Fuga de seis detenidos en estación de policía de Supía prende las
alarmas en Caldas

Un hecho que preocupa a
las autoridades y a la comunidad se registró en la estación de
policía de Supía, donde seis detenidos lograron escapar por una
puerta mal asegurada. Hasta el momento, cuatro de ellos han sido
recapturados, mientras continúa la intensa búsqueda de los dos
restantes en jurisdicción del municipio y en poblaciones vecinas.
La situación ha puesto en evidencia las condiciones precarias de la
estación, que, según el alcalde de Supía, Héctor Mauricio Torres
Álvarez, no cuenta con la infraestructura adecuada para albergar
personas privadas de la libertad. “La estación tiene un hacinamiento
crítico, y la debilidad de uno de los barrotes facilitó la fuga. Lo
más preocupante es que uno de los prófugos estaría involucrado en el
incendio de una vivienda en Marmato el pasado 3 de mayo, aunque
actualmente está capturado por porte ilegal de armas”, afirmó el
mandatario.
Ante la fuga, la Policía de Caldas activó un operativo especial.
“Dispusimos de una burbuja operacional con patrullajes
intensificados, plan candado e intercambio de información con la
comunidad para recapturar a los sujetos. Cuando se logre su
ubicación, serán puestos nuevamente a disposición de la autoridad
competente por el delito de fuga de presos”, indicó la coronel
Liliana Andrea Jiménez Falla, comandante del departamento.
El despliegue se ha extendido a municipios como Riosucio, Anserma y
zonas rurales aledañas, donde se mantiene la alerta mientras
continúa la búsqueda. La comunidad ha sido clave al reportar
movimientos sospechosos, y se espera que en las próximas horas se
logre ubicar a los dos hombres restantes.
Este episodio ha reabierto el debate sobre las condiciones
carcelarias en estaciones de policía, especialmente en municipios
pequeños, donde la capacidad operativa es limitada y los riesgos son
altos.
La salud en
Risaralda recibe un respiro financiero gracias al INFIDER

En Risaralda, el acceso a servicios de salud más estables y
oportunos se consolida como una realidad gracias al apoyo financiero
del Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda (INFIDER),
que este año ha ejecutado descuentos de actas por más de 1.300
millones de pesos, beneficiando directamente a la red pública
hospitalaria del departamento.
Este mecanismo de crédito, conocido como Descuento de Actas o
Facturas, se ha convertido en una solución eficaz frente a los retos
financieros que enfrentan los centros médicos, especialmente en
momentos en que el sistema de salud colombiano atraviesa una
compleja crisis de liquidez. Con esta
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estrategia, INFIDER adelanta pagos
reconocidos por entidades públicas, permitiendo que hospitales y cooperativas
como Coodesuris mantengan su operación sin contratiempos.
David Ricardo Cardona, gerente de
Coodesuris, explicó que esta
herramienta ha sido clave para sostener los servicios en toda la región. “Nos ha
permitido resolver los flujos de recursos a través de la compra de actas con los
hospitales y el compromiso de sus gerentes. Así seguimos prestando atención a
toda la población del departamento, especialmente a los más vulnerables”,
señaló.
Este alivio financiero llega en un momento crucial, cuando muchas instituciones
de salud luchan por mantener su capacidad operativa. En el caso de Risaralda, la
medida ha tenido un efecto inmediato: los hospitales pueden adquirir insumos,
sostener sus nóminas y mantener en funcionamiento equipos médicos esenciales. La
estabilidad en los pagos también ha disminuido la presión sobre el personal de
salud, mejorando el ambiente laboral y, en consecuencia, la atención al
paciente.
Además del impacto económico, este tipo de apoyo tiene un profundo valor social.
Permite que la atención médica no se detenga por falta de recursos y fortalece
la red hospitalaria como pilar del bienestar colectivo. La iniciativa también
refleja la visión del gobierno departamental liderado por Juan Diego Patiño
Ochoa, que ha definido a la salud como eje fundamental de su plan de desarrollo.
“Esto nos permitirá seguir atendiendo a los usuarios más vulnerables, evitando
los efectos de la crisis financiera que enfrenta el sector salud”, reiteró
Cardona, quien subrayó el papel del INFIDER como un aliado estratégico de largo
plazo.
Con esta dinámica, Risaralda marca un camino esperanzador: el de una salud
pública más sólida, sostenible y cercana a quienes más lo necesitan. Un modelo
donde la gestión financiera se traduce directamente en vidas mejor cuidadas.
Puente Helicoidal en Calarcá
bajo la lupa: piden acciones urgentes para frenar la accidentalidad

La preocupación por la seguridad vial en el sector del puente Helicoidal, en
jurisdicción de Calarcá, Quindío, crece tras el trágico accidente ocurrido el
pasado 24 de mayo. Ante este panorama, Juan Guillermo Agudelo, secretario de
Infraestructura del departamento, confirmó que fue enviado un oficio al director
del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), firmado también por el gobernador del
Quindío, solicitando acciones inmediatas.
“Queremos conformar una mesa de trabajo en la que participen todos los actores:
alcaldía de Calarcá, INVIAS, Policía de Carreteras, universidades,
transportadores y entidades del Gobierno Nacional. La idea es buscar soluciones
concretas y viables para evitar que estas tragedias sigan ocurriendo”, explicó
Agudelo.
Entre las medidas propuestas, el funcionario mencionó la instalación de rampas
de frenado y la posibilidad de modificar el sentido de la vía en ciertos tramos.
También destacó la necesidad de mejorar la señalización vertical y horizontal, y
de implementar campañas de concientización en seguridad vial.
Mientras se concreta la convocatoria de la mesa técnica, algunas acciones
preventivas ya se han iniciado. Según Agudelo, se instalaron reductores de
velocidad como medida inicial, aunque advirtió que estas soluciones no son
suficientes cuando los accidentes dependen del estado mecánico
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de los
vehículos. “Necesitamos medidas más técnicas y funcionales que mitiguen el
riesgo real”, enfatizó.
Desde su construcción, el puente Helicoidal ha registrado 54 siniestros viales.
La cifra pone en evidencia una problemática estructural que requiere
respuestas coordinadas y urgentes. Por eso, el próximo 6 de junio se llevará a
cabo el Comité Departamental de Seguridad Vial, donde se evaluarán las
propuestas surgidas en los más recientes encuentros con autoridades locales,
organismos de socorro y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Para los quindianos, cada accidente en esta vía representa no solo una pérdida
humana, sino una herida abierta que exige atención real. La comunidad espera que
esta vez sí se pase de las palabras a las acciones.
Asamblea de Risaralda evalúa
ajustes clave al presupuesto 2025 para enfrentar retos urgentes

En una sesión extraordinaria cargada de propuestas y argumentos, la Asamblea
Departamental de Risaralda debatió dos proyectos de ordenanza que podrían
redirigir importantes recursos del presupuesto 2025. La cita, que contó con la
participación de varias dependencias del gobierno departamental, reflejó la
urgencia de atender tanto fallos judiciales como necesidades estructurales y
operativas del territorio.
Uno de los puntos más sensibles fue expuesto por el presidente de la Asamblea,
Pablo Giordanelli, quien explicó que se requiere una reasignación de recursos
para cumplir con una orden judicial relacionada con un antiguo problema en una
vía del municipio de Balboa. La inversión no se refiere al deslizamiento
reciente que ha afectado la movilidad, sino a una afectación histórica que, por
mandato legal, debe ser intervenida.
“Hacienda nos está pidiendo unos recursos para dar cumplimiento a una orden
judicial (…) y ya el juzgado dio orden de que hay que hacer esa obra”, expresó
Giordanelli. Los traslados presupuestales, gestionados por Hacienda e INFIDER,
deberán pasar por la Comisión de Hacienda antes de su votación final.
En medio del debate, también se destacó la intervención de la secretaria de
Educación, Dora Ligia Agudelo Martínez, quien puso sobre la mesa la necesidad
urgente de contratar 182 conserjes para las instituciones educativas del
departamento. La funcionaria pidió una asignación de 2.400 millones de pesos
para garantizar el mantenimiento y aseo en los colegios públicos.
El estado de la infraestructura vial no quedó fuera de la discusión. Alejandro
Lobo, director de obras del departamento, detalló que la vía Cachipay–Balboa
presenta tres puntos críticos que requieren atención inmediata. Según Lobo, los
estudios y diseños costarían cerca de 4.000 millones de pesos, mientras que las
obras de recuperación podrían ascender a 8.400 millones.
A su turno, Duparfay Buitrago Torres, gerente de INFIDER, presentó una
modificación presupuestal respaldada por el superávit financiero del año
anterior. De los 1.700 millones generados, 1.217 millones serán incorporados al
presupuesto 2025, destinándose principalmente al fortalecimiento de líneas de
crédito para municipios y entidades descentralizadas, así como a la contratación
de personal técnico.
La jornada concluyó con un compromiso claro por parte de la duma departamental:
seguir promoviendo un control político riguroso y decisiones presupuestales que
respondan tanto a la legalidad como al bienestar de los risaraldenses. La
discusión continuará en comisiones, donde los diputados deberán sopesar
prioridades y tomar decisiones clave para el futuro inmediato del departamento.
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