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Firman alianza en Cundinamarca para combatir
explotación infantil
Hoy fue formalizada una alianza entre autoridades municipales, departamentales,
nacionales y el sector turístico de Cundinamarca para combatir la Explotación
Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en los destinos
turísticos de la provincia del Alto Magdalena.
El acuerdo, liderado por el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de
Cundinamarca (IDECUT) y la Policía de Turismo del Alto Magdalena, tiene como
objetivo principal reforzar los mecanismos de prevención, sensibilización y
vigilancia, con la participación activa de prestadores de servicios turísticos,
centros administrativos y la comunidad.
Entre las acciones más relevantes derivadas de esta alianza se destacan:
• Operativos conjuntos de las alcaldías municipales, la Policía Nacional y la
Policía de Turismo para ejercer vigilancia sobre los operadores turísticos en
cada municipio.
• Jornadas de sensibilización y socialización del Código de Conducta contra la
ESCNNA, dirigidas a hoteles, centros recreativos y prestadores turísticos.
Esta estrategia busca posicionar al Alto Magdalena como un referente nacional en
turismo responsable, con énfasis en la protección de la infancia y la
consolidación de destinos seguros y comprometidos con los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
“La importancia de estas acciones radica en la reafirmación del compromiso
interinstitucional y en la conformación de un frente unido contra la ESCNNA. Las
estrategias acordadas refuerzan la prevención y consolidan la región como un
destino seguro y responsable”, afirmó Danilo Rocha, subgerente de Turismo del
IDECUT.
La noticia fue anunciada durante el Foro de Innovación Turística y Estrategias
para el Turismo del Futuro, organizado por el Viceministerio de Turismo, la
Administración Municipal de Girardot, el IDECUT y la Policía de Turismo del Alto
Magdalena. El evento, realizado en el Hotel Tocarema de Girardot, reunió a más
de 70 asistentes, entre autoridades, empresarios turísticos y representantes de
la comunidad.
Niegan amnistía a exFarc por atentado con carro
bomba en Medellín
La Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP negó la solicitud de amnistía
presentada por Rolando Albeiro Acevedo Muñoz, compareciente de las extintas Farc-EP
y excomandante del Frente Urbano Jacobo Arenas, por su
condena en la justicia ordinaria por el delito de terrorismo. La magistratura
concluyó que los hechos en los que participó constituyen un crimen de guerra,
específicamente por la destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y
lugares de culto, así como por ataques intencionales contra la población civil.
Acevedo Muñoz, conocido como ‘Octavio’, fue condenado por su participación en el
atentado con carro bomba perpetrado el 7 de junio de 2004 en el parqueadero
María Auxiliadora, en Medellín. El ataque dejó 13 personas heridas y causó daños
a edificaciones cercanas, entre ellas la iglesia María Auxiliadora y la
Universidad Autónoma Latinoamericana. Aunque el blanco del atentado era la
estación de Policía de La Candelaria, este lugar —al igual que los civiles
afectados y los bienes culturales destruidos— estaba protegido por el Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y no podía ser considerado un objetivo militar
legítimo.
Según la Subsala B de la SAI, el compareciente dio la orden de ejecutar el
atentado desde su rol en la dirección del Frente Urbano, tal como lo reconoció
en sus aportes a la verdad. Para concretar la acción, la extinta guerrilla
utilizó el parqueadero de la iglesia María Auxiliadora, causando daños
importantes a este bien declarado de interés cultural por el municipio de
Medellín en 1991.
La destrucción causada fue
calificada como crimen de guerra —en concreto, destrucción o utilización ilícita
de bienes culturales y lugares de culto, una grave infracción al DIH— y, por
tanto, no susceptible de amnistía. En su decisión, la Sala destacó las
afectaciones al tejido social, así como el menoscabo de la herencia cultural de
los pueblos y su identidad. Reconoció también el impacto espiritual que el hecho
generó en la comunidad de Medellín y la afectación al patrimonio cultural,
protegido por instrumentos internacionales como la Convención de La Haya de
1954, el Protocolo II de 1999 y el Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra de 1977.
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Entre los principales daños
materiales sufridos por la iglesia María Auxiliadora se cuentan:
La destrucción total de siete vitrales de 1905, traídos de Italia.
El desprendimiento del cielorraso, también de origen italiano.
El deterioro de imágenes religiosas, cuadros, bancas y lámparas.
La magistratura subrayó el impacto de esta agresión no solo en la comunidad
católica, sino en todos los habitantes de Medellín, al destruir un sitio de
profundo valor religioso y cultural. La trascendencia del crimen en los planos
social, cultural y espiritual da cuenta de su gravedad.
Por estas razones, la SAI determinó que este caso debe ser remitido a la Sala de
Reconocimiento de Verdad, para que Acevedo Muñoz sea vinculado al Caso 10, que
investiga crímenes no amnistiables cometidos por las Farc-EP en el marco del
conflicto armado. En particular, se propone su incorporación al patrón de
conductas no amnistiables agrupadas como ataques a bienes y personas civiles en
contextos urbanos. Será en esta instancia donde se determinará si tiene o no la
calidad de máximo responsable de los crímenes en cuestión.
Aunque esta es la primera vez que la SAI se pronuncia sobre un caso de
terrorismo contra un bien de interés cultural, la JEP ya había abordado esta
clase de crímenes en otras investigaciones:
Caso 02: situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño).
Caso 05: sobre el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.
Caso 09: crímenes contra pueblos y
territorios étnicos.
En estas investigaciones se identificaron ataques a bienes civiles, culturales y
lugares de culto como daños que vulneraron profundamente la vida colectiva, la
identidad cultural y la integridad espiritual de las comunidades.
Bucaramanga: cierran negocios en Cuadra Play por
exceso de ruido
Con el objetivo de garantizar la tranquilidad y salud auditiva de los
ciudadanos, la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Salud
y Ambiente, realizó un operativo de control de ruido en el sector de Cuadra
Play. Como resultado, se aplicaron dos medidas de sellamiento a establecimientos
por exceder los niveles de ruido permitidos en zonas comerciales.
La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga continúa con sus operativos
enfocados en hacer cumplir la normativa ambiental vigente, especialmente en
sectores con alta actividad nocturna. En la noche pasado sábado el equipo
técnico realizó un operativo en Cuadra Play, zona reconocida por su oferta de
entretenimiento, para verificar que los establecimientos respeten los límites de
emisión de ruido establecidos en la Resolución 0627 de 2006.
Dicha resolución estipula que los niveles de ruido permitidos en zonas
comerciales no deben superar los 70 decibeles durante el día y los 60 decibeles
en horario nocturno. Tras realizar mediciones técnicas, se evidenció que varios
negocios superaban ampliamente estos parámetros, afectando el bienestar de los
residentes y visitantes del sector.
Por esta razón, se procedió a aplicar medidas de seguridad como el sellamiento
de los establecimientos infractores. Sólo podrán reanudar sus actividades una
vez se cumplan los días de cierre que impuso la Policía Nacional.
“La exposición prolongada a niveles elevados de ruido puede ocasionar serios
efectos sobre la salud auditiva y mental de las personas. Por eso, estos
controles son necesarios y continuarán realizándose de forma rigurosa”, afirmó
Sharitz Mantilla, ingeniera ambiental de la Secretaría de Salud y Ambiente.
La administración municipal reafirmó su compromiso con el bienestar de los
ciudadanos. Se hace un llamado a los establecimientos nocturnos para que adecúen
sus espacios, apliquen medidas de mitigación y respeten las normas de ruido
vigentes. Así, Bucaramanga podrá disfrutar de una vida nocturna activa, pero
también ordenada y saludable.
Piden a minAmbiente que cumpla acuerdos de
delimitación en Santurbán
Con tapabocas negros marcados con una “X”, símbolo de censura e imposición,
la comunidad de Vetas recibió a la Ministra de
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Ambiente, Lena Estrada. No obstante su llegada al Coliseo
Municipal, fue tajantemente rechazada tras lucir una camiseta de “Sí a la
Consulta Popular” en un espacio que no tenía carácter político.
Con profunda molestia e indignación, los casi mil habitantes de este municipio
minero de Soto Norte, le exigieron
a la alta funcionaria que el concepto que pretende imponer el
Ministerio sobre la Delimitación del Páramo de Santurbán es errado e ilegal. Con
estudios técnicos y jurídicos las comunidades justificaron su petición, en medio
de un evento que contó con la presencia de la Procuraduría, la Defensoría del
Pueblo, autoridades locales y ambientales, y líderes sociales y políticos.
“Es evidente que la Ministra Lena Estrada llegó a cumplir una orden y a leer un
concepto que ni ella ni su equipo hicieron. Ella tiene un total desconocimiento
del tema porque abiertamente pidió los respaldos técnicos y jurídicos que ya los
vetanos habíamos presentado desde hace mucho tiempo. A todos los que hemos
pasado por más de 32 reuniones de delimitación nos quedó claro que ella no
conoce a profundidad este proceso y hasta tuvo que suspender por media hora la
reunión mientras preparaba una presentación más aterrizada a la realidad”, dijo
Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y la Fundación Dignidad Minera.
El encuentro, lejos de ser un espacio de diálogo abierto y democrático, se
convirtió en una clara expresión de malestar, frustración y cansancio por los
reiterativos incumplimientos frente a la Sentencia T-361 de 2017, que ordenó la
delimitación participativa del Páramo de Santurbán, y así como por las demás
medidas impuestas a la fuerza que acaban con la vocación minera de más de 400
años y los condena a la ilegalidad.
“Tal y como lo dijo la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del
Pueblo, la inconsulta, inconstitucional e ilegal Zona de Reserva Temporal fue
tramitada en tan solo 97 días, mientras que la delimitación de Páramo ya acumula
más de 2.679 días de retraso y va contando. Es muy sospechoso el afán por
declarar la Zona de Reserva que contrasta con la total negligencia para
delimitar el Páramo. Es evidente que no hay interés y que tampoco nos quieren
escuchar, han llegado más de cinco ministros al municipio a hacer lo mismo:
nada. A la ministra Lena Estrada le pedimos que no siga deslegitimando los
espacios de concertación para la delimitación de Santurbán en los que
participaron los vetanos y vetanas”, expresó la líder minera.
De acuerdo con González, el reclamo de Vetas no es aislado. La Defensoría del
Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han sido claras en advertir al
Tribunal Administrativo de Santander sobre los reiterados incumplimientos que el
Ministerio de Ambiente ha tenido en el cronograma para dar cumplimiento a la
Sentencia T-361 de 2017, afectando los derechos de participación y protección
ambiental de las poblaciones involucradas.
“El comunicado del Ministerio de Ambiente solidarizándose con el Comité de
Santurbán por supuestas estigmatizaciones que, en realidad, hemos sufrido
nosotros por el solo hecho de ser mineros, es inaceptable porque evidencia el
trato inequitativo, improvisado y políticamente sesgado que hay por parte del
Gobierno Nacional hacia nosotros los habitantes de Vetas y todo Soto Norte.
Somos trabajadores, no criminales”, precisó.
Por lo anterior, públicamente se le pidió a la Ministra Estrada que se declare
impedida para continuar liderando cualquier proceso de concertación en el
territorio, dado que sus últimas actuaciones le han hecho perder legitimidad y
credibilidad y es claro que está siguiendo el mismo camino politizado,
centralista y excluyente de su antecesora en esa cartera ministerial.
Los vetanos insisten en no aceptar una agenda ambiental desconectada de la
realidad de los territorios y que los discrimina por su identidad minera.
Posición de la ministra
"Es una prioridad para el Ministerio de Ambiente y para este Gobierno que
podamos avanzar en todos los procesos de protección de nuestros páramos en todo
el país”, expresó la ministra Lena Estrada.
Durante la reunión, la jefe de la cartera ambiental señaló que la línea del
Páramo de Santurbán no está en discusión y que su protección es un mandato
constitucional y ambiental. Asimismo, reiteró la voluntad del Ministerio de
mantener una presencia activa en el territorio para garantizar que las
decisiones se construyan con la participación directa de las comunidades.
“Nuestro compromiso es claro: proteger nuestros ecosistemas, pero también
reconocer y priorizar a quienes históricamente han cuidado de ellos. Hacemos un
llamado a la hermandad entre todos los actores involucrados en estos procesos”,
destacó.
La ministra también aseguró que “al proteger nuestros páramos, protegemos la
vida. Nuestro compromiso es dejar un legado ambiental que garantice el bienestar
de las generaciones presentes y futuras”.
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