Cenit activó plan de emergencia ante atentado
terrorista en oleoducto Bicentenario en Arauca que contaminó el río Carana

El jueves 29 de mayo, en la mañana, se conoció el reporte de un atentado contra
el oleoducto Bicentenario en la vereda Palmarito, municipio de Fortul (Arauca).
La acción, atribuida a grupos armados ilegales que operan en la zona, provocó
una pérdida de contención de crudo que afectó el río Caranal y otros caños en el
piedemonte llanero.
Ante la emergencia, Cenit, filial de transporte de hidrocarburos del Grupo
Ecopetrol, activó de inmediato su Plan de Emergencia y Contingencia (PEC).
Asimismo, se notificó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y
se movilizaron equipos técnicos para atender la situación y mitigar el impacto
ambiental.
Por su parte, el Ejército Nacional desplazó tropas hasta la zona para asegurar
el perímetro y facilitar la labor del personal especializado en la atención del
derrame.
Como medida preventiva, Cenit recomendó a la comunidad evitar acercarse al área
afectada y abstenerse del uso o consumo del agua del río Caranal hasta que se
verifique la ausencia de contaminación.
Desde Cenit y Ecopetrol rechazaron el atentado, destacando los riesgos que este
tipo de acciones representa para la vida de las personas, el medioambiente y la
economía del país.
En un comunicado conjunto, señalaron que estos ataques ponen en peligro a las
comunidades, además de dañar ecosistemas frágiles.
“Estos actos ilícitos ponen en riesgo la vida de personas inocentes, deterioran
ecosistemas vulnerables y afectan el desarrollo energético del país“, detalló la
compañía.
El equipo de contingencia de Cenit trabaja en el sitio con maquinaria pesada,
barreras de contención y equipos especializados para la recolección y limpieza
del crudo derramado, con el propósito de limitar el daño al suelo y a los
cuerpos de agua cercanos.
Paralelamente, se coordina con autoridades locales y ambientales para realizar
un seguimiento continuo del estado del ecosistema y brindar apoyo a las
comunidades afectadas en la zona. La empresa mantendrá el monitoreo para
garantizar la recuperación ambiental y la seguridad de la población.
Alarmante aumento de voladuras a oleoductos en el país
Según datos del Ministerio de Defensa recopilados por Campetrol y difundidos por
Valora Analitik, durante 2024 se registraron 43 voladuras de oleoductos del
país, cifra que representó un aumento del 16,2% frente a las 37 ocurridas en
2023.
El comportamiento de los primeros meses de 2025 mostró un incremento aún más
marcado. Entre enero y marzo se reportaron 13 voladuras, un aumento del 333% en
comparación con los tres casos reportados en el mismo periodo de 2024.
Los meses con mayor número de situaciones de este tipo en 2025 fueron enero y
marzo, cada uno con seis voladuras. En enero se reportaron cuatro casos más que
en el mismo mes del año anterior, mientras que en marzo la diferencia fue de
seis casos adicionales.
Arauca es el departamento con mayor concentración de estos hechos, acumulando el
84,6 % del total de voladuras en el primer trimestre de 2025. Dentro de este
departamento, Saravena se destacó como el municipio más afectado, con el 63,6%
de los incidentes reportados.
Contrario a este panorama, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de
Petróleo, Energía y Gas (Campetrol) reportó que la producción de hidrocarburos
continuó su descenso al finalizar el primer trimestre de 2025.
En marzo de 2025, la producción diaria de petróleo fiscalizado alcanzó 747,9 mil
barriles por día (Kbpd), lo que implicó una reducción del 4,1% frente al mismo
mes de 2024, equivalente a 31,7 Kbpd menos. Además, esta cifra representó una
caída del 1% respecto a febrero de 2025, con una disminución de 7,7 Kbpd.
Campetrol señaló que este nivel es el más bajo desde mayo de 2022, cuando se
produjeron 747,0 Kbpd.
Atentado sicarial en billar de Carrizal deja un
hombre muerto y otro herido

Durante la tarde de este viernes 30 de mayo se registró un ataque a bala que
dejó como saldo un hombre muerto y otro gravemente herido tras ser sorprendidos
a tiros por unos sicarios.
El hecho de sangre se registró en el
interior de un billar llamado ‘Siete de Agosto’, ubicado en la calle 51C con
carrera 3B, en el barrio Carrizal, localidad Metropolitana de Barranquilla.
La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Edwin Enrique
Rodríguez
De la Hoz, alias El Mono, de 28 años de edad, mientras que
el lesionado responde al nombre de Henio José Herrera Sanabria.
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De acuerdo con el
informe de la Policía, siendo las 2:00 p. m., Rodríguez estaba siendo perseguido
por unos sujetos que se desplazaban en una motocicleta marca Bóxer
color negra. Durante la huida, el hombre intentó resguardarse en el interior del
establecimiento comercial antes nombrado.
No obstante, los agresores descendieron del vehículo y también ingresaron al
inmueble, acorralando al hombre para luego acribillarlo a balazos. En medio de
la incursión armada un hombre también resultó herido.
Posterior al ataque los sujetos salieron del billar y emprendieron su huida a
bordo de la motocicleta hacia un rumbo desconocido.
Tras escuchar las detonaciones, vecinos de la comunidad se acercaron hasta el
lugar y socorrieron a las víctimas, trasladándolas hasta el Paso Murillo. Sin
embargo, los médicos de turno informaron que Rodríguez había fallecido a causa
de sus lesiones.
Por su parte Herrera permanece en el centro hospitalario recuperándose de las
heridas.
Se conoció por medio de una fuente judicial que alias El Mono registra dos
anotaciones judiciales por los delitos de tráfico o porte de estupefacientes y
hurto.
Agentes de la Sijín se trasladaron hasta la escena del crimen donde permanecen
recopilando información sobre el hecho de sangre con el objetivo de identificar
a los agresores y lograr su captura.
Tribunal colombiano estudiará demanda contra
decisión del Senado que negó consulta popular

El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, admitió
para estudio una demanda que busca anular la decisión en la que el Senado
colombiano rechazó la convocatoria a una consulta popular con la que el Gobierno
del presidente Gustavo Petro buscaba tramitar la reforma laboral.
La demanda de un ciudadano busca no solo la nulidad de la votación del pasado 14
de mayo, sino que también pide la suspensión provisional de sus efectos mientras
se resuelve de fondo el litigio, informó el Consejo de Estado.
La sección quinta del alto tribunal decidió «admitir la demanda de nulidad
presentada por Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt contra el acto mediante el
cual el Senado de la República decidió dar concepto desfavorable frente a la
consulta popular del orden nacional».
Según Marenco, en la sesión del Senado del pasado 14 de mayo, cuando fue
archivada la solicitud del Gobierno de Petro de convocar a la consulta popular,
supuestamente ocurrieron varias irregularidades.
Una de ellas fue, según el demandante, la premura con la que se hizo la votación
porque no se dieron los tiempos necesarios y por eso se vulnera el «debido
proceso legislativo».
Igualmente, señala una presunta alteración del sentido del voto del senador
Édgar Díaz Contreras, que pasó de ser en favor de la consulta a negativo, luego
de cerrarse el registro de la votación.
Además, afirmó que a los congresistas Martha Peralta Epiayú y León Fredy Muñoz
no les fue posible ejercer su derecho al voto.
Ahora el Consejo de Estado debe examinar estos y otros argumentos para
determinar si hubo vicios de procedimiento suficientes para suspender o anular
la actuación del Senado.
El pasado 14 de mayo, el Senado rechazó con 49 votos en contra y 47 a favor la
consulta, resultado que Petro tildó como «fraude» y motivó su llamado a
sindicatos, organizaciones indígenas, campesinas y estudiantiles a manifestarse
en las calles.
A propósito de las manifestaciones, hoy fue el primer día del «gran paro
nacional» convocado por centrales obreras para respaldar la consulta popular y
las reformas sociales del Gobierno.
La jornada transcurrió sin alteración del orden público en las principales
ciudades del país. El segundo día del paro será este jueves y se espera que haya
plantones y concentraciones en parques y avenidas.
Medicina Legal de Colombia confirma intentos de
acceso a archivos sobre muerte de coronel

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia admitió
este viernes haber detectado intentos de acceso a archivos relacionados con la
muerte en 2023 de un coronel del círculo de seguridad del presidente de
Colombia, Gustavo Petro, pero negó que se presentaran alteraciones en informes
periciales ni en conclusiones forenses.
La entidad estatal respondió en un comunicado al anuncio de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, que abrió una investigación contra una decena de
funcionarios de Medicina Legal por presunto acceso irregular al expediente de la
muerte del teniente coronel Óscar Dávila.
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El instituto confirmó que detectó «intentos de ingreso al sistema
por parte de algunos funcionarios», los consultó y luego envió la información a
la oficina de control interno disciplinario y a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial para investigar posibles faltas.
«La actividad realizada y la revisión del caso no ha documentado alteraciones en
los informes periciales ni en las conclusiones forenses remitidas a la Fiscalía
General de la Nación», afirmó Medicina Legal en el comunicado.
El instituto agregó que «estará atento a dar respuesta a los requerimientos de
información de las autoridades y a los resultados que arroje la investigación».
El coronel Dávila, que formaba parte del círculo de seguridad del presidente,
Gustavo Petro, fue hallado muerto el 9 de junio de 2023 dentro de su vehículo en
una calle de Bogotá con un disparo en la sien. Desde un principio, las
autoridades lo trataron como un suicidio, aunque se formó revuelo en el país por
la posibilidad de que la causa de muerte fuera otra.
El caso Dávila
El nombre de Dávila apareció en un escándalo por supuesto abuso de poder e
interceptaciones telefónicas ilegales a una niñera acusada de robo en la casa de
la exjefa de Gabinete presidencial, Laura Sarabia, que hoy es la canciller.
Todo comenzó con la denuncia de la exniñera Marelbys Meza, a quien la Policía
interrogó en una dependencia presidencial, donde también la sometió a pruebas de
polígrafo sin una orden judicial.
Al mismo tiempo, la Policía interceptó ilegalmente el teléfono de Meza, usando
como fachada una operación contra el Clan del Golfo, principal banda criminal
del país.
El teniente coronel Dávila figuraba entre los oficiales vinculados a una
investigación de la Fiscalía sobre este caso.
Este escándalo detonó una de las peores crisis del Gobierno de Petro y obligó a
la renuncia de Sarabia y del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti,
que hoy es ministro del Interior y fue quien supuestamente filtró a la prensa lo
sucedido.
Investigación contra funcionarios de Medicina Legal
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia admitió
este viernes haber detectado intentos de acceso a archivos relacionados con la
muerte en 2023 de un coronel del círculo de seguridad del presidente de
Colombia, Gustavo Petro, pero negó que se presentaran alteraciones en informes
periciales ni en conclusiones forenses.
La entidad estatal respondió en un comunicado al anuncio de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, que abrió una investigación contra una decena de
funcionarios de Medicina Legal por presunto acceso irregular al expediente de la
muerte del teniente coronel Óscar Dávila.
El instituto confirmó que detectó «intentos de ingreso al sistema por parte de
algunos funcionarios», los consultó y luego envió la información a la oficina de
control interno disciplinario y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
para investigar posibles faltas.
«La actividad realizada y la revisión del caso no ha documentado alteraciones en
los informes periciales ni en las conclusiones forenses remitidas a la Fiscalía
General de la Nación», afirmó Medicina Legal en el comunicado.
El instituto agregó que «estará atento a dar respuesta a los requerimientos de
información de las autoridades y a los resultados que arroje la investigación».
El coronel Dávila, que formaba parte del círculo de seguridad del presidente,
Gustavo Petro, fue hallado muerto el 9 de junio de 2023 dentro de su vehículo en
una calle de Bogotá con un disparo en la sien. Desde un principio, las
autoridades lo trataron como un suicidio, aunque se formó revuelo en el país por
la posibilidad de que la causa de muerte fuera otra.
El caso Dávila
El nombre de Dávila apareció en un escándalo por supuesto abuso de poder e
interceptaciones telefónicas ilegales a una niñera acusada de robo en la casa de
la exjefa de Gabinete presidencial, Laura Sarabia, que hoy es la canciller.
Todo comenzó con la denuncia de la exniñera Marelbys Meza, a quien la Policía
interrogó en una dependencia presidencial, donde también la sometió a pruebas de
polígrafo sin una orden judicial.
Al mismo tiempo, la Policía interceptó ilegalmente el teléfono de Meza, usando
como fachada una operación contra el Clan del Golfo, principal banda criminal
del país.
El teniente coronel Dávila figuraba entre los oficiales vinculados a una
investigación de la Fiscalía sobre este caso.
Este escándalo detonó una de las peores crisis del Gobierno de Petro y obligó a
la renuncia de Sarabia y del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti,
que hoy es ministro del Interior y fue quien supuestamente filtró a la prensa lo
sucedido.
Investigación contra funcionarios de Medicina Legal
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció este viernes que investigará
a seis hombres y cuatro mujeres que trabajan como profesionales forenses
especializados, técnicos forenses y auxiliares forenses por presuntamente haber
accedido irregularmente al expediente de la muerte de Dávila.
El presidente de la Comisión, Mauricio Rodríguez Tamayo, explicó que «la
información se hace pública en relación a la gravedad de los hechos que se están
investigando y, por supuesto, para esclarecer si con ocasión a ese presunto
acceso indebido se pudieron cometer faltas disciplinarias».
En junio de 2023, unas semanas después de la muerte de Dávila, la Fiscalía
confirmó que la causa del deceso del oficial fue suicidio.
«La conclusión para la Fiscalía General de la Nación es que el teniente coronel
Óscar Dávila, de 42 años de edad y 24 años de servicio, decide quitarse la vida
y (lo hizo) con el arma que era de su conductor», afirmó la entonces vicefiscal
general, Martha Janeth Mancera, el 21 de junio de 2023.
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