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Problemas para la reforma a la salud por
viabilidad financiera
La comisión Séptima del Senado realizó un amplio Debate de Control Político
sobre la viabilidad financiera de la reforma a la salud, con la participación de
los ministros de Hacienda y de Salud. Al respecto, la senadora Norma Hurtado
lideró el procedimiento político, el cual contó con la presencia de los
ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y de Salud, Guillermo Alfonso
Jaramillo, donde se controvirtió y analizó la viabilidad financiera de la
reforma a la salud que cursa actualmente en el Congreso.
En ese sentido, la congresista centró su intervención en exigir respuestas
claras sobre cuánto costará la reforma y si existen fuentes de financiación
sólidas. “Podría resumir todo en una sola pregunta: ¿Cuánto vale la reforma a la
salud?”, cuestionó, señalando además inconsistencias en las cifras entregadas
por los ministerios.
Alertó sobre un déficit de más de 10 billones de pesos para el aseguramiento en
salud en 2024 y criticó el uso de rubros del presupuesto general para cubrir
promesas de campaña, como la implementación de la atención primaria en salud sin
suficiente respaldo fiscal.
Por su parte, la senadora Lorena Ríos expresó inquietudes sobre la capacidad de
los territorios para asumir nuevas responsabilidades en salud con la reforma,
especialmente a partir de 2027 con la reforma al Sistema General de
Participaciones. Solicitó claridad sobre la atención a poblaciones vulnerables,
como los migrantes, y sobre los subsidios que plantea la reforma, como las
licencias de maternidad para personas no cotizantes.
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la
iniciativa del Gobierno, argumentando que el modelo propuesto busca eliminar las
desigualdades en el acceso a la salud, priorizar la prevención y llegar a las
regiones más alejadas. Señaló que el fortalecimiento de entidades como la Adres
y el Invima permitirá mayor eficiencia y trazabilidad en los recursos del
sistema.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el aval fiscal entregado por
su cartera permite incorporar la reforma de manera compatible con el marco
fiscal de mediano plazo, siempre que se cumplan ciertos supuestos, como el
crecimiento del PIB y el recaudo esperado. No obstante, reconoció que la
estimación de los costos del proyecto fue realizada por el Ministerio de Salud,
lo cual generó preocupación entre los senadores por la falta de verificación
cruzada de las cifras.
Como se sabe, fuentes políticas de esa comisión han explicado que si el informe
financiero no establece cuánto es el costo de la reforma a la salud 2.0, el
proyecto podría ser archivado cuando entre a tercer debate. Asimismo, se sabe
que aún quedan varias mesas técnicas pendientes y que no se hundiría en caso de
que se debata en la última legislatura.
Partidos insisten en que negada consulta popular
no la puede decretar Petro
Aumenta la controversia por la determinación del presidente Gustavo Petro de
convocar por decreto la primera consulta popular, que ya
negó el Senado de la República el pasado 14 de mayo y cuya respuesta fue dada
por el Congreso en días pasados. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo
que “El Gobierno nacional anunció que, de no aprobarse la consulta popular antes
del 1 de junio, la convocará por decreto, desconociendo la decisión del Senado,
que el 14 de mayo la rechazó mediante una votación legal y válida. Demandaremos
el decreto ante el Consejo de Estado para que lo tumben por arbitrario”.
Así mismo, dijo el parlamentario conservador que “esta acción representa un
grave atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes, al
ignorar una determinación del Poder Legislativo y usurpar funciones judiciales
reservadas exclusivamente a la rama Judicial.
No permitiremos que se vulnere la
Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos
públicos hacia intereses políticos y campañas electorales. El Senado, en
ejercicio de sus facultades legales, rechazó la consulta cuya aprobación es un
requisito indispensable para su viabilidad”.
Como se sabe, el presidente Gustavo Petro dijo sobre el particular que “hoy por
hoy, la consulta popular es decretable de acuerdo a la Constitución y la Ley. El
poder soberano no se puede acallar en una democracia. ¡Ay! Efraín Cepeda,
hiciste fraude, y eso tiene una instancia competente para resolverlo: la
justicia. Esta tensión social que vive el país tiene su origen en ese fraude”.
Pese a estas razones, y las
diferentes declaraciones de parte del Gobierno, el
decreto, en caso de ser expedido, deberá ser estudiado por la Corte
Constitucional junto con lo dicho por el Senado. En ese sentido, el exprocurador
Fernando Carrillo le explicó que “la consulta
popular fue negada
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explícitamente por el Senado.
El país fue testigo de ello, existió y solo es controvertible o anulable ante la
autoridad competente. Si se quiere controvertir la validez de esa decisión por
cualquier razón, que se acuda a los jueces. No con amenazas prevaricadoras de
decretos que son la careta de acciones propias de un autoritarismo populista”.
Impedimentos a la consulta
Posteriormente, el exjefe del Ministerio Público sostuvo que “no es una simple
leguleyada ni un golpe blando, es un golpazo a la Constitución de 1991. Sería la
primera vez que se pasa por encima de una decisión del órgano legislativo y se
le hace el quite al Poder Judicial por un acto arbitrario del Poder Ejecutivo.
El tal “decretazo” sería un golpe triple y frontal al legislativo, al judicial
y, sobre todo, a la Constitución del 91; al burlar la separación de poderes. Una
moñona de inconstitucionalidades. Un paso clarísimo a una dictadura que pisotea
la Constitución”.
Al respecto, varios sectores políticos han señalado que presentarán demandas
contra el decreto en caso de ser expedido. La senadora Paloma Valencia del
Centro Democrático afirmó sobre el particular que “la decisión del Congreso
sobre la consulta popular es soberana. Petro hace una interpretación de la ley
enrevesada, donde él interpreta que si el Congreso dice No, él puede sacarla por
decreto. Así no es, la norma es clara”.
El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, se pronunció en este sentido y
expresó que “el anuncio del Gobierno nacional de desconocer el pronunciamiento
del Senado sobre la convocatoria de una consulta popular, y de intentar
imponerla por decreto, constituye una afrenta directa al equilibrio de poderes
consagrado en la Constitución de 1991. Pretender que el Ejecutivo sustituya al
Legislativo en sus funciones no solo vulnera el principio de separación de
poderes, sino que coloca a Colombia en el umbral del autoritarismo”.
Sobre el particular, el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, dijo
que “presidente, no se pase de la raya, no cruce esa línea de la división de
poderes porque Colombia es un país de instituciones. ¿Para qué una consulta si
ya viene para la plenaria el texto de la reforma aprobada en la Comisión Cuarta?
Lo que tiene que entender el gobierno de Petro es que ya la decisión la tomó la
plenaria del Senado, y cuantas veces quiera traer la consulta vamos a hundirla.
Es lo que sabe hacer Petro: mentir, manipular y engañar”.
Elecciones presidenciales 2026: inicia inscripción
y recolección de firmas
Hoy inicia el calendario electoral para las elecciones de presidente y
vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional
2026-2030, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026, con la inscripción de
ciudadanos para cambiar el lugar de votación, el registro de los comités
inscriptores de candidaturas avaladas por firmas y la etapa de recolección de
las firmas de apoyo.
Inscripción de ciudadanos
Para dar inicio al proceso de inscripción de ciudadanos para participar en las
elecciones presidenciales de 2026, las 1.205 sedes de la Registraduría Nacional
en todo el país estarán abiertas este 31 de mayo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Es de señalar que deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos
que cambiaron su lugar de residencia, que hayan regresado al país de forma
permanente, y quienes tengan cédulas expedidas antes de 1988 y no estén en el
censo electoral.
En Colombia, el trámite de inscripción se podrá realizar en la Registraduría más
cercana, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., presentando la cédula
amarilla con hologramas o la cédula digital (versión física o desde el
dispositivo móvil).
En el exterior, se realiza en los consulados en los horarios habituales de
atención, presentando la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital o el
pasaporte colombiano vigente.
La inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones
presidenciales se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, dos meses antes de las
elecciones. El cambio del puesto de votación se verá reflejado una vez se
conforme el censo electoral definitivo, es decir, a partir del 30 de abril de
2026.
Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación actual en
www.registraduria.gov.co, dando clic en la opción ‘Electoral’ y finalizando con
el botón ‘Lugar de votación’.
Registro de comités inscriptores de candidaturas avaladas por firmas y
recolección de apoyos Hoy también comienza el registro de los comités
inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y
movimientos sociales e inicia el periodo de recolección de las firmas de apoyo.
Con el propósito de reglamentar el procedimiento, la Registraduría Nacional del
Estado Civil profirió la Resolución 6064 del 22 de mayo de 2025, donde se
establece ante quién debe registrarse el comité, cómo presentar la solicitud de
registro, cuáles son los requisitos, entre otros.
La fecha límite para la presentación de los apoyos que respaldan a los
candidatos es el 17 de diciembre de 2025. El número mínimo de firmas válidas
requeridas equivale al 3 % del total de votos válidos depositados en las
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elecciones presidenciales de 2022.
La Registraduría Nacional tendrá plazo hasta el 21 de enero de 2026 para
certificar el cumplimiento del número mínimo de apoyos válidos requeridos para
respaldar la inscripción de las candidaturas.
Finalmente, de acuerdo con el calendario electoral, el 31 de enero de 2026
iniciará el periodo de inscripción de candidatos, y este se extenderá hasta el
13 de marzo de 2026.
Mindefensa: ofensiva es total contra grupos
armados porque no hay ceses el fuego
En el marco de su presencia en Barrancabermeja (Santander) el pasado fin de
semana para la activación del Gaula Militar del Magdalena Medio, el ministro de
Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que hay una total ofensiva contra los distintos
grupos armados porque en este momento no existe ningún cese el fuego.
“En este momento no hay ningún cese al fuego o cese de operaciones militares
ofensivas u operativos de policía contra cualquier grupo, es decir, hay una
libertad absoluta de todas las fuerzas militares y de la Policía Nacional para
actuar con contundencia, con operaciones ofensivas. Y no solamente porque haya
esa libertad, sino porque es un deber constitucional”, enfatizó el ministro.
Sánchez advirtió que “si se llegara a presentar un cese de operaciones militares
ofensivas o un cese al fuego jamás debe renunciar la Fuerza Pública a proteger a
la población. La orden, la instrucción que han dado los comandantes de nuestras
fuerzas militares, la Policía Nacional, respaldadas con el lineamiento del
ministro de Defensa, del señor presidente de la República, pero sobre todo
respaldados por lo que dice la Constitución Política de Colombia, deben actuar
con toda la contundencia contra cualquier fenómeno criminal que llegue a poner
en riesgo la vida de nuestra gente”.
En cuanto a la activación del Gaula Militar del Magdalena Medio, el ministro
Pedro Sánchez dijo que está integrado por 90 uniformados altamente entrenados y
equipados que llegan a la región para neutralizar el secuestro y la extorsión.
Dicha unidad operará en 30 municipios de los departamentos del Cesar, Antioquia,
Santander y Boyacá. Está preparada para rescate y antisecuestro, operaciones
urbanas y rurales y técnicas antiexplosivos. Contará con inteligencia,
judicialización y articulación con la Fiscalía y el CTI, para identificar y
desarticular estructuras del crimen organizado y delincuencia común, indicó el
Ejército.
Uno a uno fueron levantados los ceses el fuego que pactó el Gobierno con los
grupos armados en el marco de mesas de conversaciones producto de su política de
paz total, que no prosiguieron por los incumplimientos de estas organizaciones,
pues en varios casos siguieron afectando a la población con sus actividades
criminales y atacando a la Fuerza Pública.
Por ello, tras algunas prórrogas la Administración Petro desistió de seguir el
cese el fuego con el Eln, con las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, con la
Segunda Marquetalia al mando de alias ‘Iván Márquez’.
El último cese el fuego estuvo vigente hasta el pasado 18 de mayo con las
disidencias de alias ‘Calarcá’, y ya venció el pasado 18 de mayo. Sin embargo,
el gobierno mantiene las conversaciones con este grupo con el que se pactó que
concentrará sus más de 400 hombres en una zona de ubicación en Tibú, en el
Catatumbo, Norte de Santander.
Críticas de mandatarios regionales
Varios gobernadores y alcaldes han sido muy críticos con la política de paz del
Gobierno porque señalaron que al tiempo que no había avance en las mesas de
negociación que mantuvo, los grupos armados aprovecharon el cese el fuego para
fortalecerse y profundizar sus acciones criminales porque el Ejército se vio
obligado a frenar su ofensiva.
A pesar de que sin ceses el fuego de por medio el Ejército desde hace más de
tres meses intensificó su ofensiva en todo el país contra el Eln, las
disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y el Clan del Golfo, la violencia no amaina
en el Catatumbo, en Cauca, en el Pacífico y en Antioquia, entre otros.
Las operaciones militares a mayor escala en este momento son en el departamento
del Cauca, en donde desde mediados del año anterior los uniformados luchan para
desalojar a las disidencias del cañón del Micay; así como en el Catatumbo,
después de que en enero pasado estalló una guerra entre el Eln y las disidencias
del frente 33, que provocó más de 50.000 desplazados y por lo menos un centenar
de muertos.
El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, dijo en las últimas horas que “la
respuesta del gobierno de Gustavo Petro ante solicitud de Antioquia de
asistencia militar por graves hechos de orden público y amenazas a nuestros
soldados y policías, presencia de bandas criminales, incremento de Clan del
Golfo y disidencias Farc, fue de trámite, vacía y evasiva”.
Añadió el mandatario de los antioqueños que “un nuevo coletazo de la paz total:
estructuras criminales se mimetizan entre la población civil para atacar a los
soldados. Esto es de la mayor gravedad. Visité a los uniformados heridos en un
ataque del Eln en Valdivia”.
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