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Suspenden cobro de valorización en vía
Barranquilla-Cartagena
El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó la suspensión del cobro de la
contribución de valorización en la vía Barranquilla - Cartagena - Circunvalar de
la Prosperidad, tras admitir una acción popular presentada por el senador Carlos
Meisel y decretar una medida cautelar que detiene el proceso hasta que se
resuelva de fondo la demanda judicial.
La decisión, se basa en presuntas irregularidades relacionadas con la
implementación del tributo, tales como la falta de socialización de la
metodología para determinar la base gravable, la ausencia de un censo predial
técnico actualizado y la ejecución parcial del proyecto como calzada sencilla,
pese a haber sido presentado como doble calzada.
Argumentos del senador Meisel
El congresista del Centro Democrático sustentó su demanda señalando que el cobro
vulnera el derecho colectivo a la moralidad administrativa, ya que no se
cumplieron los requisitos legales mínimos para su implementación. Meisel afirmó
que más del 60% del proyecto fue ejecutado como calzada sencilla, pese a que se
presentó a la ciudadanía como una doble calzada.
La acción popular fue coadyuvada por los Distritos de Barranquilla y Cartagena,
las Gobernaciones del Atlántico y Bolívar, y los municipios de Malambo, Puerto
Colombia y Santa Catalina, evidenciando un amplio respaldo regional a la
suspensión del cobro.
El Tribunal señaló que es indispensable que el proceso de cobro cumpla con el
principio de participación ciudadana, y ordenó al Ministerio de Transporte e
Invías la "cesación inmediata de la actuación" hasta que se tome una decisión
definitiva sobre la legalidad del cobro. Además, indicó que la socialización
debe realizarse en el marco de audiencias públicas, conforme al artículo 32 de
la Ley 489 de 1998.
Estas audiencias deberán permitir la exposición de aspectos técnicos como,
definición de la zona de influencia, tarifa aplicable, base gravable, destino
del recaudo.
Obligaciones impuestas a INVIAS
El fallo, emitido el 29 de mayo, ordena a Invías realizar audiencias públicas en
cada uno de los municipios y distritos de la zona de influencia (Cartagena,
Santa Catalina, Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó,
Galapa y Tubará) para explicar y discutir los criterios del gravamen.
Estas audiencias deben ser convocadas por un periodo de dos meses y divulgadas
en medios nacionales, locales y páginas institucionales. Posteriormente, en un
plazo de tres meses, Invías deberá realizar las audiencias y recopilar todas las
observaciones, réplicas y alegaciones de la ciudadanía y sectores involucrados.
Luego de culminar este proceso participativo, Invías contará con dos meses
adicionales para presentar un informe final, donde deberá responder de forma
explícita a todas las observaciones recibidas.
¿Qué se busca con las mesas técnicas?
El Tribunal indicó que estas instancias deben servir para exponer con claridad
en estudios socioeconómicos, métodos de cálculo del beneficio individual,
capacidad de pago y distribución del tributo.
El objetivo es encontrar una solución menos lesiva para los afectados y
preservar la legitimidad del servicio público.
Gobierno entrega más de 600 computadores en
Putumayo
En medio de una iniciativa promovida por el Gobierno nacional, y con la
participación del Ministerio de Educación, y de la cartera de
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Tecnologías TIC, cerca de 4.600
niños y niñas se beneficiaron con la entrega de 631 computadores a once sedes de
nueve instituciones educativas del departamento del Putumayo y la puesta en
marcha de dos Juntas de Internet, fueron las acciones que adelantó el ministro
de las TIC, Julián Molina en Mocoa.
“Estos equipos son necesarios para que empiecen a aprender, y les den un uso
importante. Los profesores tienen que enseñarles a usar Internet, porque ahí
está el futuro. El ministerio tiene unos muy buenos cursos. Siembren en su
educación, que cosecharán un buen futuro”, afirmó el ministro de las TIC. Según
se indicó, con los equipos que fueron entregados, ya son más de 3.000
computadores que se encuentran en manos de 40 colegios de todo el departamento
durante este Gobierno.
De igual manera, desde el Gobierno nacional le apuestan a que se aumente la
cobertura de los puntos de internet en el departamento, así como la conectividad
para los estudiantes y usuarios del internet en los diferentes municipios. Desde
el Ministerio TIC se anunció la creación de las Juntas de Internet que conectan
Putumayo.
Al respecto, el ministro Molina destacó que vivió un momento histórico en la
capital de Putumayo al firmar, de manera simbólica, el convenio que establece
las Juntas de Internet del resguardo Inga Yunguillo y de la Junta de Acción
Comunal de la Vereda Medio Afán, lo que demuestra pluralidad de este programa, y
su apertura a organizaciones de distinta naturaleza jurídica a fin de beneficiar
a todas las comunidades.
Según el funcionario, con esto, avanza el cierre de la brecha digital en el
departamento. Así mismo Yuliana Alexandra Chindoy, quien hace parte del
resguardo Inga de Yunguillo, dijo que “queremos tener Internet en nuestro
territorio, porque es una oportunidad para poder crecer en lo personal, como
profesionales y también comunitariamente. Lo necesitamos para comunicarnos, y
poder visibilizar nuestro territorio a través de diferentes medios”.
El esquema asociativo de Juntas de Internet ha priorizado 13 comunidades de
Putumayo, en diez municipios: Mocoa, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Santiago,
Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Santiago, San Francisco, Villa Garzón y
Sibundoy. “Gracias por tenernos en cuenta en las Juntas de Internet. Para
nuestro resguardo indígena es muy importante la conectividad”.
“Esperamos que en este territorio contemos con la capacidad para que nuestros
jóvenes puedan educarse”, comentó el gobernador indígena de Yungillo, Emeterio
Mutumbajoy. Con información del Ministerio de las TIC. El programa de
escolarización a través de computadores avanza conforme lo estima el proceso
educativo, pues se han entregado cerca de 3.000 aparatos electrónicos a centros
educativos de todo el departamento durante la Administración Petro.
Paro en Nariño y Cauca desde el 16 de junio
anuncian camioneros
La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunció un paro indefinido de
actividades en los departamentos de Nariño y Cauca a partir del 16 de junio de
2025, en protesta por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el paro
camionero del 1 de julio de 2024.
A través de un comunicado emitido el 30 de mayo, las juntas directivas
seccionales de ACC en Pasto, Ipiales, Cauca y otros gremios del transporte,
informaron que la movilización se realizará desde las 00:00 horas del lunes 16
de junio.
Los transportadores afirman que las causas que motivan el cese de actividades
están relacionadas con tres problemáticas graves:
Intenciones de reabrir la frontera para el transporte internacional directo, lo
cual consideran lesivo para el gremio nacional.
Crecimiento desmedido de la inseguridad en toda la vía Panamericana, lo que ha
puesto en riesgo constante a los conductores y la carga.
Mal estado de la infraestructura vial, especialmente en los corredores:
Todos estos tramos cuentan con peajes
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activos, pese al deterioro evidente de las vías.
Pasto - Tumaco
Pasto - La Unión
La Unión - Mojarras
Pasto - Popayán
Popayán - Cali
Gremios exigen respuestas del Gobierno
Según la ACC, el Gobierno Nacional no ha cumplido los compromisos adquiridos en
el paro anterior, por lo que decidieron adoptar medidas de presión.
“El transportador no puede seguir pagando peajes por vías intransitables y
arriesgando su vida por la falta de seguridad”, señalan en el documento.
El gremio hizo un llamado a las autoridades para establecer un diálogo que evite
la paralización del transporte en el suroccidente del país, una región
estratégica para el comercio y la logística nacional.
Destruyen 34 máquinas para minería ilegal en el
río Puré, Amazonas
Tropas de la Brigada 26 del Ejército y la Fuerza Aérea, con el apoyo de Brasil,
destruyeron 34 máquinas utilizadas para minería ilegal en el río Puré,
departamento del Amazonas, como parte de una operación militar conjunta que
busca frenar la extracción ilícita de oro y proteger este afluente, reconocido
como sujeto de derechos por el Estado colombiano.
La acción fue liderada por la Vigésima Sexta Brigada de Selva del Ejército
Nacional, con apoyo de la División de Asalto Aéreo, la Fuerza Aeroespacial
Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y tropas del Ejército de Brasil. Se
llevó a cabo en el territorio indígena del municipio de Tarapacá, una zona de
alta sensibilidad ambiental y presencia de comunidades en aislamiento
voluntario, como los Yurí–Passé.
Durante la operación se destruyeron ocho unidades de producción minera ilegal,
entre ellas 34 máquinas extractoras (tipo draga), 3 balsas cargadas con
combustible, 4 botes menores y Cerca de 10.000 galones de combustible.
Según las autoridades, esta maquinaria estaba al servicio del grupo armado
Comandos de Frontera, el cual se estima extraía mensualmente más de 38
kilogramos de oro, lo que le representaba ingresos por aproximadamente 25
millones de dólares al año.
El valor estimado de la maquinaria destruida supera los cinco millones de
dólares, y su destrucción representa un duro golpe a las economías ilegales que
operan en esta región fronteriza entre Colombia, Perú y Brasil.
La minería ilegal de oro en esta zona ha crecido aceleradamente por el alza del
precio internacional del metal (que superó los 3.000 dólares por onza en 2025).
Esta actividad no solo alimenta redes de contrabando y grupos armados, sino que
representa una de las principales amenazas a la biodiversidad amazónica.
El uso intensivo de mercurio para separar el oro contamina ríos, peces y suelos,
afectando gravemente la salud de las comunidades locales y destruyendo el
ecosistema del Parque Nacional Natural Río Puré.
En noviembre de 2024 se identificaron 29 dragas activas en el río, y otras 27
operando entre marzo y abril de 2025, lo que evidenciaba una explotación
sostenida del afluente en una zona protegida.
El operativo incluyó drones de reconocimiento, aeronaves de combate, unidades
navales y tropas de élite de ambos países, lo que permitió intervenir de forma
simultánea en ambos lados de la frontera y neutralizar gran parte de la
maquinaria utilizada por las redes criminales.
El Ejército Nacional advirtió que las operaciones contra Comandos de Frontera
continuarán y llamó a la ciudadanía a denunciar actividades ilegales a través de
las líneas 147 (GAULA Militar) y 107 (Línea Antiterrorismo).
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