6-El Imparcial

JUDICIAL

Nuevo ataque del ELN en Norte de Santander deja un soldado muerto y otro herido

Un nuevo episodio de violencia sacudió al municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacaran una unidad militar que realizaba labores de seguridad en el sector conocido como La Parada. El hecho, ocurrido en la tarde del jueves 5 de junio, dejó como saldo la muerte del soldado profesional Elvano Bermeo Vargas y otro uniformado herido.

Bermeo Vargas, oriundo del departamento del Caquetá y con más de diez años de servicio en el Ejército, fue víctima de un francotirador que le disparó mientras
 

participaba en una operación del Batallón de Fuerzas Urbanas No. 2, adscrito al Grupo de Caballería Mecanizado No. 5. El soldado falleció en el lugar, mientras su compañero herido logró ser estabilizado por enfermeros de combate y fue trasladado a un centro médico, donde permanece fuera de peligro.

La Brigada 30 del Ejército rechazó el ataque y aseguró que continuará con las operaciones militares en la zona para enfrentar al ELN y garantizar la seguridad de la comunidad. Esta estructura guerrillera, una de las más activas en el departamento, mantiene una fuerte presencia en la región del Catatumbo, donde también ha protagonizado enfrentamientos con las disidencias del frente 33 de las FARC.

Los ataques a la Fuerza Pública en Norte de Santander se han intensificado en los últimos meses. El pasado 14 de febrero, el patrullero Jean Carlos Calderón Mendoza, de 33 años, fue asesinado por un francotirador mientras cumplía funciones de vigilancia en la subestación de Policía de La Floresta, en Cúcuta. Las autoridades atribuyeron el hecho al ELN.

Mientras tanto, en el municipio de Toro, Valle del Cauca, las autoridades reportaron el asesinato del subintendente Jhon James Reyes Guapacha, quien se encontraba de permiso y en estado de indefensión. La Policía Nacional, en cabeza del general Carlos Fernando Triana, anunció una ofensiva contra las estructuras criminales responsables de este y otros ataques recientes.

El país atraviesa una de las etapas más complejas en materia de seguridad para la Fuerza Pública. A los atentados del ELN y las disidencias se suma la violencia generada por bandas criminales como La Inmaculada, que opera en el Valle del Cauca. Según datos oficiales, en menos de un mes han sido asesinados al menos 16 policías y cinco militares, muchos de ellos fuera de servicio.

La fiscal Patiño fue enfática al advertir sobre el riesgo que representa esta conducta. “Si su señoría no actúa con determinación, el mensaje sería devastador”, señaló, insistiendo en que no basta con una conexión remota para garantizar que el procesado esté realmente bajo el control de la justicia. También resaltó que González, pese a cumplir con las audiencias virtuales, no está disponible físicamente para una eventual detención.

El exdirector del DAPRE, también exjefe de Inteligencia Nacional, fue imputado por peculado por apropiación agravado, cohecho y lavado de activos. Según la Fiscalía, habría sido pieza clave en la entrega de sobornos por $4.000 millones a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, con el fin de agilizar proyectos del Gobierno en el Legislativo.

En el corazón de la noche pereirana, donde la música electrónica retumba y miles de jóvenes se congregan cada fin de semana, se libra una silenciosa pero violenta disputa por el control del mercado de tusi, una droga sintética que se ha convertido en el combustible de la criminalidad en la capital risaraldense.

Investigaciones judiciales recientes revelan que el acceso a las discotecas para distribuir esta sustancia se otorga mediante subastas clandestinas organizadas por redes criminales. Los “postores” deben demostrar su capacidad de ventas y pagar sumas millonarias al grupo dominante, una estructura con tentáculos que combinan violencia, inteligencia digital y lógica empresarial.

Uno de los nombres que más inquieta a las autoridades es alias Juangui, presunto líder de la facción ‘La Cordillera’. Según interceptaciones legales, sería quien da la orden de atacar a distribuidores que operan por su cuenta o que se niegan a alinearse con las reglas impuestas. El uso de códigos QR para validar a los vendedores autorizados y la incorporación de plataformas digitales para coordinar entregas a domicilio forman parte del engranaje que sostiene este lucrativo negocio.

“En una sola noche pueden confluir hasta 2.000 consumidores en un mismo sitio, lo que convierte a estos espacios en puntos estratégicos de distribución”, señaló una fuente cercana al caso. A esto se suma el hecho de que muchos de los laboratorios de producción se encuentran en propiedades residenciales, lo que dificulta su detección debido a la ausencia de olores o ruidos.

Mientras tanto, los grupos armados reorganizan su estructura operativa con nuevos mandos, intermediarios y metas de comercialización, y se recurre a la violencia selectiva para mantener el control. “Hay un reciclaje de sicarios”, admiten las autoridades, que ya han capturado a 27 de los 35 identificados como responsables de intimidaciones o asesinatos por disputas territoriales.

Frente a este escenario, la Policía Metropolitana de Pereira, bajo el mando de la general Yurian Jeanette Romero, ha logrado importantes avances: 1.823 capturas en lo que va del 2025 y un aumento del 42 % en incautaciones de armas. “Cada captura, cada arma decomisada, es un paso para devolverle la tranquilidad a nuestras calles”, afirmó la oficial.

Aun así, la disputa por el control del tusi continúa encendida, y las autoridades saben que enfrentan a estructuras que mutan y se adaptan para sostener un negocio que mezcla fiesta, droga y sangre.