Todo un negocio

El crimen ha dejado atrás la torpeza. Ya no se trata simplemente de esquivar a la autoridad o de traficar a escondidas bajo la sombra de la noche. Hoy, las economías ilegales se mimetizan con las lógicas del mundo corporativo, imitando sus métodos, adoptando su lenguaje y organizándose con la eficiencia de una multinacional. Lejos de ser una señal de progreso, esta transformación es una muestra del grado de normalización que ha alcanzado la ilegalidad en ciertos entornos urbanos.

En algunas ciudades intermedias del país, como la nuestra, los esquemas de microtráfico han mutado hacia una sofisticación inquietante. Lo que antes eran esquinas dominadas por un par de vendedores, ahora son estructuras jerárquicas, donde el acceso al mercado se regula mediante subastas clandestinas y se exige un cumplimiento financiero casi religioso. No se improvisa. Se planifica, se compite, se factura. Todo, con la frialdad de quien entiende que el control social empieza por el monopolio de la recreación.

Los escenarios de comercialización no son callejones oscuros ni zonas marginales, sino discotecas, fiestas electrónicas, plataformas digitales. La validación ya no depende de la reputación o la fuerza, sino de un código QR, de una meta de ventas, de una organización que exige reportes y penaliza desviaciones. Se ha institucionalizado la ilegalidad.

Este fenómeno no es menor. Cuando el crimen empieza a operar bajo las lógicas del mercado formal, también empieza a absorber sus herramientas: control de calidad, canales de distribución, publicidad encubierta, fidelización del cliente. Y, al mismo tiempo, impone sus propias reglas: la amenaza, la violencia, el desplazamiento forzado de la competencia. Una mezcla que corroe el tejido urbano desde adentro, porque ya no es visible como un cuerpo extraño, sino como una extensión deformada del sistema económico.

Mientras tanto, la reacción institucional avanza, pero lo hace en un terreno que cambia a gran velocidad. Las capturas, las incautaciones, los operativos exitosos son importantes, pero no bastan. Porque lo que está en juego no es solo la presencia del delito, sino su capacidad de mimetizarse con la vida cotidiana, de volverse parte del paisaje sin levantar sospechas.

Frente a este escenario, la respuesta no puede limitarse al uso de la fuerza. Es necesario un enfoque integral que reconozca que la disputa ya no es solo por territorios, sino por imaginarios. Por la percepción de que hay negocios tan lucrativos como peligrosos que ofrecen una falsa promesa de ascenso. La verdadera victoria será desmontar esa narrativa. Porque mientras el crimen se vista de empresa, seguirá capturando voluntades, recursos y futuro.

Gobernar y administrar es tarea de grandes empresarios no de principiantes

Por: Zahur Klemath Zapata
zapatazahurk@gmail.com

Las sociedades estaban acostumbradas a que un heredero era el que manejaba el Estado. Esto era normal porque la mayoría de la población no tenía conciencia de su condición humana y mucho menos de una capacidad de razonabilidad para entender sobre sus derechos y su equidad.

Los gobernantes fueron guerreros, líderes y personajes que se impusieron a la fuerza y aún existen este tipo de individuos como si estuvieran en la era primitiva. Y siguen allí por falta de conciencia en un amplio sector de la población.

Los gobernantes deben existir en los países monárquicos, donde los ciudadanos son súbditos y viven a merced de ellos y el poder está centrado en ellos lo mismo la parte administrativa. Colombia es una república democrática que elige sus administradores y que se dicen llamar gobernantes, lo cual no son. El problema aquí es que los ciudadanos son ignorantes de sus derechos y no conocen sobre el poder que ellos tienen sobre los individuos que eligen.

Si usted como persona contrata, elige o le da un contrato de prestación de servicios a una persona para que haga labores administrativas, materiales etc. Esa persona está bajo el mandato de quien lo eligió o contrato y podrá dejar de prescindir de ella si incumple con lo acordado.

Hay una confusión en cuanto a los políticos, ellos creen que son elegidos como personas soberanas y se apoderan de los cargos y ponen a quienes los eligieron como sus vasallos y los ponen a tributar y a pagar por todos los errores que ellos comentan.

El pueblo elige administradores de la cosa pública y espera que respondan profesionalmente a los cargos que han sido asignados. Pero el mal entendido de ambas partes genera el desorden existente y la corrupción.

Cuando la constitución está mal elaborada generan todo tipo de males en el manejo de la cosa pública. Una constitución debe ser simple y precisa, como una columna vertebral, no debe ser un tratado de derecho. Debe contener lo esencial en su articulado y su identificación como tal. Después de elaborada y aprobada debe venir aparte los códigos y leyes que van a regir la nación. Estos por lo general cambian de tanto en tanto y por tal razón no deben venir como parte de la constitución. Cada vez que hay un cambio hay que reformar

la constitución o hacer enmiendas.

Quienes son elegidos para administrar una nación deben saber cómo manejar los bienes del Estado y el bienestar social sin mezclarse con la corrupción, esta última es la que deteriora y derrumba cualquiera administración pública.

APLAZEMOS EL PAGO
Crónica #1140

Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal

Audio: https://www.spreaker.com/episode/aplazemos-el-pago-cronica-1140-de-gardeazabal--66418533

Cuando terminé de leer ayer la estupenda columna de Pedro Medellín en El Tiempo, donde advierte que Petro nos está llevando a la desobediencia civil, mucho más efectiva que la revolución con la que el presidente amenaza si no le aprueban sus caprichos, miré con optimismo el futuro.

Me puse entonces en la tarea de escrutar cual actuación ofensiva cometida por el gobernante, llevándose por los cachos la Constitución, podría unificar criterios y generar esa reacción de desobediencia civil, que ampara la declaración de los Derechos Humanos.

Sopesando cual rechazo podría tener un muy alto significado y verificando que la obligatoriedad del pago anticipado de la retefuente perjudica a todas las esferas de la sociedad, puede llegarse a pensar que sería por esa vía que el rechazo civilizado obligaría a rectificar al gobernante.

El asunto es muy sencillo. La retención se declara, pero se aplaza su pago. Como el decreto de marras no habla de un impuesto causado sino de uno adelantado, no le cabría la disciplina de la DIAN para cuando no se pagan los impuestos que declaramos y debemos cubrir cumplidamente.

La carga simbólica y monetaria del gesto de negarse a pagar sería tan grande que modificaría, sin violencia ni algazaras de plazas públicas, el camino equivocado que lleva el gobernante.

Por supuesto, una actitud de ese tipo obliga a que la negativa a consignar el pago anticipado de la retención en la fuente sea pública y colectiva.

No sirve de nada que se haga individualmente y en silencio. Y allí está el problema. Esa movilización civilista debe encabezarla alguien capacitado para dirigir, cojonudo para resistir y hábil para enfrentarse a la máquina vengadora del leninismo que no sabe perder.

Alguien se le debe medir a esa batalla pacífica. Solo basta que nos demuestre que este país no se ha acabado y que así le sequen sus pozos de petróleo y le desbaraten su sistema de salud y le arruinen su alegría, alguien va a salir a empuñar la esperanza.

El Porce, junio 7 del 2025

 
Edgar Cabezas