agilidad que exige
la vida de los pacientes.
Por ahora, la expectativa está puesta en que este esfuerzo conjunto no se quede
en el papel, y que por fin comiencen a implementarse medidas reales que
garanticen el acceso a los medicamentos como un derecho fundamental.
Una tonelada de cocaína fue incautada en vía del
Quindío
En un operativo de alto impacto, la Seccional de Tránsito y Transporte del
Quindío incautó una tonelada de clorhidrato de cocaína que era transportada de
manera camuflada en un tracto camión que circulaba por la vía entre La Paila y
Armenia. El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 31+200, en el sector
conocido como La Herradura.
La droga, oculta en una caleta hidráulica dentro de dos isotanques, tenía como
destino final Bogotá y había salido desde Yumbo, en el Valle del Cauca. Según
las autoridades, el cargamento tendría un valor superior a los 5.000 millones de
pesos en el mercado ilegal, afectando significativamente las finanzas de las
redes criminales que operan en esta ruta.
El conductor del vehículo, un joven de 26 años, fue capturado y el camión
inmovilizado. Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para
determinar a qué estructura narcotraficante pertenecía este cargamento y si
existen otras personas implicadas.
La brigadier general Susana Blanco
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Romero, directora de Tránsito y
Transporte de la Policía Nacional, envió un mensaje
contundente a las organizaciones delincuenciales: “No bajaremos
la guardia. Seguiremos actuando con firmeza en los corredores estratégicos del
país”.
Este operativo reafirma el papel estratégico del Quindío como punto clave en las
rutas del narcotráfico y, al mismo tiempo, demuestra la necesidad de mantener
una presencia institucional constante en las carreteras para frenar el avance
del crimen organizado.
Puente Helicoidal en Calarcá bajo la lupa: piden
acciones urgentes para frenar la accidentalidad
La preocupación por la seguridad vial en el sector del puente Helicoidal, en
jurisdicción de Calarcá, Quindío, crece tras el trágico accidente ocurrido el
pasado 24 de mayo. Ante este panorama, Juan Guillermo Agudelo, secretario de
Infraestructura del departamento, confirmó que fue enviado un oficio al director
del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), firmado también por el gobernador del
Quindío, solicitando acciones inmediatas.
“Queremos conformar una mesa de trabajo en la que participen todos los actores:
alcaldía de Calarcá, INVIAS, Policía de Carreteras, universidades,
transportadores y entidades del Gobierno Nacional. La idea es buscar soluciones
concretas y viables para evitar que estas tragedias sigan ocurriendo”, explicó
Agudelo.
Entre las medidas propuestas, el funcionario mencionó la instalación de rampas
de frenado y la posibilidad de modificar el sentido de la vía en ciertos tramos.
También destacó la necesidad de mejorar la señalización vertical y horizontal, y
de implementar campañas de concientización en seguridad vial.
Mientras se concreta la convocatoria de la mesa técnica, algunas acciones
preventivas ya se han iniciado. Según Agudelo, se instalaron reductores de
velocidad como medida inicial, aunque advirtió que estas soluciones no son
suficientes cuando los accidentes dependen del estado mecánico de los vehículos.
“Necesitamos medidas más técnicas y funcionales que mitiguen el riesgo real”,
enfatizó.
Desde su construcción, el puente Helicoidal ha registrado 54 siniestros viales.
La cifra pone en evidencia una problemática estructural que requiere respuestas
coordinadas y urgentes. Por eso, el próximo 6 de junio se llevará a cabo el
Comité Departamental de Seguridad Vial, donde se evaluarán las propuestas
surgidas en los más recientes encuentros con autoridades locales, organismos de
socorro y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Para los quindianos, cada accidente en esta vía representa no solo una pérdida
humana, sino una herida abierta que exige atención real. La comunidad espera que
esta vez sí se pase de las palabras a las acciones.
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